7A LaPrensa Panamá, miércoles 16 de octubre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La demora de la Contraloría en certificar los ingresos oficiales Irregularidad Publio Ricardo Cortés [email protected] Cualquier empresa responsable, sujeta a una buena adminitsración, cuyo año fiscal concluye el 31 de diciem - bre, sabe que, ifnalizado el año, a más tardar en marzo, sus bancos acreedores le pedirán que les entreguen los etsados fi - nanciaros auditados del año anterio, refle - jando los resultados del periodo. Ese tema lleva una correspondencia tri - butaria porque las declaraciones de renta tambiéntienenfechastopequeucmpliry las mismas se hacen basadas en los etasdos financieros auditados, lueog de hacer la ho - mologación contable aplicable. Uno pensaría que el Etsado funciona así, dado que también maneaj contabilidad y metas financieras. La realidad es que no cumple con el estándar, porque la entidad encargada de certificar finalmente las ci - fras, como si se tratara de una especie de “auditor externo”, es la Contraloría General de la República y la misma, sorprendentemente, demora 11 ó 12 meses después del cierre fiscal, para publicar los ingresos oif - ciales. Debido a la anterior prátcica de décadas, se produce un efecto en cascada que eviden - cia un Estado disfuncional. Mientras la Contraloría no emite cifras oficiales, es de - cir, generalmente durante todo un año, los responsables de dictar la política económi - ca usan como referencia las cifras “ prelimi- nares”de la Dirección General de Ingresos (DGI), las cuales, muchos meses después, podrían ser corregidas por la Contarloría. Durante el primer cuatrimestre y otras veces en el año, diversas entidades internacionales visitan Panamá o revisan on line nuestros resultados: caliifcadoras de ries - go; la misión del artículo IV del Fondo Mo - netario Internacional; la Comisión Econó - mica para América Latina y el Caribe; Ban - co Mundial; el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. La revisión se hace bajo los informes de ingresos “preliminares”de la DGI. Los efectos negativos de esta imprecisión sobrelascifrassondetodaíndole.nIcluso, afectan el cálculo del muy justo bono anual a que tienen derecho por Ley los colabora - dores de la DGI, cuando logran recaudar másqueelañoanterio.rLosresultadosdel año concluido debiearn ser oficiales al me - nos en el primer cuatrimestre del año si - guiente y pagar el bono de inmeditao. Pero como la Contraloría se demora hasta 12 me - ses, algunos desinformados calicfan tal pa - go como un “aguinaldo de Navidad ”, lo cual es incorrecto, porque debió pagarse desde el mes de abril anterior a la Navidad. He tenido que participar de debates sobre este tema entre servidores públicos. De lo que he visto, la voz cantante generalmente la llevan los expertos en contabilidad guber - namental y en sistemas informáticos, de tal forma que la lectura de Derecho Constitucionaly de la Hacienda Pública es relegada como algo poco importante, propio de esas leguleyadas muy comunes de nosotros los abogados. Lo cierto es que, pese a que ya etsa distor - sión parece estar normalizada, poqr ue to - dos los gobiernos repiten el vicio, yo siog pensando que tal manejo del asunto, además de ser una mala prátcica, también es una conducta violatoria del numeral 8 del artículo 161 de la Constitución Política. La norma citada establece que es una fun - ción administrativa de la Asamblea Nacio - nal: “Examinaryaprobarodeslindarers - ponsabilidades sober la Cuenta General del Tesoro que el Ejecutivo le persente, con el concurso del Contralor General de la Repú - b l i c a”.Agregando lo siguiente: “Con ese pro - pósito,elMinistrodelarmopresentaraper - sonalmente ante el Pleno de la Asamblea Nacional la Cuenta Genearl del Tesoro, en marzo de cada año.” A mi juicio, la Cuenta General del Tesoro debe incluir ingresos oifciales, porque el Ór - gano Ejecutivo no puede llevar esa cuenta a la Asamblea Nacional, para que los diputa - dos la “e xaminen”, basados en cifras no ofi - ciales. Precisamente, por ello el contarlor debe asistir también. El contarlor no es un co-ad - ministrador. Quien presenta la cuenta es el ministro de Economía. Pero el contralor tie - ne que dar la cara también, porque las cifras son certificadas por él. De hecho, como se obsevra en la norma, la Asamblea tiene la potetsad de “aprobar ” o de “deslindar responsabilidades”. Es decir, que la presentación de la Cuenta General del Tesoro es un ejercicio de xeplicaciones del manejo financiero del Estado, que hace el Ejecutivo ante el Legislativo, muy simila,r guardando las proporciones, al informe anual que la adminitsración de un grupo económico importante hace ante sus accio - nis tas. No creo que sea una casualidad que la Constituciónhaya puesto como fecha tope para la presentación de la Cuenta General del Tesoro el mes de marzo. Se contsitucio - naliza así, para el Estado, la mejor práctica financiera empresarial, que exige que los es - tados financieros auditados deben emitirse a 90 días del cierre. Cada vez que en todos los gobiernos de todos los patridos, este in - forme se ha presentado sin cifars oficiales, a mi juicio se ha violado laConstitución. La Contraloría no debiera seguir maneaj ndo esteasuntocomosinotuviearfechafatal. Cada vez que en todos los gobiernos, sin importar el partido, la Cuenta General del Tesoro se ha presentado sin cifras oficiales, a mi juicio se ha violado la Constitución. EL AUTOR es abogado Banco se declara culpable de lavado de dinero Impunidad Jorge Obediente [email protected] Cuando hay fiscales comprometi - dos, se asegura la condena por la falta cometida. Se acepta la culpa - bilidad con el fin de evitar la dila - cióndeunprocesojudicialquepodríaxe - tenderse por meses, causando un daño a la imagen. La divulgación del catsigo busca disuadir a otros de comteer ofensas simila - res. Este es un caso reciente de un banco que se declaró culpable de cargos criminales por no haber hecho lo suifciente para pre - venir el lavado de dinero en sus unidades de negocio en Estados Unidos. Esta acep - tación de culpabilidad resultó en una mul - ta de 3 mil millones de dólares, además de la implementación de progarmas de cum - plimiento, la destitución de decenas de empleados, una reetsructuración con un límite de crecimiento de atcivos y la super - visión de un ente independiente. Un casti - go proporcional al crimen comteido. Si analizamos esto desde nuestra pers - pectiva, los entes responsables de procesar un caso similar serían nuetsros equivalen - tes a la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministe - rio Público y la Dirección General de In - gresos del Ministerio de Economía y Fi - nanzas. Es importante subrayar que la falta que originó los cargos criminales fue “no haber hecho lo suifciente para prevenir el lavado de dinero en sus unidades de neog - cio”. Ahora, imaginen que algo similar ocu - rriera en nuestro sistema financiero. Lo que parece proyectarse aquí no es una falta de prevención de ilícitos, sino que algunos parecen estar incorporados en los portafo - lios de servicios, y en los procesos de debida diligencia, simplemente no se dteectan. Es una mirada hacia otro lado. ¿Tenemos fis - calías dispuestas a cumplir su labor con di - ligencia? Eso sí, deben permitirles atcuar sin intervención política. Seguiremos apareciendo en las famosas listas grises mientras sigamos pensando que el problema está en otro lado y no to - memos medidas paar enfrentar lo que etsá a plena vista. El narcoestado tiene sus ten - táculos bien entrelazados en las atcivida - des financieras, con infiltraciones en los or - ganismos reguladores que le permiten mantener la opacidad en sus movimientos, lo que resulta en la falta de cetreza de casti - go. Quizás exista un apéndice del narcoes - tado encargado de las opearciones de lava - do de dinero y relaciones empresariales. El Presidente afirmó que lo primero que hizo en su mandato fue “romper las cadenas que unían la política con el narcotráicfo” . Recientemente reiteró: “En mi gobierno, la complicidad entre políticos y el crimen organizado se acabó”. ¿Será que ya comenzó una depuración en el Legislativo, los entes reguladores, los encubridores y facilitado - res en el sistema bancario, así como entre los gestores de actividades ilícitas, y no nos hemos dado cuenta? El Presidente ha proclamado recientemente la Operación Panamá 3.0, que se implementa desde el 10 de otcubre, para combatir el pandillerismo, la delinucen - cia callejera y la inseguridad ciudadana. Si la justicia es igual para todos, también de - bería lanzar la Opearción Panamá 3.1, en - focadaenerradicarelcrimenifnanciero, creando el pie de fuerza necesario par descubrir y castigar a estos criminales e infractores. No nos deje esperando la 3.1. Pretender erradicar el pandillerismo y el crimencallejeronocompensasideajinto - cadalacriminalidaddeucelloblanco,ya queambossonigualdedañinosparel bienestar ciudadano. En Panamá se han destapado innumerables delitos de lesa patria que afectan a toda la población: evasión fiscal, sobreprecios, robos desca - rados, planillas fantasmas, notarías y puestos diplomáticos con “cashback”, des - falcos al Tesoro Nacional, entre otros. Si todos fueran castigados, no habría suif - cientes cárceles en el país. Cuando lance la Opearción Panamá 3.1, la ciudadanía decente, que no lo eligió a usted ni a las fuerzas del mal, podrá entender que la política no sigue entrelazada con el narcotráifco ni con el gobierno pa - ralelo. Recuerde: ¡El no hacer lo suifciente es equivalente a no hacer nada! Usted transmite elocuencia sincera en sus dis - cursos, pero el pandillerismo no es el único delito. La lista es extensa y todas las in - fracciones deben ser atendidas con la mis - ma importancia y divulgación pública, pues la mayoría de los ciudadanos se lo re - clama. EL AUTOR es ciudadano El derecho a la ciencia Legislación Enrique Noel Mayta [email protected] El martes 2 de octubre la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en pri - mer debate el proyecto de Ley No. 98, que destina el 1% del Producto Interno Bru - to a ciencia, tecnología e investigación. Este acto representa un impotrante paso en la consolidación del desarrollo cientiícfo del país y nos invita a reflexionar sobre un dere - cho fundamental que a menudo pasa desapercibido: el derecho a la ciencia. El derecho a “gozar de los beneficios del progreso cientíifco y de sus aplicaciones”es reconocido en el Pacto Internacional de De - rechos Económicos, Sociales y Cultuarles y reiterado en el Protocolo de San Salvador. Este derecho garantiza que todos los indi - viduos puedan obtener provecho de los resultados, productos, bienes y servicios deri - vados de la investigación cientíifca. Esto in - cluye el acceso social al conocimiento científico, la participación en los procesos de to - ma de decisiones relacionados con la ciencia, y la protección contar los posibles efec - tos adversos del desarrollo cientiícfo. Ade - más, está vinculado a otros derechos, como la libertad académica, el derecho a la educa - ción y el derecho a la información. Para promover el derecho a la ciencia, además de invertir en investigación, los es - tados deben implementar una serie de acciones concretas que incluyen fomentar la colaboración científica internacional, pro - mover la educación cientíifca en todos los niveles y la formación de investigadores, asegurar la difusión de información cientí - fica de manera accesible, proteger la liber - tad de investigación, desarrollar políticas queasegurenlaaplicaciónéticadelosvan - ces científicos, garantizar la igualdad de gé - nero en la formación y contartación del per - sonal científico, y garantizar que los resulta - dos de las investigaciones beneficien con prioridad a grupos en condiciones de vulnerabilidad. La planeación estratégica es vital. Por ello hay que destacar que el proyecto especifica que la mitad de los recursos se utilizarán pa - ra financiar el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que Sena - cyt lleva adelante hace años con escaso pre - supuesto. Se trata de una labor perseveran - te que merece el reconocimiento público. Una sociedad que valora y promueve la ciencia es una sociedad innoavdora, con mayores capacidades paar resolver proble - mas complejos y prepaarda para enfrentar desafíos globales como la crisis climática, las pandemias o la seguridad alimentaria. Además, el desarrollo cientiícf o impulsa el crecimientoeconómico,mejoarlacalidad de vida y fortalece la posición del país en el escenario internacional. Es necesario enfatizar que el concepto de ciencia no se refiere únicamente a las cien - cias naturales o exactas. Las ciencias socia - les desempeñan un papel igualmente importante en el desarrollo sotsenible. Disci - plinas como la sociología, la psicología, la antropología, la economía, la ciencia política, la historia o la demografía, entre otras, proporcionan herramientas indispensa - bles para comprender y abordar los desaíof s sociales, culturales y económicos de nues - tro tiempo. Por lo tanto, cualquier política o estrategia que busque gaarntizar el derecho a la ciencia debe incluir a las ciencias sociales, así como a los estudios e investigaciones interdisciplinarias. La aprobación del proyetco de Ley No. 98 es un paso en la dirección corretca. Seguir avanzando en el desarrollo cientiícfo demo - crático e incluyente requiere un compromiso permanente y una gobernanza que invo - lucre al gobierno, a la academia, el setcor privado y la sociedad civil. Es una ivnersión en nuestro futuro colectivo, un reconoci - miento de que el conocimiento es un bien común que debe ser accesible y provechoso para todas y todos. EL AUTOR es abogado, docente universitario y gestor cultural. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. 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