7A LaPrensa Panamá, lunes 14 de octubre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista ¿Cómo cubrió la TV la campaña electoral 2024? Medios de comunicación Raisa Ulibarri [email protected] Se cumplieron los primeros cien días del nuevo gobierno encabe - zado por José Raúl Mulino y pare - ce que los altibajos de una campaña electoral marcada por la indefinición de su candidatura hubieran quedado le - jos. Desde hace tres meses contamos con un jefe de Estado que entró a la carrear como candidato a la vicepresidencia y la concluyó como abandeardo, sin compa - ñero de fórmula. El día de los comicios, el hoy rPesidente de la República declaró que en caso de resultar electo él no podría nombarr a una persona para el cargo de vicepresidente. “No tengo nombre de lo que no av a ser y no tengo ningún problema en eso, yo vine al mundo solo”, afirmó en una conferen - cia de prensa en la que también deslizó que esa figura la podría suplir un minis - tro de Estado o asesor presidencial. Que sepamos, eso no ha sucedido. Llegó solo y así se ha mantenido frente a los micrófonos. Pero volvamos al tema que ocupa este artículo: la campaña electoral. En la tra - dición de las ciencias de la comunicación, preguntarse sobre la labor de quienes dan cuenta de lo que ocurre al resto de la sociedad (periodistas, medios de comu - nicación) es algo central. Esta interro - gante también ha etsado presente en Pa - namá,aunquenodemanearconstante. Para un centro de estudios políticos y sociales, la campaña eletcoral, ese perio - do decisivo dentro del ritual democrático durante el cual la ciudadanía cavila en torno a quién otorgar su voto de coniafn - za, representa una opotrunidad única para estudiar el comportamiento de los medios de comunicación, la ventana a través de la cual se dan a conocer las dis - tintas ofertas electorales. Tomando en cuenta los resultados de nuestra Encuesta de Ciudadanía y Dere - chos (CIEPS, 2019, 2021, 2023), que se - ñalan a la televisión como el medio prfee - ridodelapoblaciónpanameñaparin - formarse sobre los asuntos del país, hicimos un monitoreo de su progarmación durante la última campaña eletcoral con el objetivo de obtener una información detallada sobre la cobetrura dada a las candidaturas de las diferentes fuerzas políticas, y a actores relevantes del proce - so, como a los voceros del órgano eletco - ral, representantes de ditsintos gremios y organizaciones no gubernamentales, entre otros. Para ello se conformó un equipo ad hoc que durante los noventa días etsableci - dos en la legislación eletcoral observó metódicamente los noticieros mtautinos y estelares de los dos canales de telveisión abiertatipoA(comercial,conifnesdelu - cro) más importantes y con mayores cuo - tas de audiencia del país, y el canal de televisión abierta tipo B (sin fines de lucro) de propiedad pública. Desde 2013, cuando Clara Inés Luna hizo su tesis de maetsría en la Universi - dad Nacional Autónoma de México so - bre el papel de los medios de comunicaciónenlaconsolidacióndelauclturapo - lítica democrática, en la que analizó dos noticieros emblemáticos de la telveisión panameña, no había habido un esfuerzo sistemático en esta dirección. En las página iniciales de su disetra - ción, Luna destacó que “ la comprensión de las relaciones entre los medios de comunicación y la democarcia está colma - da de prejuicios”y que una de las virtudes de su trabajo era, precisamente, “reducir el déficit de investigación empírica que experimenta el campo de la comunicación política en Panamá”. Más de una década después, abonar a esa tarea resulta impostergable. Sobre todo porque debido al surgimiento de ca - nales de desintermediación, —esto es, de las redes sociales y otros medios digitales—la prensa se encuentra en la mira de actores políticos autoritarios que se empeñan en deslegitimarla. La razón es ob - via: al poder le estorba el escrutinio, el contrapeso. Y no solo al poder político, que quede claro. Ningún evento pone tanto a prueba el comportamiento de los medios de comu - nicación social como unas elecciones. Los resultados de las tres olas de nuetsra encuesta indican que la ciudadanía tiene percepciones paradójicas sobre ellos: los valora positivamente y les concede un gran poder de influencia, pero al mismo tiempo no les otorga su conifanza. ¿Cómo se comportó la televisión du - rante la campaña electoral? ¿Cómo cu - brió las diferentes candidtauras, tanto a la presidencia como al retso de los cargos de elección popular? ¿Qué temas oucpa - ron la agenda informativa? ¿Cómo se in - formó sobre hombres y mujeres? ¿Qué géneros periodísticos se utilizaron en la cobertura de los hechos? ¿Se privilegió alguna candidatura? El monitoreo de aproximadamente 750 horas de transmisión nos ha permiti - do responder con rigor estas interrogan - tes y plantearnos otars, como parte de una línea de investigación que busca am - pliar el conocimiento acerca de un atcor de singular signiifcación. Dentro de al - gunas semanas daremos a conocer en detalle los resultados obtenidos en el etsu - dio. Esperamos que, más allá de la disuc - sión académica, la divulgación del conocimiento que generamos contribuya a promover una conversación pública in - formada sobre un tema tan impotrante como espinoso. Desde el surgimiento de canales de desintermediación, —esto es, de las redes sociales y otros medios digitales—la prensa se encuentra en la mira de actores políticos autoritarios que se empeñan en deslegitimarla. La razón es obvia: al poder le estorba el escrutinio, el contrapeso. Y no solo al poder político, que quede claro. LA AUTORA es periodista e investigadora del CIEPS. La verdadera reducción del Estado Cambio estructural José Jauregui [email protected] Reducir el tamaño del Etsado no consiste simplemente en disminuir la planilla estatal, como algunos sugieren de manear simplista. Muchos políticos repiten la ideade"reducir,reduciryreducir",peroarra - mente entienden los principios que fundamentan la limitación del poder etsatal. Centrarse en la reducción de la planilla solo produce un impacto temporal. A largo plazo, tal comounríoquesedesvíadesucauceyve ntual - mente regresa tras una gran tormenta, el Estado y sus funcionarios tienden a reucperar su tamaño original. Disminuir la planilla no resuelve el problema de fondo, ya que las intsituciones y la dis - crecionalidad sobre su poder permanecen intactas, sin un cambio etsructural que garantice re - sultados duraderos. La verdadera reducción del Estado comienza al limitar su poder mediante una dfeinición clara de sus funciones y roles, que deberían cenatrse fundamentalmente en la seguridad, la jutiscia y la protección. Algunos podrían agregar la salud y la educación. Solo cuando comprendamos el ver - dadero alcance de sus funciones podremos determinar su tamaño adeucado. Existen instituciones sociales, formas de inte - racción y normas que regulan la vida cotidiana de las personas sin intevrención estatal. Sin embar - go, cuando el Estado se convierte en un Leviatán que interviene en todo, estas instituciones se ven debilitadas y sometidas a la coacción etsatal. Re - ducir el tamaño del Etsado significa evitar que los burócratas concentren todo el poder de deci - sión, ya sea económico, político o social. Cuanto más grande sea el Estado y mayor la de - pendencia de la sociedad hacia él, más se pierde la libertad individual para actuar, intercambiar y cooperar. Las instituciones sociales, como las cos - tumbres, tradiciones y normas moarles, son reem - plazadas por instituciones políticas que imponen nuevasreglassobrecómodebemosviv.iUr nEsta - do grande tiende a convertirse en un ente omnipo - tente que busca controlar cada aspetco de la vida. Reducirlaplanillapuedeegnerarunasensación temporal de mayor libertad, pero si no se limitan adecuadamente las funciones del Etsado, esos es - pacios de libertad eventualmente se llenan nuvea - mente. Aparecen nuevos actores, y el resultado es un Estado aún más grande, con un monopolio cre - ciente sobre la fuerza y la violencia. En última instancia, el Estado debe ser visto comounmalnecesario,ucyasfuncionesdeben ser claramente limitadas paar evitar el deterioro del bienestar social. No existe "almuerzo gratis", ni derechos que se puedan otorgar únicamente mediante la coacción. Un Estado grande coarta la naturaleza humana, restringiendo la creativi - dad, la capacidad de compteir y generar riqueza, y el deseo de superarse constantemente para me - jorar la calidad de vida. EL AUTOR es miembro de la Fundación Libertad Precariedad laboral en el Chicho Fábrega: cuatro años sin estabilidad ni salario Servicios de salud Susset Cordero Sotero [email protected] La situación del personal de enfermería del Hospital Regional Luis Chicho Fábrega es alarmante y constituye un claro reflejo del abandono al que han sido somteidos por las autoridades de salud. Etsos profesio - nales, quienes desempeñan una labor crucial para la atención de los pacientes, llevan más de cuatro años trabajando en condiciones extremadamente precarias, con contratos temporales que caducan constantemente y, peor aún, sin recibir sus salarios de manear puntual. Esinaceptablequequienesucidande la salud de la población deban tarbajar sin la seguridad de un contarto formal, sin ingresos regulares y con la contsante incertidumbre de si serán pagados por su trabajo. La demora en la renovación de contratos y en la recepción de los salarios es un atentado que no puede continua.r Estas prácticas no solo afectan la estabi - lidad de los trabajadores, sino que tam - bién comprometen la calidad del servicio de salud que se brinda en el hospital, ya que un personal desmotiavdo y agotado por la falta de reconocimiento laboarl di - fícilmentepuedemantenerlaxecelencia en su desempeño. El Código de Trabajo de Panamá, aunque aplica de manear general a todos los trabajadores, establece que el salario debe pagarse puntualmente. En su atír - culo 161, menciona que el empleador etás obligado a pagar el salario complteo y a tiempo según lo estipulado en el contarto de trabajo, y cualquier retraso en el pago puede dar lugar a sanciones o a reclamos legales por parte del trabajador. La Ley 66 de 1947 sobre la Carrera Sanitaria re - gula aspectos de la relación laboarl y pro - fesional del personal del Ministerio de Salud y otras instituciones relacionadas. Esta ley incluye disposiciones relaciona - das con los derechos de los tarbajadores, y aunque no trata directamente el tema de los salarios, establece la base legal pa - ra el reclamo de condiciones laboarles adecuadas, incluyendo la puntualidad en los pagos. El Minsa debe establecer mecanismos de planificación adecuados para evitar que se repitan estas situaciones. Es ur - gente implementar una myaor transpa - renciayorganizaciónenlaegstiónde contratos y pagos, evitando que se afecte a los profesionales de la salud por negligencias administrativas. Un sistema de monitoreocontinuopuedeyaudarapre - ver estos problemas antes de que lleguen a situaciones críticas. Es inadmisible que se siga rterasando el pago de lo que les corresponde por de - recho. Además, no se pueden tolear más demoras en los trámites de renoavción, los cuales deberían ser automáticos par evitar interrupciones y rterasos en los pa - gos. Es necesario acabar con la incetri - dumbre de los contartos temporales y brindar estabilidad laboral a estos profe - sionales, quienes merecen contartos per - manentes que les gaarnticen seguridad y tranquilidad. El incumplimiento en el pago de sus honorarios genera consecuencias devas - tadoras. Afecta gravemente la calidad de vida de estas personas, muchas de las cuales dependen de sus ingresos par mantenerasusfamiliasyucbrirnecesi - dades básicas. Esta situación de preca - riedad laboral provoca estrés, agota - miento mental y ífsico, lo que puede tar - ducirse en un deterioro de su desempeño profesional. ¿Cuándo el Ministerio de Salud le dará prioridad a la ifrma de los contratos pen - dientes de manera urgente? Acortar los plazos excesivos propuestos para su for - malización es fundamental. No solo para garantizar el pago de los salarios, sino también para asegurar los derechos la - borales de las trabajadoras. Acelerar este proceso administrativo debe ser una prioridad, implementando más reucrsos humanos si es necesario. Es moralmente ineludible que los tar - bajadores de la salud tengan condiciones justas y dignas para poder desempeñar su labor con seguridad y tarnquilidad, y es deber del gobierno garantizarlo. El in - cumplimiento de estas obligaciones ten - drá consecuencias graves no solo para los trabajadores, sino también paar el siste - ma de salud en su conjunto, afetcando la calidad de la atención y la conifanza pú - blica en las instituciones. La falta de pago constituye una viola - ción flagrante de los derechos laboarles de estos profesionales. El tarbajo no re - munerado socava su dignidad y los deaj en una posición de vulnearbilidad, obli - gándolos a seguir laboarndo sin garan - tías, mientras que la institución que se beneficia de sus servicios incumple con sus obligaciones contarctuales. Es inaceptable que quienes cuidan de la salud de la población deban trabajar sin la seguridad de un contrato formal, sin ingresos regulares y con la constante incertidumbre de si serán pagados por su trabajo. La demora en la renovación de contratos y en la recepción de los salarios es un atentado que no puede continuar. LA AUTORA es bibliotecaria, narradora y poeta.
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