6A LaPrensa Panamá, domingo 13 de octubre de 2024 Panorama Autoridades de la UP cierran filas contra ley que impide reelección de los rectores AUTONOMÍA Eliana Morales Gil [email protected] Las autoridades de la Universidad de Panamá (UP), principal casa de estudios superiores del país, han empezado a cerrar filas en contra del proyecto de ley que impide la reelección inmediata de los rectores de universidades oficiales. El Consejo Académico de la UP, a través de un documento firmado por el rector, Eduardo Flores Castro, y el secretario general, Ricardo Parker, solicitó a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional que “cualquier propuesta de ley que afecte la estructura y funcionamiento de la universidad debe surgir de los universitarios y ser discutida de manera amplia con los estamentos universitarios”. En septiembre pasado, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes acogió una propuesta del diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, que“es - tablece el principio de la no reelección inmediata al cargo de rector en las universidades oficiales de Panamá”,y busca evitar prácticas autoritarias. “El rector, en las universidades oficiales, ostenta un poder tan inmenso, muy cercano al del presidente de la República”, afirmó Cedeño el día que se prohijó el documento. El Consejo Académico Sin embargo, el Consejo Académico de la UP advierte que este asunto debe ser abordado con el mayor cuidado y respeto hacia la autonomía universitaria. “En caso contrario, no sólo se violarían los principios constitucionales y nuestra Ley Orgánica, sino que se pondría en peligro la estabilidad y el buen funcionamiento de una institución clave para el desarrollo del país”, asegura el organismo. También recordó el Consejo que el diseño jurídico de la UP está “sólidamente anclado en la Constitución”, pues los artículos 99, 103, 104 y 105 reconocen y garantizan la autonomía universitaria, “permitiendo a la institución auto regirse en sus procesos sustantivos como la docencia, la investigación, la extensión, producción y ser vicio”. Un debate polémico La reelección en las universidades públicas del país entró en debate con el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). En febrero de 2022, diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que por aquel entonces controlabanlaAsambleaNacional, aprobaron la ley que permitió la reelección de Etelvina Medianero de Bonagas en la rectoría de esa casa de estudios por un tercer periodo. La ley que permitió la reelección en la Unachi pasó por encima de las críticas generadas por los excesos en la Unachi: denuncias de dobles salarios, nepotismo y derroche de fondos. Eduardo Flores Castro, El Consejo Académico recordó que el diseño jurídico de la UP está “sólidamente anclado en la Constitución”. Archivo rector de la UP, declaró recientemente que está en contra de la reelección indefinida en las universidades. Flores Castro es rector desde 2016, cuando fue elegido por primera vez. Obtuvo la reelección el 30 de junio de 2021. Por el momento, el proyecto de ley 35 impulsado por el diputado Cedeño es analizado en una subcomisión legislativa. En los próximos días se retomará su discusión. Para 2025, el rector de la UP aspira a contar con un presupuesto de $426 millones. No obstante en el proyecto de Presupuesto General del Estado -que fue retirado esta semana- se le asignaban $380 millones, $341.9 para funcionamiento y $38 para inversión. Para 2024 le asignaron $383.58 millones: $319.78 para funcionamiento y $63.79 millones para inversión. Ciencia en tiempos difíciles Senacyt aspira a elevar la inversión en un 0.2% del PIB por año, el presupuesto para 2025 no alcanzará la meta. Pidió $108 millones y le asignarían $70 millones. INVERSIÓN Aleida Samaniego [email protected] Un reto de la comunidad científica de Panamá es lograr que en ciencia, tecnología e innovación se invierta un 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Para ello, el plan de las autoridades de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) es aumentar la inversión en un 0.2% del PIB por año hasta llegar al 1% en 2029. Sin embargo, en 2025 este objetivo no se cumplirá, ya que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para 2025, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indica que el presupuesto asignado será de $70 millones, $5 millones más que en 2 0 24 . La Senacyt aspiraba recibir $108 millones, lo que representaría un incremento del 33% en relación con el presupuesto de 2024, de $65.2 millones. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, reconoció que enviaron un presupuesto ambicioso con la idea de implementar proyectos nuevos. Sin embargo, reconoce que “el país no está en una situación ideal. Nos tendremos que ajustar y llevaremos a la Asamblea Nacional nuestra propuesta, que luego regresará al MEF para un ajuste”. El 90% del presupuesto de la Senacyt se destina a inversión. Incluso, en los últimos cuatro años se redujo el número de colaboradores de 210 a 190, “y procuramos hacerlo todo con la misma cantidad de personas” p a ra no incrementar la nómina, d ij o . En ese sentido, el presupuesto de la Senacyt para este año fue de $55.8 millones para inversión y $9.4 millones para funcionamiento. Ortega Barría adelantó que sostendrá reuniones con el equipo del MEF en los próximos días, luego de que el proyecto de presupuesto fue retirado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el pasado 10 de octubre, tras observaciones legales de la Comisión de Presupuesto. La Senacyt tiene bajo su paraguas varios centros de investigación e innovación en la modalidad de asociación de interés público (AIP), entre ellos, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat), Infoplazas, el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep), Coiba, Investigación Científica Aplicada en Tecnología de Información y Comunicaciones (Indicatic) y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps). El proyecto más ambicioso que tienen en pleno desarrollo es el Centro Regional de Innovación de Vacunas y Biofármacos (Crivb), un proyecto que nació en plena pandemia de covid-19, y que se prevé inaugurar este año. Panamá invierte alrededor del 0.13% del PIB en ciencia, tecnología e innovación, cifra que se reduce al 0.08% si se excluye la inversión del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, financiada por Estados Unidos. Proyecto para el 1% La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 2 de octubre, en primer debate, el proyecto de ley 98, que busca garantizar que el 1% del PIB sea destinado a ciencia, tecnología, innovación e investigación. La meta es que, para 2029, este porcentaje se dirija a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a través de un ajuste gradual que iniciaría en 2025, con un 0.20% del PIB, seguido por un 0.40% en 2026, un 0.60% en 2027 y un 0.80% en 2028. Sin embargo, Ortega Barría señaló que cualquier incremento significativo relacionado con el 1% del PIB se concretaría después de 2026. Por su parte, el diputado Jorge Bloise, de la bancada Vamos y proponente del proyecto, destacó en su exposición de motivos que, dada la importancia de esta inversión, “debe estar plasmada en una Ley de la República para asegurar que sea una política pública de Estado a largo plazo y no esté sujeta a los cambios políticos”. La propuesta también contempla que la mitad de los recursos se destine al Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit), mientras que la otra mitad se enfoque en áreas estratégicas como la educación y la capacitación, la infraestructura científica, proyectos de innovación regional, colaboración entre universidades y empresas, y programas de becas para estudios avanzados en ciencia y tecnología. El proyecto explica que dichos fondos podrían provenir de la partida discrecional de la Presidencia y de la reducción en las consultorías, la planilla estatal, gastos de movilización, viáticos y el alquiler de vehículos de lujo. El exsecretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y catedrático de la Universidad Tecnológica de Panamá, Víctor Sánchez Urrutia, sostuvo que para Panamá es vital que se apruebe una ley del 1%, ya que la competitividad del país depende en gran medida de la inversión en ciencia y tecnología. “Estamos hablando de atraer empresas de semiconductores, las cuales requieren personal y estructura de investigación en el país”, dijo. Por su parte, la presidenta de Ciencia en Panamá, Ivonne Torres Atencio, manifestó que contar con un marco legal es un hito histórico, ya que toda la población será impactada. Una de las actividades que promueve la Senacyt para incentivar el aprendizaje de la ciencia y el estudio de carreras vinculadas a innovación y tecnología es la Feria del Ingenio Juvenil. Archivo PN ordena a policías ponerse en forma para combatir delincuencia CRIMINALIDAD Juan Manuel Díaz [email protected] La Policía Nacional (PN) ordenó a todas sus unidades someterse a una revisión de su estado de salud y condición física a fin de cumplir con las exigencias en el ejercicio de sus funciones. Esta ordenanza fue impartida a todas las unidades policiales pocos días antes que el presidente, José Raúl Mulino, anunció su plan de seguridad,que incluye aumentar el número de agentes policiales en las áreas más críticas de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, y en el distrito de San Miguelito. La instrucción aparecida en la orden general del día de la Policía Nacional exige a los funcionarios de todas las direcciones, zonas y sus dependencias obtener una certificación de la Junta Médica en la que se acredite la condición de operatividad o no. El documento advierte de que toda unidad policial que esté en condición de no operatividad en forma permanente o temporal o que no haya asistido ante la Junta Médica entre enero y septiembre de 2024 pasará al servicio operativo. También precisa que al incumplimiento de esta ordenanza se le aplicará el reglamento disciplinario de la Policía. Además, se exhorta a las unidades a superar el estado de no operatividad, a fin de que no sean afectadas en sus ascensos al no poder cumplir con el perfil del cargo. La decisión afecta a unos 26 mil hombres y mujeres. La orden impartida por el director de la Policía, Jaime Fernández, parece estar directamente relacionada con el plan de seguridad puesto en marcha por el presidente Mulino el pasado jueves 10 de octubre, con la movilización de cientos de unidades policiales a las áreas más críticas para enfrentar a las pandillas y grupos criminales dedicados a la venta de drogas. En esa ocasión, Mulino informó que habrá patrullajes de acercamiento comunitario, patrullaje vehicular, puntos de controles móviles y retenes policiales en Colón, Panamá Oeste, San Miguelito, el área del Canal, Arraiján, Alcalde Díaz, Don Bosco, Pacora y San Francisco, bloqueando los corredores de movilidad de grupos que operan al margen de la ley para perpetrar delitos de alto impacto. El mandatario explicó que ello implica el despliegue de 1,032 agentes adicionales a los que ya estban operativos en las diferentes zonas policiales. El pie de fuerza diario en las calles ronda los 18 mil 700 agentes. Estadísticas del Ministerio Público revelan que hasta agosto se habían cometido 406 homicidios en todo el país, de los cuales 152 se cometieron en la provincia de Panamá y 69 en el distrito de San Miguelito. Las cifras de homicidios de 2024 revelan un incremento de 44 homicidios con respecto al año 2023, cuando hasta agosto ocurrieron un total de 362. El director de la Policía, Jaime Fernández, ha señalado que el 90% de los homicidios está relacionado con la venta y distribución de drogas. Los datos revelan que los delitos sexuales, los robos y los decomisos de droga también han registrado un aumento en el país. No acreditar la operatividad incidirá en los ascensos. Archivo
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