5A LaPrensa Panamá, 13 de octubre de 2024 Panorama Gremio de educadores dice que buscan deslegitimar su lucha Luis Sánchez, uno de los diriegentes de Aevedio declaraciones en las que aseguró que ninguno de sus afiliados está entre los detenidos. OPERACIÓN CAPIBARA Aleida Samaniego [email protected] La Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve) reaccionó a través de un comunicado, al anuncio de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, sobre la aprehensión de siete personas, entre ellos educadores y funcionarios, a los que se acusa de la presunta comisión de delitos como blanqueo de capitales y peculado, relacionados con nombramientos irregulares en el Ministerio de Educación(Meduca). Las aprehensiones se realizaron en varias provincias del país, entre ellas Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá Oeste, Veraguas y Herrera. La Aeve aseguró que la operación Capibara es una estrategia para silenciar a quienes alzan la voz en defensa de la seguridad social, el medio ambiente y la educación pública, y que el ataque no solo va dirigido a sus líderes sino que busca deslegitimar y amedrentar a todos aquellos que luchan por la justicia social y el bienestar de la nación. “Las amenazas y los intentos de acoso no harán más que fortalecer la determinación de luchar por nuestros derechos y los de nuestros estudiantes”, dice el texto. Luis Sánchez, dirigente de Aeve, en una entrevista en RPC Radio, descartó que haya activistas o afiliados a la agrupación en el grupo de docentes detenidos. Las declaraciones de Sánchez surgieron luego de que circulaDurante la operación realizada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada se incautaron de equipos que serán sometidos a análisis forenses. Cor tesía Imputan cargos a detenidos durante operación Capibara Getzalette Reyes [email protected] A una de las siete personas aprehendidas el pasado viernes se le dictó la medida cautelar de detención preventiva, en relación con los nombramientos irregulares en el Ministerio de Educación (Meduca). Se trata de una mujer, imputada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. La detenida ha sido identificada como Laudis Pérez, quien fungía como docente. Las investigaciones revelan que los involucrados se beneficiaban económicamente al cobrar sumas que oscilaban entre $2,500 por facilitar traslados y nombramientos en el sistema educativo. La audiencia se realizó la mañana de ayer sábado, 12 de octubre, en las oficinas judiciales de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Más tarde, el Ministerio Público informó que en la provincia de Bocas del Toro, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada imputó cargos por presunto tráfico de influencias a otras dos personas capturadas durante la operación Capibara. A ambos se les impuso la medida cautelar de notificación periódica, debiendo presentarse los días 15 y 30 de cada mes En el transcurso de la tarde se realizarían otras audiencias al resto de los aprehendidos. El Ministerio Público informó que algunas de las personas aprehendidas trabajaban en la Comisión Regional de Selección de Personal Docente, la cual es responsable de asignar plazas vacantes en las escuelas públicas de acuerdo con los puntajes de los aspirantes. ra en redes una supuesta lista de dirigentes de gremios aprehendidos en esta operación. La posición del Meduca En la rueda de prensa brindada por el Meduca tras conocerse los resultados de la operación judicial, la ministra de Educación, Lucy Molinar, aclaró que la denuncia que dio lugar a las diligencias no fue presentada por la entidad. “Se trata de una investigación del Ministerio Público, y nosotros no vamos a ser un obstáculo en las investigaciones”, afirmó. “Si tenemos que abrirle la puerta al MP, lo haremos para que esto se aclare de una vez por todas”, agregó. La investigación de la operación Capibara reveló la participación de docentes, funcionarios y exfuncionarios del Meduca, quienes supuestamente recibían pagos de aspirantes para ser incluidos en las ternas de los concursos de nombramientos en el sistema público. Molinar también informó que las denuncias relacionadas con estos casos datan de 2023 y algunas fueron presentadas este año. “Esto nos llega en el peor momento posible, porque estamos implementando tantas iniciativas y proyectos para revitalizar el sistema educativo. Todo esto se presenta como piedras en el camino”, lamentó.
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