8A LaPrensa Panamá, jueves 10 de octubre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 650 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El vigadicidio Investigación Julio Ernesto Linares [email protected] Tenemos un puente de las Américas de 62 años. Es un puente tipo arco, que en la parte central tie - ne cables que se denominan péndolas, que ayudan a soportar la lo - sa por la cual circulan los vehículos. Originalmente tenía 3 carriles, ampliados a 4 en 1997. En 2008 se some - tió a un profundo mantenimiento, a través de una contratación hecha por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuando se cambiaron las pén - dolas o cables verticales que sostienen la losa. Y se hizo una repaarción de los elementos de apoyo a las bases del puente, reemplazando los remaches por pernos. Posteriormente, en 2010, se licitó y contrató la reparación integral de la lo - sa mediante un contarto que terminó costando $92.5 millones en 2017, ya que no había sido intevrenida desde su construcción, salvo un refuerzo en la parte inferior con ifbras de carbono para aumentar su resistencia al paso de los vehículos. Para reparar la losa del puente, como solución incluida en el contrato, se realizaron una serie de rehabilitaciones generales y el contra - to incluyó la colocación de vigas de acero a lo largo de su estructura, con la necesidad de cerrarlo al público e ini - ciar las reparaciones. Alrededor de 1,500 vigas, cuya colocación era nece - saria para reducir los espacios entre las losas. El gobierno de 2009-2014 decidió no utilizar las vigas en el proceso de saneamiento del puente, debido al cotso político que implicaba cerarrlo duran - te un año o más. Por lo tanto, no se ins - talaron los conectores entre vigas y lo - sas, necesarios para prolongar la vida útil del puente. Pero, entonces, ¿por qué las compraron? ¿No sabían de an - temano que la instalación de las vigas requeriría cerrar el puente por tanto tiempo? En otras palabras, el “vigadicidio”comenzó tirando más de $6 mi - llones a la basura con esa compra. Co - mo resultado, esas enormes vigas de 3 toneladas cada una, un total de 1,500, fueron abandonadas en un ptaio del MOP en Farfán. Y cuando estalló el es - cándalo en esta administración por la supuesta desaparición de 600 vigas, se descubrióque,enunlapsode41años, ya habían desaparecido 900. Sin embargo, ese es otro tema. Lo que hoy se busca son las 600 vigas que debió haber dejado el gobierno de Cortizo. Al - gunas aparecieron mitseriosamente en juntas comunales. Curiosamente, aunque existen notas de los represen - tantes solicitándolas (Las Cumbres, Burunga, etc.), no hay constancia en el MOP de las notas de entrega que cetri - fiquen qué, cuánto y cuándo se entre - gó. Llama la atención la urgencia del Mi - nisterio Público por encontarr las vi - gas, lo cual es válido. Sin embarog, pa - rece que se ha deaj do de lado investigar quién las entregó, cómo se hizo, qué pasos se cumplieron, la constancia de las entregas y la responsabilidad de cada funcionario en el proceso. Es necesario enfocarse en el custodio, es decir, quien supervisaba la mercancía, así como en el administrador responsable de realizar el inventario, para determi - nar si hubo apoderamiento (hurto o robo), sustracción (cuando el funcio - nario toma el bien paar un tercero) o malversación (cuando el funcionario se apropia del bien paar su propio be - ne ficio). La ineficiencia del exministro Rafael Sabonge en este tema queda en eviden - cia. Primero declaró que las vigas earn para descarte, luego que se las habían robado, y finalmente, que no sabía que, bajo su propia adminitsración, al - gunas vigas habían sido “donadas”a juntas comunales sin su aparente conocimiento. Esto demuestra clara - mente que no estaba capacitado paar el cargo, aunque el expresidente Corti - zo lo mantuvo, pese a que también fue superado por la presidencia. Desde el gobierno que compró las vi - gas pero no las utilizó, dejándolas a la intemperie, hasta el que pudo haber empezado a llevarlas en secreto, y pa - sando por el que permitió su robo sin darse cuenta, o las donó sin saberlo o las descartó sin verificar, hay más per - sonas involucradas de lo que parece. Actualmente están detenidos el exre - presentante de Veracruz, quien las vendió a recicladoras; un exfunciona - rio de la CSS que pretsó sus cuentas bancarias para recibir el dinero de la venta; el encargado de la seguridad del depósito en Farfán; una persona que negoció la venta de las vigas a una recicladora; y el propietario de la recicla - dora. El Ministerio Públio debe dirigir sus esfuerzos en ubicar a todos los responsables, ya sean patriculares o fun - cionarios. Llama la atención la urgencia del Ministerio Público por encontrar las vigas, lo cual es válido. Sin embargo, parece que se ha dejado de lado investigar quién las entregó, cómo se hizo, qué pasos se cumplieron, la constancia de las entregas y la responsabilidad de cada funcionario en el proceso. EL AUTOR es abogado La paradoja de la justicia panameña Institucionalidad David Cuevas González [email protected] En el marco de la política panameña, el uso del numearl 12 del artículo 184 de la Cons titución, que otorga al presidente de la República la faucltad de rebajar penas, plantea serias interrogantes sobre la jutsicia y la ética gubernamental. A medida que se acercan los finales de año, la práctica de conceder libertades a ciertos con - denados se presenta como una tardi - ción, pero también como una oportunidad para cuestionar la integri - dad de las decisiones políticas. En la reciente promulgación del Decreto Ejecutivo 114 de 7 de octu - bre de 202, se vio una especie de “c alis tenia”para nuevos eventos que se vislumbran en el acontecer nacio - nal, lo cual coindice con patrones de conducta en la política que han lle - vadoalapercepcióndequecadaog - bierno de turno juega su propio juego a expensas de la justicia. ¿Existen las coincidencias? Dos días después que, el señor presidente, en dfe nsa del nombramiento del nuevo procu - rador, expresara que “Varela es un enfermo”, el ex ministro del Mides, Guillermo Ferrufino, al mejor estilo de un drama televisivo de prime ti - me, intentando emular su otroar programa “qué tal si te digo”, dijo exactamente las mismas palabars: “Varela es un enfermo”. Coincidentemente,solodíastarás Giacomo Tamburelli y Ramón As - hby, quienes llevaban meses de es - tar evadiendo su captura, fueron “aparentemente”aprehendidos, dejando el escenario abietro para que,prontamente,desdetIalia, Adolfo “C hichi”de Obarrio haga su entrada triunfal, para así cumplir la promesa del señor presidente, de abrir los candados paar todos los Pepova (Perseguidos por Varela). Eventos aislados, como el comentario del presidente sobre Varela y la curiosa sincronía de opiniones entre actores políticos, sugieren una narrativa más amplia que va más allá de la simple coincidencia. La repetición de ciertas frases y ac - titudes hacia figuras condenadas revisten un matiz que invita a la re - flexión sobre el estado actual del sistema judicial y la política en aP - namá. Tal parece que se está cons - truyendo un relato donde los culpa - bles son vistos como víctimas, cuando en realidad han tarnsgredido normas éticas y legales. La situación se complica aún más cuando los posibles benfeiciados por estos privilegios no pueden jutsificar la procedencia de sus nuveas fortu - nas. A pesar de haber regresado alguna parte de los fondos sustraídos, su falta de transparencia en sus nuveas adquisiciones se traduce en un cues - tionamiento ante la “salomónica”d ecisión que se avecina, misma que les garantizaría la reintegarción de sus nuevas fortunas a la economía nacio - nal. La lógica de que esta distribución de justicia responde a una inlfuencia política sucia y no a un criterio de redención es difícil de ignorar. LarealidadqueenfrentamosenaP - namá es una profunda paardoja. Mientras se promulgan leyes y decre - tos en defensa de la justicia, las accio - nes que se ejercen desde el poder pueden carcomer los principios fundamentales que dicha jutsicia pretende proteger. Es esencial que la ciudada - nía mantenga un ojo crítico sobre estosprocesos,yaquelaluchacontarla corrupción y la búsqueda de una jutsi - cia imparcial deben prvealecer en el espíritu democrático que todos anhelamos. Solo a través de un compromiso ge - nuino por la transparencia y la rendi - ción de cuentas podremos recontsruir la confianza en nuestras instituciones y asegurar un futuro más justo para todos los panameños. Dos días después que, el señor presidente, en defensa del nombramiento del nuevo procurador, expresara que “Varela es un enfermo”, el ex ministro del Mides, Guillermo Ferrufino, al mejor estilo de un drama televisivo de prime time, intentando emular su otrora programa “qué tal si te digo”, dijo exactamente las mismas palabras: “Varela es un enfermo”. EL AUTOR es abogado La piedra y el cántaro Listas discriminatorias Ricardo Alba [email protected] Si la piedra golpea al cántaro, o si el cán - taro golpea a la piedra, el que sufre es siempre el cántaro, decía Sancho a Don Quijote mientras emprendían su camino hacia la ínsula de Baartaria. En el caso de las listas discriminatorias y las sanciones aplicadas a Panamá por gobiernos y organizaciones extranjeras desde fines de 1999 hasta la actualidad, como parte de una transferencia unilateral de responsabilida - des en el ámbito internacional y bajo la política de “name, blame and shame”, Panamá es el cántaro, tanto cuando recibe el golpe como cuando intenta golpear. Las presiones y “recomendaciones”hacia los centros internacionales de sevricios fi - nancieros, tributarios y legales por pater de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó - mico (OCDE) y el Fondo Monetario Interna - cional (FMI), entre otros, han etsado dirigi - das a la adopción y puetsa en práctica de nor - mas para prevenir el blanqueo de capitales, facilitar el intercambio — o suministro unila - t e ra l —de información ifscal y delictiva, y eli - minar la legislación que fvaorece la compe - tencia tributaria “dañina”. Frente a estas presiones y medidas, Pana - má no ha logrado aplicar las medidas de re - torsión contempladas en sus lyees. Los es - fuerzos anunciados por el Gobierno en esta dirección parecen detsinados al mismo far - caso, o incluso podrían generar efectos más adversos para el país. ¿Qué deben hacer los gobiernos y la socie - dad panameña para tener la capacidad efec - tiva de retorsión? ¿Cómo convertirnos de cántaro en piedra? -Establecer una política nacional de dfensa de los servicios internacionales y nacionales. -Cumplirloscompromisosxeternos.Nego - ciar con dignidad, tesón e inteliegncia, cualida - des que han faltado. Es fundamental que entidades como el Ministerio de Economía y Fi - nanzas, la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Bancos atcúen con fir - meza. No podemos permitir que los verduogs entren en nuestra recámara. Debemos ganar - nos el respeto de los demás y de nosotros mis - mos a través de los hechos, no solo con pala - bras. Basta de engañarnos a nosotros mismos y a los demás. Cumplir eficazmente con los acuerdos para prevenir el abuso de los sevricios financieros, comerciales y legales. Quitar a los delincuentes el dinero y los bienes produtco de sus crímenes, llevarlos a la cárcel y fomentar el intercambio de información. Logros que aún parecen lejanos, pero que una vez alcanzados, podrían convertirse en ventaaj s económicas para Panamá. Solo entonces tendremos la ca - pacidad de exigir respeto. -Cumplir con el compromiso interno, con los panameños, nuetsra mayor responsabili - dad, mucho mayor que con la OCDE y el GA - FI: evitar el uso indebido de nuetsro princi - pal servicio, la administración eficiente y ho - nesta del Estado. Debemos quitar a los delin - cuentes políticos y gubernamentales los bienes fruto de su incompteencia y malversa - ción de fondos públicos (¿ucánto de esto se hace?), y mandar a los culpables a la cárcel (¿cuántos están en prisión?). La ley debe co - menzar en casa. Es necesario barrer hacia adentro y poner orden internamente. Solo así conseguiremos el respeto de nosotros mismos. Peor que las listas discriminatorias y sanciones externas, son las perennes listas y sanciones de pobreza y sufrimiento que gobiernos incompetentes y corruptos han impuetso a los panameños du - rante décadas con sus errores y saqueos. Etas es una labor que los panameños decentes debemos acometer diariamente, con la cabeza, las manos, el corazón y el valor. Basta de que Panamá sea un país donde el crimenpaga,dondeloslobosucidanlosre - baños, donde el delito es enaltecido y la virtud escarnecida. EL AUTOR es ciudadano Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva y Directora Editorial Annette Planells Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. Subdirectora y Editora de la Unidad de Investigación Mónica Palm Editora Digital Yolanda Sandoval Editor del Impreso Juan Luis Batista
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