5A LaPrensa Panamá, 22 de septiembre de 2024 Brunch dominical Mónica Palm [email protected] Mafia. Su sola mención suele hacernos pensar en el crimen organizado siciliano o en algún tipo del Chicago de los años 20, vestido con traje, con un cigarro en la boca y empuñando una ametralladora. Pero la mafia no se reduce a eso. La RAE también la define como un “grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Esto quizá explica por qué, el pasado jueves, el presidente José Raúl Mulino le dijo al país que en la Caja de Seguro Social (CSS) hay una “mafia enquistada, sin que nadie le ponga ord e n”. Estas personas, en palabras de Mulino, “han vivido sentadas en la junta directiva de la Caja de Seguro Social todos estos montones de años y ahora se hacen los locos, como si no supieran nada. Ahí está el resultado del descalabro al que han llevado a todos, directores y directivos de la Caja de Seguro Social”. Esa no fue la primera vez que Mulino expresó su descontento con la alta dirección de la Caja. En sus intervenciones públicas después de las elecciones, ha sido consistente al respecto. El 3 de junio pasado, cuando se enteró de que la junta directiva había convocado a un concurso para escoger al próximo director general de la entidad, anunció: “No les voy a firmar ningún nombramiento que hagan”.A Manuel Pérez Rodríguez, el presidente de la CSS, se le resbaló la advertencia de Mulino y replicó que continuarían con el proceso de selección. “No veo razón para que nosotros tengamos que guiarnos por lo que él nos dice, si todavía no es presidente”, dijo Pérez. El 1 de agosto, un mes después de su toma de posesión, Mulino volvió a cuestionar a la alta dirección de la Caja y hasta dijo que le querían “me ter un gol para forzar una reelección”. Buen olfato. Por cierto, el director saliente Enrique Lau acudió esta semana al pleno legislativo y ahí dijo que en la Caja no había “botellas”. Será que en el argot hospitalario les llaman “tubos de ensayo”... Pero, aunque no publican en algún lugar un código o un organigrama, toda mafia que se respete tiene una estructura no escrita y sus integrantes la reconocen de manera inequívoca. La junta directiva de la CSS está integrada por 12 miembros principales. Ahí están Álvaro Lozano, que representa a los médicos; los ministros Fernando Boyd (de Salud) y Felipe Chapman (de Economía), y el contralor Gerardo Solís (solo con derecho a voz). Otros tres miembros (Aida de Maduro, Camilo Valdés y Fernando Méndez) fungían como representantes de los empleadores, pero renunciaron a sus cargos. Valdés es ahora director de la DGI y Méndez, viceministro de Vivienda desde el 1 de julio pasado. Ya van siete…Los cinco restantes han podido intimidar de forma eficaz y continuada a las organizaciones que los designan en la junta, o sus encefalogramas alojan algunas de las mentes más pródigas de nuestro país, porque ni siquiera el agotamiento de la vigencia de sus cargos ha sido suficiente para alejarlos de allí. Estos cinco directores, todos con sus nombramientos impresentablemente vencidos, son los tres representantes de los trabajadores (Guillermo Puga, Miguel Edwards y Gregorio Guerrel); el representante de los funcionarios y gremios magisteriales, Roberto Valencia, y el representante de los jubilados, el ya citado Manuel Pérez Rodríguez. Entonces, ¿queda alguien con dudas acerca de los posibles integrantes de la “ma - fi a ”a la que alude Mulino? No parece que alguna vez haya sido elegido como nuevo líder de la mafia alguien que no pertenezca a ella. ¿No es así? Bueno, en agosto pasado, Pérez fue elegido para presidir la junta directiva de la CSS por un periodo de 20 meses. Fue juramentado en el cargo por Puga, quien también tiene el cargo vencido. Y quién sabe si hasta la cédula. ¿Y todavía los panameños esperamos que la CSS garantice resultados comparables a los de empresas privadas del sector financiero y de la salud? Panorama Reactivarían Corredor del Caribe en medio de tensiones El proyecto, que tiene una extensión de 25 kilómetros, pretende conectar la autopista Panamá-Colón con las comunidades de Portobelo y la Costa Arriba, provincia de Colón. AMBIENTAL Yaritza Mojica [email protected] Una fórmula para reactivar la construcción del proyecto Corredor del Caribe, tramo 2, que va desde Sierra Llorona hasta María Chiquita y que actualmente está suspendido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), será anunciada próximamente por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Así lo informó el presidente de la República, José Raúl Mulino, el pasado jueves 19 de septiembre, durante una conferencia de prensa en la que señaló que hay interés en lograr un acuerdo que permita reabrir esa carretera, y que pronto se hará el anuncio. El mandatario señaló que “hay una fórmula para abrir el Corredor del Caribe y regular todo el espacio que rodea la carretera”. Advirtió que“sería absurdo que el monte se coma una carretera en la que se ha invertido mucho dinero”. Actualmente, el proyecto tiene un costo de $91 millones. El proyecto Corredor del Caribe, que tiene una extensión de 25 kilómetros, pretende conectar la autopista Panamá-Colón con las comunidades de Portobelo y la Costa Arriba. Incluso, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, manifestó que la entidad está analizando una nueva ruta para el tramo 1 (Quebrada Ancha-Sierra Llorona) del proyecto “Estu - dio, diseño, construcción y financiamiento de la carretera Quebrada Ancha-María Chiquita”, conocido como Corredor del Caribe. El titular de Obras Públicas dijo que el Corredor del Caribe es un proyecto que tanto él como el presidente desean que continúe. Actualmente, el tramo 2 (Sierra Llorona-María Chiquita), al momento de su paralización por la Sala Tercera de la CSJ, el pasado 17 de junio, contaba con 10 kilómetros de carretera pavimentada y un 25% de avance. Para evitar que esta obra quede en el abandono, el mandatario solicitó durante una gira realizada en Colón que tanto el director del Ministerio de Obras Públicas (MOP) como el gobernador de esta provincia mantengan la carretera, especialmente en temporada de lluvias, cuando se registran deslizamientos. Mientras tanto, el tramo 1 (Quebrada Ancha-Sierra Llorona) del proyecto Corredor del Caribe está a la espera del Estudio de Impacto Ambiental, categoría III, que aún no ha sido aprobado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente). Cabe recordar que el 7 de agosto, Miambiente admitió los incidentes de nulidad presentados por un grupo de ambientalistas contra el foro público del EIA categoría III del tramo Quebrada Ancha-Sierra Llorona del Corredor del Caribe. Los incidentes de nulidad fueron presentados por las abogadas Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), y Susana Serracín, presidenta de la organización Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD). Esta última fue notificada el jueves 8 de agosto. En relación con el tramo 2, la abogada ambientalista Serracín manifestó que recientemente se realizó una gira de inspección por parte de la Fiscalía de Ambiente, otras autoridades municipales y miembros de la comunidad para evaluar la zona afectada. Los ambientalistas han denunciado que esta carretera afecta la Reserva Natural Sierra Llorona y su biodiversidad, ya que está cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres y del Parque Nacional Portobelo. Serracín indicó que, en el caso del tramo 2, hay 44 abogados que han presentado incidentes de tercería para ser parte del proceso a favor del proyecto en la CSJ. “Estamos esperando que los magistrados se pronuncien sobre si admiten o no estas tercerías”, afirmó. Con respecto a lo señalado por el presidente Mulino, Serracín declaró: “A nosotros, más allá de salvar una carretera, lo que nos interesa es salvar el ambiente, el bosque, el Corredor Biológico Mesoamericano”. “Si se han cometido errores en el camino, esos errores deben corregirse. Nos preocupa una carretera que estuvo mal construida, mal diseñada o que fue ubicada en el lugar incorrecto. Eso sería un error, básicamente”. Serracín también destacó que recientemente el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, se reunió con un grupo de ambientalistas, donde se discutió la importancia de la conservación en tierras privadas del Corredor Biológico Mesoamericano. Se acordó que el equipo técnico de Áreas Protegidas de la entidad evaluará la información. Los ambientalistas han denunciado que esta carretera afecta la Reserva Natural Sierra Llorona y su biodiversidad, ya que está cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres y del Parque Nacional Portobelo. Archivo Ministerio Público ordena la aprehensión de un exfuncionario por caso de las vigas H INVESTIGACIÓN Henry Cárdenas [email protected] El Ministerio Público informó ayer sábado 21 de septiembre que la Fiscalía Anticorrupción logró que a un hombre se le imputara el cargo de peculado doloso agravado, y su detención, por la desaparición de 600 vigas H del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Fuentes del Ministerio Público adelantaron que la persona detenida e imputada es propietaria de una recicladora en donde hallaron parte de las vigas. Al hombre se le imputó el cargo de peculado doloso agravado en grado de cómplice primario. La fiscal Anticorrupción, Marilú Batista, informó que la audiencia de garantías se llevó a cabo en la provincia de Panamá Oeste. “Por este hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha emitido órdenes de aprehensión para otras tres personas. Estamos esperando que con nuestros brazos auxiliares se logre la aprehensión de estas personas, entre estas particulares y un exfuncionario”, afirmó Batista. Las 600 vigas H de acero son propiedad del MOP y están valoradas en cerca de $3 millones. Se informó que inicialmente estaban destinadas para la reparación del puente de las Américas y permanecían depositadas en un patio del MOP en Farfán. La Fiscalía Anticorrupción, en tanto, sigue buscando las vigas restantes en diversos puntos del país. En los Algunas de las 600 vigas H desaparecidas se han encontrado en talleres, fincas privadas y ciertas juntas comunales. Cor tesía últimos días, las autoridades han ubicado parte del material en diferentes sectores. El pasado jueves 19 de septiembre, en colaboración con la Policía Nacional, localizaron 39 vigas tipo H, despedazadas. Estaban en una recicladora ubicada en Calle 19, Río Abajo. Además, en Burunga, Arraiján, se hallaron otras tres vigas, según informó el Ministerio Público. Mientras que el viernes 20 de septiembre, encontraron otras 22 en Darién. Hasta la tarde del viernes, las autoridades judiciales habían recuperado al menos 140 vigas, que se presume pertenecen al lote sustraído del MOP. En este proceso, la Fiscalía Anticorrupción investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente peculado. Las investigaciones por este caso empezaron el pasado 5 de septiembre de 2024.
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