11 de septiembre de 2024 - Año 44 - Nº 14773 75¢ Miércoles El medio libre de Panamá El MOP en la mira: ¿Cómo perdió casi 1,800 toneladas de vigas de acero? Ni los actuales ni los anteriores funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) tienen una explicación clara. Son unas 600 vigas de acero de unos 20 pies y con un peso de unas 3 toneladas cada una, que estaban en Farfán. Allí hoy día alguien custodia la entrada. Pero no hay rastros de las estructuras. VEA 3A Café con La Prensa $6 mil millones en obras con APP Cerca de 10 proyectos de infraestructura se desarrollan en Panamá bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) con un valor aproximado de $6 mil millones. La información se dio a conocer ayer martes en el foro Café con La Prensa, patrocinado por Deloitte. Participaron Carlos Sánchez, de Deloitte (izq.); Ignacio Aragone, experto en APP (c.) y Juan Pablo Buriticá, gerente de Ruta del Este, ISA (der.). Aragone explicó que este modelo permite que empresas privadas realicen la inversión inicial y la recuperen con aportes gubernamentales o de los usuarios. Por su parte, Sánchez enfatizó la necesidad de convertir las APP en una política de Estado y garantizar la viabilidad de los proyectos seleccionados. VEA 1B Alexander Arosemena Hoy por hoy La desaparición de 600 vigas de acero, cada una de tres toneladas, destinadas a reforzar el puente de las Américas, revive el nombre Van Dam. Este consorcio estuvo involucrado en uno de los mayores escándalos de construcción en Panamá, vinculado con el fallido segundo puente sobre el Canal, el Simón Bolívar. Pese al fracaso, el Estado terminó pagando millones al contratista, mientras los materiales quedaron como chatarra en Venezuela. Hoy enfrentamos otro acto de negligencia: recursos públicos que desaparecen sin explicación clara. Aunque es positivo que el Ministerio Público haya iniciado una investigación, este hecho debió implicar la participación de muchas personas. No es fácil desaparecer una cantidad de material que requirió una logística compleja, involucrando equipo pesado y varios viajes de transporte. El Ministerio de Obras Públicas tiene la responsabilidad de implementar una organización eficiente que evite que estos actos de corrupción sigan ocurriendo bajo la mirada de sus propios funcionarios. La transparencia es indispensable para evitar un nuevo escándalo y restaurar la confianza ciudadana. Vivir+ La realidad de las dietas ‘plant-based’ 5B Panorama Operación Jericó: estos son los bienes cautelados 4A Economía Promtur registró $973 millones en impacto económico 3B Deportes ¿Los Chiefs podrán hacer historia en la NFL? 8A Hospital de Cancerología: un paso hacia la unificación SALUD PÚBLICA Aleida Samaniego C. [email protected] El Instituto Oncológico Nacional (ION) enfrenta una grave crisis de capacidad desde hace años. Diseñado para una menor cantidad de pacientes, el ION está actualmente saturado. Para resolver esta situación, se ha planificado la apertura del Hospital de Cancerología Dr. Adán Ríos en la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), que comenzará a operar en octubre y atenderá a los paciente del ION, especialmente de radioncología. Este es un paso para la unificación del sistema de salud, una de las principales apuestas del gobierno del presidente José R. Mulino. VEA 6A Hallan anomalías en 12 contratos de emergencia en Salud Una auditoría del Minsa revela irregularidades en contratos por $9.6 millones, con bienes entregados fuera de plazo y sin especificaciones técnicas. Mónica Palm [email protected] Una auditoría interna en el Ministerio de Salud (Minsa) reveló numerosas inconsistencias en 12 contratos adjudicados para enfrentar el “estado de emergencia ambiental” de - clarado en mayo de 2023. Estos contratos, que suman más de $9.6 millones, fueron gestionados por la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) bajo la dirección de Luis Francisco Sucre. Las anomalías incluyen la emisión de actas de aceptación final antes de la entrega total de los bienes, incumplimientos en las especificaciones técnicas y plazos de entrega sin sanciones aplicadas a los proveedores. El informe preliminar de la auditoría ha identificado una serie de fallas administrativas que indican una falta de control interno en la gestión de los contratos por parte del Minsa. Aunque el nuevo ministro de Salud, Fernando Boyd, ha designado un equipo de auditores para investigar estos casos, hasta ahora no se han tomado medidas punitivas contra los proveedores involucrados. VEA 2A Crisis de la CSS: Mañana el presidente Mulino hará un anuncio al país en cadena nacional El presidente de la República, José Raúl Mulino, hará un anuncio al país mañana jueves en cadena nacional. La Presidencia informó ayer, martes, que en vez de su rueda de prensa semanal, el mandatario aprovechará el espacio para referirse a la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS). Precisamente sobre la CSS, en nuestra sección de Opinión de hoy miércoles, tres de nuestros articulistas abordan distintas perspectivas de la crisis y plantean ideas para enfrentar el problema. VEA 7A UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A LaPrensa Panamá, miércoles 11 de septiembre de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom ‘Inconsistencias’ en 12 contratos del Minsa Se trata de 12 contratos que, en conjunto, suman poco más de $9.6 millones, gestionados a través de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) del Minsa. Mónica Palm [email protected] Todos los contratos adjudicados por el Ministerio de Salud (Minsa) para atender el “es - tado de emergencia ambiental”declarado el 30 de mayo de 2023 presentan “incon - sistencias” y ninguno de los proveedores involucrados ha sido sancionado o multado hasta ahora. Se trata de 12 contratos que, en conjunto, suman poco más de $9.6 millones, gestionados a través de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas) del Minsa, entonces bajo la dirección de Luis Francisco Sucre, quien fue ministro de Salud hasta el 1 de julio pasado. Entre las anomalías encontradas en una auditoría interna (que aún está en proceso) se destaca que se emitieron actas de aceptación final de recibido a satisfacción antes de que el proveedor hubiera entregado la totalidad de los bienes objeto del contrato. De manera incomprensible, en varios casos esa acta de aceptación se expidió cuando ni siquiera se había emitido la orden de proceder, por lo que no aparece un detalle completo ni se describe qué se recibió ni bajo qué circunstancias. También hubo proveedores que entregaron bienes y accesorios que no cumplen con las especificaciones técnicas ni los términos de referencia del contrato, según observó el equipo de tres auditores designado por el actual ministro, Fernando Boyd. Igualmente, era común que los proveedores incumplieran los plazos de entrega establecidos, aunque no se expidieron adendas que justificaran dichos atrasos. A nadie se le multó o sancionó por eso. Entre los 12 contratos auditados hay tres adjudicados a Grupo Figuer, del que forma parte Construcciones y Remodelaciones Eurox, S.A., la empresa que fue cuestionada el 5 de septiembre por el presidente José Raúl Mulino, durante su conferencia de prensa semanal desde el Palacio de Las Garzas. Figuer, perforadoras y bombas Las compras a las empresas del Grupo Figuer suman poco más de $4.7 millones, lo que representa casi la mitad de los contratos que la Disapas del Minsa adjudicó bajo el pretexto del estado de emergencia ambiental. Uno de los contratos es para adquirir“dos plataformas de perforación de pozos de agua montadas sobre camiones”, lo que incluye un compresor de aire con bomba de lodo y equipo de perforación de pozos con oruga. El otro contrato es para proveer bombas sumergibles, cables de caucho y otros accesorios. El primero es por $1.7 millones y se pagó en su totalidad el 24 de abril pasado; el segundo es por $1.4 millones y fue saldado el 7 de m ay o . En relación con ambos contratos, el 5 de diciembre de 2023, el ingeniero Ricardo Raymore, jefe del Disapas, firmó un acta de aceptación final sin haber recibido los bienes. El propio Raymore admitió posteriormente que, en el caso de las plataformas de perforación de pozos, se requiere personal idóneo para el manejo del equipo para poder emitir su aceptación final, debido a su alta tecnología. Este entrenamiento aún no ha ocurrido. Esta semana, Eurox comunicó que está dispuesto a brindar la capacitación. Al Minsa también le prometió entregar los manuales de uso traducidos (que están en chino), pero eso tampoco ha sucedido. Hay un tercer contrato con otra empresa del grupo, llamada Figuer Panamá, S.A., para adquirir compresores de aire, tanques industriales de reserva, purificadores de agua y kits de comparadores de cloro y PH, entre otros, por $1.6 millones. Los bienes fueron recibidos en mayo y junio de 2024, pero el 12 de diciembre de 2023 ya había una nota de aceptación final “a satisfacción”, firmada por el ingeniero Raymore. Para colmo, Figuer Panamá, S.A. entregó tres comDepósito del Disapas, en el Minsa, donde se aprecia parte de los equipos adquiridos supuestamente para afrontar el estado de emergencia ambiental declarado en mayo de 2023. Cor tesía Extienden discusión del proyecto que crea el proceso de transición en juntas comunales INICIATIVA José González Pinilla [email protected] Avanza la discusión del proyecto de ley que organiza las juntas comunales y la Ley 106 de 1973, sobre Régimen Municipal, en la subcomisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional. Se trata de la iniciativa de ley que busca darle seguridad jurídica al proceso de transición de las juntas comunales y al régimen municipal, a fin de generar un proceso “limpio y que genere confianza ”, según su proponente el diputado independiente Neftalí Zamora. Ayer martes, la subcomisión realizó su cuarta reunión en la cual continuó con el análisis del documento. Zamora destacó que este proyecto de ley instituye por primera vez un proceso de transición entre autoridades salientes y entrantes de gobiernos locales. Esto, luego de que este año numerosas autoridades salientes no realizaron la respectiva entrega de cargos, así como los informes de su administración. Muchas juntas comunales fueron entregadas con instalaciones deterioradas y con informes financieros a medias. El diputado indicó que con esta normativa las autoridades locales entrantes tendrán la oportunidad de conocer, de primera mano, la situación de la entidad que estarán recibiendo, así como recibir información valiosa Subcomisión de Asuntos Municipales. Cor tesía presores de aire que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, pero nadie protestó porque la recepción de los equipos se realizó sin la participación del personal técnico encargado. El informe preliminar de auditoría señala que los bienes están en un depósito del Disapas, a la espera de que el proveedor se acerque a revisarlos y reemplazarlos. Lo mismo ocurrió con las bombas sumergibles: el Minsa pidió 400 bombas de 2HP, pero Eurox entregó de 3HP, a pesar de que se trata de productos con diferentes especificaciones y costos. Peras por manzanas Figuer no fue el único contratista que pactó una cosa y entregó otra. Alca Holding International Inc. también vendió bombas sumergibles y tanques al Minsa, por $2.6 millones. También entregó 500 bombas de 3HP en lugar de 500 de 2HP, como estaba acordado en su contrato. Como era costumbre, se firmó un acta de aceptación final el 15 de diciembre de 2023, pero la mercancía se recibió en abril y mayo, sin la presencia del personal técnico del Disapas. La conducta se repitió con los vehículos adquiridos a For Auto Panamá, S.A. Esta empresa tenía dos contratos con el Minsa, por $167,187.50 y por $167,455 (en total, $334,642.50), para proveer 10 pick-up doble cabina turbo diésel marca Ford Ranger, modelo XLT. Lo que recibió el Minsa fue el modelo XLS, que cuesta $6,000 menos por unidad, según apuntaron los auditores en su informe preliminar. Igualmente, se firmó un acta de aceptación final a satisfacción y nadie reclamó nada. El Minsa también compró cuatro montacargas a FA 88, INC-NGLS. Investment Inc. La empresa cobró $149,800 ($35,000 por cada montacargas, más los impuestos). En junio pasado, dos de los aparatos tenían daños mecánicos; uno ya fue reparado por el vendedor. En ninguno de estos casos hubo alguna adenda a los contratos en la que se autorizó el cambio de las especificaciones. Hay más irregularidades. Inversiones FJ, S.A. cobró $1.3 millones por entregar casi 50,000 tuberías de PVC y accesorios que no cumplían las especificaciones técnicas del contrato. Igualmente, hubo incumplimiento en el plazo de entrega. El Minsa también expidió un acta de aceptación final y pagó la totalidad de la c uenta. Hipoclorito y remolques Otros proveedores sí atendieron las especificaciones técnicas de la mercancía, pero con ellos también se expidió un acta de aceptación final antes de la recepción formal de los bienes. Además, los ingenieros del Disapas no participaron en el acto de entrega y, por tanto, nadie revisó qué fue lo que se recibió o la mercancía no ingresó al almacén de la dirección. Eso fue lo que ocurrió con Lubricantes y Químicos, S.A. y con Enelka Peralta. El primero vendió 1,500 tanques de pastillas de hipoclorito de calcio por $223,624, y la segunda, cinco sistemas de remolques para vehículos 4x4 y cinco winches, por $6, 955. El Minsa también adquirió productos varios a Alfredo Moreno Torres. Una compra fue por $3,210 y la otra, por $186,193.70. En ambos casos, el proveedor ha solicitado prórroga para entregar la mercancía. También pidió cambiar las especificaciones de cierta mercancía. Está pendiente la aplicación de una multa por retraso. Solo en este caso se menciona una posible sanción, más no en los otros. para “la toma de decisiones y evitar rupturas o demoras innecesarias en el proceso de transición”. En tanto, Narciso Machuca, asesor de la Asociación de Municipios y Asociación de Alcaldes, manifestó que se requiere de esta norma, ya que es un documento que ha tenido consenso de muchos sectores, llena un vacío que ha tenido el sistema municipal toda la vida, que ahora se “está corrigiendo y se está preparando hacia futuro”. Añadió que “va mejorar mucho la relación autoridad saliente con la autoridad entrante ”; además, permitirá que todo se haga en el debido orden, para que cualquier persona sepa con qué se va encontrar, en el momento que va iniciar sus labores. La subcomisión brindó el espacio a los representantes de alcaldías, juntas comunales, Contraloría, Procuraduría de la Administración y de la AIG, entre otros. Faltan dos sesiones más para entonces enviar el documento a primer debate. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A LaPrensa Panamá, miércoles 11 de septiembre de 2024 Toneladas de dudas tras pérdida de 600 vigas de acero El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones. Un recorrido de este medio por el patio donde estaban las estructuras en Farfán, muestra que hoy día es custodiado por un vigilante. FONDOS PÚBLICOS Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La pregunta que una gran parte de la población se hizo ayer, martes, y que recorrió las calles del país fue una sola: ¿Cómo desaparecen 600 enormes vigas de acero bajo custodia del Ministerio de Obras Públicas (MOP)? Luego de la publicación de La Prensa, que informó sobre la insólita desaparición de estas estructuras de acero de aproximadamente 20 pies, destinadas a la reparación del puente de Las Américas, la población expresó su rechazo y malestar. Este hecho aumenta la indignación en un contexto en el que persisten los escándalos heredados de la pasada administración (2019-2024). Según las actuales autoridades del MOP, la última referencia de las vigas data de octubre de 2023, y ya han presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el caso. Este medio realizó un recorrido por el patio ubicado en Farfán, corregimiento de Veracruz, donde las vigas habían sido depositadas para su custodia. El lugar presenta una cerca perimetral bastante deteriorada y una improvisada garita de seguridad, custodiada por una sola persona. El patio Dentro del patio del MOP, el abandono es evidente. Viejos contenedores oxidados se apilan sin orden, rodeados por montones de arena acumulada y maleza que se extiende como una señal de desidia, creciendo libremente, como si el tiempo hubiera detenido cualquier intento de intervención. El espacio, que alguna vez debió ser clave para el resguardo de materiales importantes como las vigas perdidas, hoy parece olvidado por completo, un paisaje de descuido que lleva meses sin ver una limpieza. En medio de ese silencio, el vacío se hace más palpable, reforzando la sensación de abandono que reina en cada rincón. De hecho, Ricardo Icaza, asesor legal del MOP, en entrevista con este medio, subrayó que cuando llegaron a la institución el pasado 2 de julio, describieron el sitio como un lugar inseguro para custodiar bienes. Incluso, agregó que han considerado cerrar ese patio porque no está acondicionado para cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. Además, reconoció que estas vigas no podían ser sustraídas fácilmente: “No es algo que puedas meter en el bolsillo y llevarte, o meter en el baúl de un carro y llevártelo. Tiene que haber toda una logística para transportarlas”. Se trata de planteamientos que también hicieron profesionales en redes sociales, como la arquitecta Sandra Escorcia. Así lo resumió Escorcia: “Eran 600 vigas. Con tres de esas, la cama de una mula ya no soporta más. O sea, hubo como 200 viajes de mulas para sacar la montaña de vigas. Toda una logística, eso tuvo que estar bien coordinado”. Por su parte, el partido en formación Relevo exigió en su cuenta de X una “investi - gación exhaustiva” y que los responsables rindan cuentas. “El manejo transparente de los fondos públicos es esencial para la seguridad de todos”, indicaron. La denuncia En medio de este escándalo, la Fiscalía Anticorrupción informó ayer, martes, que investiga la desaparición de las 600 vigas de gran tamaño que estaban destinadas a la rehabilitación del emblemático puente de Las Américas. La investigación surge tras una denuncia presentada por el MOP por la presunta comisión del delito de peculado, el pasado 5 de septiembre. En palabras de Gustavo Bernal, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), esto tuvo que ser una operación grande y bien programada, ya que se trata de objetos de gran tonelaje. “Cada una de estas vigas pesa entre dos y tres toneladas, lo cual requiere un gran equipo para ser removidas de donde estaban”, puntualizó. Mientras que el diputado independiente, Betserai Richards, calificó este hecho como la “punta del iceberg” de lo que pudo suceder en términos de irregularidades, no solo en el MOP, sino en el Gobierno en general entre 2019 y 2024. “Cuando vemos los presupuestos gigantescos del MOP durante los cinco años del Gobierno pasado, no vemos esos montos reflejados en obras ni en proyectos. La presente administración tiene que hacer una investigación y auditoría profunda”, concluyó. El exministro del MOP, Rafael Sabonge, dijo desconocer qué sucedió con estas vigas. El patio del MOP en Farfán donde se perdieron las vigas. Alexander Arosemena Panorama
4A LaPrensa Panamá, miércoles 11 de septiembre de 2024 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] INTERCAMBIO. Curiosidad causó la amena conversación que sostuvieron en el Pleno Legislativo los diputados Popi Varela y Luis Eduardo Camacho. Nada tendría de raro una conversación entre dos diputados, a no ser porque el hermano de uno es la némesis "brother" del otro. ¡Qué cosa más grande la vida!, diría Trespatines. BALDOR. Engañoso es el mensaje sobre el endeudamiento del país que hace el presidente del PRD, Benicio Robinson. Según él, “los gobiernos del PRD son los que menos endeudamiento han sometido al país”. Si lo que pretende es comparar el porcentaje del PIB con la deuda, su análisis es simplista, por decir lo mínimo, porque todo el mundo sabe que, en términos absolutos, la administración Cortizo ha sido históricamente la de mayor endeudamiento. A esta gente del PRD habrá que regalarle un ábaco. DESUBICADA. Cuentan que, por los lados de Cambio Democrático, la que Ya Ni Ve está furiosa porque la Comisión de Elecciones del partido ha pedido al Tribunal Electoral aplazar la fecha para las elecciones internas de la agrupación política. ¿Cuál es su lloradera, si no lleva el más mínimo chance? ¿O es que ella pretende sacar ventaja y politizar importantes temas de la agenda nacional? De esta gente, cualquier cosa se puede esperar. NADA RARO. Según reportes del Ministerio de Obras Públicas, las 600 vigas que estaban almacenadas en el patio de Farfán desaparecieron después del mes de octubre de 2023. Vistas satelitales de febrero de 2024 dan cuenta de que en esa fecha todavía estaban en dicho lugar. Según el exministro Rafa Sabonge, él no sabe nada sobre el asunto. Para variar. PREGUNTA. En el proceso que se lleva a cabo a causa tendría de raro una conver de uno es la némesis "brot mensaje sobre el endeuda de la Operación Jericó, la abogada defensora de Omar Ortega, presidente de Servicios Múltiples Rama y socio de Rico Pineda, hasta no hace mucho era jueza del Sistema Penal Acusatorio. ¿De juez a defensora en caso de narcos? ¿Por qué será? ‘FL ASH’.A propósito de Pineda, por el Pleno Legislativo apareció Huevito, aunque así como llegó, luego desapareció. ¿En qué andará? AUDIENCIA Eliana Morales Gil Juan Manuel Díaz [email protected] Un apartamento ubicado en el exclusivo barrio Santa María, valorado en $780 mil; varios vehículos, dinero en efectivo y cuentas bancarias por más de $700 mil, quedaron a órdenes de las autoridades mientras se investiga su vínculo con el narcotráfico y lavado de dinero por los hechos que sustentan la Operación Jericó. El fiscal superior de Drogas, Joseph Díaz, argumentó ante el juez Mike Zúñiga el nexo de cada una de estas posesiones con los investigados en la operación antidrogas. Lo hizo durante una audiencia que se desarrolló este martes 10 de septiembre en las oficinas del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicadas en Plaza Ágora, en la capital. Los bienes Díaz comenzó mencionando algunos bienes ligados a la persona identificada como el cabecilla de la red que presuntamente se dedicaba a traficar droga y blanquear dinero: Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, quien se mantiene prófugo. Varias de las pertenencias con las que se le vincula estaban a nombre de las sociedades Constructora Sánchez Cano y Transportes Sánchez Cano, empresas que, coincidentemente, tienen la misma ubicación del taller mecánico Villagian, empresa que, de acuerdo con el Registro Público, tiene como directora a Annyuri Frank Villareal Lara, otra de las vinculadas a la Operación Jericó. En la lista están: una camioneta Mercedes Benz, del año 2016, que supuestamente se usó para“actividades ilícitas”, al igual que un apartamento ubicado en el PH Greengarden, en Santa María, corregimiento de Juan Díaz, con un valor de $780 mil. Al momento de adquirir esta propiedad, Sánchez dio un abono de $230 mil. El apartamento de Greengarden fue una de las propiedades allanadas el pasado 15 de agosto, cuando se ejecutó la fase final de la Operación Jericó. Según el fiscal, allí se desarrollaron reuniones para coordinar el tráfico de droga. A Gregorio Miller, otro de los vinculados al caso, el fiscal solicitó aprehenderle un carro Honda CRV del año 2009, que, según el Ministerio Público, fue importado desde Estados Unidos por Annyuri Villareal. Este vehículo, de acuerdo con el fiscal Díaz, pasó por el taller Villagian, donde se modificaban carros con doble fondo para el transporte de droga. El presidente de Villagian S.A. es Edgar Oriel Osigian Rodríguez, esposo de Annyuri Villareal, quien es uno de los indiciados (se sospecha que está ligado al delito) en este proceso. Precisamente, un bien de Edgar Oriel Osigian Rodríguez también está en la lista de las posesiones que el fiscal pidió cautelar. Se trata de un Ford Edge de 2010, que, de acuerdo con la fiscalía, también fue importado desde Estados Unidos por Autos Said, empresa que más adelante se convirtió en Villagian S.A. Edgar Oriel Osigian Rodríguez está condenado a 10 años de prisión por el delito de pandillerismo. El Ministerio Público lo identifica como líder de la pandilla Los Galácticos, que operaba en San Pedro, una zona del corregimiento Juan Díaz, en la capital. El fiscal también pidió tomar el control de una camioneta Mazda CX5 de 2014 y una Honda Ridgeline de 2017, que están a nombre de su esposa, Annyuri Villareal. Estos dos carros también fueron importados al país por Villagian S.A. La Prado de Abraham Rico Pineda La camioneta Toyota Prado del 2022, propiedad de Abraham Rico Pineda Tejada, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, también quedó en el radar de la fiscalía. Pineda Tejada es investigado por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, pues habría ayudado a la organización a ocultar dinero producto de actividades ilícitas. Para ello, habría usado sociedades como Servicios Múltiples Rama, compañía que obtuvo múltiples contratos estatales durante el gobierno del perredista Laurentino Cortizo (2019-2024). Está detenido provisionalmente en una celda de la cárcel La Nueva Joya. El representante del Ministerio Público también pidió cautelar el carro Kia Sportage de Neryethe Jaén Chérigo, dueña de la boutique Bizcochito Fashion, negocio que también habría sido usado para ocultar dinero producto de actividades vinculadas al tráfico de drogas. Esta mujer es pariente de Juan Chérigo, otro de los cabecillas de la organización, que también se encuentra prófugo. La fiscalía también solicitó cautelar las siguientes sumas de dinero en efectivo: $1,862 (a Ismael Martínez), $111 (a Bladimir NewBall), $83 (a José Mackenzie) y $1,766 (a Jorge Sánchez). Las cuentas en la mira Después de las 10:20 a.m., el fiscal Joseph Díaz comenzó a sustentar las conexiones de las cuentas bancarias con los imputados y los hechos investigados. Comenzó con Omar Alexander Ortega Robles, presidente de Servicios Múltiples Rama, sociedad que entre 2015 y 2019 estuvo presidida por Abraham Rico Pineda. Servicios Múltiples Rama S.A. tiene una cuenta bancaria con $1,042 y otra con $207,662. Mientras que Visionary Concepts, compañía también presidida por Omar Ortega, que logró más de una docena de contratos con el municipio de San Miguelito, mantiene otras dos cuentas bancarias. Una por $138,527 y otra por $360,418. Omar Ortega también tenía $2,829 en una cuenta bancaria a nombre de Grupo Mimado. El fiscal también vinculó esta sociedad con Rico Pineda y su esposa Maybel Araúz. Esta compañía, según el fiscal, canalizó “flujo de dinero ilícito”. La defensa En la sala de audiencias estaban los defensores de los mencionados. Cada uno de ellos sustentó las razones por las cuales los bienes y cuentas de sus representados no debían quedar en manos de las autoridades. Uno de ellos fue Joy Torres, de la firma Morgan y Morgan, quien representó a Mercantil Leasing & Financial Solutions. Pidió que se le otorgara la administración y custodia de la Toyota Prado que el fiscal vincula con Rico Pineda. Después de citar códigos y leyes, sustentó que la compañía era la verdadera dueña del vehículo. Antes de que Torres interviniera, habló su colega Javier Franco, abogado del hijo del diputado. Solicitó que el carro quedara bajo la custodia de Maybel Araúz, esposa de Pineda, quien, dijo, respetaría la relación que el bien tiene con el leasing bancario. Abraham Rico Pineda, uno de los detenidos de la operación Jericó. Richard Bonilla Asamblea citó al director de la CSS, Enrique Lau Cortés GESTIÓN José González Pinilla [email protected] La Asamblea Nacional cursó nota al director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, para que acuda a comparecer el próximo martes 17 de septiembre ante el pleno legislativo. Así lo confirmó el secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado. Lau Cortés fue citado para que brinde explicaciones y responda unas seis preguntas referentes a la licitación de “servicio de hemodiálisis y suministro de kits de hemodiálisis, así como al diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis, según especificaciones técnicas”, adjudicado el pasado 19 de julio por un monto de $178.2 millones. Estas son algunas de las preguntas que deberá responder el director saliente (termina su periodo el 30 de septiembre): - ¿Por qué razón se canceló el primer acto de licitación No . 2022-1-10-0-99-LP-476325 del 2022 por inconvenientes y falta de transparencia, y ahora se vuelve a realizar el mismo acto, adjudicándose al mismo proveedor, aun siendo muy costoso para el país? ¿Cuál es la ventaja de realizar una licitación por un monto global de 180 millones de dólares que incluye edificación, construcción y kits de hemodiálisis, cuando existen otras modalidades que podrían garantizar mejor calidad y transparencia? -¿En qué resuelve la licitación el hacinamiento de las salas de Coclé, Chiriquí, Susana Jones y del Complejo Hospitalario de la CSS, si la actual licitación permite a la compañía más de dos años para la construcción de la sala, tiempo durante el cual usted ya no será director, dejando un plan de ejecución al nuevo director? -¿Por qué está aprobando esta licitación si la mayoría de los pacientes no están de acuerdo con el alto costo de este tratamiento, considerando que en el Hospital Santo Tomás cuesta 51.00 dólares por paciente, mientras que en el Seguro Social, con su licitación, cuesta 83.00 dólares por paciente? El director de la CSS Enrique Lau Cortés. Cortesía/CSS Sin embargo, el fiscal Díaz contestó que no tenía inconvenientes en que Mercantil Leasing & Financial Solutions administrara el vehíc ulo. Algo similar a lo que argumentó Torres, sustentó un abogado de la firma Sucre, Arias y Reyes, con el caso de la Kia Sportage, que se relaciona con Neryethe Jaén C hérigo. Los demás abogados de los acusados coincidieron en que los bienes y cuentas no están vinculados a ilícitos. El defensor de Annyuri Villareal, por ejemplo, solicitó que el Mazda CX5 fuera administrado por Edgar Osigian Villareal, hijo de su defendida, pues necesita transportar a su hermano menor a la escuela. Además, argumentó que Osigian Villareal está realizando los trámites para afiliar el vehículo a la plataforma de transporte Uber, con el propósito de conseguir dinero para el sustento familiar, ya que su padre, Edgar Osigian Rodríguez, está preso. Annyuri Villareal tiene arresto domiciliario mientras se le investiga por sus nexos en la Operación Jericó. Argumentos similares a estos iban y venía. Al final de la tarde, el fiscal Mike Zúñiga solo concedió las peticiones de los representantes de los dos carros que tenían compromisos bancarios (Abraham Rico Pineda y Neryethe Jaén Chérigo). Los demás bienes quedaron aprehendidos. Ahora están en manos de la Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas. Operación Jericó: estos son los bienes cautelados Las autoridades han decidido retener un apartamento en el exclusivo barrio Santa María, valorado en $780 mil, varios vehículos, dinero en efectivo y cuentas bancarias por más de $700 mil.
5A LaPrensa Panamá, miércoles 11 de septiembre de 2024 Adelantan 19 investigaciones en juntas comunales y municipios Entre las investigaciones se encuentra el Municipio de Panamá, por supuestas irregularidades de personas que pagaban parte de su salario a sus padrinos. PECUL ADO Juan Manuel Díaz [email protected] La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta un total 19 de investigaciones por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de municipios y juntas comunales en diferentes partes del país durante el periodo 2019-2024. La fiscal anticorrupción de descarga, Anilú Batista, explicó que en el caso de los municipios se mantienen un total de ocho denuncias, tres de ellas fueron abiertas de oficio y las otras cinco se iniciaron a través de denuncias interpuestas ante diversos despachos judiciales. Entre las investigaciones de oficio, adelantadas por la fiscalía, se encuentran, una en el Municipio de Panamá, por supuestas irregularidades en el nombramientos de personas que pagaban parte de su salario a sus padrinos. Otra investigación de oficio se encuentra relacionada con la desaparición de 28 vehículos entregados en custodia del Municipio de Colón por la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y una tercera investigación relacionada con el Municipio de Pedasí, que se abrió tras una denuncia anónima. La fiscalía también adelanta varias investigaciones por denuncias presentadas por los actuales alcaldes de Chepo y San Miguelito en la provincia de Panamá y SamEl Municipio de Panamá es investigado por nombramientos irregulares. Archivo Panorama bú en Darién. En el caso de Chepo se interpusieron tres denuncias, dos por la presunta comisión del delito de peculado y otra por la retención ilegal de cuotas de la Caja de Seguro Social (CSS). Con relación a las juntas comunales, la fiscalía adelanta 11 investigaciones, entre ellas, las denuncias presentadas por irregularidades en las juntas comunales de San Francisco, Ancón, Las Garzas, Parque Lefevre, en la provincia de Panamá; Campana, en la provincia de Panamá Oeste; y Jaqué, en Darién. La fiscalía también recibió cuatro denuncias anónimas por irregularidades cometidas en las juntas comunales de Wargandí, en la provincia de Darién; El Silencio, en Bocas del Toro; El Valle de Antón en Coclé y Las Lajas en Panamá Oeste. Batista detalló que en todas estas investigaciones se han girado oficios a la Contraloría General de la República, a los municipios, a la Oficina de Descentralización Gubernamental y al Banco Nacional en busca de información sobre el manejo de los fondos asignados para sus operaciones. Batista detalló que también se han realizado inspecciones oculares a varias juntas comunales y municipios en búsqueda de información sobre la desaparición de información contenida en equipos informáticos en los que se ha requerido apoyo de funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf ). Algunas de las denuncias se han hecho públicas por funcionarios de las juntas comunales y municipios que al tomar posesión de estos despachos se han encontrado que la información contenida sobre el avance de proyectos y manejo de los fondos asignados han desaparecido. Denuncian a 36 personas por doble voto en las elecciones FISCALÍA ELECTORAL José González Pinilla [email protected] Una denuncia contra 36 personas por la presunta comisión del delito de emitir su voto más de una vez en la elección general del pasado 5 de mayo de 2024 fue presentada ayer martes 10 de septiembre por el Tribunal Electoral (TE). Fue el director nacional de Organización Electoral del TE, Osman Valdés, quien acudió ante la sede la Fiscalía General Electoral para llevar la demanda. Valdés aseguró que estas personas habrían violado lo establecido en artículo 523 del Código Electoral, que dice: “se sancionará con pena de prisión de uno a tres años y suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal, a los autores materiales o intelectuales, como lo establece el numeral 9 a los que “v oten más de una vez en la misma elección”. Aclaró que los casos se dieron a nivel nacional y no incidirán en el resultado final de las elecciones. Estas denuncias se presentan luego de una revisión del padrón electoral, añadió.
6A LaPrensa Panamá, miércoles 11 de septiembre de 2024 Al grano Flor Mizrachi Angel [email protected] Si hay algo en lo que son hábiles los políticos es en estrategia. Analicemos el ejemplo de las conferencias semanales del presidente Mulino. Objetivamente, son una movida inteligente. No es positivo: es súper positivo que Mulino hable. Es un buen ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia. Él sabe llegarle al panameño en su idioma, se siente cercano, habla directo, parece molestarle lo que nos molesta a todos y se proyecta como un tipo genuino. Dar la cara es valioso siempre, pero sobre todo después de un gobierno en el que el presidente se perdía por meses. Y además, eso no le cuesta al Estado los millones que se han gastado los últimos gobiernos en autobombo. Y políticamente hablando le está dando resultados. Como llega todas las semanas con una noticia, está marcando la agenda de debate en los medios y en la opinión pública. Otra vez, aplauso. Pero sí hay algo a lo que prestarle atención, y es el reto que representa eso para los periodistas. El reto de buscar las noticias, no solo quedarse con la que les da el gobierno. Primero porque esa es su razón de ser. Y segundo, porque ellos divulgan solo los chanchullos que afectan a los gobiernos de sus opositores. Y eso es manejable por un tiempo…La pregunta es si Mulino será igual de crítico cuando se trate de los funcionarios que él nombró. Por ejemplo, ¿por qué salió Arturo Vallarino de Sinaproc? ¿Por transparencia no debería decirlo? ¿Con qué criterio eligió, por ejemplo, a los cuestionables notarios, o a Marylín Vallarino como gobernadora, o a Andrés Farrugia y a Roberto Linares? No habló de la compra de las laptops ni de su apoyo abierto a Bolo Flores. Ni fue igual de duro con Nicaragua como con Venezuela. Ni ha cuestionado la diaria violación a los convenios de asilo desde esa embajada. Por eso son tan importantes las preguntas de los periodistas que van a esas conferencias, en las que por cierto dedican el mismo tiempo que a contestar los mensajes de personas que no se identifican y que muchas veces abordan temas secundarios a la agenda nacional. Y, obvio, eligen las preguntas light. Las fáciles. Y luego, los periodistas terminan preguntando por lo que contestó el presidente a “ropa varonil”(sí, ese era el usuario de un ciudadano que citaron la semana pasada) y no cuándo se van a publicar los auxilios económicos de Martinelli y de Martín. Porque de nuevo, publicar los de Nito y Varela es fácil. Otra vez. El reto para los periodistas es aprovechar ese espacio para hacer las preguntas agudas, las que tienen que hacerse, las que incomodan. El discurso de Mulino el 5 de mayo fue una catarsis de barricada con ataques directos. Pero después, tuvo dos discursos en los que destacó el respetocomoloqueélquería que distinguiera a su gobierno. Eso lo ha ido olvidando. El respeto se ha ido perdiendo con respecto a quienes no están alineados con él y eso es un rasgo autocrático. Lo vimos ordenando por X suspender una licitación del Seguro y pidiéndole al contralor no refrendar nada, cuando tanto el Seguro como la Contraloría deben ser entidades autónomas. Son posiciones que comparte la mayoría de la población, pero son autocráticas. Recuerden el mazo de Martinelli. Todo el mundo lo aplaudió y después... También llamó chiquillos a los diputados de Vamos por no apoyar a Dino Mon. Uno coincida o no con ellos, es su derecho votar según sucriterio. El consenso se construye,noseimpone.Nopueden ser buenos cuando lo apoyan, pero “chiquillos que están eligiendo de qué soga ahorcarse”cuando no. Y menos si pide un diálogo abierto y franco. Para la bajada la pelota rebota. El tema era el Seguro, y el epíteto desvió la atención. Ese día habló de la compra de unas perforadoras por $10 millones que ya van por $1.6 millones. La imprecisión en esos temas es delicada. Si el presidente pone un tema en agenda, debe estar lo suficientemente informado como para que lo que diga quede claro. Generar expectativas y dejar cabos sueltos lo hará, al final, cultivar el descrédito. Por cierto. Mulino dijo que no perseguirá, pero que nutrirá con información al MP para que investigue. Más allá de lo legal, porque lo es, ¿eso no es lo que ellos llamaban procuraduría paralela? ¿Ya está bien lo que con Varela estaba mal? Así que presidente, aplausos otra vez. Pero ojo a lo que debe corregir para que la buena idea sea sostenible y yusted no acabe como víctima de su propio ejercicio. Panorama ¿Cómo gestionar el ION y el Hospital de Cancerología sin duplicar recursos? El Hospital de Cancerología, en la Ciudad de la Salud, se espera que comience a funcionar en octubre próximo, ya que están en los trámites para obtener las licencias de operación. PACIENTES DE CÁNCER Aleida Samaniego C. [email protected] En 2007, se planteó por primera vez la urgente necesidad de construir un nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION), una promesa que los pacientes de cáncer y sus familias han escuchado repetidamente durante los últimos 17 años, pero que aún no se ha materializado. Mientras tanto, el actual Oncológico, ubicado en la antigua sede del Hospital Gorgas, en el corregimiento de Ancón, sigue enfrentando desafíos que son cada vez más insostenibles ante el aumento constante de la demanda. El ION, diseñado para atender a un número mucho menor de pacientes, ahora se encuentra desbordado. Desde la entrada principal, el hacinamiento se hace evidente: pasillos que en su momento fueron pensados para el tránsito de personas hoy se han convertido en improvisadas salas de espera. Pacientes y familiares pasan horas esperando una atención que no llega tan rápido como se requiere debido al número de pacientes. Los consultorios, reducidos en espacio, apenas tienen capacidad para los equipos necesarios, y la sala de quimioterapia, sobrecargada, ya no puede responder a la demanda diaria. Cada rincón del hospital refleja lo que muchos consideran una promesa incumplida. El nuevo Hospital de Cancerología: ¿solución o nuevo reto? Frente a esta realidad, las autoridades de salud han señalado al Hospital de Cancerología Dr. Adán Ríos, ubicado en la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), como una alternativa para aliviar la carga del ION. Este nuevo hospital, que comenzará a operar a partir de octubre, está destinado a atender a los pacientes asegurados, quienes representan el 80% de la población tratada en el ION. No obstante, el objetivo es brindar atención a los asegurados y no asegurados que lo requieran en su momento. Sin embargo, su apertura también enfrenta desafíos. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ha reconocido que la puesta en marcha del Hospital de Cancerología está siendo obstaculizada por la falta de personal, lo que obliga a la transferencia de profesionales del ION al nuevo centro. De hecho, el director del Hospital de Cancerología de la CSS es el radio-oncólogo Oduardo Ortega, quien comenzó a trabajar en el ION en 1995. Ortega indicó que el hospital atenderá a nuevos pacientes con cáncer y, con el tiempo, también recibirá a los pacientes asegurados que actualmente están en el I O N. En este hospital, contaremos con radioterapia externa, braquiterapia y los aceleradores lineales que utilizaremos son de última generación. “Esto permitirá que un mayor porcentaje de pacientes tenga una mejor respuesta a los tratamientos con menos efectos secundarios”, señaló Ortega. Duplicidad de esfuerzos Esta situación pone de manifiesto un problema que trasciende la simple apertura de nuevas instalaciones. ¿Cómo gestionar dos instituciones oncológicas sin duplicar esfuerzos y recursos? Aquí es donde surge una discusión sobre la viabilidad de unificar los servicios, una idea que gana terreno entre expertos y autoridades. La unificación no solo facilitaría la atención, sino que también haría más eficiente el uso de los recursos, algo crucial en un sistema de salud que ya enfrenta limitaciones económicas. El exviceministro de Salud, Carlos Abadía, propone un cambio de paradigma. Según su planteamiento, es imperativo eliminar la distinción entre asegurados y no asegurados, y avanzar hacia un sistema de atención universal. “No podemos continuar con la discriminación entre panameños”, afirmó. Para Abadía, el objetivo es lograr un sistema equitativo y democrático, donde todos reciban el mismo nivel de atención, sin importar su estatus dentro del sistema de seguridad social. Además, enfatizó que duplicar instalaciones y servicios sin una planificación adecuada es ineficiente. El ejemplo más claro es la reciente inauguración parcial del Hospital de Cancerología, que, si bien representa una oportunidad, aún carece del personal y equipo necesarios para operar a plena capacidad. Por otro lado, el Ministerio El Insituto Oncológico Nacional ya no cuenta con espacio suficiente. Isaac Ortega de Salud también está considerando la construcción de otro hospital oncológico. En ese sentido, el viceministro propone una planificación más cuidadosa que maximice los recursos disponibles. “La atención en salud es costosa, y si no optimizamos los recursos, no tendremos los fondos suficientes para cubrir las necesidades”, advirtió. No es solo el sistema de salud el que está en juego. Los pacientes, quienes son los más afectados por estos problemas, también expresan sus preocupaciones. Algunos de ellos, especialmente los tratados en el ION, temen ser trasladados a la CSS, debido a la conocida sobrecarga y problemas administrativos que afectan a esa institución. Abadía es consciente de estas inquietudes y subraya que el sistema debe garantizar la misma calidad de atención en todas las instalaciones. “La confianza debe ser igual en cualquier centro de salud ”, señaló, reafirmando la necesidad de una unificación en la atención bajo una política única y con el apoyo financiero del Estado. Las voces de los pacientes: una esperanza de cambio Alicia Luaces, presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes de Quimioterapia, comparte una perspectiva más optimista sobre la apertura del Hospital de Cancerología. Según ella, la incorporación de cuatro aceleradores lineales para radioterapia, junto con los cuatro ya existentes en el ION, reducirá significativamente el tiempo de espera para iniciar los tratamientos. “Actualmente, los pacientes esperan hasta dos meses para recibir radioterapia. Esta nueva infraestructura reducirá esos tiempos y mejorará la calidad de vida de quienes luchan contra el cáncer ”, afirmó. Por su parte, Enma Pinzón, paciente crónica y presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, a título personal, defiende la unificación del sistema de salud, pero con una salvedad. “Estoy de acuerdo con la unificación, siempre que sea dirigida por el Instituto Oncológico Nacional, manteniendo su independencia. El ION ha demostrado ser un modelo exitoso de atención oncológica en Panamá”, sub ray ó . Un futuro en construcción La situación del ION y el nuevo Hospital de Cancerología refleja tanto los retos como las oportunidades que enfrenta el sistema de salud panameño en términos de oncología. Si bien la construcción de nuevas instalaciones es un paso adelante, lo fundamental es que estas sean parte de una estrategia más amplia y coordinada que responda a las necesidades actuales y futuras de los pacientes, concuerdan las fuentes consultadas. La unificación del sistema y la eliminación de las barreras entre asegurados y no asegurados son ideas que, según expertos como Abadía, no solo mejorarían la equidad en la atención, sino también la eficiencia del uso de los recursos. Pero más allá de las promesas, lo que los pacientes esperan es una solución real y urgente que les brinde la atención de calidad que tanto necesitan y merecen.
7A LaPrensa Panamá, miércoles 11 de septiembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Seguro Social: soluciones atrevidas Iniciativa José F. Vega Meneses [email protected] Entre tantas propuestas que se presentan para enfrentar el reto de salvar la Caja de Seguro Social (CSS), al final todas terminan en variantes de dos acciones principales: medidas paramétricas (aumento de cuotas y/o aumento de la edad de jubilación) o subsidios del Estado. Como dijo el presidente de la República, José Raúl Mulino, hay que ver quién va a pagar la fiesta. Puesto que las medidas paramétricas son ampliamente rechazadas, lo más probable es que la decisión se incline por desembolsos millonarios donde todos los ciudadanos, incluyendo a los no asegurados, sean los que tengan que asumir el costo. Después de todo, allí está el dinero del Canal, ¿no es así? Este enfoque parte de la premisa de que hay que “salvar ”la Caja tal como la conocemos hoy, pero no necesariamente tiene que ser así. Son dos, principalmente, los problemas que aquejan a la CSS: El fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es deficitario y se agrava cada año. Los servicios de salud son insuficientes debido a la falta de insumos, medicinas, personal e infraestructura. La Ley Orgánica de la CSS o Ley 51 de 2005 establece varias fuentes de financiamiento para los diferentes componentes del sistema, algunas de las cuales ni siquiera están siendo recibidas en la Caja. Sin embargo, la mayor fuente de ingresos es la cuota obrero-patronal, compuesta por una suma equivalente al 22% del total de salarios pagados a los trabajadores cotizantes. Este 22%, al ingresar a la Caja, se divide en 13.5% para el IVM y 8.5% para los servicios de salud. A manera de ilustración, si el salario promedio de los trabajadores fuera de B/1000.00, la Caja recibiría B/220.00 por cada trabajador y destinaría B/135.00 al IVM y B/85.00 a los servicios de salud. Ni uno ni otro alcanzan para cubrir las prestaciones que los usuarios esperan. Bastaría con comparar estas cifras con los costos de un seguro privado que cubriera todos los servicios como lo hace la CSS, para darse cuenta de que es una utopía. Comencemos por aceptar que la razón de ser primaria de la CSS es garantizar un ingreso mínimo a las personas que han contribuido al sistema de IVM durante una cantidad de años y que han optado por la jubilación, o que han quedado impedidas de continuar trabajando y deben ser pensionadas. Así pues, ¿si la totalidad de la cuota obrero-patronal (22%) se destinara únicamente al IVM, podría ser esta una forma viable de sostener el IVM a futuro, siempre que el Gobierno aporte ahora lo necesario para reiniciar desde un punto de partida saneado? Aun así, ¿se requeriría de algún otro aporte anual por parte del Estado? He aquí una tarea para los actuarios. En cuanto a los servicios de salud, desafortunadamente se ha hecho creer a los cotizantes que con sus cuotas han pagado el derecho a cubrir sus necesidades de salud y las de sus dependientes, pero esto no es así, ni resiste el más somero análisis. La gran mayoría de los asegurados no son conscientes de que sus expectativas no son realistas y que el Estado subsidia los sistemas de salud de la CSS con dinero extraído del Presupuesto General del Estado, dinero que debería favorecer a todos los ciudadanos por igual, no para mantener una estructura de salud que privilegia a unos en detrimento de otros. Pero solo unas cuantas voces se atreven a decir esto, para no caer en desgracia con la opinión pública. Así, al destinar la totalidad de la cuota obrero-patronal al financiamiento del IVM, el personal médico y de apoyo, infraestructura, laboratorios, y demás componentes del sistema de salud de la CSS deberían pasar a manos del Ministerio de Salud (Minsa), para que cumpla con su deber constitucional de proveer salud igual para todos, y este, a su vez, compensar a la CSS por los activos que reciba. Esto eliminaría la duplicidad de funciones actual, terminando con un sistema en el que los ciudadanos no cubiertos por la CSS no tienen acceso a las mismas atenciones que los demás. Obviamente, esto implicaría una reestructuración del Minsa, pero esa es su obligación. Este artículo no pretende ofrecer una solución total al problema. Solo nos hemos referido a las cuotas que aportan trabajadores y empleadores para simplificar el debate. Otros aspectos deben ser considerados: El IVM está integrado por dos subsistemas: uno exclusivamente de beneficio definido (el original) y un subsistema mixto que combina ahorro personal con beneficio definido. ¿Deberían unirse o continuar separados? Los riesgos profesionales y los subsidios por maternidad son eventos que probablemente deban añadirse a la cobertura del IVM, con sus propias fuentes de financiamiento. La dinamización del cobro a los patronos morosos. Es ridículo que la Caja no sea capaz de aplicar sanciones y cobrar por vía ejecutiva un porcentaje razonable de la millonaria morosidad. Muchos otros puntos deben ser escrupulosamente analizados para impedir que continúen las malas prácticas que han permitido la acumulación de problemas. La Caja ahora sería, más que nada, similar a una compañía de seguros con gastos de administración significativamente reducidos. Respecto a las otras fuentes de financiamiento que la Ley contempla, habría que decidir qué destino darles: ya sea trasladarlas al Minsa o ingresarlas a la caja común del Es tado. ¿Estará nuestro Presidente dispuesto a tomar este tipo de decisiones? Considerando el costo político, no lo creo, pero aquí dejo mi opinión, por si puede servir para aquellos que buscan una solución real al problema. EL AUTOR es jubilado de la antigua Zona del Canal. CSS, al borde del colapso total Mala gestión Joaquín E. Carrasquilla L. [email protected] Las administraciones pasadas y la actual de la Caja de Seguro Social (CSS), que está por concluir, han llevado a la entidad a una situación caótica debido a la forma en que se han administrado los fondos en las adquisiciones de bienes y servicios (en informática, mil millones de dólares). A pesar de esta inversión, la entidad sigue siendo ineficiente, con el nombramiento de funcionarios en la parte administrativa que, en muchos casos, carecen de la capacidad necesaria y son designados únicamente para cumplir compromisos políticos. En el área de la salud, hay una falta de médicos especialistas, insumos, equipos y voluntad para brindar un buen servicio. Los jubilados están obligados de por vida a pagar una cuota a la CSS, pero, a cambio, reciben un servicio deficiente. Algunos empleados y médicos atienden a los asegurados sin la debida amabilidad, de forma apresurada y sin cortesía. Se limitan a preguntar los síntomas e inmediatamente recetar algún medicamento que, en muchos casos, no se encuentra en la farmacia de la CSS, que sufre un continuo desabastecimiento. Las operaciones están afectadas por la “mo - ra quirúrgica”, lo que puede demorar meses y, a veces, años. Algunos médicos incumplen sus horarios y se retiran antes de tiempo, con la excusa de haber atendido al número de pacientes que les corresponde. Sin embargo, en sus clínicas privadas, atienden con cortesía y realizan una buena revisión física, muy diferente a la que practican en la CSS. He escuchado a funcionarios de la salud a través de los medios de comunicación hablar sobre la desaparición misteriosa de inventarios. La junta directiva de la CSS, en muchos casos, no cumple con su rol de velar por los intereses de los asegurados. Hay que tener claro que estas acciones están llevando a la entidad a un colapso total, que no solo afectará a los asegurados, sino a todos los panameños, ya que la CSS es la columna vertebral de la economía del país. Tenía razón el exdirector Juan Jované cuando manifestó que, debido a los cambios introducidos por la Ley 51, se había condenado a muerte el sistema solidario y que habría una generación de cotizantes que no lograría jubilarse. También mencionó la necesidad de realizar correctivos para salvar la CSS. Recientemente, ha manifestado que cuenta con un proyecto para salvar la CSS y regresar al sistema solidario sin la necesidad de modificar las paramétricas. Con relación a la Ciudad Hospitalaria, tengo información de que cuenta con equipos muy costosos y de alta tecnología, además de una gran cantidad de camas en las salas, incluyendo cuidados intensivos. Sin embargo, está funcionando a un 20% de su capacidad debido a la falta de especialistas y técnicos de la salud. Muchos pacientes se ven obligados a retornar al Complejo porque hay más personal, aunque estas instalaciones no son las más adecuadas, ya que existe hacinamiento, con hasta seis pacientes por cuarto, y la limpieza no es la más apropiada. Esperamos que el nuevo director, Dino Mon, solucione las dificultades que enfrenta la CSS y que realmente se humanice tanto a los funcionarios que atienden al público como a los médicos, para que el eslogan “humanizándonos” sea verdaderamente efectivo. Los asegurados y el pueblo deben estar alerta para que los cambios a realizar respondan a sus intereses y no impliquen ningún tipo de privatización. Evitemos el colapso total y ¡salvemos la CSS! EL AUTOR es exdirector de Contrataciones Públicas Ay mi Caja…del Seguro Social Propuesta Rubén Acoca [email protected] En el periódico La Prensade su edición del 7 de septiembre de 2024 se publica un artículo en el que se menciona que el presidente de la República ha concluido sus rondas de consulta sobre la Caja del Seguro Social (CSS). Hay que reconocer el esfuerzo del mandatario: está enfrentando al problema con determinación, dando la cara. Viendo su verdadero interés en resolver la situación, creo que los ciudadanos también tenemos algo que aportar. Yo contribuiré mi granito de arena con este artículo de opinión. Hay un refrán que dice: “Si no está roto, no lo arregles”. Pareciera no aplicar a la situación de la CSS. Permítanme explicar. A mí me gusta reducir todo a su mínima expresión, lo cual ayuda a resolver más de un problema, conflicto o malentendido. ¿A dónde quiero llegar con esto? Creo que, en su esencia, la estructura de la CSS debería funcionar bien. Lo que sugiero es que aquellos encargados de salvarla partan de esta premisa básica: ¿cuál es la ecuación que permite que un sistema como la CSS sea viable? A partir de ahí, es más fácil analizar las ramificaciones de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y otros manejos que, a lo largo de los años, han afectado la estabilidad de la CSS. También hay que evitar ser ingenuos respecto al problema. Los panameños, especialmente los de cierta edad, sabemos que en la historia de la CSS ha habido casos de mal manejo de fondos. Para ser francos: un par de maleantes disfrazados de honestos y correctos saquearon la CSS. Hay muchos ejemplos de robos en la CSS desde su inicio. Algunos más notorios que otros. ¿Necesito dar ejemplos? Fentanilo desaparecido, lotes vendidos por intereses privados. ¿Más? Me imagino que La Prensapuede proporcionar un artículo bien detallado. En fin, el hecho es que la CSS era tan viable económicamente que se convertía en una tentación, como sirenas en el mar encantando a marineros. Esta historia pesa sobre el nuevo problema de la CSS: la estructura socioeconómica ha cambiado radicalmente y sigue evolucionando. Es inevitable. Así como ocurrió la revolución industrial, estamos en medio de una revolución digital que afecta las estructuras comerciales, laborales, educativas y sociales. Como dicen en inglés: “Pick your poison”(escoge tu veneno). Cualquier tema que escojas se ve afectado por esta revolución. Incluso en esta evolución, un sistema puede funcionar bien. Frente a la revolución que estamos viviendo, me atrevo a sugerir, queriendo mantener la edad de jubilación donde está, que consideremos una cuota extraordinaria. Si como panameños tenemos un verdadero interés en rescatar la CSS y el programa de IVM, esa es una alternativa que deberíamos evaluar. Un cálculo muy crudo, estimando un déficit de $673.5 millones al cierre de 2023 (cifra del artículo del 7 de septiembre), dictaría la siguiente fórmula y mecanismo: si somos 1.6 millones de trabajadores activos, eso significa que, si dividimos la deuda entre todos, cada uno tendría que aportar $425. ¿El mecanismo para recolectar la cuota extraordinaria? Que se aporte un año de décimo tercer mes o lo necesario para cubrir el aporte requerido. Las empresas lo descontarían como cualquier otro aporte al fisco. Dije que es un cálculo crudo. Quizá la división sea entre 1 millón de trabajadores. ¿Cuántos somos los que aportamos a la CSS? ¿Quizá sea un aporte extraordinario de $500? ¿Quizá, en vez de un aporte total del décimo tercer mes, pueda ser un monto fijo, o porcentual, o dentro de una escala? Me parece que esta idea debería estar en la mesa de opciones de quienes buscan salvar la CSS. Imagino que tienen otras opciones también. Ahora, digamos que hacemos un aporte de cuota extraordinaria. Es crucial que se implementen los mecanismos necesarios para evitar que continúen saqueando la CSS. Sería catastrófico que los panameños aportemos una cuota extraordinaria y que se la roben o que la caja siga siendo mal administrada y permanezca en déficit. Tenemos el ejemplo del nuevo alcalde. Hay que ser operativos y efectivos con lo que tenemos disponible. Si toca reducir gastos, que se haga. Pero seamos honestos, y por eso mencioné al principio que hay que reducir el esquema a su mínima expresión. Puede que para algunos el tema de una cuota extraordinaria suene radical. Desde mi perspectiva, como residente en un PH, el concepto es bastante común. Cuando hay que pintar el edificio y la cuota regular no alcanza, se recolecta una cuota extraordinaria. Sería bueno hacer un referéndum para que los panameños elijan entre un par de opciones cuál es la más popular para implementar: aumentar la edad de jubilación o sanear la estructura implementando mecanismos para asegurar un buen manejo de recursos. Aumentar la edad de jubilación tampoco puede verse como la panacea de las soluciones. Si seguimos con una CSS mal administrada, nos vamos a tener que jubilar a los 100 años. Finalmente, sugiero que, si de verdad existe un interés genuino por rescatar la CSS y sus programas de IVM, se establezca una plataforma (digital) en la cual los ciudadanos puedan aportar más ideas. Quizá la mía termine siendo la menos viable frente a otras ideas que, por ahora, están quedándose estancadas en las mentes de algunos brillantes ciudadanos que solo necesitan un canal para expresar sus propuestas. EL AUTOR es ciudadano Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores.
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