3A LaPrensa Panamá, sábado 7 de septiembre de 2024 Panorama Presidencianopodráusar losmillones recaudadoscon lospermisosmigratorios La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativode la Corte Suprema declaró que esas asignaciones son ‘ilegales’ . BALANCE ElianaMoralesGil [email protected] El Ministerio de la PresidenciayelFondoEspecialparaelDesarrolloHumanodelServicioNacional de Migración no podrán seguir utilizando el dinero recaudado del Permiso TemporaldeProtección, antiguoCrisoldeRazas. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, enunfallodel 17de junio de 2024, declaró que las asignaciones contempladas enel numeral 1del artículo6 delDecretoEjecutivo112del 13de julio de 2023, promulgado durante el gobierno de LaurentinoCortizo, son “ilegales”. El fallo, con ponencia del magistrado Carlos Vásquez Reyes, indica que el Decreto Ley 33 del 22 de febrero de 2008, que dicta las pautas migratorias de Panamá, no faculta al Ministerio de la Presidencia para recibir los montos correspondientes a los pagos de multas por infracciones de normas migratorias. Por lo tanto, dicha institución rebasó sus facultades. La sentencia también advierte que el Fondo Especial para el Desarrollo Humano del ServicioNacional deMigración, mecanismo que permite a la entidad otorgar incentivosa los trabajadores según suproductividad (bonos, entre otros), es contrario a lo que establece el DecretoLey 33 del 22 de febrero de 2008. Esta norma dispone que esos fondos deben salirdel10%delorecaudado enmultasmigratorias. “El recurso humano es valiosoyclavedentrodelasinstituciones estatales, sin embargo, no se debe pasar por altoquelosservidorespúblicosestánsujetosalprincipio de legalidad consagrado en el artículo 18de la Constitución. Por tanto, no es procedente la asignación del 30% de lo recaudadoenconcepto de servicios migratorios (...) ”,diceel fallo. Lareparticiónde los fondos El Decreto Ejecutivo 112 del 13 de julio de 2023, que reemplazó al antiguo Crisol de Razas promulgado durante el gobiernodeRicardo Martinelli (2009-2014), distribuía el dinero del Permiso Temporal de Protección de la siguientemanera: 70%para elMinisterio de la Presidencia y 30% para el Fondo Especial para el Desarrollo Humano del ServicioNacionaldeMigración. El fallo de la Sala Tercera surgió a raíz de una demanda presentada por el abogado Álvaro Antonio Hernández Zambrano contra la totalidad del decreto. Sin embargo, los magistrados VásquezReyes(ponente)yCecilio Cedalise, decidieron que solo “es ilegal” la frase “los montos recaudados en concepto de servicios migratorios, serán destinados para ayuda social y seguridad. Se asignará el setenta por ciento (70%) al Ministerio de la Presidencia y el treinta por ciento (30%) restante al Fondo Especial para el Desarrollo del RecursoHumano del Servicio Nacional de Migración”. LamagistradaMaríaCristina Chen Stanziola salvó su voto. El costode lospermisos Según la norma, los migrantes que solicitan estos permisos temporales deben pagar $500 en concepto de servicio migratorio; si el solicitanteesmenordeedad,el monto es de $250. A esto se suman $100 por un carné, $200enunchequecertificado o de gerencia del Banco Nacional a favordel Servicio Nacional de Migración, y otro cheque de $150 a favor del Tesoro Nacional como aporte de obligaciones tributarias. En total, un adulto debe pagar $950 (y un menor $700) por el nuevo permisomigratorio. Lahistoria Todo comenzó en 2010, cuandolaadministraciónde Ricardo Martinelli puso en marcha el polémico “Crisol de Razas”, que otorgaba una residencia temporal de dos años, prorrogable por hasta diez años, con el objetivo de regularizar a extranjeros que ya vivían en el país y requerían legalidad para residirytrabajar. El dinero recolectado en las “ferias migratorias” iba a las arcas delMinisterio de la Presidencia. Durante ese período se realizaron 14 ferias, que generaron $60millones, fondos destinados en su mayoría al programa de ayuda social de la Presidencia, administrado de manera discrecional y foco de escándalos que terminaron en lostribunales. Esta medida se extendió hasta2014. En la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), se emitió un decretoparalarenovaciónde estos permisos provisionales de residencia, otorgando residencias de dos años, prorrogablesporhastaseisaños. Los costos de estos trámites oscilaban entre $517 y $2,102por persona, según la nacionalidad del solicitante. El Decreto 169del 22demayo de 2015 dispuso que el 80%delosrecursosrecaudados irían al Ministerio de la Presidenciayel20%alServicioNacionaldeMigración. En la gestión de Cortizo, entonces surgió el Decreto Ejecutivo 112 del 13 de julio de2023,objetodelademanda. Sede del ServicioNacional deMigración. Elysée Fernández A.V/01236279 CARLOS SÁNCHEZ IGNACIO ARAGONE Socio Deloitte. Proyectos de infraestructura y capital JUAN PABLO BURITICÁ Gerente General Ruta del Este ISA Abogado y consultor internacional Senior en APP
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