7A LaPrensa Panamá, jueves 5 de septiembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. ¿Dónde está la plata? Ifarhu Julio Linares Franco [email protected] Me gratifica que la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá (UP) haya aclarado que, desde su entorno, no se solicitaron, recibieron ni tramitaron montos que, ni cerca ni lejos, llegan a los $1.7 millones, supuestamente entregados a la UP por el Ifarhu en aproximadamente 100 pagos. Su decano, el doctor Olmedo García, lo aclaró en un comunicado escrito. Y es que la UP, mi “alma mater”, donde adquirí mis conocimientos en derecho y ciencias políticas, a través de sus facultades que enseñan otras profesiones y artes, se ha caracterizado a lo largo del tiempo por tener personas que le han dado orgullo institucional y académico al país. En todas las carreras, desde Octavio Méndez Pereira, José Dolores Moscote, Ricardo J. Alfaro, Ernesto Castillero Pimentel, César Quintero, Eloy Benedetti, Dulio Arroyo Camacho, Antonio González Revilla, Thomas Owens, Carlos Iván Zúñiga, hasta la generación de Aura Emérita de Villalaz, Fabián Echevers, Pedro Barsallo, Camilo O. Pérez, Julio E. Linares, y añadiendo a Edgardo Molino Mola, Julio Sousa Lennox, Miguel Antonio Bernal, Juan Cristóbal Zúñiga, Rommel Escarreola, Ana Elena Porras y Olmedo Beluche, entre muchos otros, han dado prestigio a los estudios de medicina, derecho, humanidades y todas las ciencias que componen el ámbito del más alto nivel académico en Panamá. Adicionalmente, en una entrevista realizada al rector Eduardo Flores, este manifestó que esos $1.7 millones supuestamente entregados a la UP para dar cursos de idiomas nunca se recibieron. Esto quiere decir que la lista oficial publicada por el Ifarhu es falsa en lo relativo a la entrega del dinero. En primer lugar, porque desprestigia a la UP, haciendo ver que a esta se le transfirió una enorme cantidad de plata que nunca pidió, necesitó ni recibió. No hay ninguna excusa, por ejemplo, para que el Ministerio Público (MP) continúe en el letargo que lo caracteriza, al no iniciar investigaciones de oficio como esta. Hay que ubicar a los beneficiarios de esos cursos inexistentes; la Contraloría debe entrar de inmediato para trazar la vía del dinero y, una vez concluido este ejercicio, el MP debe presentar las imputaciones correspondientes sobre quienes recibieron esos millones nunca entregados a la UP. Aunque en estos momentos me viene a la mente que el actual contralor saliente decidió no mostrar la lista de los beneficiarios de estos escandalosos auxilios. Pero no se confundan, porque la UP no fue la única involucrada (en su caso, injustamente). Fueron un total de $2.3 millones desembolsados para los cursos de idiomas en Panamá, añadiendo ahora instituciones como “The Language Company” ($264,420) y “Mag Flight Training”, una escuela de aviación que recibió $236,261. Así como otra escuela de pilotos (Flightmaxx Corporation) con $67,189 (curso de inglés aparentemente impartido a una sola persona) y “Quality Leadership University”con $23,625. Esperamos que, al igual que la UP, estas entidades académicas demuestren que esos cursos se dieron y el motivo de sus elevados montos por tratarse de fondos públicos, o bien, que confirmen que se trata de otro robo más, tal como lo sugirió la UP. De verdad que en este país se ha jugado descaradamente con los recursos de quienes religiosamente pagamos nuestros impuestos, para que los fondos terminen en los bolsillos de presuntos ladrones. Protegidos por presidentes que miran para otro lado, contralores que esconden las pruebas y ministros de economía que permiten el despilfarro de plata a quienes se la embolsan ilícitamente. Se ha jugado descaradamente con los recursos de quienes religiosamente pagamos nuestros impuestos, para que los fondos terminen en los bolsillos de presuntos ladrones. EL AUTOR es abogado Operación Jericó, la banca, la UAF y la SBP Crimen organizado Jorge G. Obediente [email protected] Nos hemos quedado espantados por lo descubierto en la operación Jericó, donde se ha desenmascarado la profundidad con la que está infiltrada la narcopolítica en nuestro querido Panamá. Lo más seguro es que solo se esté arañando la superficie, ya que hay muchos otros actores que deben estar pasando desapercibidos, pues en sus manos ha estado esta situación que pudo haber sido descubierta hace mucho tiempo. Solo han salido a la luz pública algunas empresas, políticos y funcionarios de ciertas instituciones como Senafront, Policía, Aduanas y la Junta de Control de Juegos, que han sido absorbidos por el narco en todo el esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero. Me hago preguntas simples: ¿Cuál será el destino de los fondos en efectivo producto de las drogas y actos ilícitos? ¿Será que hay un parque de contenedores debidamente resguardados donde se depositan? ¿Habrá lotes de alquiler para enterrar dichos fondos? ¿Se almacenarán en apartamentos de barrios selectos? Estas situaciones parecen poco probables, pues el dinero guardado de estas formas queda estático, es decir, es muy difícil reubicarlo, salvo en vehículos de doble fondo, que no alcanzarían a movilizar ni una centésima parte de lo que necesitan los grupos del narco, incluyendo alimentar al Narco Gobierno que tenemos instalado. Haciendo una simple suposición del verdadero destino de esos narcofondos, podríamos pensar en lugares privados o más bien resguardados, accesibles y seguros, donde pudieran almacenarse y permitir su movilidad, aunque queda el rastro de la transacción, ya que todo movimiento físico o electrónico deja huellas para una posterior verificación. Claro, siempre está la destrucción de datos por los encubridores, pero algo siempre queda para ser investigado. Dejo a cada uno de los lectores llegar a su propia conclusión sobre dónde guardarían esos fondos. Aquí nadie se mete con las vacas sagradas, que son las que más vociferan cuando nos ponen en listas negras, grises y oscuras. Las listas verdes son las más apetecibles, ya que registran utilidades atractivas sin revelar su procedencia. Pareciera que quienes supervisan estas actividades han sido infiltrados por el narco, similar a lo que ocurrió en Aduanas, Senafront y la Policía Nacional, como se divulgó en la operación Jericó, incluyendo a colaboradores que, a sabiendas, se prestan para esos menesteres, convirtiéndose en cómplices de cualquier ilícito. En teoría, los receptores de fondos de terceros deberían realizar la debida diligencia para conocer a sus clientes y el origen de los fondos. Dicha documentación serviría de sustento para probar ante las autoridades que están haciendo un trabajo diligente y cumpliendo con las disposiciones requeridas en temas de lavado de dinero o activos provenientes de actividades ilícitas. Qué bonito suena esto, pero preguntémonos: ¿Todas las empresas e individuos mencionados en la operación Jericó no depositaban en instituciones supervisadas por las autoridades? ¿Eran PEP o realizaban actividades sospechosas? Nadie lo notó. Otra situación preocupante es la orden de apertura de las cuentas de Suntracs en el Banco Nacional. ¿Entonces, todas las razones por las cuales se ordenó su cierre ya han sido superadas y los hechos perdonados, aunque estaban relacionados con lavado de activos, corrupción e ilícitos? Podríamos asumir que este “acto correctivo”provie - ne de acuerdos preelectorales de la sopa de letras PRD-RM-Suntracs, cuyos miembros votantes fueron factores determinantes en la elección de las fuerzas del mal que se encuentran distribuidas en casi todos los estamentos del Estado, y que ahora se está pagando esa deuda. Argumentar que “todo ciudadano tiene derecho a una cuenta bancaria”es una afirmación temeraria. ¿Será que reformarán la Constitución para incluir este derec h o? Panamá no deja de sorprender, pero hacia el lado oscuro, donde las palabras honestidad, integridad, ética y decencia cada vez se alejan más del mandato popular expresado en las elecciones. El “más de lo mismo”sigue su curso y, aparentemente, no hay solución democrática para detenerlo. EL AUTOR es ciudadano Violencia digital y mediática rumbo al Código Penal Legislación Joyce J. Araujo [email protected] Así como evoluciona la humanidad en un mundo en donde las tecnologías de la información y la comunicación ganan terreno, también se van adaptando las diversas formas de uso y abuso de estas herramientas, obligando a los Estados a ajustar sus normativas para prevenir y sancionar las conductas que menoscaben los derechos humanos. Los medios de comunicación mantienen una gran deuda con la mitad de la población panameña, entre esos compromisos está el de emitir o incorporar una imagen digna de las mujeres, lo que podría representar un adelanto en la superación de los estereotipos tradicionales y cambiar ese imaginario colectivo de que el principal espacio de la mujer es el doméstico. Esto contribuiría también a sensibilizar a la población sobre la urgente necesidad de reformar y adecuar los comportamientos sociales y brindar mayor oportunidades a las mujeres en todos los ámbitos, lo advierte así la Ley 4/1999, por la cual se crea la igualdad de oportunidades para las mujeres. Por otro lado, se sigue utilizando el cuerpo o imagen de la mujer con fines estereotipados (mujeres en vestido de baño para promocionar un licor o mujeres semidesnudas en las publicaciones, contraportadas de diarios y en redes para mercadeo), a pesar de que en Panamá hace más de diez años se aprobó la Ley 82/2013, que define la violencia mediática como aquella publicación, difusión de mensajes o imágenes estereotipados, a través de cualquier medio masivo de comunicación, que promueva la explotación de la imagen de las mujeres, injurie, difame, deshonre, humille o que atente contra la dignidad de ésta, sin embargo, la conducta persiste. Los mensajes que transmiten o reproducen estereotipos sexistas de dominación o agresión contra la mujer es definido como violencia simbólica y también está recogida en la Ley 82/2013, se manifiesta con acciones que muchas veces pasan desapercibidas por ejemplo, la cosificación del cuerpo de la mujer, basada en la representación de lo femenino como un símbolo sexual, erótico y de dominio masc ulino. En la región se han dado importantes avances en cuanto a la educación, prevención y castigo al mal uso de las herramientas tecnológicas, creando tipos penales como la violencia digital, violencia mediática, ciberviolencia, ciberacoso, ciberbullying, bullying cibernético, acoso virtual, entre otros, cada país ha incorporado la tipificación según su contexto. No se refiere a la pornografía comercial, cuya finalidad es totalmente distinta. La “Ley Olimpia”de México, se promueve producto de la difusión de un video con contenido sexual no autorizado, en el que la propia víctima se convierte en la impulsora de una serie de reformas a la legislación de ese país, para incorporar castigos a los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos o mensajes de odio, a la vulneración de datos privados y a la difusión de contenidos íntimos en internet, que atenten contra la intimidad sexual, sin el consentimiento de la persona. Es importante recordar que las víctimas de este tipo de acciones son principalmente niños, niñas, mujeres, jóvenes adolescentes, personas con discapacidad, personas sexo diversas, entre otras. En Panamá se aprueba la Ley 184/2020, sobre violencia política, que hace también referencia a la violencia simbólica a través de mensajes que transmiten o reproducen agresión contra las mujeres. La difusión de videos privados con contenido sexual a través de las herramientas tecnológicas no está tipificado en el Códi - go Penal.Si bien es cierto, las normas penales han ido incorporando la modalidad del uso informático en algunos de sus tipos, el Estado está obligado a preservar y adecuar el estándar internacional de protección de los derechos humanos, en cumplimiento de la Constitucióny los convenios internacionales. Han sido muchas las víctimas de la violencia digital sexual que no han contado con una respuesta del sistema, por ello se justifica el tipo penal, el cual debe tomar en consideración el daño implícito grave que se causa a la integridad e intimidad de la persona afectada. En Panamá se sigue utilizando el cuerpo o imagen de la mujer con fines estereotipados (mujeres en vestido de baño para promocionar un licor o mujeres semidesnudas en las publicaciones, contraportadas de diarios y en redes para mercadeo). LA AUTORA es abogada defensora de derechos humanos. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores.
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