4A LaPrensa Panamá, miércoles 4 de septiembre de 2024 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] PELIGRO. Por los lados de la Contraloría parecen haberse encontrado el hambre con las ganas de comer. Por esos lares apareció el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, para presentarle a Gerardo Solís, contralor, los estados financieros de la CSS correspondientes a 2024. ¿De pitcher a catcher? DESFACHATEZ. El descaro de algunos diputados no deja de sorprender; para muestra un botón... perdón, un bocón. Jairo Salazar ha decidido dejar de dar explicaciones porque, según dice, eso agota, por lo que prefiere que lo juzguen. ¿O sea que prefiere pedir perdón que pedir permiso? ¿Para eso quiere ser funcionario? ‘TOP SECRET’.Y hablando de funcionarios, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca transparentar la gestión de funcionarios de alta jerarquía, quienes tendrían que presentar una declaración jurada de estado patrimonial. Todos los miembros votaron a favor de la iniciativa, menos su presidente. Al menos ya estamos más claros de quiénes son los que tienen algo que ocultar. FICHA. Uno de los supuestos involucrados en el caso “La G a r ra ”ha sido varias veces aprehendido, investigado por posesión de drogas, de armas, por homicidio, y ahora por amañar partidos de fútbol. Cuidado y nos sale “La Bruja”y sale invicto de este caso también. MENSAJERO. Según dicen, el “des-venturado ”oc uparía un importante cargo en la nueva Contraloría de Bolo. Lau Cortés, para presen tarle a Gerardo Solís, con tralor, los estados finan cieros de la CSS corres Además, resulta ser la mano que mece la cuna para las venideras elecciones de Cambio Democrático. ¿Ahora, los intereses de quién estará representand o? ‘NI HAO’.La gente que construye el cuarto puente sobre el Canal está anunciando nuevas vacantes, entre ellas la de cocinero asistente de comida china. ¿Por qué será? Operación Jericó: fiscal pide endurecer medidas cautelares El fiscal Joseph Díaz destacó nexos con decomisos de droga, planes para ocultarla en carros con doble fondo, el uso de una billetera digital para pagar a los mochileros que la transportaban, y una boutique para blanquear dinero. AUDIENCIA Juan Manuel Díaz [email protected] El cerco se estrecha y el fiscal de drogas Joseph Díaz solicitó a los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones endurecer las medidas cautelares para cuatro imputados por el delito de conspiración para realizar actividades relacionadas con drogas, detenidos en la operación Jericó. Durante una audiencia celebrada el pasado lunes 2 de septiembre, Díaz pidió a las magistradas Greta Marchosky, Yiles Pittí y Yanelka Quijano, que revoquen las medidas cautelares otorgadas a Ismael Martínez, Kerime Andrea Zúñiga, Militza Rodríguez y Neryethe Jaén Cherigo, y que se les detenga provisionalmente. Actualmente algunos de ellos tienen arresto domiciliario o notificación periódica ante las autoridades. A juicio de la fiscalía, todos ellos participaron activamente en la red de tráfico de drogas desmantelada en Jericó. Así expuso elementos que los vinculan con la investigación. El fiscal destacó nexos con decomisos de droga, planes para ocultarla en carros con doble fondo, el uso de una billetera digital para pagar a los mochileros que la transportaban, y una boutique para blanquear dinero. Decomiso de droga en febrero Sobre el caso de Ismael Martínez, quien tiene arresto domiciliario, el fiscal sustentó que existen “indicios graves ” que lo vinculan con el decomiso de 600 kilos de cocaína, dos fusiles AK-47 y una pistola, incautados durante un operativo policial en el río Juan Díaz realizado en agosto de 2023. También se le relaciona con el decomiso de 158 paquetes de cocaína el 26 de febrero de 2024 en San Miguelito, caso en el que también se vincula a José Mackenzie, otro de los imputados. Sin embargo, Abdiel Sánchez, abogado de Martínez, refutó estas acusaciones. Sustentó que su cliente no fue detenido durante esas operaciones y que no fue hasta varios meses después que se intentó vincularlo con estos hechos. También alegó que al momento del arresto de su cliente no se le decomisó ni droga ni dinero y que además no tiene antecedentes criminales. El taller y los carros con doble fondo La fiscalía también solicitó revocar la medida de notificación periódica otorgada a Kerime Andrea Zúñiga, debido a su vinculación con Francisco Serrano, uno de los presuntos cabecillas de la red criminal. Ellos, siempre según la fiscalía, habrían planeado ocultar droga en un taller mecánico en San Miguelito, donde preparaban carros con doble fondo para el transporte de la sustancia ilícita. Estas acusaciones fueron refutadas por su abogado, Génaro López, quien argumentó que la medida cautelar aplicada a su cliente era justa, ya que no se pudo El fiscal pidió que se revoquen las medidas cautelares a cuatro de los investigados. Archivo Exfuncionarios protestan durante el Concejo de Arraiján MANIFESTACIÓN Yaritza Mojica [email protected] El Concejo de Arraiján fue interrumpido al mediodía de ayer, martes 3 de septiembre, por un grupo de exfuncionarios de la alcaldía de este distrito, quienes ingresaron a la sede para exigir el pago de sus prestaciones laborales. La situación se salió de control, y fue necesaria la intervención de unidades de la Policía Nacional, quienes sitiaron el lugar. El vicealcalde, Oliver Ríos, fue escoltado por la Policía Nacional para poder salir del recinto debido a que los manifestantes se molestaron al no recibir respuesta sobre el pago de sus quincenas. Por su parte, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, no se ha acercado al recinto, a pesar de que los exfuncionarios, en coro, solicitaban su presencia para que respondiera sobre el pago de los salarios. En los predios del concejo, un grupo de más de 100 personas se mantiene manifestándose con música, pancartas y megáfonos, exigiendo el pago de sus salarios, que en algunos casos acumulan hasta tres quincenas, así como el pago del décimo tercer mes e incluso las vacaciones. Según los exfuncionarios, La protesta se llevó a cabo a las afueras del Municipio de Arraiján. Archivo probar que mantenía una participación activa en la supuesta red criminal investigada por la fiscalía. La transferencia para pagar a los mochileros A su vez, el fiscal Díaz también solicitó revocar la medida cautelar de notificación periódica aplicada a Militza Rodríguez, a quien se atribuye un vínculo directo con Edwin Martínez. La fiscalía afirmó que Rodríguez tenía pleno conocimiento de las actividades realizadas por Martínez y que facilitaba su cuenta de Yappy para enviar pequeñas sumas de dinero que se usaban para pagar a las personas que movían la droga en el área de Tortí, Chepo, y a los mochileros que traían la droga por las montañas de Darién. Sin embargo, Mariela Melgar, abogada de Rodríguez, argumentó que su cliente trabaja en el Ministerio de Salud, es una persona sin antecedentes penales, y que la fiscalía no pudo probar su relación con actividades de conspiración para traficar drogas. ¿Una boutique para blanquear dinero? El fiscal Díaz también solicitó revocar la medida cautelar de notificación periódica aplicada a Neryethe Jaén Chérigo, a quien se vincula con la detención de un auto con doble fondo en el área de Tocumen. Además, le atribuyó mantener vínculos con Juan Chérigo, alias “Coya”, uno de los presuntos cabecillas de la red criminal. Díaz explicó que Jaén movía parte del dinero ilícito a través de la boutique Bizcochito Fashion. No obstante, su abogado, Alfonso Montoya, refutó estas acusaciones y señaló que a su clienta no se le menciona en ningún decomiso de droga. Agregó que la medida cautelar aplicada por el juez de garantías a su clienta demuestra que no tuvo participación en ilícito alguno. En la tarde, los abogados de la defensa presentaron mociones a las magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones para el cambio de medidas cautelares al resto de los 21 imputados que permanecen detenidos, quienes pudieron seguir la audiencia a través de video. La audiencia se reanudó ayer martes. La operación Jericó cobró relevancia porque uno de los investigados por la supuesta comisión de blanqueo de capitales es Abraham Rico Pineda, hijo del diputado perredista Raúl Pineda. Rico Pineda está en una celda de la cárcel La Nueva Joya, mientras se investiga el caso. el pasado viernes 30 de agosto, todos los funcionarios cobraron sus quincenas; sin embargo, los cheques de los exfuncionarios están listos en el despacho de la alcaldesa. La representante de Cerro Silvestre, Yohana Saldaña, manifestó a los medios que este problema se hubiese evitado si la alcaldesa Peñalba hubiera dado la cara y hubiera respondido y pagado a los extrabajadores del Municipio de Arraiján. Indicó que este problema viene desde hace dos meses. Por su parte, Peñalba publicó en su red social “X”que “los representantes de Santa Clara y Cerro Silvestre han orquestado en el concejo un atentado contra nuestra administración, donde nuestro vicealcalde ha sido víctima de violencia”. Peñalba solicitó apoyo a la Policía Nacional, pues alega que los“exfuncionarios, con el apoyo del concejo municipal, tienen secuestrado a nuestro personal, obstaculizando el ejercicio de nuestras funciones”.
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