4 de septiembre de 2024 - Año 44 - Nº 14766 75¢ Miércoles El medio libre de Panamá Hoy por hoy El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) es crucial para el progreso de Panamá, con la misión de apoyar a estudiantes de escasos recursos y ofrecerles oportunidades educativas. Sin embargo, recientes escándalos han demostrado la necesidad urgente de fortalecer esta institución. La discrecionalidad con la que se otorgaron auxilios en el pasado, beneficiando a quienes no lo necesitaban, ha generado un justo repudio en la ciudadanía. Estas prácticas deben erradicarse de una vez por todas. Los futuros directores del Ifarhu deben tomar nota: la falta de transparencia y la asignación de becas basadas en influencias políticas, en lugar de méritos y necesidades, no serán toleradas. Es fundamental que el Ifarhu recupere su integridad mediante una gestión pública honesta, eliminando la discrecionalidad y asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Solo así se podrá restaurar la confianza en esta institución, garantizando que cumpla con su propósito de apoyar a los jóvenes y contribuir al desarrollo del país. Vivir + Músicos locales tocan para Ricky Martin 5B Economía Aprueban reformas a la Leyde presupuesto 1B Panorama Beneficiarios de programas sociales están en la mira 6A Deportes Kelly confía en su equipo y no en las individualidades 8A Nuevo viaducto en la vía Interamericana ¿Se acabó el suplicio en la salida de La Chorrera? El viaducto de seis carrilesen la vía Interamericana, en La Pesa de La Chorrera, fue inaugurado ayer martes. De esta forma, los conductores que se desplazan al interior del país no tienen que entrar al poblado, que usará la antigua carretera. Quienes residen o se dirigen por los comercios del área de La Espiga hasta La Pesa tendrán un carril habilitado en cada dirección, al igual que el retorno actual frente a la estación Delta. El viaducto tiene una distancia de 1.7 kilómetros y se construyó por $282 millones. VEA 6A Elysée Fernández Operación Garra: amaño de partidos de fútbol Según las pesquisas, los jugadores ofrecían entre $2,500 y $4,500 a otros futbolistas para influir en los resultados, utilizando efectivo y monedas digitales. CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE Humberto Cornejo [email protected] La operación Garra, revelada por el fiscal Emeldo Márquez ayer martes llevó a la detención de tres futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Liga Prom, acusados de manipulación de partidos. La investigación comenzó tras una denuncia de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) en junio de 2023. Se determinó que los jugadores ofrecían entre $2,500 y $4,500 a otros futbolistas para influir en los resultados, utilizando efectivo y monedas digitales como Bitcoin. No se ha encontrado evidencia de la implicación de clubes o directivos, pero sí de jugadores de varios equipos, en coordinación con personas extranjeras que financiaban los sobornos. Las autoridades investigan el flujo de dinero y podrían imputar a más involucrados. Manuel Arias, presidente de la FPF, subrayó la necesidad de proteger la integridad del fútbol panameño. Los jugadores detenidos han sido suspendidos temporalmente mientras se lleva a cabo el proceso legal. VEA 8A ‘Falso es que alguien diga: yo pedí un préstamo y me dieron un auxilio’ Tras su derrota electoral, no se supo nada del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, hasta la semana pasada cuando circuló su fotografía en un aula de la Universidad de Panamá, donde imparte clases como profesor. Aceptó una entrevista y le preguntamos de todo. De los escándalos de los auxilios económicos y, por supuesto, se dio autobombos. Hoy publicamos la primera de dos entregas. VEA 2A Corprensa anuncia cambios en la dirección MEDIOS Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) informa a sus lectores, colaboradores y a la comunidad en general que la directora editorial de La Prensa, Rita Vásquez, ha decidido renunciar a su cargo, puesto que ha desempeñado desde el año 2017. A lo largo de estos años, Rita Vásquez ha liderado con excelencia a nuestro equipo de redacción, enfrentando grandes retos en tiempos de extrema dificultad y encabezando el proceso de transformación digital que ha modernizado y consolidado la presencia de La Prensaen el entorno digital. La presidente de Corprensa, Annette Planells, asumirá la dirección editorial, acompañada de Mónica Palm como subdirectora y jefa de la Unidad de Investigación; Yolanda Sandoval como editora de prensa.com; y Juan Luis Batista como jefe de la edición impresa, quienes se mantienen en sus cargos actuales. Además, Rolando Rodríguez permanece como asesor de la Unidad de Investigación. Nos complace anunciar que, a partir del próximo mes de octubre, Rita Vásquez se integrará a la junta directiva de Corprensa, donde continuará aportando su vasta experiencia y visión estratégica para el futuro de nuestra organización. Agradecemos profundamente la dedicación, el compromiso y el liderazgo de Rita Vásquez durante su tiempo como directora editorial, y esperamos con entusiasmo su contribución desde su nueva posición. Abogan por endurecer medidas cautelares OPERACIÓN JERICÓ El fiscal de drogas Joseph Díaz solicitó a las magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones revocar las medidas cautelares de cuatro imputados en la Operación Jericó, pidiendo su detención provisional. Estos imputados, vinculados a actividades de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, incluyen a personas relacionadas con decomisos de cocaína y la utilización de cuentas para pagos ilegales. La defensa argumentó la falta de pruebas para justificar las medidas más estrictas solicitadas por la fiscalía. VEA 4A
2A LaPrensa Panamá, miércoles 4 de septiembre de 2024 ‘Quién fue el director del Ifarhu que dio más beneficios a los estudiantes de la UP’ Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, habla sobre la distribución de becas y auxilios económicos, las denuncias ante el Ministerio Público, y la controversia sobre el uso de fondos públicos para funcionarios y familiares de políticos. ENTREVISTA (PRIMERA DE DOS ENTREGAS) Flor Mizrachi Ángel [email protected] Bernardo Meneses, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recursos Humanos (Ifarhu) hasta enero pasado, defiende su gestión: asegura que impulsó muchos correctivos, que presentó denuncias ante el Ministerio Público y que otorgó becas o auxilios (él no supo explicar cuál es la diferencia entre ambos programas) a casi todo aquel que lo solicitó y que contaba con buenas calificaciones académicas. Él dice que actuó en cumplimiento del reglamento de auxilios económicos, aunque la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que hizo una inspección al Ifarhu a finales de 2022, aseguró que el mismo es inexistente. Hace un mes, el Ifarhu divulgó aquella información que Meneses resguardó con tanto celo: los nombres de 23,631 beneficiarios de los auxilios económicos no reembolsables y otros programas entre los años 2014 y julio de 2024. En ese periodo, se repartieron $380,833,655.91. Meneses, que buscó una curul en las elecciones de mayo de 2024, perdió la elección. No se supo nada más de él, hasta que la semana pasada circuló su fotografía en un aula de la Universidad de Panamá (UP), donde imparte clases como profesor. Esta entrevista pone fin a su ostracismo autoimpues to. ¿Por qué habla ahora? Es importante aclarar alguna desinformación que hay o que se ha dicho. Lamentablemente, la gente piensa que si algo tiene que ver con el Ifarhu, fui yo quien lo hizo, cuando fui director por tres años y medio. Eso es bastante importante aclararlo, ya que la lista que presenta el gobierno actual abarca un periodo de 10 años, en el que hubo cinco directores al frente de la institución. Yo puedo asumir la responsabilidad por lo que ocurrió durante nuestra administración, no por lo que sucedió en administraciones anteriores. Vamos a preguntar directamente sobre casos que fueron muy cuestionados durante su administración. Por ejemplo, el auxilio económico a la hija de Zulay Rodríguez. En el expediente figura una beca otorgada por una universidad en Estados Unidos a la hija de la exdiputada Zulay Rodríguez. Esta beca sí era deportiva. Sé que algunas personas comenzaron a cuestionar si era cierto o no, pero era totalmente válido. ¿Auxilio o beca? La beca no cubría todos los gastos, por lo que se otorgó un auxilio para cubrir lo que no estaba incluido. Los padres también pidieron un crédito aparte, y luego ella solicitó lo que se llama una beca deportiva. Habla de crédito y de beca deportiva…Explique la diferencia. La diferencia es que todas las becas del Ifarhu, ya sean deportivas, culturales, por discapacidad o internacionales, se pagan bajo una sola partida, que se llama partida de auxilio económico. Nosotros creamos programas de becas para primeros puestos. Se le da una beca a un estudiante de primer puesto, ¡pum!... Sale de la partida de auxilio económico. Todas las becas que se pagaron en el Ifarhu en los últimos 20 años se pagaron bajo esta par tida. Sobre el auxilio al hijo del exdiputado Roberto Ábrego. Explique. También había sido aceptado en una universidad, creo que con un costo bastante elevado. Si uno revisa el expediente, se dará cuenta de que todo lo que se le otorgó en ese momento también fue parcial, no completo. Nuevamente, ¿beca o auxilio? Todos eran becas. ¿Por qué las becas de Senacyt no están cuestionadas como las del Ifarhu? Tengo conocimiento de que, en algunos gobiernos, hijos de ministros de Estado o personas allegadas a esos gobiernos recibían becas de Senacyt. El único problema es que no había inconveniente porque se pagaban bajo una partida de becas internacionales. En el caso del Ifarhu, se cuestionan porque se pagan con la partida de auxilio económico. No es por cómo se llama la partida. Es a quién se le dio y bajo qué criterio. ¿Cuál fue el criterio que se usó para otorgar auxilios económicos durante su ges tión? Lo que establece la ley y lo que establece el reglamento. Pero, ¿por qué en el contrato de unas personas dice “beca”y en el de otras dice “auxilio”? No, todas dicen “beca de programa complementario de auxilio económico”, todas. Creo que hay que comenzar a cambiar la ley. En principio, en 2004, el artículo 69 de la Resolución 28 del 30 de diciembre decía que los auxilios, como lo dice la palabra, solo podían otorgarse a personas de escasos recursos. Esto se cambió en la Resolución 201 del 17 de marzo de 2015; a la necesidad económica se agregó la académica. Entonces, cualquier persona que dijera que necesitaba estudiar o quería estudiar podía recibir una beca. Ustedes flexibilizaron el reglamento y se estableció que la necesidad se debía sustentar solo en ciertos casos discrecionales. Hoy, los auxilios no son reembolsables y no se otorgan por concurso. Cuando llegué al Ifarhu, me encontré con que todos los contratos de auxilio económico no tenían cláusulas de retorno. ¿Qué significa esto? Que todos los auxilios o becas que se habían pagado antes de mi administración permitían al estudiante recibir ese dinero, estudiar durante 4 o 5 años y no tener ningún compromiso con el Estado. ¿Qué hice yo? Modifiqué los contratos para que todos los estudiantes que firmaran una beca de auxilio económico cumplieran con el retorno y la permanencia en el país por la cantidad de años que se les otorgó el auxilio y, obviamente, que trabajaran. ¿Por qué hubo tanta gente sin conexiones políticas que, teniendo méritos, no recibió un auxilio? Cuando llegué al Ifarhu y me encontré con esta situación, me reuní con los cinco rectores de las universidades estatales para que la partida de auxilio económico se utilizara en beneficio de los estudiantes de esas universidades. De hecho, la mayoría de los concursos que hicimos no los escogía yo ni el Ifarhu, los escogían las universidades estatales. Si revisas la lista, verás que la mayoría de los estudiantes eran personas en situación de vulnerabilidad. Repito la pregunta: ¿qué pasa con estas personas que, teniendo méritos, no recibieron auxilio, beca ni préstamo? Yo entrevisté a cuatro hace menos de un mes. ¿Qué puede responderles a esos jóvenes? Yo también tuve una experiencia tal vez similar. Vengo de una familia muy humilde y también me ha costado llegar hasta donde estoy. Cuando llegamos a una institución como la que dirigimos, donde recibes miles de solicitudes, no solo del ciudadano común, sino también de muchas instituciones públicas que envían solicitudes sobre jóvenes que van a sus despachos a solicitar beneficios, a menudo se trata de hacer evaluaciones. Los hijos de Roberto Ábrego, Eyra Ruiz y Zulay Rodríguez…¿Fueron a pedirle auxilio a usted, o fue casual? No fue casual. Cuando uno está en una institución del Estado y forma parte de un partido político, a menudo escucha “¡Ah!, mira que el que está allí es el director... Anda a ver si consigues una cita”. Créanme que hubo gente que estuvo años pidiendo citas y no se les recibió. Pero, ¿cuál era el criterio? ¿Por qué a ellos sí y a estos cuatro que yo entrevisté n o? A esos cuatro tal vez no se les dio, pero sí se les dio a más de 6,000 o 7,000 panameños de a pie, hijos de obreros y ciudadanos. ¿A qué hijo de diputado se le dijo que no? Te puedo poner a Dios de testigo, no te voy a mentir: llegó a mi oficina… ¿Quién? No puedo darte el nombre ahora. Se le negó porque el muchacho no tenía las notas suficientes; era un estudiante que lamentablemente tenía fracasos en su universidad. Le dije que no tenía los méritos académicos para recibir un beneficio en la institución. También se decía que había que llevar cartas de referencia. ¿Cómo así? Habría que preguntárselo a los funcionarios, porque en mi caso jamás pedí una carta de referencia. Pero gente con nombre y apellido denunció que le pidieron llevar una carta de referencia. “Dile a un político que te ayude”, les decían. Ese estudiante debía denunciar a la persona que se lo estaba pidiendo. Yo presenté ocho denuncias ante el Ministerio Público. Las personas que están siendo enjuiciadas o investigadas en la actualidad han sido resultado de las denuncias que presenté. ¿Qué se siente al ver las historias de miles de panameños que no recibieron auxilio? Créanme que muchas veces me siento reflejado en ello, porque sé lo que es estar en esa posición. Ahora es docente en la Universidad de Panamá, la universidad en la que se le negó auxilios a varios alumnos. Ahora no. Soy profesor desde hace cuatro años y medio. Hace como dos años y medio, un vicerrector hizo una declaración pública en una graduación, señalando que ningún director había dado tanto a la UP como el Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu. Miguel López director Meneses. Puedes preguntar a la vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles quién ha sido el director que más beneficios ha dado a los estudiantes de la UP en los últimos 20 años. Usted fue contratado en agosto de 2020 y un mes después, en septiembre, la esposa del rector Eduardo Flores recibió un auxilio económico. ¿Cómo se justifica eso? Primero, toda mi vida me he preparado para ser docente. Segundo, entiendo que la profesora [Lourdes] Arjona no era esposa del rector en ese momento; no sé si era su pareja, pero no era su esposa. Ellos se casaron en 2022. La universidad tiene un programa llamado Relevo, creado por nosotros, que brinda la oportunidad a docentes investigadores y profesores asistentes. ¿Cómo llegó la solicitud de ese auxilio al Ifarhu? A través del programa Relevo. No solo el de ella; muchos docentes recibieron beneficios del programa. ¿No pasó por el rector Flores en ningún momento? La verdad, no sé cómo se escoge la plataforma Relevo. Me imagino que por medio de la facultad y que ella representa tal vez a la Facultad de Ciencias Exactas, porque entiendo que es del área de química, si no me equivoco. ¿No entiende que eso genera suspicacia? Totalmente, pero te digo que comencé a ser profesor hace cuatro años y medio porque un profesor me informó sobre una vacante en Santiago de Veraguas. Hay un video en el que se dice que el rector me está pagando un favor. No hay forma de que el rector me pague un favor, porque ni siquiera sabía que era docente en Santiago de Veraguas. ¿En qué horario era docente? Nocturno y sabatino, según lo permite la ley. ¿Tres horas a la semana? A veces daba siete u ocho horas, dependiendo de la semana. ¿Cómo le recibieron los estudiantes? He tenido hasta la fecha más de 1,200 estudiantes. ¿Cómo se justifica que el 26% de los funcionarios del Ifarhu haya recibido auxilios económicos, algunos hasta 6 o 7 veces? Cuando un funcionario entra al Ifarhu, uno de los beneficios, que no instauré yo, es la beca para estudiar. Es un derecho que tienen los funcionarios. ¿Es exactamente lo mismo recibir una beca por méritos que un auxilio económico? Como está estipulado en la ley actualmente, sí. Por eso es necesario cambiarlo. Se recibió una beca de excelencia, pero se pagó con la partida de auxilio. Lo que sí es falso es que alguien diga“yo pedí un préstamo y me dieron un auxilio”. Los préstamos se gestionan en la dirección de crédito; son otro trámite, con otros requisitos y reglas, mientras que los auxilios tienen otro reglamento. ¿Considera que fue un buen director? Hice cosas y ayudé a jóvenes panameños que jamás hubieran sido vistos en este país. ¿Cometí errores? Claro. Muchas veces uno comete errores porque es nuevo; era mi primera experiencia como funcionario. Creo que, muchas veces, recibía solicitudes de muchas instituciones del Estado, no solo de la Asamblea, y sentía que era una prioridad ayudar a esos estudiantes porque venían recomendados. No estoy diciendo que me refería a los estudiantes que mencionas. Hay personas que recibieron auxilios que tenían los mismos méritos que otras personas que estuvieron un mes afuera del Ifarhu y no recibieron. ¿Por qué? No sé si estaban un mes afuera del Ifarhu, pero nosotros tratábamos de dar beneficios a la mayor cantidad de estudiantes posible. Si hubiera sido por mí, habría intentado cambiar la ley. ¿Usted piensa que otorgó auxilios o becas para carreras realmente importantes? ¿“Mo d a ”t ambién es importante en un país con carencia de médicos, por ejemplo? Es un tema cultural. No puedo decirle a un estudiante “tienes que estudiar esto”. Me ha tocado lidiar con un programa que tiene más de 20 años de existencia. ¿Por qué decidió ocultar los nombres de los beneficiarios de los auxilios económicos alegando que eran datos personales, en lugar de optar por la transparencia? Porque la ley era clara. Entonces, ¿el presidente JoséRaúlMulinoviolóla ley al publicar la información? No voy a decir que violó la ley en absoluto, pero si vas a la Corte, había un fallo que establecía que la publicación de estos datos no era legal. De hecho, en la solicitud que hizo el diario La Prensa ante la Corte Suprema, los magistrados dijeron que no era legal que se publicaran esos datos. La ley dice que el Ifarhu tiene la potestad de publicar cada tres meses los nombres de los beneficiarios de la institución… Y entregamos ese documento a la Dirección de Planificación de manera periódica. De hecho, un colega tuyo fue y lo buscó. Los datos que no teníamos eran tal vez los montos y las carreras, porque muchas veces los estudiantes temen que los amenacen. ¿Había un límite? Sí, creo que era alrededor de $180,000 o $190,000. Se pagaron carreras en universidades bastante comunes a precios de Harvard. ¿Por qué? Eso ocurrió durante la administración del presidente Varela. ¿Cómo se justifican auxilios de $200,000 para estudiar francés? Eso no fue durante nuestra administración. Panorama
3A LaPrensa Panamá, miércoles 4 de septiembre de 2024 Panorama Ducruet admite politización del manejo del agua ‘Muchos diputados utilizaron cisternas para repartir a g u a’, aseguró el director del Idaan en el pleno de la Asamblea Nacional. CRISIS Eliana Morales Gil [email protected] Juan Antonio Ducruet, director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), reconoció que, en la campaña electoral rumbo a las elecciones del 5 de mayo de 2024, varios candidatos usaron el servicio de agua potable para pedir votos. Mencionó específicamente al circuito 8-6, zona que comprende los corregimientos de 24 de Diciembre, Tocumen, Las Mañanitas, Las Garzas, Pedregal y San Martín, en la capital. Lo dijo el pasado lunes 2 de septiembre en el pleno de la Asamblea Nacional, a donde acudió a responder varias preguntas de los diputados sobre el servicio de agua en Panamá. “En ese circuito (8-6) no había solamente un diputado con carro cisterna repartiendo agua. Había varios candidatos repartiendo y haciendo política con el agua. De manera personal, muchos diputados utilizaron cisternas para repartir el agua (...),” manifestó Ducruet luego de que el diputado independiente Manuel Samaniego mencionara el conflicto de interés generado por los contratos para el alquiler de carros cisternas que dio el Idaan a un diputado del periodo 2019-2024. Samaniego, quien llegó al palacio Justo Arosemena en representación de los electores del 8-6, le preguntó al jefe del Idaan cuántos contratos para alquiler de carros cisternas había otorgado en Panamá Este y qué áreas abarcaban. Ducruet respondió que “son cerca de 17. Enseguida mencionó los nombres de las zonas donde se distribuye el servicio: Tierra Prometida, La Mireya, Arnulfo Escalona... “Son contratos que históricamente el Idaan ha gestionado, pero que no le llevan agua a clientes de la institución. Todas esas áreas que no tienen red de acueducto se abastecen con carros cisternas (...),”añadió. En total, de acuerdo con datos que el director del Idaan compartió en el pleno, existen 75 proveedores del servicio de agua a través de carros cisternas. De esos, añadió, ha habido “c uestionamientos a una empresa en particular llamada Zupri”. Zupri está vinculada a Edwin Zúñiga, quien fue diputado del antiguo circuito 8-10, hoy circuito 8-6. En su momento, Zúñiga aseguró a este medio que no tenía nada que ver con esa empresa, pues no era accionista. Ducruet invitó al diputado Samaniego a su oficina con el propósito de mostrarle los expedientes. “No aparece como dignatario (Zúñiga) ni como beneficiario final”. En las elecciones del pasado 5 de mayo, 40 candidatos del circuito 8-6 compitieron por las cuatro curules del área. Solo Alaín Cedeño, del partido Realizando Metas (RM), logró la reelección. Edwin Zúñiga, de Cambio Democrático; Cenobia Vargas, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Elías Vigil, del Partido Panameñista, fueron derrotados. Además de Manuel Samaniego y Alaín Cedeño, los otros diputados del 8-6 son: Betserai Richard, independiente; y Rafael Buchanan, del PRD. El director del Idaan también contestó preguntas relacionadas con los estudios, permisos y procedimientos (marco regulatorio) que debe cumplir una promotora para construir una planta de tratamiento en un proyecto residencial, las medidas que ha tomado la institución para resolver la problemática del agua, y sobre la fiscalización de la prestación del servicio, entre otros aspectos. La citación a Ducruet, quien termina su gestión en la institución este mes de septiembre, fue una de las primeras acciones de la Asamblea Nacional que se instaló el pasado 1 de julio. Sobre el agua en Panamá De acuerdo con datos del último censo de la Contraloría General de la República, de 1,106,487 de viviendas censadas en Panamá, solo 828,270 tienen acceso a agua potable 24 horas al día en época seca. Una gran cantidad de hogares no tiene acceso continuo a agua potable durante todo el día, es decir, solo reciben el servicio por algunas horas. En concreto, el 25% de los hogares carece del suministro continuo de agua potable en época seca, afectación que baja ligeramente al 20% en época lluviosa. Juan Antonio Ducruet, director del Idaan. Elysée Fernández Los diputados de la Asamblea Nacional cuestionaron al actual director del Idaan. Elysée Fernández
4A LaPrensa Panamá, miércoles 4 de septiembre de 2024 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] PELIGRO. Por los lados de la Contraloría parecen haberse encontrado el hambre con las ganas de comer. Por esos lares apareció el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, para presentarle a Gerardo Solís, contralor, los estados financieros de la CSS correspondientes a 2024. ¿De pitcher a catcher? DESFACHATEZ. El descaro de algunos diputados no deja de sorprender; para muestra un botón... perdón, un bocón. Jairo Salazar ha decidido dejar de dar explicaciones porque, según dice, eso agota, por lo que prefiere que lo juzguen. ¿O sea que prefiere pedir perdón que pedir permiso? ¿Para eso quiere ser funcionario? ‘TOP SECRET’.Y hablando de funcionarios, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca transparentar la gestión de funcionarios de alta jerarquía, quienes tendrían que presentar una declaración jurada de estado patrimonial. Todos los miembros votaron a favor de la iniciativa, menos su presidente. Al menos ya estamos más claros de quiénes son los que tienen algo que ocultar. FICHA. Uno de los supuestos involucrados en el caso “La G a r ra ”ha sido varias veces aprehendido, investigado por posesión de drogas, de armas, por homicidio, y ahora por amañar partidos de fútbol. Cuidado y nos sale “La Bruja”y sale invicto de este caso también. MENSAJERO. Según dicen, el “des-venturado ”oc uparía un importante cargo en la nueva Contraloría de Bolo. Lau Cortés, para presen tarle a Gerardo Solís, con tralor, los estados finan cieros de la CSS corres Además, resulta ser la mano que mece la cuna para las venideras elecciones de Cambio Democrático. ¿Ahora, los intereses de quién estará representand o? ‘NI HAO’.La gente que construye el cuarto puente sobre el Canal está anunciando nuevas vacantes, entre ellas la de cocinero asistente de comida china. ¿Por qué será? Operación Jericó: fiscal pide endurecer medidas cautelares El fiscal Joseph Díaz destacó nexos con decomisos de droga, planes para ocultarla en carros con doble fondo, el uso de una billetera digital para pagar a los mochileros que la transportaban, y una boutique para blanquear dinero. AUDIENCIA Juan Manuel Díaz [email protected] El cerco se estrecha y el fiscal de drogas Joseph Díaz solicitó a los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones endurecer las medidas cautelares para cuatro imputados por el delito de conspiración para realizar actividades relacionadas con drogas, detenidos en la operación Jericó. Durante una audiencia celebrada el pasado lunes 2 de septiembre, Díaz pidió a las magistradas Greta Marchosky, Yiles Pittí y Yanelka Quijano, que revoquen las medidas cautelares otorgadas a Ismael Martínez, Kerime Andrea Zúñiga, Militza Rodríguez y Neryethe Jaén Cherigo, y que se les detenga provisionalmente. Actualmente algunos de ellos tienen arresto domiciliario o notificación periódica ante las autoridades. A juicio de la fiscalía, todos ellos participaron activamente en la red de tráfico de drogas desmantelada en Jericó. Así expuso elementos que los vinculan con la investigación. El fiscal destacó nexos con decomisos de droga, planes para ocultarla en carros con doble fondo, el uso de una billetera digital para pagar a los mochileros que la transportaban, y una boutique para blanquear dinero. Decomiso de droga en febrero Sobre el caso de Ismael Martínez, quien tiene arresto domiciliario, el fiscal sustentó que existen “indicios graves ” que lo vinculan con el decomiso de 600 kilos de cocaína, dos fusiles AK-47 y una pistola, incautados durante un operativo policial en el río Juan Díaz realizado en agosto de 2023. También se le relaciona con el decomiso de 158 paquetes de cocaína el 26 de febrero de 2024 en San Miguelito, caso en el que también se vincula a José Mackenzie, otro de los imputados. Sin embargo, Abdiel Sánchez, abogado de Martínez, refutó estas acusaciones. Sustentó que su cliente no fue detenido durante esas operaciones y que no fue hasta varios meses después que se intentó vincularlo con estos hechos. También alegó que al momento del arresto de su cliente no se le decomisó ni droga ni dinero y que además no tiene antecedentes criminales. El taller y los carros con doble fondo La fiscalía también solicitó revocar la medida de notificación periódica otorgada a Kerime Andrea Zúñiga, debido a su vinculación con Francisco Serrano, uno de los presuntos cabecillas de la red criminal. Ellos, siempre según la fiscalía, habrían planeado ocultar droga en un taller mecánico en San Miguelito, donde preparaban carros con doble fondo para el transporte de la sustancia ilícita. Estas acusaciones fueron refutadas por su abogado, Génaro López, quien argumentó que la medida cautelar aplicada a su cliente era justa, ya que no se pudo El fiscal pidió que se revoquen las medidas cautelares a cuatro de los investigados. Archivo Exfuncionarios protestan durante el Concejo de Arraiján MANIFESTACIÓN Yaritza Mojica [email protected] El Concejo de Arraiján fue interrumpido al mediodía de ayer, martes 3 de septiembre, por un grupo de exfuncionarios de la alcaldía de este distrito, quienes ingresaron a la sede para exigir el pago de sus prestaciones laborales. La situación se salió de control, y fue necesaria la intervención de unidades de la Policía Nacional, quienes sitiaron el lugar. El vicealcalde, Oliver Ríos, fue escoltado por la Policía Nacional para poder salir del recinto debido a que los manifestantes se molestaron al no recibir respuesta sobre el pago de sus quincenas. Por su parte, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, no se ha acercado al recinto, a pesar de que los exfuncionarios, en coro, solicitaban su presencia para que respondiera sobre el pago de los salarios. En los predios del concejo, un grupo de más de 100 personas se mantiene manifestándose con música, pancartas y megáfonos, exigiendo el pago de sus salarios, que en algunos casos acumulan hasta tres quincenas, así como el pago del décimo tercer mes e incluso las vacaciones. Según los exfuncionarios, La protesta se llevó a cabo a las afueras del Municipio de Arraiján. Archivo probar que mantenía una participación activa en la supuesta red criminal investigada por la fiscalía. La transferencia para pagar a los mochileros A su vez, el fiscal Díaz también solicitó revocar la medida cautelar de notificación periódica aplicada a Militza Rodríguez, a quien se atribuye un vínculo directo con Edwin Martínez. La fiscalía afirmó que Rodríguez tenía pleno conocimiento de las actividades realizadas por Martínez y que facilitaba su cuenta de Yappy para enviar pequeñas sumas de dinero que se usaban para pagar a las personas que movían la droga en el área de Tortí, Chepo, y a los mochileros que traían la droga por las montañas de Darién. Sin embargo, Mariela Melgar, abogada de Rodríguez, argumentó que su cliente trabaja en el Ministerio de Salud, es una persona sin antecedentes penales, y que la fiscalía no pudo probar su relación con actividades de conspiración para traficar drogas. ¿Una boutique para blanquear dinero? El fiscal Díaz también solicitó revocar la medida cautelar de notificación periódica aplicada a Neryethe Jaén Chérigo, a quien se vincula con la detención de un auto con doble fondo en el área de Tocumen. Además, le atribuyó mantener vínculos con Juan Chérigo, alias “Coya”, uno de los presuntos cabecillas de la red criminal. Díaz explicó que Jaén movía parte del dinero ilícito a través de la boutique Bizcochito Fashion. No obstante, su abogado, Alfonso Montoya, refutó estas acusaciones y señaló que a su clienta no se le menciona en ningún decomiso de droga. Agregó que la medida cautelar aplicada por el juez de garantías a su clienta demuestra que no tuvo participación en ilícito alguno. En la tarde, los abogados de la defensa presentaron mociones a las magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones para el cambio de medidas cautelares al resto de los 21 imputados que permanecen detenidos, quienes pudieron seguir la audiencia a través de video. La audiencia se reanudó ayer martes. La operación Jericó cobró relevancia porque uno de los investigados por la supuesta comisión de blanqueo de capitales es Abraham Rico Pineda, hijo del diputado perredista Raúl Pineda. Rico Pineda está en una celda de la cárcel La Nueva Joya, mientras se investiga el caso. el pasado viernes 30 de agosto, todos los funcionarios cobraron sus quincenas; sin embargo, los cheques de los exfuncionarios están listos en el despacho de la alcaldesa. La representante de Cerro Silvestre, Yohana Saldaña, manifestó a los medios que este problema se hubiese evitado si la alcaldesa Peñalba hubiera dado la cara y hubiera respondido y pagado a los extrabajadores del Municipio de Arraiján. Indicó que este problema viene desde hace dos meses. Por su parte, Peñalba publicó en su red social “X”que “los representantes de Santa Clara y Cerro Silvestre han orquestado en el concejo un atentado contra nuestra administración, donde nuestro vicealcalde ha sido víctima de violencia”. Peñalba solicitó apoyo a la Policía Nacional, pues alega que los“exfuncionarios, con el apoyo del concejo municipal, tienen secuestrado a nuestro personal, obstaculizando el ejercicio de nuestras funciones”.
5A LaPrensa Panamá, miércoles 4 de septiembre de 2024 Panorama Buscan que más funcionarios presenten declaración jurada patrimonial La propuesta también pretende que se hagan públicas las declaraciones de intereses que realizan los funcionarios. TRANSPARENCIA José González Pinilla [email protected] El proyecto de ley que pretende extender la obligación de presentar una declaración jurada de estado patrimonial a funcionarios de alta jerarquía avanzó dentro de la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobierno dio luz verde a este proyecto, presentado por el diputado de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga. El siguiente paso será su discusión en primer debate. Zúñiga sostiene que en la actualidad la declaración jurada de estado patrimonial, una herramienta fundamental para detectar y prevenir posibles enriquecimientos ilícitos que pudieran cometer servidores públicos, solo se aplica a un “número reducido” de funcionarios. Entre ellos el presidente y vicepresidente de Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Archivo Panamá rechaza orden de arresto de Edmundo González COMUNICADO EFE. CARACAS, VENEZUELA La orden de arresto emitida por el juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra del líder opositor Edmundo González Urrutia fue rechazada por Panamá, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Argentina, Paraguay, Perú, República Dominicana y Urug u ay. “Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, constituye persecución política”, indica un comunicado conjunto emitido por los nueve países. Asimismo, sostiene que en un país “donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias”, condenan esas “prácticas dictatoriales”. “Nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia”, concluye el texto. La Fiscalía de Venezuela solicitó a un juzgado especializado en delitos de “te - rrorismo”queemitauna “or - den de aprensión”en contra del abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones”y“forjamiento de documento público”, con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio. Edmundo González Urrutia. Archivo la República, el presidente de la Asamblea y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. También deben presentarla el contralor y subcontralor, los rectores y subdirectores de la universidades oficiales. El proyecto de Zúñiga busca extender esa medida a los diputados y sus suplentes, representantes y sus suplentes, concejales, los alcaldes, vicealcaldes, secretarios generales municipales y gobernadores. También incluiría a los directores de la Autoridad Nacional de Aduana y Servicio Nacional de Migración, los jefes diplomáticos y consulares, los Superintendentes de Bancos, Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas. El diputado también propuso que se aumenten los elementos básicos del contenido de la declaración jurada para obtener un panorama más completo y detallado de su estado patrimonial. La propuesta también busca que se hagan públicas las declaraciones de intereses que realizan los funcionarios. “Es de conocimiento general y notorio que el conflicto de intereses en el sector público es uno de los actos que más nos ha afectado como país y que lamentablemente hace que nos posicionen internacionalmente como un país altamente corrupto”, dijo.
6A LaPrensa Panamá, miércoles 4 de septiembre de 2024 Inauguran el viaducto en la vía Interamericana La vía tiene una distancia de 1.7 kilómetrosy se construyó por un monto de 282 millones de dólares. RED VIAL José González Pinilla [email protected] Ya es oficial. El nuevo viaducto de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, fue abierto de manera oficial ayer martes 3 de septiembre a eso de las 9:00 a.m. con un acto simbólico por parte de las autoridades. Los conductores comenzaron a usar de inmediato esta importante vía de seis carriles: tres hacia la ciudad y tres hacia las provincias centrales. Este viaducto está en el sector de La Pesa. De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas (MOP), en la parte inferior La apertura se dio a las 9:00 a.m. de ayer martes 3 de septiembre de 2024. Elysée Fernández Beneficiarios de programas sociales están en la mira M I D ES Aleida Samaniego C. [email protected] Un proceso de auditoría a los programas de transferencias monetarias condicionadas 120 a los 65, Bono Nutricional Alimenticio, Red de Oportunidades y Ángel Guardián lleva adelante la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social (DIDS) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), luego de detectar posibles fallas en cuanto a la elegibilidad de los beneficiarios. El padrón actual de beneficiarios cuenta con 191,412 personas, por lo que el proceso de verificación de los expedientes se El Mides evalúa más de 20 mil expedientes de beneficiarios. Cor tesía nía. Lo dice la estadística. Bueno, no hay trampas. O sí. Pero me refiero al insumo que cultiva flema y detecta la infección. Hay 70 ventiladores de transporte dañados. A menos que haya alguien dándole aire manualmente, el paciente no puede trasladarse a hacerse procedimientos en otras áreas. Todo esto, en una sala de un hospital. Cartas van, años vienen, y nada pasa. Las ambulancias tardan horas (cuando llegan) y no hay cardiólogos, porque están en la Ciudad de la Salud. Ese es otro fraude. Un cascarón en el que no saben si los ductos de oxígeno están bien puestos, entonces no hospitalizan niños para que, por si acaso, no mueran ahogados. Tienen equipos, pero hay días en los que no operan por falta de insumos. No hay marcapasos ni protamina, el antídoto de la heparina. Y como el paciente se puede desangrar, no lo operan. Y médico que habla, médico que botan. Ah, y la farmacia es bruja. No tiene los permisos del Minsa. ¿Con qué controles opera? Ah, pero entonces condenan a Iván Sierra por la muerte de los neonatos, porque era jefe de un departamento que usó un medicamento aprobado y que fue dispensado por la farmacia del Seguro. Y cuando el ministro de Salud pregunta qué insumos de emergencia necesitan -la semana pasada- Lau dice que están al 100%. ¿Cómo se come eso, si a diario se denuncia lo contrario? En el Seguro hay 15 médicos ganando más de $8 mil, en labores administrativas. ¿Ha mejorado algo? Y busquen esos nombres y díganme si han oído de ellos. Ahora inauguran un hospital modular dizque para atención de desastres. ¿Otro hospital, solo para nombrar a más amigos con salariazos? Es absurdo generar más gastos que los que ya genera la Ciudad de la Salud, que no resuelve. La gente hoy espera 36 horas por una cama de Urgencias. Más lo que demoren en atenderlo. Para una cirugía rutinaria de vesícula hay que esperar de nueve a 24 meses. Ya cuando se reventó la vesícula. Eso, si no cancelan la cirugía porque hay escapes de agua en el quirófano o te quedas trabado en el elevador, si sir ve. Entonces te hospitalizan por meses. ¿Qué sale más caro? ¿Darte los tres golpes diarios o comprar los insumos, operarte y dejarle la cama a quien sí la necesita? Existe el trámite usual, y así se llama, para comprar insumos de ya para ya. Ah no, pero ellos, siempre estratégicos, esperan la jugosa licitación de $146 millones. Mientras siguen tratando a la gente como animales. No hay excusa para el desabastecimiento. Ni para la mala atención. ¿Quién mide la productividad de los médicos? Y el que quiere hacerlo bien no tiene cómo. Y ni hablar de Contraloría, que frena las compras de insumos por pequeñeces. Pero a los auxilios económicos, paso expedito. Aquí hay equipos de cardiología de $2 millones guardados. ¿Quién gana ahí, fuera del que las vende o las compra? Y esto es aquí, con los ojos encima: ¿cómo será en el interior? Ahí tuvieron los diputados a Dino Mon esperando 12 horas para ratificarlo, más otro par de días contestando lo que a Lau no le preguntaron en cinco años. Porque lo citaron, pero no fue y ellos no insistieron. Pero eso es lo que pasan los pacientes…cuando les va bien. El reto es enorme. Y doctor Lau. Nada puede describir lo mal que la pasan los pacientes. No tiene nombre. Siendo neumólogo e intensivista, ¿no le da pena que siga muriendo gente todos los benditos días por la falta de la atención que a usted le tocaba asegurar? Si le quedó grande, ¿por qué no se f u e? Flor Mizrachi Angel [email protected] Ser pobre en Panamá es estar condenado a la muerte. A la desidia, la inhumanidad y la muerte. En el Complejo no hay siquiera papel blanco para documentar los procesos ni para recetar. ¡Papel! Urgencias no tiene siquiera algodón, hilo para suturar, gasa, catéteres…No hay cardiólogos. Urgencias no tiene teléfono para comunicarse con otros departamentos. Está atiborrado y no hay procesos para trasladar pacientes a otros hospitales. No, los tienen ahí represados para que salgan más enfermos de lo que llegaron. Si salen. Cuidados Intensivos, donde están los pacientes más enfermos del hospital más importante del sistema, tampoco tiene ni lo básico. No tiene pruebas de gases del viaducto continuarán los trabajos del intercambiador de La Chorrera y la rehabilitación de la vía existente. Quienes residen o se desplazan por los comercios del área de La Espiga hasta La Pesa de La Chorrera tendrán un carril habilitado en cada dirección, al igual que el retorno actual frente a la estación Delta de La Pesa. La vía tiene una distancia de 1.7 kilómetros y se construye por un monto de 282 millones de dólares. Al grano arteriales, que analizan el nivel de oxígeno y acidez en la sangre. Si el oxígeno está bajo y el ácido alto, o corren o te mueres. Tampoco hay nitrógeno de urea en sangre. No se puede medir si al paciente le funciona el riñón o le falla el corazón. Y uno de cada tres pacientes en intensivos tiene falla renal. Tampoco hay calcio ni magnesio, básicos para el funcionamiento del corazón, los músculos y los nervios. Ni exámenes de sangre para evaluar el estado nutricional de los pacientes. Les dan harina o harina. Calidad nutricional, nula. Siete de cada 10 pacientes de intensivos están malnutridos, y demoran más en recuperarse. Tampoco hay omeprazol para las úlceras, cuando en Intensivos es estándar prevenir tres cosas: infecciones, úlceras y coágulos. Ni anti convulsionante, cuando el infarto cerebral es uno de los principales motivos de admisión a Intensivos. Uno de cada cinco pacientes, después de estar entubado una semana, tendrá neumoPanorama ha dividido en fases. En la fase inicial, se están revisando 21,418 expedientes que han sido detectados con posibles fallas en cuanto a elegibilidad en sistema, requisitos de ingreso o cumplimiento de corresponsabilidades, detalló la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles. Carles explicó que este grupo inicial será sometido al proceso de verificación durante un periodo aproximado de dos meses. Dependiendo de las irregularidades que se detecten, se procederá a gestionar su permanencia o exclusión del programa mediante las vías legales correspondientes. Este proceso ordenado por la ministra Carles, implica la revisión y validación exhaustiva de la base datos de la Plataforma de Registro Nacional de Beneficiarios y de los expedientes físicos de beneficiarios, con la finalidad de validar que cumplan con los requisitos normativos y legales establecidos para recibir asistencia social. La razón de las auditorías es optimizar los recursos disponibles, para que los mismos sean asignados de manera justa y eficiente a quienes realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. La titular de la cartera social destacó que con las auditorias también buscan fortalecer la institucionalidad, mejorar la credibilidad y la confianza en sus programas sociales. Además, de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente, beneficiando a los más necesitados. Carles indicó que en los puntos de pagos se han encontrado personas ebrias formando fila para cobrar el beneficio. Minsa lanza campaña sobre medicamentos falsos SALUD PÚBLICA Aleida Samaniego C. [email protected] En lo que va del año 2024, la dirección nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) ha detectado 56 alertas informativas sobre productos farmacéuticos falsificados en la región de las Américas. Aunque estos productos no han sido comercializados en Panamá, la situación pone en alerta a las autoridades sobre los riesgos latentes para la salud pública. Ante esta amenaza, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, lanzó la Campaña de Prevención, Detección y Persecución de Productos Farmacéuticos Subestándar y Presuntamente Falsificados o Ilícitos. Con el lema “Cuida tu salud, no adquieras productos falsificados”, la campaña busca reducir los riesgos asociados a la compra de medicamentos falsificados, especialmente aquellos adquiridos por internet, que representan una de las vías más comunes para la falsificación. El ministro Boyd Galindo explicó que los productos farmacéuticos de baja calidad o falsificados pueden causar desde el fracaso en tratamientos médicos hasta la muerte, debido a su contenido potencialmente nocivo. Como parte de esta iniciativa, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional que busca fortalecer la colaboración entre el Minsa, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional Aeronaval, la Procuraduría General de la Nación y la Universidad de Panamá para combatir la venta y distribución de estos productos peligrosos. Fernando Boyd Galindo @MINSAPma
7A LaPrensa Panamá, miércoles 4 de septiembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El derecho del asegurado a recibir servicios de salud de calidad CSS René Pardo C. [email protected] El Capítulo 6º de la Constitución Política de la Repúblicaestablece, entre otras cosas, que “El individuo tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta como el completo bienestar físico, mental y social”. Por su parte, el Artículo 2 de la Ley 51 Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) establece su naturaleza jurídica y fines. Entre otros aspectos, señala que es “una entidad de derecho público, autónoma del Estado, en lo administrativo, funcional, económico y financiero; con personería jurídica y patrimonio propio”. Es decir, la CSS es una entidad de seguros de servicios de salud del Estado. En este contexto, los trabajadores asegurados somos su clientela obligada, es decir, una clientela cautiva (art. 77, ley 51 de 27 de diciembre de 2005). Lo antes expuesto implica que los servicios que la instancia aseguradora del Estado se compromete a ofrecer a su clientela, los asegurados, deben ser de calidad profesional. En el Título II, “Riesgos ”de la citada Ley Orgánica, Capítulo I, Sección 2da, se refiere al Sistema de Servicios de Salud que dicha instancia del Estado debe brindar al asegurado en función de su aporte, es decir, la cuota de seguro social que todos pagamos mensualmente, deducida directamente por los patronos, con un valor equivalente al 9.75%. En esto no hay libertad ni democracia: si trabajas, estás obligado a participar y afiliarte a la empresa aseguradora del Estado; no puedes hacerlo de manera particular ni con otra empresa nacional o internacional. En los artículos subsiguientes, la norma establece y especifica los servicios a brindar al aportante y la forma de hacerlo. Art. 132:“La Caja de Seguro Social, a través de un sistema de servicios de salud, brindará atención de salud de forma integral. Esta atención se brindará en el ámbito de la red de servicios de atención institucional, a través del enfoque biopsicosocial en salud y con criterios de efectividad, eficiencia, calidad, equidad y oportunidad”. Art. 133:“El Sistema de Servicios de Salud de la Caja de Seguro Social tiene como propósito elevar el nivel de la salud y la calidad de vida de la población asegurada, contribuyendo al desarrollo humano sostenible de la nación panameña”. Art. 135:“Gestión de calidad: desarrollará e implementará un sistema de gestión y evaluación de la calidad de los servicios de salud, a través de auditorías, de mejoramiento continuo y de la garantía de calidad de la gestión y en la provisión de servicios. En dicho sistema, entre otros, se establecerán protocolos, procedimientos e indicadores de productividad, rendimiento, costo de los servicios y satisfacción del usuario, que serán evaluados de manera continua”. Presentado lo que establece la normativa respecto a brindar servicios de salud bajo criterios de efectividad, eficiencia, calidad, equidad y oportunidad, asegurándolos con un sistema de gestión de calidad, parece faltar otros principios como el respeto y la responsabilidad. Solo parece ser una redacción elegantemente presentada, por decir lo menos. El papel aguanta todo, dicen; pero aquello parece no concordar en nada con lo que se escucha, se lee y se comenta en el sistema mediático nacional por parte de la clientela (los asegurados). Parece que aquel discurso dista mucho de la verdad o de la realidad. Porotraparte,elReglamentoquedesarrolla el Sistema de Servicios de Salud de la CSS, en su edición actualizada a diciembre de 2020 y publicada en la Gaceta Oficial 28634-A, establece, taxativamente, en el artículo 20: “Las prestaciones de los servicios de salud serán otorgadas por los profesionales y técnicos de la salud de la Caja de Seguro Social, con oportunidad, calidad, calidez y bioseguridad, asegurando el uso racional, eficiente, efectivo y transparente de los recursos, que incorpore la rendición de cuentas”. Profesionales y técnicos, es decir, recursos humanos idóneos. Las instancias de servicios de salud de la CSS no son de carácter docente, esto no está establecido en ningún aparte de la Ley 51 ni en el Reglamento de Prestaciones y Servicios en Salud de la versión actualizada al 2020. Tampoco es una característica de la oferta que brinda al asegurado la empresa aseguradora del Estado. En lo particular, si pago por un servicio, espero una atención de carácter profesional y de buena calidad. Si se trata de un servicio de salud a través de un seguro médico, exijo que se me atienda por un profesional de la medicina, tal como fue pactado, y no por un estudiante o practicante. Es decir, pago por un servicio de salud para que atienda mis necesidades alguien que sea un profesional idóneo, tal como lo establece la ley de salud o en un contrato pactado para tal propósito. Brindar un servicio de calidad significa que quien lo haga debe ser un profesional idóneo; no es posible brindar servicios de calidad con recursos humanos en formación, ya que éstos noposeenelconocimientosuficiente,laexperiencia, ni la licencia que confiere la ley y los reglamentos para el ejercicio profesional, y, por ende, no tienen la responsabilidad de sus actos en la acción de brindar dichos servicios. Atender las situaciones de salud de un asegurado con estudiantes, sin su conocimiento, consentimiento y aprobación, son acciones irresponsables y riesgosas que no cumplen con los principios de la norma, ponen en riesgo extremo la vida del asegurado y, sobre todo, son actos que carecen de legalidad. Los resultados pueden ser fatales; se trata de la vida y la calidad de vida del asegurado y de sus dependientes, que han pactado y pagado para recibir un servicio de salud con atención profesional, de calidad y en forma oportuna. El artículo 22 de la norma expresa que: “La Caja de Seguro Social podrá establecer acuerdos de coordinación y reciprocidad de prestación de servicios de salud con el sector salud del Estado”. El artículo mencionado habla de posibles acuerdos con instancias de salud del Estado para brindar servicios de salud. Las universidades del país, públicas o privadas, que brinden formación en servicios de salud de manera general, no son instancias de salud. Por lo tanto, en la prestación de ese servicio no debe estar involucrado un educando; puede tener todo el derecho de aprender, pero en una instalación de salud que responda a características de docencia tanto legal, física como económicamente establecidas, y donde el ciudadano que participa o procura de sus servicios conozca claramente los fines y principios que la rigen. Jamás, que yo sepa, en este país alguien en pleno uso de sus facultades legales y mentales ha dado autorización o permiso y pagado para ser objeto de práctica profesional y que sus malestares de salud y el cuidado de su vida en riesgo sean atendidos por alguien que está aprendiendo. Recomiendo a las universidades del país que mantienen carreras de servicios de salud en su oferta académica, así como a la CSS, que consideren planificar a corto plazo la creación de hospitales docentes en la ciudad capital u otras ciudades. Estos hospitales deberían ser instituciones productivas de servicios de salud, docencia, investigaciónyformaciónderecursoshumanos altamente especializados, donde los ciudadanos y toda la población del país, así como quienes buscan servicios de salud de manera particular, tengan pleno conocimiento de los fines, tipos, características, propósitos, calidad y costos de los servicios que se ofrecen. EL AUTOR es abogado y urbanista Más puentes y más carriles hacia el infierno vehicular Planificación urbana Carlos Antonio Solís Tejada [email protected] El miércoles 28 de abril de 2024 el Ministerio de Obras Públicas abrió 3 de los 8 carriles de la ampliación de la vía Arraiján–Panamá, un proyecto que, junto con el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, busca reducir los tiempos de recorrido entre ambos distritos, mejorando así la calidad de vida de los residentes de Arraiján y La Chorrera que sufren el infierno vehicular todas las mañanas laborales. Supuestamente. Todo muy bonito hasta que comenzamos a notar que, una vez más, ( junto con la Línea 3 del Metro de Panamá) el gobierno nacional ha terminado subsidiando, no a los residentes de Panamá Oeste, sino a los desarrolladores inmobiliarios y propietarios de potreros en la nueva provincia. ¿Por qué? Sencillamente porque sin las mejoras a la infraestructura de transporte los proyectos pasados, presentes y futuros de nuevas urbanizaciones en Capira, La Chorrera y Arraiján tendrían cada vez menos acogida en el mercado. Una mejora momentánea. Aquí entonces recordamos varias cosas, primeramente, que son los desarrolladores formales e informales de asentamientos humanos los que guían el proceso de urbanización en el Área Metropolitana de Ciudad de Panamá sin articular o comunicar sus desarrollos de forma racional de manera que se creen nuevos cascos urbanos densos de uso mixto. Que dicho proceso pasa por alto cualquier consideración sobre el equipamiento urbano necesario para sostener la vida en una ciudad incluyendo el agua, alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones, carreteras, transporte público, lugares de trabajo, de culto, de comercio y abastecimiento además de cultura y entretenimiento, espacios abiertos, etc. dejándole la labor al estado el cual “deja hacer ”en nombre de la empleomanía y la creación de “soluciones de vivienda”efec - tivamente privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. Que este proceso urbanizador no crea ciudades, solo campamentos residenciales periféricos de bajísima densidad para los trabajadores de formación media y baja de Ciudad de Panamá y no ciudades ricas con todos los estamentos sociales necesarios, incluyendo sus élites económicas, culturales y políticas con un peso crítico suficiente para sostener la vida económica y cultural además de administrar lo más racionalmente posible los gobiernos locales de ambas provincias. Que es dicha ausencia lo que dificulta la atracción de la inversión de alto valor agregado y la atracción del recurso humano altamente calificado suficiente que posibilite y sostenga dicha inversión en Arraiján y La Chorrera. Tristemente lo que existe, lo hace en función de la economía y gobernanza capitalina ofreciendo todo su talento y capacidad de consumo a Ciudad de Panamá 5 de los 7 días de la semana y por lo menos 8 de las 16 horas activas del día (Y no, Panamá Pacífico no es un ejemplo de lo contrario, más bien funciona como enclave capitalino en Arraiján). Todo lo cual impulsa el movimiento pendular entre Panamá Centro y Panamá Oeste para el cual nunca habrá carriles y líneas de metro suficientes para satisfacer las demandas de la población al oeste del Canal de Panamá si seguimos desde el gobierno central y local impulsando políticas públicas que no ayudan a atraer, conservar y desarrollar una población socialmente diversa (con todos sus estamentos sociales) necesarios para realmente hacer ciudad. EL AUTOR es subdirector de Planificación Urbana del Municipio de Panamá. Las reformas a la CSS Prioridades Julio Bermúdez Valdés [email protected] Desde la segunda quincena del recién finalizado mes de agosto, el gobierno nacional ha iniciado una serie de consultas con gremios empresariales, obreros, de educadores y políticos, sobre el futuro de la Caja de Seguro Social (CSS). Encabezadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, las consultas han puesto sobre la mesa la decisión y el interés de cada sector en resolver un problema que, por las razones que sea, no fue abordado en su momento respectivo por las administraciones anteriores, lo que ha dado paso a un peligroso deterioro de programas de la Caja, como el de Invalidez Vejez y muerte. Cada encuentro ha permitido conocer las posiciones de parte y parte. Mientras que el mandatario ha dado paso a un intercambio franco y abierto, y ha sido tajante en que la privatización no está contemplada en el proceso, los distintos sectores consultados han expresado: 1/ su cuestionamiento a las reformas de 2005; 2/ su deseo de que se retorne al sistema solidario que caracterizó a esa entidad y que fue eliminado en la fecha señalada. 3/ que se revise el sistema de pensiones y 4/ la desconfianza que engendra en algunos la presencia en la nueva reforma de protagonistas de 2005. Pero Mulino Quintero se ha pronunciado por evitar la prolongación sin límites de en un tema que, por años, parece estancado en las mismas preocupaciones o en los mismos intereses, en tanto que la Caja sigue su camino hacia el desastre. Sobre los protagonistas, que con seguridad se refiere al nuevo director de la CSS, Dino Mon, lo cierto es que este representa una propuesta política que corresponde al nuevo gobierno. El presidente aspira a resolver el problema lo antes posible. Se ha discutido bastante, ha dicho, pero subraya la necesidad de profundizar en el debate, y sobre todo, de construir una posición lo más unitaria posible en base a las propuestas de los sectores involucrados. Eso sí, que cada apuesta implique señalar de dónde saldrán los fondos para aplicar lo que se propone. Que se diga “¿quién paga la fiesta?”. Ha advertido que el dinero debe salir de todos, no de un sector en particular. Lo que Mulino Quintero pretende evitar es que el debate se estanque en temas sin salidas, o que deriven en otro tipo de consulta o forma de tratarse. El problema es resolver la situación de la entidad social, sin desviarse del objetivo. Si se trata del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que se resuelva ese problema. Si es el de pensiones, que se aborde eso en partic ular…si se trata del sistema solidario, que eso ocupe la agenda, y no caer en un pantano de acusaciones mutuas sin perspectiva alguna. La franqueza con que se han llevado adelante las consultas subraya prioridades, en lugar de utilizar el tema para abordar otros que tienen mucho de estructurales, encuentran asidero en el tratamiento por separado. Obviamente, por lo años de lucha de que llevan varios de los actores del diálogo, aflora una constante, que en ocasiones impide que las partes se pongan de acuerdo: desconfianza, una categoría que solo se resuelve en el debate, con objetivos claros y con el respeto a los acuerdos. La perspectiva inicial apunta hacia la amplitud con que Mulino Quintero se ha presentado. En consecuencia, las posibilidades de acuerdos consensuados podrán depender, más de los sectores representativos de la sociedad, que del propio gobierno. No significa esto que las autoridades vayan a renunciar a su responsabilidad histórica. Mulino Quintero se ha puesto al frente del problema, ha asumido su responsabilidad. Así que es evidente que la posición oficial ha abierto puertas para que cada quien aporte a la solución, no al problema. EL AUTOR es vocero del presidente José Raúl Mulino. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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