8A LaPrensa Panamá, lunes 2 de septiembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. El educacionismo, una discreta forma de discriminación Educación Jon Subinas [email protected] La creencia de que la educación es la única respuesta a los retos de desarrollo de una sociedad conforma una respuesta muy generalizada y constituye los contornos de lo que se entiende por educacionismo. Sin embargo, esta creencia no está exenta de problemas, especialmente si se asume que la educación por sí sola es capaz de propiciar la movilidad social, o si se define esta únicamente como el conocimiento que se adquiere en el aula. Desde luego, la educación es un factor crucial en la movilidad social, teniendo un peso específico “en el ascensor social”. Este factor fortalece las oportunidades socioeconómicas de las familias y genera mayores posibilidades de movilidad social ascendente para las diferentes generaciones. Como se expresa en una entrada del blogdel Cieps, Eficiencia y gasto público en la educación panameña, la educación es un vértice fundamental en la estrategia de desarrollo económico. No obstante, esta estrategia no puede ser aislada ni unidimensional si se pretende que forme parte fundamental del modelo de desarrollo de un país. En los contextos con alta desigualdad educativa, suele operar una manifestación del educacionismo que se basa en la acumulación de títulos de educación superior por parte de los sectores privilegiados, en detrimento de una mayoría que carece de esta titulación. Esta disparidad genera que las personas con más títulos desarrollen sesgos implícitos hacia quienes carecen de educación terciaria. Así, una de las consecuencias más negativas del educacionismo es que las personas que sufren déficits de capital académico son estigmatizadas. Profundizando en este déficit, el trabajo de la psicóloga social Jennifer Sheehy-Skeffington, de la London School of Economics, señala que la falta de títulos universitarios genera una sensación de estigma y vergüenza, creando una baja autoestima entre quienes no disponen de esta titulación. Los sociólogos Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron describían en La reproduccióncómo los sectores acaudalados de la sociedad invertían en capital académico, que luego se transformaba en capital simbólico, invisibilizando el coste económico de esta inversión. Esta transacción lograba que los títulos adquiridos por los sectores sociales más privilegiados se atribuyeran a propiedades naturales de los individuos, descontando la inversión económica que las familias habían tenido que realizar para disponer de esta educación. Sin embargo, la mera acumulación de títulos no asegura una mejor transmisión del conocimiento en el sistema educativo. En el caso panameño, como manifiesta la investigadora educativa Nadia de León (Ciedu), los datos de las pruebas de Erce evidencian, de forma contraintuitiva, que los docentes con títulos de maestría o posgrado no consiguen mejores resultados entre su alumnado. La hipótesis de que una mejor titulación resulta en una mejor enseñanza no se cumple en el Istmo. De hecho, en un estudio realizado por Ciedu, Summa, Cieps y ProEd sobre la labor supervisora en el sistema educativo de Panamá, llevado a cabo en 2024, se manifiestan algunos efectos perniciosos del “titulismo”entre el personal supervisor. En los meses sucesivos, se estarán presentando los resultados de este revelador estudio. Siguiendo esta argumentación, en la investigación Obstáculos en movilidad social de egresados de educación superior: la persistencia de las brechas en el acceso a oportunidades, se encontró que contar con una formación universitaria no garantiza ascender en la escalera socioeconómica de un país, y que los principales obstáculos a la movilidad social tienen su origen en el terreno social e institucional. Por tanto, además de educar, es necesario lograr cambios en otras esferas de la vida pública (Barragán-Perea, Tarago y González-Quiñones, 2022). Podría ser interesante prestar atención a algunas características de los modelos que han sido exitosos durante décadas. En este sentido, cabe destacar los sistemas educativos de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia). En todos estos países, se pone el foco en la importancia de la equidad para el buen desempeño de las políticas educativas. Siguiendo estas claves, en la web Infofinland se enfatiza como objetivo del sistema educativo: “… que todo el mundo pueda recibir una educación de calidad independientemente de los ingresos de la familia y se convierta en un ciudadano activo”. Esta reflexión concuerda con lo expresado por la ciudadanía en el Estudio de opinión sobre el sistema educativo panameño, en el que un 77.3% de las personas encuestadas manifestaron que la prioridad de las políticas educativas debe ser “garantizar que todas las personas reciban la misma calidad en educación”(Cieps, 2020). Desde estos puntos de partida, se señalan algunos lineamientos clave para que la educación del país se erija en un verdadero motor del desarrollo, incidiendo en la superación de las brechas que generan obstáculos de movilidad social entre los sectores más rezagados. EL AUTOR es sociólogo y antropólogo/Investigador del CIEPS. La demencial política agropecuaria Intervencionismo económico Carlos Ernesto González Ramírez [email protected] El sector agropecuario es el sector de la economía más intervenido por el gobierno en toda nuestra historia. Este intervencionismo se agravó con la creación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). La idea era y es que el Estado (es decir, los políticos) sabe mejor que el mercado y que los propios inversionistas del sector, qué es mejor para ellos y para los consumidores. Así que papá Estado toma las riendas del ‘desarrollo agropecuario’ desde enero de 1973. Cincuenta y un años más tarde, ni existe ‘desarrollo agrícola’ni existe una mejoría para el sector en conjunto, porque está demostrado con creces que el intervencionismo económico no funciona. Pocas instituciones han fracasado más rotundamente que el MIDA, porque en los 51 años de existencia ha continuado con las mismas políticas absurdas de intervención, protección, control de precios y subsidios. El resultado es que es más importante para el sector quién dirige el MIDA que lo que pasa en la bolsa de Chicago. Esto que afirmo no lo hago a la ligera, solo hay que ver los números, los cuales siempre matan relato. El valor del PIB agrícola pasó de 10.83% del total del PIB en 1970 a 2.44% en 2023. Es decir, mientras el resto de las actividades económicas del país se desarrollaban, el sector agrícola se mantuvo estancado. Esto resulta evidente frente a una producción enfocada en el consumo interno, lo cual resulta en un mini mercado de cuatro millones de personas. De toda esta debacle, uno de los peores ejemplos es lo que pasa con la industria arrocera, en donde se vive una verdadera locura económica. Además de la protección (arancelaria y paraarancelaria), los subsidios enormes, la regulación de precios y el gasto público (burocrático y financiero), los consumidores pagan uno de los precios más altos de arroz en el mundo y por un arroz de discutible calidad. Un análisis serio de lo que ha sucedido con este rubro, en un gobierno racional, debiera llevar a un cambio radical de toda la política aplicada al mismo. Veamos, el crecimiento de la producción de arroz en los últimos 10 años ha promediado 1.89% anual. Este magro resultado vino apuntalado por los subsidios dedicados al rubro, un total de $ 453,833,379.27 sólo en los años del gobierno de Cortizo. ¡Si sumamos el gobierno de Varela, el valor excede los $860 millones! Es decir, no solo es un fracaso la política, sino que nos cuesta a los ciudadanos el arroz más caro y a los contribuyentes desviar recursos de necesidades más apremiantes para sostener algo que no es competitivo y nos hace daño en precios. Lo más triste de todo esto es que Panamá tiene las condiciones climatológicas y los recursos para hacer del arroz un producto de gran producción, de gran productividad y de exportación. Para eso se requiere cambiar completamente la política aplicada para enfocarla a la productividad y a los mercados internacionales. Obviamente, un requisito para ello es la eliminación de la protección (no hay exportación cuando un producto es protegido). Y esto no es un problema porque ya hay producción nacional competitiva a niveles internacionales. Lo que se requiere es hacerla crecer. Al final, cualquier política económica en un país debe estar enfocada a la mejora de la vida de los ciudadanos. De todos los ciudadanos y no de un grupo en particular. Es decir, la política debe tender a los precios más bajos posibles para el consumidor mediante el aumento sustancial de la oferta, tanto nacional como importada. Para eso se requiere que los productores se vean obligados a competir por el bolsillo del ciudadano y no garantizarles un pedazo de ese bolsillo por su cercanía al poder. Basados en la ley de transparencia y con la finalidad de seguir informando y educando a la población, en la Fundación Libertad hemos solicitado al MIDA la información de los beneficiarios finales de los $860 millones otorgados en subsidios. EL AUTOR es abogado ¿Auxilios económicos para quiénes? Ifarhu Gabriel J. Perea [email protected] Panamá es un país donde la desigualdad social es una realidad palpable e innegable, los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) deberían ser una herramienta para nivelar el campo de juego social. Sin embargo, recientes revelaciones que no parecen terminar han puesto en tela de juicio la verdadera finalidad de estos fondos. ¿Estamos realmente ayudando a quienes más lo necesitan, o simplemente engrosando las arcas de quienes ya tienen suficiente? El Ifarhu, en teoría, tiene la noble misión de apoyar a estudiantes de escasos recursos para que puedan acceder a una educación superior. Pero la práctica ha demostrado ser otra historia. Los auxilios económicos, que deberían ser becas para los más necesitados, han sido otorgados a personas con poder económico y provenientes de familias adineradas. ¿El resultado? Fondos públicos mal utilizados y oportunidades perdidas para aquellos que realmente las merecen. Es irónico, por no decir trágico, que en un país donde muchos jóvenes luchan por costear sus estudios, los auxilios económicos terminan en manos de quienes pueden pagar sin problemas. Peor aún, en varios casos, estos fondos no se utilizaron para estudiar carreras universitarias, o las carreras no se llegaron a terminar. ¿Qué mensaje estamos enviando a nuestra juventud? ¿Que el “juega vivo”es la mejor estrategia para prosperar? El sarcasmo social no puede faltar aquí: parece que el Ifarhu ha confundido “auxilio económico”con “subsi - dio para los ricos y amigos”. ¿Acaso no hay suficientes recursos en las familias adineradas para costear una educación sin necesidad de recurrir a fondos públicos? ¿O es que hemos llegado a un punto donde la avaricia no tiene límites y se busca exprimir hasta el último centavo del erario? Es hora de hacer un llamado a la justicia social y a la equidad. Los auxilios económicos deben ser destinados a quienes realmente los necesitan: estudiantes de escasos recursos con buen índice académico. Estos jóvenes, que, a pesar de las adversidades, se esfuerzan por alcanzar sus sueños, merecen nuestro apoyo. No podemos permitir que los fondos del Estado sean utilizados de manera tan inequitativa y en clientelismo político. El gobierno debe tomar medidas drásticas para corregir esta situación. Es imperativo revisar los criterios de elegibilidad y establecer mecanismos de control más estrictos para asegurar que los auxilios económicos lleguen a quienes realmente los necesitan. Además, se debe considerar la posibilidad de recuperar los fondos mal utilizados y redirigirlos a programas que beneficien a los más vulnerables. La recuperación de los fondos mal utilizados es una tarea imperativa. Los auxilios económicos del Ifarhu deben ser una herramienta de equidad y justicia social, no un premio para los privilegiados. Es momento de actuar con responsabilidad y asegurar que el dinero del Estado sea utilizado para construir un futuro más justo y equitativo para todos los panameños. EL AUTOR es escritor y máster en administración industrial El valor del PIB agrícola pasó de 10.83% del total del PIB en 1970 a 2.44% en 2023. Es decir, mientras el resto de las actividades económicas del país se desarrollaban, el sector agrícola se mantuvo estancado. En los contextos con alta desigualdad educativa, suele operar una manifestación del educacionismo que se basa en la acumulación de títulos de educación superior por parte de los sectores privilegiados, en detrimento de una mayoría que carece de esta titulación. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==