7A LaPrensa Panamá, domingo 1 de septiembre de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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La opinión de Hilde Cuando la culpa es de todo un sistema Justicia Néstor Sosa [email protected] El fallecimiento de los neonatos en la Caja de Seguro Social (CSS) es otro episodio desgarrador y triste que refleja las falencias de un sistema de salud plagado de problemas y limitaciones. Se suma a otras tragedias como la de los pacientes sobre-irradiados del Oncológico, la intoxicación masiva con el dietilenglicol, presente en el jarabe para la tos, el brote de la bacteria con KPC, y decenas de otras situaciones adversas que ni siquiera llegan a conocerse en los medios de comunicación. Y aunque es entendible el deseo del Ministerio Público y de los padres de los niños de encontrar a uno o dos culpables, con el Dr. Iván Sierra y la licenciada Mock se ha cometido, en mi opinión, una injusticia. En primer lugar, y contrario a lo que se ha informado en los medios de comunicación, la causa de la muerte de estos niños no está nada clara. Ni la Comisión Interinstitucional que investigó los casos, ni Medicina Legal, ni los expertos del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC) que estuvieron en Panamá, pudieron establecer qué precipitó realmente la muerte de los niños. Si bien es cierto los bebés fallecidos recibieron nutrición intravenosa que contenía heparina con alcohol bencílico, por muchos años se había utilizado la misma heparina y no se había observado ningún evento similar. Además, cuando se suspendió definitivamente el uso de heparina con alcohol bencílico, hubo el fallecimiento de otros dos bebés que no la habían recibido, y que reunían la definición de caso establecida por Medicina Legal. Incluso, uno de esos niños fallecidos después del retiro definitivo de la heparina, tenía presencia de alcohol bencílico en sus tejidos corporales. Hay muchas interrogantes sobre esta investigación: ¿Qué ocurrió con el manejo previo a la muerte de los neonatos, y que fue completamente diferente a todos los años en los que se utilizaba la misma nutrición, con la misma heparina, en la misma dosis y en pacientes similares? ¿Hubo un error en la preparación o cálculo de los componentes de la nutrición? ¿Recibieron los niños una cantidad excesiva de heparina y, por ende, de alcohol bencílico? ¿La heparina utilizada tenía una cantidad excesiva de alcohol bencílico por un problema de fábrica? ¿Había alcohol bencílico en algún otro aditivo de la nutrición o en algún otro medicamento administrado? Y si el alcohol bencílico no fue el causante, ¿estaba la nutrición contaminada con agentes infecciosos u otros tóxicos que contribuyeran a las muertes y que no fueron debidamente descartados? Con lo que conozco del evento y de la investigación subsiguiente, a mi parecer, no se han podido responder satisfactoriamente muchas de estas interrogantes. Los expertos del CDC que vinieron a Panamá, invitados por los directivos de la CSS para ayudar a esclarecer lo ocurrido, no se les dio la oportunidad de conducir una investigación de casos y controles, ni ningún estudio toxicológico, y fueron cortésmente removidos del proceso, a los pocos días de haber llegado, con el explicación que la investigación sería conducida por el Ministerio Público y su ayuda no era requerida. ¿Cómo puede culparse a dos profesionales de unas muertes cuya verdadera causa no está claramente establecida? Es cierto que la heparina con el preservante alcohol bencílico no se recomendaba en neonatos y lactantes, por unos fallecimientos ocurridos en los Estados Unidos al inicio de la década de 1980. Sin embargo, la cantidad de alcohol bencílico asociada a efectos tóxicos en los casos ocurridos en los Estados Unidos fue al menos 10 a 100 veces mayor que la cantidad administrada con la heparina adicionada a la nutrición en Panamá. La heparina se utilizaba en cantidades pequeñas y su uso se considera necesario para evitar otras complicaciones potencialmente graves. Por otro lado, y según tengo entendido, la heparina con el preservante era la única heparina con registro sanitario en la institución. Y antes del evento, ni Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), ni la Comisión de Medicamentos de la CSS, ni la Farmacia del Complejo, ni el Departamento Compras de la CSS habían prohibido o limitado la adquisición, ni utilización de este tipo de heparina. ¿Cómo es posible responsabilizar a dos individuos, aún en el hipotético caso de que las muertes fueran causadas por la administración de un exceso de alcohol bencílico, si la mencionada heparina se había utilizado por más de diez años bajo el auspicio y aprobación de comisiones y departamentos del Minsa y de la CSS? Fue solo después del fallecimiento de los neonatos que Farmacia y Drogas comunicó la prohibición de su uso y se suspendió definitivamente el uso de heparina con ese preservante en neonatos en el Seguro Social. Por otro lado, ni el Dr. Sierra recomendó una cantidad excesiva de la heparina, ni tampoco era el responsable de la preparación física de la nutrición que contenía ese medicamento. Es más, hay evidencia documental que emergió durante este proceso judicial, que ya los neonatólogos del Complejo Hospitalario, aproximadamente diez años antes del evento, habían llamado la atención con una nota al Departamento de Farmacia sobre el tema del uso de alcohol bencílico y aún así la institución siguió, desafortunadamente, utilizando y comprando la misma heparina para su uso en todo el hospital. Los jefes de servicios clínicos en las instituciones públicas tienen funciones administrativas y de supervisión, pero no pueden ser responsables de todos los procesos que implican la evaluación, autorización, comercialización, compra y dispensación de medicamentos. Por ende, no pueden cargar la responsabilidad regulatoria y de vigilancia que compete a comisiones y autoridades de la institución y del Minsa. Tampoco pueden ser directamente responsables de las acciones de todos los que proveen cuidado en una sala de hospital durante 24 horas continuas, incluyendo estudiantes, médicos internos, médicos residentes, enfermeros, farmacéuticos y otros especialistas, que por cansancio, inexperiencia, o impericia pueden cometer errores. La responsabilidad en un evento como este, recae sobre todo el sistema y no sobre una o dos personas. Evidentemente, yo soy colega del Dr. Sierra, y siento una profunda admiración por su calidad como médico y ser humano, y mis afirmaciones pueden y deben ser valoradas a la luz de este conflicto de interés y de mi capacidad de recordar los detalles de este evento. No conozco personalmente a la Licenciada Mock, que también ha sido condenada en este caso. EL AUTOR es médico La lucha contra la narcopolítica Crimen organizado Jaime Cheng Peñalba [email protected] No cabe duda de que el narcotráfico es una de las actividades de mayor auge a nivel mundial. Muchos se hacen millonarios en muy poco tiempo si logran burlar la vigilancia y el cerco que existen sobre esta actividad. Es quizá la única actividad delictiva con una alta demanda, que genera enormes cantidades de dinero de manera meteórica y que ha dejado una estela de millones de muertes y personas con daños físicos y mentales irreversibles. La venta y el control de los mercados de la droga no son asuntos fáciles. En primer lugar, se requiere tener una mentalidad delictiva, una ambición desmedida, sagacidad y una dosis de valentía para enfrentar los contratiempos que se presentan en el camino. En el mundo del narcotráfico se asciende rápido, pero también se puede caer en las profundidades en un abrir y cerrar de ojos. Siendo un “negocio de riesgo”que genera enormes cantidades de dinero, también necesita de la complicidad y apoyo de abogados especialistas, así como de autoridades. Para blindarse ante posibles efectos de leyes antinarcóticos, los narcotraficantes han visto en la política una vía eficaz para buscar inmunidad y lavar dinero. El narcotráfico, como cualquier otro flagelo que corrompe y destruye valores, ha adquirido la capacidad de infiltrarse en las esferas de la justicia y la seguridad del Estado, convirtiéndolas en títeres de sus letales intereses. Colombia libró una feroz batalla contra los carteles de las drogas en la década de los ochenta, que costó un sinnúmero de muertes de representantes de la ley e incluso de personajes de alto perfil, como el candidato presidencial Luis Carlos Galán. Fue una guerra en la que estaba en juego la supervivencia de la democracia, el estado de derecho y la seguridad ciudadana. En el libro de Astrid María Legarda (El verdadero Pablo: Sangre, Traición y Muerte) se recoge el testimonio de Jhon Jairo Velásquez, alias “Pope ye”, quien afirma que Pablo Escobar decidió incursionar en la política para obtener la protección e inmunidad que el cargo de diputado le ofrecía. Pero no fue el único; otro conocido narcotraficante, Carlos Lehder Rivas, fundó un partido político para lavar su imagen ante la sociedad. Lo que hizo el gobierno de Colombia para combatir el narcotráfico no fue sencillo, pero sí épico e histórico, ya que muchos sectores sociales se unieron y entendieron que, si no se llevaba a cabo esta lucha frontal, Colombia se convertiría en un narcoestado, como sucede hoy en día en algunos países. En primer lugar, fue necesario depurar todos los organismos de seguridad de posibles infiltraciones de peones del narcotráfico, así como de jueces al servicio de los carteles de la droga. En segundo lugar, Colombia, a través de su presidente en ese entonces, César Gaviria, pidió ayuda a varios países en concepto de tecnología e información, porque sabía que la guerra interna no la podría ganar solo. Colombia realizó cambios en sus leyes para poder detectar los dineros provenientes del narcotráfico en bancos, industrias y partidos políticos. El proceso que vivió Colombia contra la narcopolítica lo estamos viviendo en Panamá. ¿Pero estamos dispuestos a seguir los mismos pasos para combatirla? Lo primero sería cambiar radicalmente las leyes que otorgan inmunidad a ciertas figuras públicas, en especial a los diputados. Lo segundo sería endurecer las penas contra los implicados en el negocio de las drogas, sea quien sea. La rebaja de condena por cooperación no nos favorece, y los narcos lo saben. EL AUTOR es sociólogo y docente Colombia tuvo que hacer cambios en sus leyes para poder detectar los dineros provenientes del narcotráfico en bancos, industrias y partidos políticos.
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