3A LaPrensa Panamá, 1 de septiembre de 2024 Brunch dominical Mónica Palm [email protected] Raúl Pineda ha descubierto la importancia del conflicto de interés. Al menos eso dijo esta semana, en su primera (y hasta ahora única) aparición desde que se desarrolló la operación antinarcóticos Jericó, con la consecuente detención del “h ij o que cualquier padre quisiera tener”. Pineda, que es miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, prometió que no estará presente cuando se discutan los traslados de partida solicitados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial, que son las instancias en las que ahora se maneja la causa contra su primogénito. Desafortunadamente, ese súbito acto de iluminación tiene tras de sí una estela de hechos que reflejan un proceder en contravía. Pineda es uno de los tres miembros de la junta directiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ) del Ministerio de Economía y Finanzas. A él y, por lo visto, a los miembros restantes de esa junta directiva (entre ellos, el mismísimo contralor) les habrá parecido normal que los principales casinos y salas de juego contraten a Servicios Múltiples Rama, cuyo representante legal hasta 2019 es el hijo de Pineda. Las empresas de juegos de suerte y azar que fueron clientes de su hijo son concesionarias del Estado, ¿o no? ¿No dependen ellas, precisamente, del beneplácito de la junta directiva de la JCJ para operar sus negocios? Pero no es el único escenario de posible tráfico de influencias en el que a Pineda le ha tocado la suerte. Aunque él mismo reconoció que hace 25 años era un “piedrero”, un “o rat e ”, que generaba ingresos de menos de $400, hoy no solo es prócer de San Miguelito, sino señor feudal de Colón. Cerca de las playas de la Costa Arriba colonense posee nada menos que 132.5 hectáreas adquiridas a la nación, pagando un precio promedio de $170 por cada hectárea, gracias a la generosidad de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati). Cómo adquirió esas tierras es otro tema... Las 132.5 hectáreas están en un área solitaria y muy atractiva para el tráfico de drogas, como han dejado constancia operativos del Senan y de la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala. Las tierras fueron solicitadas por Pineda en el año 2015, pero no fue hasta la llegada del PRD al poder que el Ministerio de Ambiente aprobó su uso en junio de 2021. Cuatro meses después, la Anati declaró que “no hubo oposición ni queja de terceros”para adjudicar dichas hectáreas. El ministro de Ambiente y miembro del Consejo Nacional de Tierras de Anati en aquella épocaeraMilciadesConcepción, quien fue nada menos que el jefe de Pineda en el período legislativo 2004-2009, cuando este fue su asistente administrativo en la Asamblea. En aquella época, Pineda fue denunciado por hacer política en horas laborales. La queja no prosperó, no porque se probara que esos señalamientos eran falsos, sino porque la Asamblea redactó una nota en la que certificó que Pineda estaba exento de marcar su asistencia en el registro electrónico de la institución. En pocas palabras, podía hacer lo que le diera la gana en las horas en que cualquiera habría pensado que debería estar dedicado a sus funciones legislativas. Dos meses después de la adjudicación de las tierras a Pineda, fue promulgada la Ley 316 de 2022, que regula situaciones de conflicto de interés en la función pública. Aunque la norma es muy reciente, urge modificarla para que deje de ser una especie de letra muerta y garantice que las declaraciones juradas de intereses sean información de acceso público, en lugar de quedar engavetadas en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que es la entidad encargada de registrarlas y custodiarlas. Como ha quedado claro con Pineda, hay funcionarios que siempre encuentran la manera de moverse con comodidad, sin afrontar limitaciones legales ni consecuencias. Hasta donde sabemos, el Ministerio Público aún no ha enviado a la Corte Suprema de Justicia la solicitud para (ahora sí) investigarlo, sin excusas ni dilaciones. Después de todo, para hacer un buen pastel, hay que romper algunos huevos. Operación Jericó: red criminal espiaba por mar y tierra Según el Ministerio Público, Rico Pineda, junto a Omar Alexander Ortega y Francisco Serrano, estaría encargado del manejo del dinero de la organización. JUDICIAL Juan Manuel Díaz [email protected] La estructura operativa de la red criminal desmantelada en la operación Jericó incluía un grupo que daba seguimiento a los movimientos de las patrulleras del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), un segundo grupo encargado de la recepción de la droga, la compra de motores para las embarcaciones, el conteo y la toma de fotos a los paquetes de droga. En la investigación de la fiscalía se comprobó que algunos de los acusados de ser parte de red criminal relacionados con actividades de pesca tenían la tarea de monitorear los movimientos de las patrulleras del Senan y alertar a las lanchas rápidas que transportaban la droga sobre su ubicación para cambiar de ruta. Una vez la droga llegaba a la playa, otro grupo se encargaba de su recepción y traslado a centros de custodia en Juan Díaz y San Miguelito, donde se tomaban fotos de los paquetes para enviarlas a los cabecillas de la red criminal. Además, otros miembros recibían la droga por las montañas de Darién. La investigación, iniciada el 30 de junio de 2023, identificó una estructura criminal de unas 34 personas dedicadas al blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Un hecho relevante de las pesquisas es que las autoridades han vinculado a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático El Ministerio Público realizó allanamientos en varias residencias en Panamá en el marco de la Operación Jericó. Richard Bonilla (PRD) Raúl Pineda, en un esquema de lavado de dinero a través de Servicios Múltiples Rama, S.A, empresa que también obtuvo contratos con casinos, el hipódromo y entidades públicas, y que habría sido utilizada para blanquear dinero del narcotráfico. El diputado Pineda, además de tener un alto cargo en la cúpula del PRD, es miembro de la Junta de Control de Juego y hasta el 1 dejuliocomodiputadotenía mucha influencia en el manejo de los presupuestos de las instituciones públicas. Según el Ministerio Público, Rico Pineda, junto a Omar Alexander Ortega y Francisco Serrano, estaría encargado del manejo del dinero de la organización. Rico Pineda, consciente de que la policía le seguía los pasos, no se encontraba en su casa de la calle Arboleda en Albrook el 15 de agosto pasado, cuando las autoridades allanaron la residencia. Desde su escondite, un día antes (14 de agosto), dio instrucciones a “Felita ”, su colaboradora doméstica, para que dijera que él estaba en la playa cuando la policía llegara. Rico Pineda fue detenido posteriormente y permanece en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Nueva Joya. Durante la operación Jericó, el Ministerio Público imputó cargos a 34 personas; tres alcanzaron acuerdos de pena, una obtuvo arresto domiciliario y el resto sigue detenido. Entre los imputados hay funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras, de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Salud y de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. La red utilizaba vehículos con doble fondo para transportar la droga por Renacimiento, en la provincia de Chiriquí, y enviarla por Centroamérica hasta México. Además, interceptaciones telefónicas revelaron que Rico Pineda usaba mensajería encriptada para mantener las comunicaciones en secreto, y que antes de su captura, también había dado instrucciones a Carol, la responsable de recursos humanos de Servicios Múltiples Rama, S.A, de no entregar su iPhone ni su computadora a las autoridades. Local de Pineda en San Miguelito también cambió su fachada INVESTIGACIONES Redacción de La Prensa [email protected] En medio de las investigaciones de la operación Jericó, los rótulos y logos que identificaban el local político que promovía la campaña a la reelección del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en San Miguelito, Raúl Pineda, han sido borrados. Hasta hace poco, el local, ubicado en la calle Circunvalación, Paraíso, tenía un letrero en mayúsculas: “Raúl Pineda, Gaby, vamos con todo” y solía permanecer abierto, con una intensa actividad vehic ular. Ayer sábado, este diario constató desde la calle que la fachada fue pintada de azul intenso, y vecinos comentaron que la actividad ha disminuido notablemente desde el pasado 15 de agosto, cuando la fiscalía realizó una serie de detenciones y allanamientos como parte de la operación Jericó. Entre los detenidos se encontraba Abraham Rico Pineda, hijo de Raúl Pineda, a quien los fiscales relacionan con el manejo de dinero de una red criminal que utilizaba San Miguelito como centro de acopio de drogas y para la modificación de vehículos con el fin de transportarlas. Durante las audiencias de la operación Jericó, el fiscal antidrogas Joseph Díaz mencionó, sin precisar detaLa foto de arriba fue tomada el 22 de agosto y la de abajo ayer 31 de agosto. LP Panorama lles, que un local político ubicado en Paraíso, San Miguelito, fue objeto de vigilancia como parte de las investigaciones. Un cambio similar al del local de Pineda también afectó a Servicios Múltiples Rama S.A., una empresa de limpieza presuntamente utilizada para blanquear capitales producto del narcotráfico, ubicada en la urbanización Los Ángeles, en Betania. El 28 de agosto, este diario reportó que la empresa retiró su rótulo de la fachada. También se conoció que su abogada, Estefanía Esturaín, presentó su renuncia “irrevocable” al cargo de agente residente el martes 27 de agosto de 2 0 24 .
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