4A LaPrensa Panamá, jueves 29 de agosto de 2024 Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] ‘ERA SED’.La empresa vinculada a Rico Pineda y su garulilla, Servicios Múltiples Rama, no solo ha retirado el letrero de la fachada de su local comercial, sino que además ha eliminado de su perfil de Instagram cualquier referencia a la norma ISO 37001 sobre estándares anticorrupción, y ahora dicho perfil es de carácter privado. Se puede parecer más culpable, aunque no lo digan más alto. ¡GOL! Y hablando del tal alias Rico Pineda, otra empresa vinculada a su “grupo económico”participó, en febrero pasado, en una subasta para comprar palcos en el estadio Rommel Fernández. Producto de este acto, y sin competencia, se hicieron del palco número 14, que tiene un área de 21 metros cuadrados, por el cual pagaron $121,420. Esta bola pica y se extiende. ¿QUÉ HAY PA’MÍ? Desde ya, la lucha por el control de Cambio Democrático tiene a las comadres enfrentadas. Por un lado, la que Ya ni ve…ni verá, dice tener el apoyo del Presidente de la República, mientras que Dana Castañeda se perfila como la favorita para ocupar la presidencia del colectivo. Lo cierto es que lo que sí parece ser un hecho es que Roberto Henríquez se quedó sin “penny tips”. TRABAJO. El diputado de Cambio Democrático Manuel Cohen ahora recluta estudiantes para clases de zumba, defensa personal y boxeo. Muy bien por aquellos que aprovechan la oportunidad, pero sería bueno que la Asamblea publicara en su sitio web el registro de asistencias de los diputados al pleno, porque, por lo visto, algunos norma ISO 37001 sobre es ahora dicho perfil es de ca parecer más culpable, aun tienen mucho tiempo libre para otras cosas. NO VA. Ahora que la Corte no admitió el recurso de casación que interpuso Alma Cortés en contra de la condena de 4 años de prisión por la comisión del delito de peculado, ¿seguirá la exministra con ganas de ser magistrada del Tribunal Electoral o, mejor dicho, la considerará el presidente Mulino? Panorama Acogen revisión de sentencia en caso de New Business Sala Penal de la Corte sobre el caso de Valentín Martínez, uno de los condenados del caso de New Business. En este proceso también figura como sentenciado el expresidente Ricardo Martinelli. ORGANO JUDICIAL Juan Manuel Díaz [email protected] La defensa de Valentín Martínez, condenado a 80 meses de prisión por el caso New Business, logró que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia realizara una audiencia de revisión de la sentencia dictada por la juez Baloisa Marquínez. Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que durante la audiencia celebrada recientemente, Rosendo Miranda, abogado de Martínez, presentó pruebas argumentando que la sentencia aplicada a su cliente debería ser revocada debido a la ausencia de un delito precedente relacionado con el blanqueo de capitales. La defensa aportó como evidencia un fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia, con fecha 24 de octubre de 2019, que alegaba que en el caso de la Ciudad Hospitalaria no hubo una lesión patrimonial. Durante el juicio del caso New Business, el abogado Miranda argumentó que, ante la ausencia de un delito precedente, su cliente debía ser absuelto. Sin embargo, solo se presentaron copias simples de los fallos de primera y segunda instancia, las cuales no fueron admitidas por la juez Marquínez por no cumplir con los requisitos legales. En su fallo del 1 de julio de 2023, la juez Marquínez advirtió la existencia de indicios graves de corrupción de servidores públicos como delito precedente al blanqueo de capitales. En el período 2009-2014, un alto funcionario de la Presidencia había solicitado un porcentaje sobre todas las obras de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), incluyendo el proyecto Ciudad Hospitalaria. Esto se corroboró con las declaraciones de los exdirectivos de FCC Julio Casla, Eugenio del Barrio y el testigo protegido FECDO-010-2020, quienes participaron en reuniones donde se solicitaron comisiones y mantuvieron contacto con los intermediarios. El fallo de Marquínez también citó la declaración del testigo protegido FECDO-010-2020, quien afirmó tener conocimiento de una reunión entre el entonces presidente Ricardo Martinelli y los ejecutivos de FCC, en la que se les exigió un porcentaje sobre todas las obras, incluida la Ciudad Hospitalaria. Del Barrio aseguró en una declaración jurada que Martinelli le indicó que Riccardo Juez Baloisa Marquínez durante la audiencia preliminar del caso New Business. Francolini sería el intermediario para la Ciudad Hospitalaria y que se exigió un pago de $12 millones a cambio de la aprobación de la adenda del cambio del financiamiento del contrato. Para ello, se contrató a la firma Martínez Acha & Asociados, a través de un contrato sugerido por Francolini y firmado por Julio Casla, representante de FCC en Panamá. Valentín Martínez, es hermano del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez. La sentencia de Marquínez relaciona esta situación con la participación directa de Martínez Vásquez en el delito de blanqueo de capitales, ya que su firma, Martínez Acha & Asociados, prestó servicios de asesoría a la sociedad Construcciones Hospitalarios S.A., encargada del proyecto. También se menciona que Construcciones Hospitalarias transfirió dinero a la sociedad Clients Custody Account Inc., que giró cheques por $1.3 millones a favor de la sociedad Global Office Corp., depositados en la Caja de Ahorros como parte de un préstamo adquirido por esa sociedad, justificado a través de un contrato ficticio de promesa de compra entre Sparkroll International Group Corp., vinculada a Martínez Vásquez, y Global Office Corp. En este caso, se impuso una condena de 128 meses de prisión al expresidente Ricardo Martinelli, 60 meses a Janeth Ibeth Vásquez Sanjur, 70 meses a Iván Arturo Arrocha Chevalier, y 96 meses a Daniel Ochy. También se condenó a seis años de prisión a los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares y a Gonzalo Germán Gómez. Corte rechaza recurso de los Martinelli Linares en el caso Blue Apple JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, siguen vinculados al caso Blue Apple, una investigación que le sigue la pista a los millonarios sobornos que propietarios de importantes constructoras pagaron a funcionarios y particulares durante el periodo 2009-2014 a cambio de contratos de obra pública. El pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la defensa de los hermanos Martinelli que intentó desestimar una decisión de la exjuez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, que había decretado una ruptura procesal en el caso. El equipo de abogados de los Martinelli Linares, quienes actualmente son diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), habían solicitado una reconsideración contra la decisión de Marquínez de enviar el expediente del proceso al pleno de la Corte. Sin embargo, los magistrados desestimaron ese recurso. Con esta decisión, el máximo tribunal acogió el expediente del caso Blue Apple y le dio trámite, lo que implica que la corporación de justicia deberá designar un magistrado sustanciador y un magistrado fiscal para llevar la causa. El edicto No. 950, publicado el martes 27 de agosto en la secretaría de la Corte, recoge la decisión, emitida bajo la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo Batista y con el voto unánime del resto de los miembros del pleno. En el auto No. 149 del 21 de agosto de 2023, Marquínez, quien estaba a cargo del caso Blue Apple, determinó realizar una ruptura procesal en el caso de los hermanos Martinelli y enviar su expediente al pleno de la Corte. Esta decisión se tomó después de que ambos fueran juramentados como diputados del Parlacen, lo que les permitió eludir la justicia ordinaria. En su resolución, Marquínez explicó que “corres - ponde al pleno de la Corte Suprema la investigación y el procesamiento de los actos delictivos y policiales seguidos contra un diputado principal o suplente”. En las elecciones del 5 de mayo pasado, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares fueron reelectos como diputados suplentes al Parlacen. Luis Enrique es suplente de Giselle Burillo, mientras que Ricardo Alberto es suplente de Carlos Outten. Sin embargo, este último también es diputado suplente de Tomás Benavides (circuito 9-2 Veraguas). El pasado 20 de agosto, Luis Enrique se juramentó en el foro centroamericano. Además del caso Blue Apple, los hermanos Martinelli tienen pendiente otro juicio por presunto blanqueo de capitales: el caso Odebrecht. En este proceso también deberán ser juzgados por el pleno de la Corte debido a que son diputados del Parlacen. Cambios en la CSS se debatirían en sesiones extraordinarias CRISIS FINANCIERA Henry Cárdenas P. [email protected] La propuesta de reformas para enfrentar la crisis financiera de la Caja de Seguro Social (CSS) serían debatidas en la Asamblea Nacional en sesiones extraordinarias, en los meses de noviembre y diciembre, informó ayer miércoles 28 de agosto la Presidencia de la República. La información se desprende de una reunión que sostuvo el presidente de la República, José Raúl Mulino, con varios gremios docentes, para abordar el tema de la situación económica de la CSS. “Deseo liderar este tema dentro de un marco de tiempo, porque el país tiene que avanzar hacia otros temas. Y lo que haya que hacer no va a ser traumático para nadie”, afirmó Mulino, de acuerdo con el comunicado de la Presidencia. En el encuentro con el Ejecutivo participaron representantes de unos 28 gremios de educadores, a quienes se instó a presentar sus propuestas con la finalidad de elaborar un proyecto de reformas a la Ley 51 Orgánica de la entidad, con el aporte de diversos sectores. El plan del Gobierno es lograr la aprobación de las reformas a la CSS este año, con el objetivo de que a partir de enero de 2025 se puedan atender otros temas de la agenda nacional. Fachada de la Asamblea Nacional. Archivo
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