6A LaPrensa Panamá, miércoles 28 de agosto de 2024 Al grano en 1993, quien lo capturó intentando meter 150 kilos de coca en Miami. Pero la falta de admisión de casos, y la conclusión en los pocos que admiten, es impresentable. No buscan justicia. Amoldan criterios y buscan errores de forma para no llegar al fondo. Hay tres puntos clave aquí. Primero, ninguno de los que investiga está formado para investigar. La formación del fiscal y del juez es diferente. El fiscal investiga y justifica su investigación. El juez valora pruebas y emite el fallo. Cuando pones a un magistrado a investigar, no sabe ni cómo empezar a investigar. Además de que no todos los magistrados son penalistas. Eso es como poner a un ginecólogo a operar un corazón abierto. Y en la Asamblea es peor. En la comisión de Credenciales hay diputados que ni siquiera son abogados. Entonces ponen a investigar a alguien que legisla. Otra vez, el ginecólogo con el corazón abierto. Está el caso de Moncada, sí, pero era burdo y acababa de empezar el gobierno de Varela, que venía con sed de dizque justicia. Eso fue justicia excepcional, digamos. El segundo absurdo es la prueba idónea. Para investigar a cualquier mundano basta con una denuncia. El que denuncia a un magistrado o diputado tiene que llevar una prueba idónea, gracias a una reforma hecha en el gobierno Martinelli. Esa prueba es un mínimo de elemento probatorio que sustente que lo que dice la denuncia puede ser verdad. Pero en la práctica, el denunciante debe aportar la prueba que al investigador le tocaría conseguir. Y según la ley, ni el MP, ni la Fiscalía de Cuentas, ni la Fiscalía Electoral ni la Contraloría pueden completar la prueba pues es inconstitucional adelantar el caso. Entonces si la prueba idónea vale lo deciden, en el caso de los magistrados, los diputados, y viceversa. Y la interpretación unas veces es estricta y otras, amplia. Eso pasó con Pineda. El MP envió a la Corte audios donde él le daba instrucciones a su hijo, pero la Corte no los evaluó, pues rompía la cadena de custodia. Devolvió el caso al MP, a los días cayó el hijo de Pineda, y ahora sabemos que los audios sí implican al diputado. Pero en la Corte eso no procedió. Pero incluso con prueba idónea los magistrados pelotean los casos. La denuncia del oro de Zulay llegó al MP, el MP la remitió a la Corte, y la Corte la devolvió ordenando ahondar en la investigación. Otra vez remitieron el caso, y los magistrados se sentaron en el expediente. Les tomó dos meses notificarla, no fue a ninguna de las audiencias y no mandaron a la Policía a buscarla. Nunca le imputaron cargos, y ahora que perdió la curul la investigación regresó al MP, donde les toca volar porque uno de los delitos está por prescribir. Ahí está también el caso del diputado actual del Molirena Isaac Mosquera: tiene dos casos pendientes por narcotráfico, y nada que lo llaman a juicio. ¿Eso no debería ser urgente? Ah y lo otro. En 2013, también con Martinelli, se redujo a la mitad el término de la prescripción penal. Otra ventaja. Luego Ana Matilde Gómez como diputada presentó una ley que restableció el término, pero las cartas siguen marcadas. Y el tercer problema es el requisito para las condenas de los casos que llegan a juicio. Tanto en la Asamblea como en la Corte se requieren dos tercios de los votos para una condena. Es decir, seis magistrados y 48 diputados. Eso fue lo que salvó a Arquesio Arias. Lo condenaron cinco de nueve, no seis. A cualquier otro, esos cinco hubieran bastado para una condena. ¿Entonces hay fueros y privilegios o no? Enpaísesmásserios,como Colombia, el MP investiga a todos los funcionarios, y los juzga un tribunal especial de aforados independiente del Judicial. El sistema aquí está hecho para proteger a quienes desde el poder delinquen. El que denuncia tiene que llevar la prueba o, dicho como es, la investigación hecha. El que debe investigar no sabe investigar. Y el que juzga no sabe nada de juzgar. ¿Eso es un verdadero Estado de Derecho? Pues no. Panorama CAJA DE SEGURO SOCIAL Aleida Samaniego C. [email protected] El caso de la muerte de nueve neonatos en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) en 2013 es uno de los episodios más dolorosos en la historia de la salud pública en Panamá. Lo que comenzó como una serie de muertes inexplicables en una unidad de cuidados intensivos de recién nacidos desató una extensa investigación que involucró a autoridades, revelando fallos en el sistema de salud y desencadenando un proceso legal que se prolongó por más de una década. A continuación, se ofrece un recuento cronológico de los eventos más significativos relacionados con este hecho, que ha impactado profundamente a familiares de los fallecidos, sobrevivientes y al personal de salud. 22 de junio de 2013: El entonces ministro de Salud, Javier Díaz, informó que un equipo técnico de profesionales estaba investigando la causa de la muerte de ocho neonatos en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS). 2 de julio de 2013:L as autoridades pidieron ayuda a la Organización Panamericana de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta (Estados Unidos), para esclarecer los decesos. 9 de julio de 2013:Díaz descartó que la muerte de ocho bebés se originara por errores humanos, al tiempo que el vicepresidente Juan Carlos Varela pidió su dimisión para permitir una investigación “independiente”. 26 de julio de 2013: El exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) y vocero de la comisión investigadora, Néstor Sosa, explicó que no podían llegar a resultados concluyentes, porque había una serie de exámenes por hacerse en Panamá y en el extranjero. 30 de julio de 2013: Tr e s de los cuatro bebés que sobrevivieron a la tragedia presentaban graves problemas de salud. 30 de julio de 2013:Cua - renta y nueve días habían pasado desde que ocurrió la tragedia en la sala de Neonatología y el entonces director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, no se reunía con los padres de los nueve niños fallecidos. Los padres también criticaron al entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, por no solidarizarse con esta causa. 1 de agosto de 2013: Yila - ny Bernardo, madre de uno de los neonatos fallecidos, indicó que la comisión científica que estudiaba el caso no había establecido las causas de los decesos. 20 de agosto de 2013: Una intoxicación aguda por la mezcla de heparina con alcohol bencílico fue la causa de las muertes de los neonatos entre junio y julio confirmó el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Humberto Mas. El Ministerio Público anunció que con base en este informe la investigación penal sería por homicidio culposo. 21 de agosto de 2013:El exdirector de la CSS reclamó públicamente a Eric Conte, director nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), por no responder varias solicitudes de información enmarcadas en la investigación por la muerte de nueve neonatos. Saéz-Llorens solicitaba a Conte clarificar sin el medicamento estaba o no prohibido en el país, ya que desde el año 2010 la Agencia Federal de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre los riesgos asociados al uso del alEl caso de los fallecidos en la sala de Neonatología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid resurge tras fallo de la CSJ. Archivo cohol bencílico en neonatos, citando casos de muertes por esta causa. 23 de agosto de 2013:Un documento interno de la CSS reveló que, desde el año 2012, la Comisión de Medicamentos de esta entidad desaconsejó el uso de heparina con alcohol bencílico en niños recién nacidos. El Formulario Oficial Farmacoterapéutico lleva la firma de seis funcionarios de la Unidad Nacional de Farmacoterapia de esa institución. 17 de diciembre de 2013: La Unidad de Homicidios de la Fiscalía Auxiliar de la República programó la ratificación del informe de análisis de medicamentos que hicieron peritos del Imelcf a la heparina suministrada a los nueve neonatos fallecidos. 18 de diciembre de 2 014 : La Fiscalía Décima Penal formuló cargos y aplicó la medida cautelar de impedimento de salida del país a un médico y una enfermera por la presunta comisión del delito de homicidio culposo. 1 de enero de 2015: El informe elaborado por el Imelcf y ratificado por una junta médica ampliada, integrada por médicos externos contratados por el Ministerio Público (MP), confirmó que la pérdida de sangre en grandes cantidades tras la aplicación de una mezcla de alcohol bencílico con heparina por funcionarios del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, provocó la muerte de neonatos entre junio y julio de 2 01 3 . 11 de noviembre de 2 01 5 : La Fiscalía Décima de Circuito formuló cargos por homicidio culposo e impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país a Eric Conte, exdirector de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), entidad responsable de autorizar el uso de alcohol bencílico con heparina. 4 de mayo de 2016: La Fiscalía Décima de Circuito solicitó el llamamiento a juicio de nueve personas por la presunta comisión del delito de homicidio culposo. 26 de noviembre de 2 01 6 : Señalan directamente a la Comisión de Medicamentos de la CSS, como responsable del suministro de la heparina con alcohol bencílico. 11 de agosto de 2018: Un equipo multidisciplinario que investigó las muertes de los neonatos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos, de la Sala de Neonatología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, descartó que los decesos se hubieran dado por una infección nosocomial. 23 de junio de 2022: El Juzgado Tercero de Causas Penales absolvió a ocho personas por el fallecimiento de nueve recién nacidos prematuros. 10 de febrero de 2023: El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó una sentencia absolutoria del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales (hoy Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales) declaró culpable al médico Iván Sierra Robles, a la farmacéutica Melia Mebis Mock Sevillano, como autores del delito de homicidio culposo en perjuicio de un grupo de neonatos. 14 de agosto de 2024: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación presentado por la defensa de Iván Sierra Robles y Melia Mebis Mock Sevillano, ambos condenados a 60 meses de prisión por el delito de homicidio culposo. 22 de agosto de 2024: Tras la condena de 60 meses de prisión al neonatólogo los médicos jefes de servicios de diversas instituciones de la CSS están presentando sus cartas de renuncia al cargo de jefatura. 25 de agosto de 2024: Miembros de la comunidad médica, padres de pacientes y familiares del neonatólogo se dieron cita, en la cinta costera, para protestar de forma pacífica contra la condena que recibió el médico Sierra Robles. Flor Mizrachi A. [email protected] Ese sistema que establece que los diputados investigan a los magistrados y viceversa solo garantiza una cosa: la impunidad. Llevamos 34 años de “democracia ”. Y desde 2004, que fue cuando se reformó la Constitución para que no se repitiera el riesgo de que un procurador investigara a un diputado (como pasó en el caso Cemis), no hemos visto a un diputado condenado. A Mario Miller del PRD le revocaron la curul y quedó investigado por el MP, no por la Corte. Y fue antes de 2004. Igual que el diputado Anel Ramírez, del desaparecido Pala. Fue la DEA, El recuento de la tragedia en la sala de Neonatología La muerte de nueve neonatos en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) en 2013 es uno de los episodios más dolorosos en la historia de la salud pública.
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