4A LaPrensa Panamá, miércoles 28 de agosto de 2024 Panorama Tal Cual lRedacción de La Prensa [email protected] ¿CURIOSIDADES? En la política y en los negocios, legales o ilegales, pocas cosas son coincidencia. Por ejemplo, Servicios Múltiples Rama contrató con varias instituciones, entre ellas el MIDA, el MIVI y el Municipio de San Miguelito. En la primera trabajaba el propio Rico Pineda; en el MIVI, su primo Huevín Ruiloba Pineda, que quiso ser diputado pero no lo logró; y el alcalde de San Miguelito era Héctor Valdés Carrasquilla, el tío de ambos. Todo queda en familia. ADIVINANZA. Y la cereza del pastel es que también contrató con la UNACHI. ¿Quién era el diputado que, desde la Comisión de Presupuesto, defendía a capa y espada a la rectora y le concedía todo lo que pedía? VERDADES. Mientras el papá de Rico dice que hablará con las bancadas de la Asamblea para explicar el tema de la Operación Jericó, y le manda mensajes al presidente José Raúl Mulino, a la vez que la Corte sigue sin investigarlo, su hijo está encarcelado en el Centro Penitenciario La Nueva Joya, en el Pabellón C, en una celda de máxima seguridad. Las cosas que tiene la vida. CLÁSICO. Finalmente, la Comisión de Gobierno, que preside alias “Pino en Po t e ”, prohijó el proyecto de ley que aumenta las penas por prevaricato a jueces y fiscales. El padre de la criatura ha tenido que decir que no se trata de una venganza por la condena de su “brother ”. Como dicen: el que se excusa, se ac usa. CALLADITO... Y hablando Municipio de San Migue lito. En la primera traba jaba el propio Rico Pine que quiso ser diputado pe de Camacho, durante la presentación de un proyecto de ley para proteger a grupos vulnerables de la violencia, se lanzó con un discurso sobre educación sexual y de género. La verborrea del diputado fue tal que Crispiano Adames terminó por darle un “t at e quie to”. Con razón, en incidencias, Camacho estaba tan aturdido que no pudo ni diferenciar entre el este y el oeste. Avanza proyecto de ley contra jueces y fiscales El proyecto de ley que propone modificar el artículo 389 del ‘Código Penal’ para extender la figura de prevaricato a fiscales del Ministerio Público, jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ASAMBLEA NACIONAL Eliana Morales Gil [email protected] Luis Eduardo Camacho, diputado del oficialista partido Realizando Metas (RM), logró que sus colegas de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional le dieran luz verde a su propuesta legislativa para ampliar las sanciones a fiscales, jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Durante la sesión que la Comisión de Gobierno celebró ayer martes 27 de agosto, prohijó la propuesta, lo que significa que podrá ser discutida en primer debate. El proyecto de ley de Camacho propone modificar el artículo 389 del Código Penal para extender la figura de prevaricato a fiscales del Ministerio Público, jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa, que fue presentada ante el pleno legislativo el lunes 8 de julio de este año, también contempla aumentar las penas de cuatro a seis años de cárcel para quienes cometan este delito. El artículo 389 del Código Penal define la figura del prevaricato de la siguiente manera: “el apoderado que, mediante acuerdo con la contraparte o por otro medio fraudulento, perjudique la causa que le ha sido confiada o que, en una misma causa, sirva a partes con intereses opuestos, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. Si el autor es defensor de un imputado en un proceso penal, la sanción se aumentará hasta la mitad”. Además de Camacho, la Comisión de Gobierno está integrada por los siguientes diputados: Crispiano Adames y Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático; Didiano Pinilla, de Cambio Democrático; Ariel Vallarino, de RM; Roberto Zúñiga y Luis Cheng, de Vamos; Francisco Brea, del Partido Panameñista; y José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino. La de este martes fue la tercera sesión de la Comisión de Gobierno. Durante la discusión, Camacho dijo que el prevaricato no es una figura que inventa su iniciativa de ley. “Es una figura que incluso existe en nuestro país, pero a diferencia de países con más tradición legislativa y constitucional, en Panamá está tipificado a limitar ese delito cuando los abogados en una parte del proceso se ponen de acuerdo para perjudicar a una de las partes”, añadió. ‘No busca venganza’ Según Camacho su propuesta “no busca venganza”, por el contrario, añadió, busca “fortalecer la democracia ”. Recordó que cuando él presentó la propuesta (8 de julio pasado) “sus enemigos gratuitos ” dijeron la propuesta buscaba castigar a personas (fiscales, jueces y magistrados) que recientemente han tenido actuaciones “ajenas a la ley”. “Cosa que no es cierta”, añadió, pues las normas que se aprueban no tienen carácter retroactivo. El proyecto llegó al pleno legislativo (8 de julio pasado) días después de que el procurador Javier Caraballo destituyó a Zuleyka Moore y Adecio Mojica, quienes desde las fiscalías anticorrupción investigaron casos de alto perfil como Odebrecht y Blue Apple, entre otros. Varios de los procesados en estos casos en la actualidad son cercanos al poder. Camacho es persona cercana al expresidente Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá para evadir su condena a más de 10 años de prisión por el caso New Business. El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, tomó la palabra para explicar que en efecto, el prevaricato es una figura que está muy presente no solo en las situaciones legales no solo del país, sino de toda la región, no obstante, recordó que el capítulo del Código Penal de Panamá, existe el artículo 346. El mismo dice lo siguiente: “El servidor público que, desempeñándose como miembro del Órgano Judicial o del Ministerio Público, autoridad administrativa, árbitro o cualquier cargo que deba decidir un asunto de su conocimiento o competencia, personalmente o por persona interpuesta, acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero, beneficio o ventaja paComisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Isaac Ortega ra perjudicar o favorecer a una de las partes en el proceso, o a consecuencia de haber perjudicado o favorecido a una de ellas, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años”. Propuso que a este artículo se le podría introducir una adición. Roberto Zuñiga, diputado de Vamos, destacó la importancia que esta iniciativa legislativa debe tener en primer debate. “Este proyecto no está escrito en piedra, si hay que mejorarlo se mejora, y si hay que rechazarlo se rechaza”, dijo Camacho. Pero dijo que no quiere “dejarle ninguna ventana abierta”a los abusos en materia de aplicación de la justicia. Después de escuchar los distintos argumentos el proyecto fue prohijado. Contó con el voto favorable de siete de los nueve diputados que estaban en la comisión. Alcalde pide $1.5 millones, por ahora, para el desfile navideño ALCALDÍA DE PANAMÁ Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, presentó ayer martes un acuerdo ante el Concejo de Panamá para la organización del alumbrado y desfile navideño de 2024. El evento, que ha sido una tradición en la ciudad durante los últimos años, contará con un presupuesto de $1,498,000, según indica el documento al que tuvo acceso La Prensa. Durante la sesión del Concejo de Panamá, se decidió que el acuerdo municipal para adquirir los bienes y servicios de ambas actividades pasará a la Comisión de Hacienda, para su discusión y posterior aprobación por los ediles de ese gobierno local. El monto es significativamente menor al utilizado por el anterior alcalde, José Luis Fábrega, en ambas actividades, es decir, el desfile y el alumbrado. Por ejemplo, en 2023, el alumbrado navideño representó un costo de $3.2 millones, mientras que el desfile supuso un gasto de $2.8 millones para el Municipio de Panamá. En total, Fábrega destinó $6 millones entre alumbrado y desfile. En intervenciones anteriores, Mizrachi ha planteado que uno de los principales objetivos para el desfile navideño de este año es “revivir ” la esencia de los desfiles de antaño, con una importante participación de la empresa priva d a . También ha manifestado su intención de llevar el desfile de vuelta a Calle 50, aunque es un tema que aún no se ha definido. El último desfile se realizó en la cinta cos tera. Mayer Mizrachi. Archivo Alma Cortés no logró revertir condena por peculado JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación interpuesto por la exministra de trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés contra la condena impuesta por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de cuatro años de prisión por el delito peculado. A través del edicto No.145, colgado en la sede de la Sala Penal ayer martes se informa que bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López y el aval de las también magistradas Ariadne García y Maribel Cornejo se decidió no admitir el recurso de casación presentado por el abogado Carlos Carrillo, en representación de Cortés. También se negaron los recursos de casación interpuestos por Hernán García Aparicio, Ada Margarita Romero e Iván A. Gantes. La decisión de la Sala Penal se fundamentó en los artículos 2430 y 2439 del Código Penal, en los que se establecen una serie de requisiticos por las cuales los magistrados pueden no admitir un recurso de casación si no se cumple alguno de ellos. Entre ellos figuran que el recurso debe mantener un historia concisa del caso, se determine la causal o causales para revocar la condena, se especifique los motivos, disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido. El proceso, surgido a raíz de una denuncia presentada en julio de 2014, se relaciona con tres reuniones de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, en la que supuestamente asistieron los exfuncionarios del Mitradel. Alma Cortés. Archivo
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