3A LaPrensa Panamá, 25 de agosto de 2024 Panorama Brunch dominical Mónica Palm [email protected] Por siglos, las personas se han preguntado qué vino primero: ¿el huevo o la gallina? ¿Y si hubiese que elegir entre el huevo y la fortuna? En ese caso, en Panamá, todos sabrían que primero vino el huevito... Diputado, convicto, adicto, lavador (de automóviles...), asistente administrativo, limpiador de áreas verdes, vendedor de agua embotellada, ganadero, terrateniente, fanático de clubes colombianos de fútbol... En fin, todo indica que, en algún momento de su vida, Raúl Pineda ha estado haciendo algo de eso. ¿Habría que agregar otro rol a su hoja de vida? Parece que uno de los abogados de su hijo, Rico Pineda —detenido como parte de la operación antidrogas Jericó—, piensa que es “víctima del odio político”. Señalamientos semejantes son irónicamente esgrimidos por personas que no son investigadas por cualquier fiscal ni juzgadas por cualquier tribunal, como el resto de los mortales, sino solo (si acaso...) por la Corte Suprema, como parte de un procedimiento también privilegiado y con base en pruebas especialísimas, cuya obtención, de paso, escapa del campo de lo razonable. Nada de eso corresponde al rol de una víctima; tampoco la suerte que ha tenido el patriarca en las últimas dos décadas. De hecho, su evolución contrasta con la de la mayoría de los electores de su circuito o de las áreas más marginales de San Miguelito. Veamos. Raúl Pineda, según él mismo ha contado, era un “ora - te”, un “piedrero”que había estado preso dos años debido a una condena por lesiones personales; no se había graduado de la escuela ni sabía siquiera prender una computadora. Entonces, hace 24 años —cuando tenía 29 años de edad—co - noció a Arturo Melo, a quien él define como “el empleador más grande de Panamá después del Canal” (curiosamente, desde su hamaca, ese título también lo reclama el nini de la embajada nicaragüense). Melo lo contrató en 1996 como su asistente y su vida cambió. Supuestamente se rehabilitó, estudió (dice que ahora tiene siete títulos universitarios) y hasta adquirió su primera vivienda en San Miguelito, para lo cual pidió un préstamo de $40,000 a la Caja de Ahorros en 2005. Sin embargo, hay algunas líneas borrosas en su historia. Aunque, de acuerdo con su hoja de vida, Pineda trabajó en Empresas Melo hasta el año 2009, en el período 2004-2009 ya devengaba un salario mensual de $1,500 en la Asamblea Nacional, como asistente administrativo en el despacho del entonces diputado Milciades Concepción. Además de tener esos dos trabajos, que difícilmente habría podido cumplir simultáneamente, el naciente hombre orquesta también fue candidato a diputado por el PRD. De hecho, fue denunciado por supuestamente utilizar recursos del Estado en actividades proselitistas. Según la denuncia, no marcaba tarjeta ni asistía a laborar a la Asamblea por estar haciendo campaña. De la denuncia se salvó porque la Asamblea envió una nota certificando que Pineda estaba exento de registrar su asistencia en el sistema electrónico del Legislativo. Y así prácticamente le allanaron el camino hasta la curul. Su primer período como diputado coincidió con el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), con quien tuvo una relación de altas y bajas. Por un lado, en 2012, cuando a su hermana la balearon en el pecho, el entonces presidente de la República se presentó en el hospital y puso su tarjeta de crédito personal para que le brindaran todas las atenciones necesarias. Luego, pagó parte de la cuenta con la partida discrecional de la Presidencia, según contó el propio Pineda. Pero al año siguiente, esa armonía supuestamente se desafinó: circuló el audio de una grabación que se le atribuyó a Pineda, sobre el negociado de votos en las elecciones primarias que entonces llevaba a cabo el PRD. A Pineda casi le cuesta la expulsión del partido; él siempre responsabilizó de eso a Martinelli. Lo cierto es que no parece haber sido revelado hasta ahora cuál es el verdadero cordón umbilical que une a estos dos personajes. Pineda es hoy un personaje que se jacta de no haber sido nombrado —todavía —en una investigación por tráfico de drogas, pero anda con “escoltas”de la Policía Nacional y tiene una pistola Glock que, según él, nunca usa. Dice que Benicio Robinson es su “papá”y que debía estar presidiendo la Asamblea. Su paradero actual se desconoce y ojalá no esté ejerciendo su pasatiempo favorito: viajar a Medellín, donde tiene muchos “amigos ”.“Es mi Disney World”. Incluso hay fotos de él viajando con su familia (Rico incluido), en vuelo comercial o en avión privado. Habrá que ver si ahora en la Corte —que hasta hace poco no vio nada en las actuaciones de Pineda— habrá subido la temperatura tanto como para freír un hue vo. Unas 27 víctimas de accidentes con metrobuses reclaman indemnización Las personas afectadas por accidentes de tránsitoque involucran a operadores de Metro Bus esperan que sus casos lleguen al presidente de la República, José Raúl Mulino, y que puedan ser indemnizadas después de 13 años. TRANSPORTE PÚBLICO Yaritza Mojica [email protected] Magaly Luna lleva diez años esperando una indemnización a raíz de un accidente ocurrido en 2014, en el que estuvo involucrado una unidad de la empresa Metro Bus. Ella y su hijo, que en ese momento tenía diez años, lograron sobrevivir a la tragedia. “El Metro Bus me cerró la puerta cuando pedimos la parada y me iba a bajar con mi hijo. El conductor me cerró la puerta y yo me caí, lastimándome y fracturando piernas y columna”, recordó Luna. El niño no sufrió lesiones físicas, pero sí emocionales y psicológicas, que han tenido que ser tratadas por especialistas, ya que durante todo este tiempo se ha culpado del accidente debido a que ese día salieron a cobrar su beca. Ahora, Luna vive con varios tornillos en su cuerpo, que le sirvieron de soporte, junto con su familia, para levantarse y volver a caminar. El accidente ocurrió en la barriada Torremolino, en Tocumen, distrito de Panamá. En la misma lucha por conseguir su indemnización del Estado se encuentra Albertina Poveda, quien lleva trece años desde que sufrió un atropello en el que estuvieron involucrados dos metrobuses en una“regata ”. Poveda, quien vive en Las Nubes, en Arraiján cabecera, quedó lisiada de su brazo y pierna izquierda. El suceso ocurrió en la Plaza 5 de Mayo, el 12 de mayo de 2012, cuando cruzaba la calle para dirigirse a comprar un regalo de cumpleaños. Ambas mujeres quedaron con lesiones de por vida que les impiden trabajar con todas sus facultades motoras y están luchando para que se les otorgue una indemnización. Tanto Magaly como Albertina comparten sus historias con otras 26 personas que fueron víctimas de accidentes con unidades de Metro Bus entre 2011 y 2015. En total, son 28 personas reconocidas como víctimas por la empresa Mi Bus. Cabe recordar que, en esos años, Transporte Masivo de Panamá, S.A. (TMPSA), que operaba los metrobuses, era administrada por un concesionario de Colombia y que el Estado compró, entre 2015 y 2016, el 100 % de las acciones de la empresa a través de Metro de Panamá, S.A. Actualmente, TMPSA es una empresa estatal operada por Mi Bus. Según Mi Bus, los reclamos fueron generados por hechos de tránsito y caídas dentro de los buses de TMPSA, ocurridos en el período transcurrido entre el 10 de agosto de 2011 y el 7 de agosto de 2015, cuando la empresa estaba bajo administración colombiana. No obstante, tras diversas reuniones de Mi Bus con la Procuraduría de la Administración, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Ministerio de la Presidencia, decidieron contratar los servicios de un consultor externo. La misión de este consultor era“recopilar toda la información que pudiera existir, tanto administrativa como jurisdiccional, con el objeto de emitir un criterio jurídico imparcial en cada uno de los 28 casos”. El 23 de junio de 2022, la junta directiva autorizó al presidente y representante legal de TMPSA a atender aquellos casos en los que exista una resolución administrativa o judicial en firme que declare la responsabilidad del operador o de TMPSA, siempre y cuando la acción de reclamo no se encuentre prescrita. Por su parte, Esperanza Mena, de la Fundación para Las 27 víctimas de accidentes, donde estuvieron involucrados los Metro Bus, protestaron en el gobierno pasado para exigir el pago de sus indemnizaciones. Cor tesía Panamá realizó el tercer vuelo de repatriación de migrantes MIGRACIÓN IRREGULAR Reyna Katiuska Hernández [email protected] El tercer vuelo de repatriación con migrantes irregulares despegó en la mañana de ayer sábado 24 de agosto, desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert de Albrook, en la ciudad de Panamá, con 30 ciudadanos de nacionalidad colombiana. La aeronave de AirPanamá, fletada por el gobierno panameño, efectuó el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, departamento de Antioquia, Colombia. El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer el pasado jueves el calendario de vuelos de deportación y repatriación según el caso que corresponda. Está previsto que el próximo vuelo salga el 29 de agosto hacia Ecuador, luego otro a Colombia el 30 de agosto, y el 3 de septiembre se tramitará uno hacia India con 70 ciudadanos de ese país. El gobierno panameño firmó el 1 de julio un acuerdo con Estados Unidos en el que este país se comprometió a dar apoyo a Panamá para detener el flujo de migrantes irregulares a través de la selva del Darién. De acuerdo con lo que informó, Marlen Piñeiro, agregada regional de Seguridad Interna de Estados Unidos, se continuará coordinando con Panamá más vuelos de deportación y expulsión en el futuro, “pues consideramosqueesunaherramienta efectiva para desalentar la migración irregular y proteger nuestras fronteras ”. Según cifras oficiales, solo en el 2023 la cifra de ingresos migratorios ilegales por Darién fue de 520 mil personas, de las cuales el 60% son de nacionalidad venezolana cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos. El vuelo partió desde el Aeropuerto Marcos A. Gelaberg hacia Colombia. Cortesía de la Presidencia de la República la Protección de Usuarios del Transporte Público, explicó que en total son 27 víctimas las que están solicitando indemnizaciones al Estado a través de Mi Bus. Originalmente eran 28 personas, pero una de ellas desestimó su reclamación al ver transcurrir dos gobiernos (Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo) sin recibir respuesta. Mena recordó que en el gobierno de Varela se compraron las acciones de TMPSA. “Se le pagó a todo el mundo, pero no se indemnizó a las víctimas de los hechos de tránsito, cuyos nombres estaban registrados en la Defensoría del Pueblo, Presidencia de la República y la Procuraduría de la Administración”. Ahora, a través del procurador de la Administración, Rigoberto González, se envió una misiva el pasado 24 de julio al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en la cual las víctimas manifiestan su interés en que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sea informado de esta situación que atraviesan los afectados por los hechos de tránsito relacionados con Mi Bus. Por su parte, Mi Bus, que actualmente es gerenciada por Carlos Sánchez Fábrega, aclara que estos casos deberán ser atendidos por la compañía de seguros con la que TMPSA mantenía el seguro de automóvil en la fecha de estos eventos, y para lo cual contrató dicho seguro. Agregó que cada caso fue comunicado de forma detallada a las personas que se consideran afectadas, y que “TMPSA ha actuado conforme a derecho, realizando un estudio pormenorizado de cada uno de los casos”. Por el momento, ninguna víctima ha recibido ningún pago en concepto de indemnización. Tanto las víctimas como sus familiares esperan que en este gobierno su calvario culmine. Muchos de los afectados no pueden trabajar y sus condiciones de vida cambiaron desde que abordaron un Metro Bus que los dejó impedidos o con una discapacidad. Albertina Poveda, víctima de regata de dos metrobuses. Cor tesía
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