25 de agosto de 2024 - Año 44 - Nº 14756 75¢ Domingo El medio libre de Panamá El ciclo mortal de la narcopolítica El exfiscal de drogas , Patricio Candanedo, analiza la evolución del crimen y sus vínculos con el poder, desde Noriega hasta la operación Jericó. KNOCKOUT Flor Mizrachi Ángel [email protected] El exasesor de drogas en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Patricio Candanedo, señala que, si bien los vínculos entre el narcotráfico y la política no son nuevos, esta tendencia está en aumento. Los casos van desde el exdictador Manuel Antonio Noriega, a finales de la década de 1980, pasando por el legislador de Darién, Anel Ramírez, en 1993, la detención en flagrancia del gobernador de Guna Yala, Erick Martelo Robinson en 2020, hasta la reciente captura del hijo del diputado Raúl Pineda en la operación antidrogas Jericó. VEA 2A Y 4A Desde La Villa de Los Santos Cultura viva en manos de las nuevas generaciones Los niños, vestidos con trajes tradicionales,se aferran a la herencia de sus ancestros en la Semana del Campesino, que se celebró del 12 al 18 de agosto en La Villa de Los Santos. En cada detalle de sus vestimentas y en cada gesto, se siente la historia viva de sus raíces. Acompañados por sus padres, encarnan la esencia profunda y rica de Panamá. Las tradiciones, transmitidas de generación en generación, cobran vida en este evento, donde las sonrisas infantiles, la música y el baile se entrelazan con los valores culturales y la identidad campesina. VEA 5B Alexander Arosemena Hoy por hoy Nuestro Código Judicial es muy claro: todo servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, descubra de alguna manera la comisión de un delito debe denunciarlo ante la autoridad competente. Por lo tanto, las denuncias que hasta ahora han llegado al Ministerio Público, como las relacionadas con los locales comerciales de Miambiente, no son solo un deber ético, sino también legal, dado que involucran dinero público. Así, aunque pudiera parecer una obviedad que el presidente de la República, José Raúl Mulino, invite a los funcionarios a cumplir con su obligación de informar a la entidad encargada de investigar y perseguir los delitos, un llamado de este tipo nunca está de más. Si efectivamente es cierto que, al levantar la alfombra, se encuentran negociados, coimas, botellas y planillas 'cashback', entonces actuar en consecuencia es un imperativo. Más aún, si las investigaciones de autoridades que abordan casos como la operación Jericó indican una posible fuga de información, ya es momento de que esos funcionarios también actúen y depuren las “manzanas podridas”que tienen conexiones en el poder y las mafias. Deportes Panamá está lista para competir 1B Panorama Panamá realizó el tercer vuelo de repatriación de migrantes 3A Vivir+ Hipertensión pulmonar: una historia de fe y esperanza 4B Panorama La silla vacía de Raúl Pineda 2A Isaac Ortega Gobierno local contrataba a empresa ligada a Jericó Durante el quinquenio del alcalde Héctor Valdés C. (2019-2024), el Municipio de San Miguelito pactó al menos 17 contratos con Servicios Múltiples Rama, S.A., la sociedad ligada a Abraham Rico Pineda, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la operación Jericó. En esta investigación se han formulado cargos a unas 25 personas. VEA 2A Víctimas de accidentes de tránsito exigen indemnización Magaly Luna y Albertina Poveda, víctimas de accidentes con metrobuses, llevan años esperando una indemnización por las lesiones que les dejaron impedidas para trabajar. A pesar de la compra de Transporte Masivo de Panamá, S.A., por el Estado y múltiples reuniones con autoridades, ninguna de las 27 víctimas reconocidas ha recibido indemnización, y los afectados continúan luchando por justicia. VEA 3A a.v/0000000
2A LaPrensa Panamá, domingo 25 de agosto de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom La silla vacía de Raúl Pineda Su curul en el hemiciclo legislativola ocupa su suplente, Joana Cedeño. Tampoco acompañó a su hijo, Abraham Rico Pineda, en la audiencia múltiple donde se le formularon cargos por la supuesta comisión de blanqueo de capitales. OPERACIÓN JERICÓ Eliana Morales Gil [email protected] Desde que estalló el escándalo producto de la operación Jericó, Raúl Pineda, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), desapareció de la esfera pública. Su silla en las distintas comisiones legislativas en las que participa ha quedado vacía. No acudió a la Comisión de Presupuesto ni a la de Credenciales, a pesar de que estos dos organismos gestionaron tareas relevantes en los últimos días. Su curul en el hemiciclo legislativo la ocupa su suplente, Joana Cedeño. Tampoco acompañó a su hijo, Abraham Rico Pineda Tejada, de 31 años, en la audiencia múltiple donde se le formularon cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales y quedó detenido provisionalmente mientras se investiga el caso. Ese día (miércoles 21 de agosto) sí estuvo presente su esposa, Isis De León, quien se sentó en la tercera fila del lado izquierdo de la sala. A su lado se encontraba Maybel Araúz, pareja de Abraham Rico Pineda. No obstante, el diputado ha publicado dos comunicados sobre el tema: en el primero, anunció que su hijo se entregaría; en el segundo, lo hizo público cuando llegó a las oficinas del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora. También, el pasado viernes 23 de agosto publicó un post con una referencia al personaje bíblico Job: “por más difíciles que estén las cosas, continúa confiando”, dice. Pese a la supuesta conexión de su hijo con el crimen organizado, Pineda tiene el apoyo de su otra familia: la cúpula del PRD, directiva a la que pertenece. Es el tercer subsecretario del colectivo político. En un comunicado divulgado el pasado miércoles, el PRD abogó porque se “res - petenplenamentelasgarantías procesales de todas las personas involucradas en cualquier investigación, independientemente de su afiliación política o estatus”. También pidieron a las autoridades y a la sociedad en general “no hacer juicios anticipados y mediáticos que puedan socavar el derecho a una defensa justa y legítima”. “Estamos convencidos de que la verdad y la justicia prevalecerán”, añadieron en la parte final del comunicado. Pineda tiene el espaldarazo directo del presidente del PRD, Benicio Robinson, diputado que en este caso considera que “es simplemente una investigación” en la que más adelante se determinará quién tiene la razón. AAbrahamRicoPinedase le acusa de blanquear dinero para una organización criminal que introducía droga desde Colombia a través de las trochas de la selva del Darién, para luego transportarla hasta la frontera con Costa Rica. El hijo y el padre En la trama, el diputado habría tenido una importante participación. De acuerdo con las conversaciones telefónicas que le fueron interceptadas a Rico Pineda, su padre estuvo a su lado cuando se coordinó la entrega de casi $90 mil a un colombiano de nombre Pablo. “Monstruo, estoy aquí con mi papá (...) nosotros entregamos los 90 (...)”. También dijo que ese dinero llegaría a Colombia a través de Token, una herramienta que digitaliza a través de un código un activo, ya sea dinero corriente, criptomonedas u otros valores para transferirlos o venderlos. Según el fiscal, las redes criminales usan este mecanismo para enviar dinero. Rico Pineda entregó el dinero a Jonathan Parra en una bolsa blanca, pero el hombre fue interceptado por la Policía Nacional, frente a Raenco, en la vía Transístmica. El dinero fue sometido a una prueba de ion scan y resultó positivo para sustancias ilícitas. Parra llegó a un acuerdo de pena con las autoridades y confesó que la plata es producto del blanqueo de capitales. Pero Víctor Orobio, Ángel Álvarez y Javier Franco, sus abogados argumentan que el dinero era para el pago de una construcción y unos planos. La Corte y el fallo La Corte Suprema de Justicia, en un fallo del pasado 11 de julio, con la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, decidió no investigar a Pineda en este caso por falta de prueba idónea. Los magistrados de la Corte también observaron que el Ministerio Público no envió la transcripción de los audios de las escuchas telefónicas realizadas durante la fase de investigación preliminar, en las que se pudiera advertir la participación del aforado respecto a la posible comisión de un delito. La sentencia surgió a raíz de que el Ministerio Público (MP) informó a la Corte sobre los audios del hijo del diputado que involucran a su padre. Como el MP no puede investigar al diputado, lo llaman: Hombre No Identificado. Sin embargo, si el MP envía más elementos del caso a la Corte, el escenario podría tomar otro curso: ¿investigarán al diputado o seguirá siendo intocable? En el quinquenio 2019-2024, época en la que el PRD tenía el control del país, Pineda, con su sombrero de presidente de la Comisión de Credenciales, cerró todos los casos pendientes que tenían los magistrados de la Corte. Así permaneció esta semana la curul del diputado de San Miguelito. Isaac Ortega Raúl Pineda. Archivo San Miguelito tramitó 17 contratos con empresa vinculada a Rico Pineda Andrea Salcedo Llaurado [email protected] El Municipio de San Miguelito negoció al menos 17 contratos con Servicios Múltiples Rama, S.A., la sociedad ligada a Abraham Rico Pineda, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la operación Jericó. La suma de los contratos entre el Municipio de San Miguelito y la empresa ligada al hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en ese circuito, Raúl Pineda, asciende a $292,167.30, en el quinquenio 2019-2024. La mayoría corresponde al periodo en el que Héctor Valdés Carrasquilla era el alcalde de ese distrito. Valdés también milita en el PRD. La información fue obtenida del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos de la Contraloría General de la República. Una de las compras fue la de canastillas de bebé y mascarillas durante la pandemia, e insumos de limpieza como clorox“para donar a la Policía Nacional”. Todo esto tenía un valor de $19,258.76. Servicios Multiples Rama, ubicada en la urbanización Los Angeles, Betania. Archivo Miambiente presenta querella por alquiler irregular de locales FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Yaritza Mojica [email protected] Una querella fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) debido al alquiler de dos locales comerciales que fueron arrendados durante tres años por esta entidad, en los cuales se desembolsaron $68,580 en concepto de contratos y nunca fueron utilizados. La querella fue presentada por el equipo legal de Miambiente el pasado 19 de agosto. Los contratos de arrendamiento, pagados en su totalidad a un solo propietario, comprenden un período de tres años, desde 2021 hasta 2023, cuando Milciades Concepción fungía como ministro. Los dos locales comerciales alquilados fueron equipados con todo el mobiliario, incluidas sillas, mesas de oficina y aires acondicionados nuevos, pero nunca fueron utilizados. Miambiente señaló que, al conocerse esta situación irregular, el equipo legal preparó y presentó ante el Ministerio Público (MP) la demanda correspondiente contra quien resulte responsable, a fin de que se realicen las investigaciones y se compruebe el delito contra la administración pública en perjuicio de la entidad ambiental. La entidad, dirigida por Juan Carlos Navarro, informó que seguirá presentando las demandas correspondientes contra quienes resulten responsables por situaciones irregulares como esta, ante el MP y que ya ha tomado todas las medidas correctivas para utilizar de manera eficiente, legal y transparente todos los recursos de la institución. Hay que recordar que en su conferencia de prensa semanal del pasado 15 de agosto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que instruyó a miOficinas alquiladas por Miambiente que, según las nuevas autoridades, nunca fueron utilizadas. Cor tesía Otra orden de compra menciona que Servicios Múltiples Rama debía adquirir colchones para mantener en inventario, “en respuesta de urgencias que se requieran en los corregimientos”. Por los colchones, el municipio estaba dispuesto a pagar $9,594.45. A Servicios Múltiples Rama también se le otorgaron contratos para el mantenimiento, poda, corte y recolección en los corregimientos de Mateo Iturralde, Omar Torrijos, Brisas del Golf y Villa Lucre. La empresa estaba supuesta a prestar estos servicios por $102, 476.16. En tanto, por el mantenimiento y limpieza de áreas verdes del Complejo Deportivo Torrijos Carter y por proporcionar materiales para “la mejora de la junta comunal del corregimiento Belisario Porras”pretendía cobrar $9,522 y $4,968, respectivamente. Le otorgaron contratos para alquilar cuatro palas mecánicas y cuatro camiones por $65,943.93, para un operativo denominado “Verano sin basura”, que se llevó a cabo entre el 21 de febrero y el 1 de marzo de 2019, cuando Gerald Cumberbatch era el alcalde de San Miguelito. El municipio también alquiló cuatro palas mecánicas para recoger basura en los corregimientos Omar Torrijos, Victoriano Lorenzo y Amelia Denis de Icaza, por $38,880. Hasta el momento, La Prensa desconoce si Servicios Múltiples Rama prestó los servicios para los que fue contratada por el Estado. nistros y funcionarios para que formalicen las denuncias de corrupción ante el Ministerio Público, porque han encontrado en distintas instituciones negociados, coimas, botellas y planillas ‘cashback’. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A LaPrensa Panamá, 25 de agosto de 2024 Panorama Brunch dominical Mónica Palm [email protected] Por siglos, las personas se han preguntado qué vino primero: ¿el huevo o la gallina? ¿Y si hubiese que elegir entre el huevo y la fortuna? En ese caso, en Panamá, todos sabrían que primero vino el huevito... Diputado, convicto, adicto, lavador (de automóviles...), asistente administrativo, limpiador de áreas verdes, vendedor de agua embotellada, ganadero, terrateniente, fanático de clubes colombianos de fútbol... En fin, todo indica que, en algún momento de su vida, Raúl Pineda ha estado haciendo algo de eso. ¿Habría que agregar otro rol a su hoja de vida? Parece que uno de los abogados de su hijo, Rico Pineda —detenido como parte de la operación antidrogas Jericó—, piensa que es “víctima del odio político”. Señalamientos semejantes son irónicamente esgrimidos por personas que no son investigadas por cualquier fiscal ni juzgadas por cualquier tribunal, como el resto de los mortales, sino solo (si acaso...) por la Corte Suprema, como parte de un procedimiento también privilegiado y con base en pruebas especialísimas, cuya obtención, de paso, escapa del campo de lo razonable. Nada de eso corresponde al rol de una víctima; tampoco la suerte que ha tenido el patriarca en las últimas dos décadas. De hecho, su evolución contrasta con la de la mayoría de los electores de su circuito o de las áreas más marginales de San Miguelito. Veamos. Raúl Pineda, según él mismo ha contado, era un “ora - te”, un “piedrero”que había estado preso dos años debido a una condena por lesiones personales; no se había graduado de la escuela ni sabía siquiera prender una computadora. Entonces, hace 24 años —cuando tenía 29 años de edad—co - noció a Arturo Melo, a quien él define como “el empleador más grande de Panamá después del Canal” (curiosamente, desde su hamaca, ese título también lo reclama el nini de la embajada nicaragüense). Melo lo contrató en 1996 como su asistente y su vida cambió. Supuestamente se rehabilitó, estudió (dice que ahora tiene siete títulos universitarios) y hasta adquirió su primera vivienda en San Miguelito, para lo cual pidió un préstamo de $40,000 a la Caja de Ahorros en 2005. Sin embargo, hay algunas líneas borrosas en su historia. Aunque, de acuerdo con su hoja de vida, Pineda trabajó en Empresas Melo hasta el año 2009, en el período 2004-2009 ya devengaba un salario mensual de $1,500 en la Asamblea Nacional, como asistente administrativo en el despacho del entonces diputado Milciades Concepción. Además de tener esos dos trabajos, que difícilmente habría podido cumplir simultáneamente, el naciente hombre orquesta también fue candidato a diputado por el PRD. De hecho, fue denunciado por supuestamente utilizar recursos del Estado en actividades proselitistas. Según la denuncia, no marcaba tarjeta ni asistía a laborar a la Asamblea por estar haciendo campaña. De la denuncia se salvó porque la Asamblea envió una nota certificando que Pineda estaba exento de registrar su asistencia en el sistema electrónico del Legislativo. Y así prácticamente le allanaron el camino hasta la curul. Su primer período como diputado coincidió con el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), con quien tuvo una relación de altas y bajas. Por un lado, en 2012, cuando a su hermana la balearon en el pecho, el entonces presidente de la República se presentó en el hospital y puso su tarjeta de crédito personal para que le brindaran todas las atenciones necesarias. Luego, pagó parte de la cuenta con la partida discrecional de la Presidencia, según contó el propio Pineda. Pero al año siguiente, esa armonía supuestamente se desafinó: circuló el audio de una grabación que se le atribuyó a Pineda, sobre el negociado de votos en las elecciones primarias que entonces llevaba a cabo el PRD. A Pineda casi le cuesta la expulsión del partido; él siempre responsabilizó de eso a Martinelli. Lo cierto es que no parece haber sido revelado hasta ahora cuál es el verdadero cordón umbilical que une a estos dos personajes. Pineda es hoy un personaje que se jacta de no haber sido nombrado —todavía —en una investigación por tráfico de drogas, pero anda con “escoltas”de la Policía Nacional y tiene una pistola Glock que, según él, nunca usa. Dice que Benicio Robinson es su “papá”y que debía estar presidiendo la Asamblea. Su paradero actual se desconoce y ojalá no esté ejerciendo su pasatiempo favorito: viajar a Medellín, donde tiene muchos “amigos ”.“Es mi Disney World”. Incluso hay fotos de él viajando con su familia (Rico incluido), en vuelo comercial o en avión privado. Habrá que ver si ahora en la Corte —que hasta hace poco no vio nada en las actuaciones de Pineda— habrá subido la temperatura tanto como para freír un hue vo. Unas 27 víctimas de accidentes con metrobuses reclaman indemnización Las personas afectadas por accidentes de tránsitoque involucran a operadores de Metro Bus esperan que sus casos lleguen al presidente de la República, José Raúl Mulino, y que puedan ser indemnizadas después de 13 años. TRANSPORTE PÚBLICO Yaritza Mojica [email protected] Magaly Luna lleva diez años esperando una indemnización a raíz de un accidente ocurrido en 2014, en el que estuvo involucrado una unidad de la empresa Metro Bus. Ella y su hijo, que en ese momento tenía diez años, lograron sobrevivir a la tragedia. “El Metro Bus me cerró la puerta cuando pedimos la parada y me iba a bajar con mi hijo. El conductor me cerró la puerta y yo me caí, lastimándome y fracturando piernas y columna”, recordó Luna. El niño no sufrió lesiones físicas, pero sí emocionales y psicológicas, que han tenido que ser tratadas por especialistas, ya que durante todo este tiempo se ha culpado del accidente debido a que ese día salieron a cobrar su beca. Ahora, Luna vive con varios tornillos en su cuerpo, que le sirvieron de soporte, junto con su familia, para levantarse y volver a caminar. El accidente ocurrió en la barriada Torremolino, en Tocumen, distrito de Panamá. En la misma lucha por conseguir su indemnización del Estado se encuentra Albertina Poveda, quien lleva trece años desde que sufrió un atropello en el que estuvieron involucrados dos metrobuses en una“regata ”. Poveda, quien vive en Las Nubes, en Arraiján cabecera, quedó lisiada de su brazo y pierna izquierda. El suceso ocurrió en la Plaza 5 de Mayo, el 12 de mayo de 2012, cuando cruzaba la calle para dirigirse a comprar un regalo de cumpleaños. Ambas mujeres quedaron con lesiones de por vida que les impiden trabajar con todas sus facultades motoras y están luchando para que se les otorgue una indemnización. Tanto Magaly como Albertina comparten sus historias con otras 26 personas que fueron víctimas de accidentes con unidades de Metro Bus entre 2011 y 2015. En total, son 28 personas reconocidas como víctimas por la empresa Mi Bus. Cabe recordar que, en esos años, Transporte Masivo de Panamá, S.A. (TMPSA), que operaba los metrobuses, era administrada por un concesionario de Colombia y que el Estado compró, entre 2015 y 2016, el 100 % de las acciones de la empresa a través de Metro de Panamá, S.A. Actualmente, TMPSA es una empresa estatal operada por Mi Bus. Según Mi Bus, los reclamos fueron generados por hechos de tránsito y caídas dentro de los buses de TMPSA, ocurridos en el período transcurrido entre el 10 de agosto de 2011 y el 7 de agosto de 2015, cuando la empresa estaba bajo administración colombiana. No obstante, tras diversas reuniones de Mi Bus con la Procuraduría de la Administración, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Ministerio de la Presidencia, decidieron contratar los servicios de un consultor externo. La misión de este consultor era“recopilar toda la información que pudiera existir, tanto administrativa como jurisdiccional, con el objeto de emitir un criterio jurídico imparcial en cada uno de los 28 casos”. El 23 de junio de 2022, la junta directiva autorizó al presidente y representante legal de TMPSA a atender aquellos casos en los que exista una resolución administrativa o judicial en firme que declare la responsabilidad del operador o de TMPSA, siempre y cuando la acción de reclamo no se encuentre prescrita. Por su parte, Esperanza Mena, de la Fundación para Las 27 víctimas de accidentes, donde estuvieron involucrados los Metro Bus, protestaron en el gobierno pasado para exigir el pago de sus indemnizaciones. Cor tesía Panamá realizó el tercer vuelo de repatriación de migrantes MIGRACIÓN IRREGULAR Reyna Katiuska Hernández [email protected] El tercer vuelo de repatriación con migrantes irregulares despegó en la mañana de ayer sábado 24 de agosto, desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert de Albrook, en la ciudad de Panamá, con 30 ciudadanos de nacionalidad colombiana. La aeronave de AirPanamá, fletada por el gobierno panameño, efectuó el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, departamento de Antioquia, Colombia. El presidente de la República, José Raúl Mulino, dio a conocer el pasado jueves el calendario de vuelos de deportación y repatriación según el caso que corresponda. Está previsto que el próximo vuelo salga el 29 de agosto hacia Ecuador, luego otro a Colombia el 30 de agosto, y el 3 de septiembre se tramitará uno hacia India con 70 ciudadanos de ese país. El gobierno panameño firmó el 1 de julio un acuerdo con Estados Unidos en el que este país se comprometió a dar apoyo a Panamá para detener el flujo de migrantes irregulares a través de la selva del Darién. De acuerdo con lo que informó, Marlen Piñeiro, agregada regional de Seguridad Interna de Estados Unidos, se continuará coordinando con Panamá más vuelos de deportación y expulsión en el futuro, “pues consideramosqueesunaherramienta efectiva para desalentar la migración irregular y proteger nuestras fronteras ”. Según cifras oficiales, solo en el 2023 la cifra de ingresos migratorios ilegales por Darién fue de 520 mil personas, de las cuales el 60% son de nacionalidad venezolana cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos. El vuelo partió desde el Aeropuerto Marcos A. Gelaberg hacia Colombia. Cortesía de la Presidencia de la República la Protección de Usuarios del Transporte Público, explicó que en total son 27 víctimas las que están solicitando indemnizaciones al Estado a través de Mi Bus. Originalmente eran 28 personas, pero una de ellas desestimó su reclamación al ver transcurrir dos gobiernos (Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo) sin recibir respuesta. Mena recordó que en el gobierno de Varela se compraron las acciones de TMPSA. “Se le pagó a todo el mundo, pero no se indemnizó a las víctimas de los hechos de tránsito, cuyos nombres estaban registrados en la Defensoría del Pueblo, Presidencia de la República y la Procuraduría de la Administración”. Ahora, a través del procurador de la Administración, Rigoberto González, se envió una misiva el pasado 24 de julio al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en la cual las víctimas manifiestan su interés en que el presidente de la República, José Raúl Mulino, sea informado de esta situación que atraviesan los afectados por los hechos de tránsito relacionados con Mi Bus. Por su parte, Mi Bus, que actualmente es gerenciada por Carlos Sánchez Fábrega, aclara que estos casos deberán ser atendidos por la compañía de seguros con la que TMPSA mantenía el seguro de automóvil en la fecha de estos eventos, y para lo cual contrató dicho seguro. Agregó que cada caso fue comunicado de forma detallada a las personas que se consideran afectadas, y que “TMPSA ha actuado conforme a derecho, realizando un estudio pormenorizado de cada uno de los casos”. Por el momento, ninguna víctima ha recibido ningún pago en concepto de indemnización. Tanto las víctimas como sus familiares esperan que en este gobierno su calvario culmine. Muchos de los afectados no pueden trabajar y sus condiciones de vida cambiaron desde que abordaron un Metro Bus que los dejó impedidos o con una discapacidad. Albertina Poveda, víctima de regata de dos metrobuses. Cor tesía
4A LaPrensa Panamá, domingo 25 de agosto de 2024 Panorama Patricio Candanedo ‘Narcotráfico: la tendencia va creciendo’ El ex fiscal de drogas y asesor en materia de drogas en el departamento de Justicia de Estados Unidose xplica cómo ha crecido ese flagelo y lo grave que es que sigamos mirando para otro lado. Knockout Flor Mizrachi Angel [email protected] ¿Qué tan penetrada está la política por el narcotráfico? Tiene cada vez más células establecidas en la política y en los tres estamentos de seguridad (Policía, Senafront y Senan), en Aduanas, Migración, la Asamblea, en ministerios y en las juntas directivas de los partidos. Hay penetración en puestos clave en las zonas costeras, Chiriquí, Darién, los puertos y aeropuertos. Los Wikileaks lo advertían desde 2010. ¿Por qué, pese a las advertencias públicas, nadie denuncia esto? El problema es que son secretos a voces, pero no hay pruebas. Hay información e inteligencia, pero no evidencias, porque estos grupos tienen una importante capacidad de coordinación y estrategia. Diga cómo es la narcopolítica aquí. Ha ido mutando. Empezó con narcos buscando el padrinazgo de las autoridades para facilitar sus operaciones y recibir información que les permitiera evadir controles. Luego empezaron a financiar campañas que representaban sus intereses, para fortalecer su operación. Y en la siguiente etapa -en la que estamos hoy- se metieron ellos mismos, comprando votos para ganar elecciones y controlar las regiones sin tener que depender de nadie. Y financiando pandillas, sus correligionarios en sus áreas de competencia. Entoncestenemosalospolíticosque son financiados por narcotraficantes, y a los narcos que se meten a políticos… Así es. Y hoy, están en franco crecimiento los narcos que se insertan en la política. Que no les interesa la política, pero que la usan como mecanismo para enmascarar sus actividades. Hay narcopolíticos, narco empresarios con perfil más bajo, y narco funcionarios. De todo hay aquí. Áreas más permeadas de la economía. Bienes inmuebles, fincas, ganadería y construcción. ¿Qué tan profundo es el problema? Muy. Y muy complejo. Desmantelas una célula y surgen dos o tres, porque ellos son más dinámicos que las autoridades. Falta capacitación, coordinación y cohesión de las autoridades para lograr un mejor resultado. ¿Cómo funciona hoy el tema? Por ejemplo, en el aeropuerto le pagan al de seguridad aeroportuaria para que no intercepte la carga, el servicio aéreo nacional, la aduana, narcóticos de la Policía. A todos los alinean para que, carga que llega, carga que no tocan. ¿En el caso de los puertos? Exactamente igual. Penetran la seguridad. Con la diferencia de que ahí es aún más complejo, porque requiere sincronización con el que tiene el control del tráfico de contenedores, los que manejan las grúas y las cámaras, etc. Un ejemplo emblemático de narcopolítica en Panamá. La Operación Océanos Gemelos, dirigida por Pablo Rayo Montaño. Movían la droga de Colombia a Panamá, y tenían control de las costas de Colón. Rayo Montaño financiaba campañas a través de terceros tanto de candidatos de oposición como de gobierno en 2004 en Colón. Para quedar bien con el que ganara. ¿Usted no salió como fiscal por eso? Sí. Me ofrecieron irme a Chiriquí a ver homicidios y mirar para otro lado y olvidarme del caso. Y me tocó renunciar. O sea, ¿el MP estaba infiltrado? Digamos que se hicieron coordinaciones para que yo fuera trasladado. ¿Qué otro caso de narcopolítica marcó un antes y un después? El primer caso entre diputados. Fue Anel Ramírez, de Darién, detenido en 1993 en Miami; se le acusó de tráfico de 150 kilos a través de tucas de madera. Fue condenado y luego regresó a Darién como dirigente de los taladores de madera. Se dice que en la Asamblea pasada había seis narcodiputados. ¿Le suena? Sí. Y la tendencia va creciendo. De hecho, ahora hay un diputado, Isaac Mosquera, del Molirena, con dos procesos pendientes por narcotráfico. Así es. Pero hay otros más. ¿A qué diputados o políticos debe uno pelarles el ojo en este tema? A los que hacen gala de enriquecimiento anormal y que tienen un círculo de mala reputación. Siendo Panamá un país pequeño, sí aplica el “dime con quién andas y te diré quién eres”. ¿Por qué ha sido tan difícil fiscalizar correctamente los registros de donantes de las campañas? Las medidas de control tienen que fortalecerse. Las donaciones deben ir acorde no solo a lo que declaran sino a lo que demuestran. Entiendo que falta personal, pero en eso es lo que hay que invertir. ¿Quiéntienemáscomplicidadenel lavado de dinero del narcotráfico: los abogados, los bancos, los bienes raíces o las autoridades complacientes? Todos tienen algo que ver, dependiendo de los requerimientos de la operación. Y el agente residente contable, también. ¿Cuándo empezó la narcopolítica? Bueno, Noriega fue investigado, procesado y condenado. Y en 1993, el diputado de Darién. Y desde entonces hemos visto casos como el del gobernador de Guna Yala agarrado in fraganti con coca en el carro, y ahora el del hijo de Pineda. ¿Cuándo empezó la narcopolítica a recrudecerse en Panamá? Antes los partidos tenían filtros para decidir quiénes iban a representarlos en las urnas. Con los años los diputados empezaron a tomar control de las directivas de los partidos, y eliminaron los filtros. Filtros que existían, aunque fueran imperfectos, porque por ejemplo, ahí se coló la donación de Castrillón Henao en la campaña de Pérez B. En efecto, así fue. ¿Cuál es la falla de los partidos en esto? No hacer el due diligence. Poner a correr a los que más plata y popularidad tienen, no a los de mejores propuestas. En la elección de 2024 hubo candidatos detenidos y asesinados. Ya no son casos aislados. Y por eso hay que tener los ojos abiertos. Porque esa puerta ya se abrió y si uno la usó, muchos otros van a querer usarla. ¿Las candidaturas independientes se salvan de la narcopolítica o tampoco? No tengo certeza, pero esto no es exclusivo de un partido o de otro. Están en todos lados y con cada vez más fuerza. Diferencia entre los casos que usted manejó como fiscal y los de ahora. En mi época se veía más financiamiento de candidatos. Hoy se ve más participación del narcotráfico a través de los candidatos directamente. Y en cada elección se ven más involucrados. ¿Cuánta influencia del narcotráfico hay en los cuerpos de seguridad? Es esencial, porque son los que tienen el control de las fronteras, puertos y aeropuertos. Y el narcotráfico necesita romper esas barreras a punta de corrupción para mantener su negocio. Por dicha, todavía hay unidades con moral. Entidad de seguridad más penetrada. Todas, pero se refleja más en la Policía porque es la más grande. Aunque esas entidades han intentado autodepurarse. En general, ¿cómo más participan los funcionarios en estos delitos? Pasan información de los procesos legales, lo que les permite estar un paso delante de la justicia. Les avisan dónde no habrá controles. Contratan escoltas de funcionarios para darles información privilegiada…les avisan de los operativos para que huyan. Son muchas maneras. Pero para que veas la dimensión, en los últimos tres años en cada gran operación han caído al menos tres funcionarios. ¿Cuál es el peligro de la narcopolítica? Que la ciudadanía espera la protección del funcionario, y este está trabajando a favor de los criminales. Es muy peligroso. ¿Quién representa al ciudadano al final? En la Asamblea suena más: ¿por qué? Porque es el órgano que más se relaciona con la sociedad. Del que más esperan. ¿Cómo se reflejan los efectos de la narcopolítica en Darién? El problema allá es grave. Primero, porque están al lado de la zona que más coca produce en el mundo. Segundo, porque las organizaciones criminales están muy bien estructuradas. Y tercero, porque con complicidad de los funcionarios usan a los migrantes para pasar la droga. ¿Por qué es tan difícil investigar a diputados por narcotráfico? Es casi imposible. Por el fuero y porque pocas veces intervienen ellos mismos. Y tres, el MP no los puede investigar… Sí, lo tiene que hacer la Corte. El problema es que cuando el MP remite las denuncias a la Corte, las devuelven por falta de prueba idónea. Pero cuando mandan la investigación más avanzada, dicen que investigaron de más sin autorización y tumban el caso. Es difícil que funcione. ¿Dónde está la falla del sistema, ahí? Son varias. Uno, la Corte no debería investigar a los diputados que luego pueden abrirles a ellos mismos casos en Credenciales. Segundo, la Corte no es un ente investigativo, sino uno que juzga. Es un craso error atribuirle esa facultad, porque no tiene las herramientas para investigar, y menos el crimen organizado. Y tres, la prueba idónea, que es tan subjetiva en su valoración que se presta para la impunidad y para que nada pase. ¿Qué piensa de que Shirley Castañeda presida Credenciales siendo abogada de Martinelli y Cholo Chorrillo? No parece ecuánime ni transparente. Efecto de la narcopolítica en el país. Si al político le va bien con la actividad criminal, se vuelve un modelo a seguir para los ciudadanos. Y al político no le preocupan sus electores, porque él no depende de ellos sino de su actividad criminal. ¿Tienen las autoridades la capacidad de investigar la narcopolítica? Sí. Pero falta más voluntad real y sincronización de los entes. ¿Qué le parece que un prófugo (el hijo de Pineda) haya conseguido audiencia en dos días, cuando hay detenidos que esperan meses para tenerla? Llama poderosamente la atención. Y habla de la selectividad de la justicia. ¿Qué le pareció el comunicado del PRD sobre el caso del hijo de Pineda? Absolutamente insulso. Los gobiernos abandonan a las comunidades y las bandas llenan ese vacío,porejemplo,coneldeporte. ¿Otro acuerdo entre ellos? En eso no creo. Pero esa desidia y abandono, lo han llenado ellos a punta de clientelismo y compra de adeptos. ¿Cuántos rascacielos, mansiones de playa y caballos de paso han sido pagados por el narcotráfico aquí? Muchos, sin duda. El narcotráfico, para legitimar capitales, usa muchos rubros. Fincas, mansiones, apartamentos, industrias y locales comerciales. ¿Se debe seguir persiguiendo el tráfico de marihuana? Sí, pero posesión para consumo no. Al final los adictos son enfermos. ¿Qué le recomendaría al presidente Mulino sobre este tema? Profundizar la coordinación entre los cuerpos de seguridad, el MP y el Judicial, y priorizar la prevención social a través de los colegios y el deporte. ¿Qué podrían hacer los ciudadanos? Servir de ojos y oídos de los estamentos de seguridad y elegir mejor en las urnas. Al final, las cuotas de poder que tienen se las hemos dado nosotros mismos. Archivo - LP “En mi época se veía más financiamiento de candidatos. Hoy se ve más participación del narcotráfico a través de los candidatos directamente”. Perfil Abogado penalista especialista en drogas, legitimación de capitales y criminalidad organizada transnacional. Fue fiscal de drogas y asesor en materia de drogas en el departamento de Justicia de Estados Unidos.
5A LaPrensa Panamá, 25 de agosto de 2024
6A LaPrensa Panamá, domingo 25 de agosto de 2024 —Tu opinión nos interesa [email protected] Economía &Negocios EMBALSE GATÚN EMBALSE ALHAJUELA 85.66 pies 216.39 pies Nivel de aguas mínimo - 75 pies Nivel de aguas mínimo - 190 pies 77 83 87 195 205 215 Infografía: LP - Fuente: ACP Niveles de lagos afluentes del Canal Minera Panamá recortó horas de trabajo en Donoso El plan de PGS presentado por la empresadetalla una serie de acciones vinculadas a la preservación del tajo abierto, como monitoreo geotécnico, control de drenaje y erosión, entre otros. MINERA Alex E. Hernández Especial para La Prensa [email protected] El jueves 15 de agosto, Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, comenzó su plan de recorte de horas de trabajo en el proyecto Cobre Panamá, ubicado en la concesión de 13,000 hectáreas en las montañas de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón. De acuerdo con John Dean, gerente general de Cobre Panamá, la decisión responde al incumplimiento del pasado gobierno en aprobar el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) como se comprometió en marzo pasado. “Al no haberse ejecutado aún las actividades que permitirían el autofinanciamiento de dicho plan, la empresa se ha visto en la necesidad de tomar esta medida. El PGS tiene un costo aproximado de entre 15 millones y 20 millones de dólares mensuales y, hasta el momento, Cobre Panamá ha estado cubriendo la totalidad de estos gastos”, explicó Dean. Luego de que los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitieron un fallo de inconstitucionalidad que concluyó que el contrato firmado por la administración de Laurentino Cortizo y Minera Panamá violaba 25 artículos de la Constitución, Cobre Panamá se ha sostenido un proceso de mantenimiento de equipos, maquinarias y zonas de protección ambiental. Ante la pregunta de si la reducción en las horas de trabajo podría afectar los trabajos relacionados con el cuidado del medio ambiente, Dean respondió afirmativamente. “Hay varias actividades clave recomendadas para la gestión segura y ambientalmente responsable del sitio que aún están pendientes de implementarse, y hemos tenido que continuar disminuyendo el nivel de actividad en el sitio debido a la falta de recursos financieros”, acotó. El plan de PGS presentado por la empresa detalla una serie de acciones vinculadas a la preservación del tajo abierto, monitoreo geotécnico, control de drenaje y erosión, control de drenaje ácido, rehabilitación de vertederos de residuos, gestión de aguas pluviales y manejo de 215 toneladas de emulsión (insumos para voladuras/explosivos). También establece el mantenimiento y operación de la planta de energía que funciona con carbón, la gestión de 132,000 toneladas de concentrado de cobre almacenadas en el sitio, la preservación de la planta de procesamiento y el equipo móvil, entre otros. El ministro de Ambiente (Miambiente), Juan Carlos Navarro, abordó el tema del concentrado de cobre almacenado en la mina de Donoso durante el Consejo de Gabinete del 16 de julio, donde señaló que la zona está en riesgo debido a los taludes, material a la intemperie y otros componentes que podrían causar daño ambiental al área y a las comunidades cercanas. Sobre la auditoría ambiental que contratará el Gobierno para evaluar el estado de la mina, se conoció que se aprobó el desembolso de 2 millones de dólares al Ministerio de Ambiente para contratar a la firma especializada que evaluará la concesión de 13,000 hectáreas. First Quantum aseguró que, a los precios actuales, el concentrado tiene un valor Minera Panamá asegura que el recorte de horas de trabajo responde a los altos costos financieros destinados a proteger los activos y el medio ambiente. Alexander Arosemena Posterior al fallo, ¿qué sigue? Ventana fiscal Adolfo J. Campos Barranco [email protected] El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante fallo del 17/7/2024, decidió la demanda de inconstitucionalidad presentada por la licenciada Maritza Cedeño, actuando en su propio nombre y en representación del Colegio Nacional de Abogados, para que se declararan inconstitucionales unas frases contenidas en los artículos 1 y 2 de la Ley 256/2021, que modificó artículos de la Ley 76/1976 (que trata sobre la facturación). El fallo tuvo como ponente a la magistrada María Chen y contó con un voto razonado del magistrado Carlos Vásquez y un salvamento de voto de la magistrada Maribel Cornejo. El fallo declaró que no es inconstitucional la frase “prestación de servicios” contenida en el tercer párrafo (segunda línea) y en el parágrafo primero (segunda línea) del artículo 11 de la Ley 76/1976, modificado por el artículo 2 de la Ley 256/2021. Pero sí declaró que es inconstitucional el numeral 5, parágrafo 3 del artículo 12 de la Ley 76/1976, modificado por el artículo 1 de la Ley 256/2021, que dice: “Los servicios prestados en ejercicio de profesiones liberales, artesanales y artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles”. La Ley 256/2021, al reformar el artículo 12 en el parágrafo 3, señaló que el Órgano Ejecutivo debía establecer un calendario de adopción de los equipos fiscales autorizados o del sistema de facturación electrónica de Panamá (SFEP) para actividades que antes estaban exceptuadas, entre ellas los servicios prestados en el ejercicio de profesiones liberales, artesanales y artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles. En Panamá, como regla general, es obligatorio expedir una factura o documento equivalente para quien presta un servicio o transfiere un bien (la cual mantiene unos requisitos formales que deben cumplirse según los artículos 11, parágrafo 1 de la Ley 76/1976 y 1057 V, parágrafo 13 del Código Fiscal). Quien no emita facturas puede ser sancionado de acuerdo con la Ley 76/1976, el DE 25/2022 y el Código Fiscal. En este aspecto, la obligación de facturar también aplica para los profesionales liberales, artesanos y artistas que ejerzan sus actividades de forma independiente o a través de sociedades civiles. Lo único diferente es que únicamente quienes se encuentren en estas categorías no tendrán la obligación de hacerlo a través de equipos fiscales autorizados o por el SFEP y pueden seguir utilizando los métodos tradicionales de facturación ya reconocidos e idóneos (por ejemplo, las facturas preimpresas o facturas impresas por sus propios medios) y cumpliendo con las formalidades necesarias con las cuales históricamente lo venían haciendo. Mientras que el resto de las personas (naturales o jurídicas) residentes en Panamá sí tendrán que utilizar un equipo fiscal autorizado y el SFEP para documentar toda operación relativa a la transferencia de bienes y prestación de servicios. Finalmente, toda persona natural, jurídica, comerciante, artesano, que ejerce un oficio, artista, deportista, industrial y profesional en general tiene, además de la obligación de documentar sus ingresos (facturar), la de liquidar y pagar correctamente los tributos que, por mandato constitucional (artículo 52) y leyes, le corresponde hacer. Cápsula fiscal: La Ley 76/1976 se ha adaptado a la tecnología a través del SFEP, que es amigable con el medio ambiente, tendiente a documentar (facturar) la venta de bienes y la prestación de servicios, la cual, a su vez, facilita la supervisión por parte del Fisco del cumplimiento de las normas tributarias. No olvide exigir su factura. EL AUTOR es abogado especializado en materia tributaria. de 265 millones de dólares, dinero que se puede utilizar para financiar el programa de mantenimiento y cuidado que se ejecuta en la mina. En sus estados financieros, First Quantum informó que durante el segundo trimestre del año destinó 17 millones de dólares mensuales para cubrir el costo del plan de mantenimiento, en el que participan 1,400 trabajadores. Para el tercer trimestre, la empresa estima un gasto mensual cercano a los 20 millones de dólares. Hablan los trabajadores Consultado sobre la decisión de la empresa de recortar las horas de trabajo, Michael Camacho, dirigente del sindicato Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), comentó que no fueron consultados sobre la reducción de las horas laborales. “Utramipa no está de acuerdo con estas decisiones inconsultas, unilaterales e irrespetuosas por parte de la empresa, que una vez más muestra su verdadero rostro al colocar sus intereses por encima de la clase trabajadora. Como mineros, somos conscientes de que la lucha no será fácil, pero defenderemos nuestros intereses cada vez que sean vulnerados ”, indica un comunicado que el sindicato hizo circular entre sus agremiados. Camacho señaló que elevaron consultas al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), pero a la fecha no han sido atendidos. “Los trabajadores no fuimos parte del PGS ni fuimos consultados sobre sus efectos. Y, a raíz del cese normal de las operaciones del proyecto minero, tampoco hemos sido parte integral de las gestiones que han debido adelantarse para la puesta en ejecución del PGS”, agrega el documento divulgado por Utramipa. Con el nuevo cronograma de trabajo, se eliminarán las labores los días domingo y el pago de horas extraordinarias. Además, indica Camacho, se recortó el número de días que los trabajadores están fuera del proyecto. Actualmente, un trabajador permanece 14 días en la mina y luego descansa 7; sin embargo, desde el pasado jueves 15 de agosto trabajará 15 días seguidos y estará 6 días fuera de la concesión. Se consultó al Ministerio de Comercio e Industrias para conocer si habían sido notificados de la decisión adoptada por la filial de First Quantum, pero aún no se ha recibido respuesta. Desde el inicio del proceso de cuidado y mantenimiento tras el fallo de la Corte, la minera se ha desvinculado de más de 5,000 colaboradores.
7A LaPrensa Panamá, domingo 25 de agosto de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. La opinión de Hilde No puede ser un delito... Justicia Daniel R. Pichel [email protected] Antes de comenzar, cumplo con la norma de declarar potenciales conflictos de interés, que alguien pudiese interpretar que condicionarían lo que se dice u opina sobre algo. Dicho esto, dejo claro que conozco al Dr. Iván Sierra desde hace 38 años, cuando comencé mi internado. De hecho, fue el primer jefe que tuve al llegar al hospital. Iván era residente de pediatría y roté con él justamente en neonatología. Me enseñó a examinar a un recién nacido y a evaluar parámetros vitales de quienes son probablemente los pacientes más frágiles que puedan encontrarse en un hospital. Los recién nacidos prematuros. No puedo decir que Iván y yo seamos grandes amigos. Nos conocemos profesionalmente, trabajamos en el mismo hospital, y siempre nos hemos tratado cordialmente, como colegas que compartimos lugar de trabajo. Nuestras especialidades no tienen muchos pacientes comunes, por lo cual no son frecuentes que intercambiemos referencias de pacientes. Tengo que decir que la imagen que conocí como residente, y que he mantenido del Dr. Sierra en todos estos años, es la de una persona callada, respetuosa, estudiosa y muy responsable. Quienes trabajan de cerca con él, tienen un alto concepto de su capacidad profesional, y de la responsabilidad hacia sus pacientes, tanto privados como institucionales. Además puedo asegurar que, nunca, en todos estos años, he escuchado a nadie dar una opinión negativa de Iván como profesional. Cuando ocurrió la muerte de trece recién nacidos en la sala de Intensivos de Neonatología del Complejo hospitalario de la CSS, Iván era el jefe del servicio. Inicialmente fue sobreseído, junto con los otros acusados. Pero ante una apelación por la fiscalía, el Dr. Sierra y la Lic Melia Mock fueron condenados a sesenta meses de prisión por el delito de “homicidio culposo”por la muerte de los pacientes. Según la definición legal, homicidio culposo se refiere a “cualquier muerte que se ha producido por medios ilícitos, ya sea causado por un acto intencional, imprudente o negligente de otra persona”. Ante esta sentencia, los médicos hemos reaccionado como era de esperarse. Argumentos como que “el jefe de servicio debe saber todo lo que pasa en el servicio”es una absoluta aberración cuando uno sabe el nivel de detalles que se manejan constantemente en una unidad de Cuidados Intensivos, y más aún en una unidad de Cuidados Intensivos de neonatología donde, literalmente, los expedientes pesan el doble que los pacientes. Pero el caso del fallecimiento de los neonatos no es tan simple como encontrar un culpable para decir que “se hizo justicia”.Y no es tampoco que los médicos defendemos a los demás médicos a cualquier costo. Quienes me conocen y han leído lo que he escrito desde hace mucho tiempo, tienen claro que he cuestionado muchas acciones de los médicos cuando ha sido el caso. Lo otro llamativo es la forma como en las redes sociales muchos han hecho lo que mejor saben, cuestionar y atacar a la gente por la sencilla razón de cuestionarlos, muchas veces tras un cobarde anonimato. Se ataca a los médicos como grupo, cuando no se tiene la más remota idea de lo que implica la atención de enfermos graves. Lo que debe quedar claro, es que los médicos no estudiamos el cerro de años que estudiamos para matar a nadie. Como humanos que somos, seguro cometemos errores, pero como parte de nuestra formación siempre está el hecho de que la prioridad es no hacer daño a nadie, y que nuestros errores pueden tener terribles consecuencias. Y créanme que en un médico responsable, lo que le pase a los pacientes no es algo que se ignora o se olvida fácilmente. Incluso, cuando hay un mal desenlace (propio de nuestro trabajo), frecuentemente seguimos pensando en “qué hubiese pasado si se hubiera tomado otra decisión”. Esas decisiones indolentes del Dr. House en la televisión, no son propias de los médicos reales. Para comenzar, comentarios como “al morir el primer niño debieron suspenderse los tratamientos”, denota una ignorancia supina. Cuando se tiene un paciente que recibe alimentación parenteral, es porque su aparato digestivo no está en condiciones de recibir alimento. Si a eso se suma el detalle de que el paciente sea un bebé prematuro que posiblemente pese dos libras, está conectado a un respirador porque sus pulmones aún no tienen la madurez para respirar solo, y ese alimento se le administra a través de un catéter que tiene un diámetro de 1.6 milímetros, no debe ser muy difícil comprender que si se le suspende la alimentación, o el catéter se obstruye, el niño se puede morir. Y rápido… La heparina que se supone causó las muertes, se usa y se ha usado por muchos años para evitar que esos catéteres tan delgados, se obstruyan. La causa de muerte de los niños, parece ser el “gasping syndrome” (o síndrome de jadeo en español) que se produce en niños prematuros intoxicados con alcohol bencílico. El alcohol bencílico es un preservante antimicrobiano que se suele utilizar en productos médicos de uso humano, como en perfumes, cosméticos, desodorantes, soluciones para “vaping ”, pinturas y adhesivos. Pero el tema de las soluciones de alimentación usadas cuando ocurrieron las muertes, no está completamente claro: 1) Hubo pacientes que recibieron la alimentación y no mostraron signos del síndrome de jadeo. 2) hubo niños que no la recibieron y también murieron de insuficiencia respiratoria, 3) Ni Farmacias y Drogas del Minsa, ni toxicología de la Universidad de Panamá, ni el CDC de Estados Unidos, pudieron demostrar que la heparina fuera la causa de la muerte de los niños. De hecho, si fuera que los niños recibieron “una sobredosis de heparina”, lo primero que hubiese ocurrido serían sangrados por efecto del anticoagulante. Estos casos son muy complejos. Lo que podemos estar seguros es que no existe manera humana posible donde un jefe de servicio, pueda saber qué concentración de alcohol bencílico tiene una heparina que se usó para evitar que se obstruya un catéter de 1.6 milímetros de diámetro en cada uno de los niños prematuros que reciben alimentación en la sala. Condenar al jefe de servicio por esto, no solo no tiene sentido, sino que es un terrible precedente para quienes atendemos pacientes en unidades de alta complejidad. Y más aún cuando ese jefe de servicio, fue quien sospechó inicialmente la posible causa de las muertes. A este paso, y dados estos antecedentes del caso del Dr. Iván Sierra, supongo que nadie aceptará en el futuro cargos de jefatura, pues se les puede responsabilizar por cosas que están claramente fuera de su control. La solución no se cual sea finalmente. Entiendo que desde el punto de vista procesal, ya se agotaron las instancias habituales. Pero si la idea es buscar culpables porque “alguien tiene que pagar”, sin tomar en cuenta lo que complejo de la atención de un paciente, ni la reputación de a quien se acusa, cada vez será más complicada la relación entre los médicos y los enfermos. Porque, ser jefe de servicio, no puede ser un delito… EL AUTOR es médico cardiólogo Pasaron los primeros 50 días, y... Balance Jorge Obediente [email protected] El tiempo pasa volando y ya estamos viendo los resultados de esos acuerdos preelectorales que hicieron las fuerzas del mal para lograr sus metas y continuar gobernando con la idiosincrasia de “más de lo mismo”. En estos primeros 50 días (56 para ser precisos), hemos visto innumerables ejemplos en todas las instancias de un supuesto gobierno democrático que traiciona el mandato de la mayoría de los ciudadanos, quienes repudiaron la politiquería deshonesta pasada, pero cuyo clamor ha sido desatendido. La historia nos ha demostrado cuán cierto es ese dicho centenario: “Encontrar un político con decencia es tan difícil como hallar una aguja en un pajar”. La decencia va ligada a la honestidad de cada persona, y ser honesto es ser incapaz de engañar, defraudar o apropiarse de algo que no es suyo. Aquí, en nuestro país, las fuerzas del lado oscuro se han apropiado del país a través de esos nombramientos espurios y designaciones en cargos controladores de comisiones cuyo objetivo es violar el mandato del pueblo y perpetuar el “más de lo mismo”, impidiendo implementar las medidas necesarias para adecentar la administración pública. Un claro ejemplo de esto es la actuación de la Comisión de Presupuesto, que de forma tiránica modificó medidas razonables para volver a “más de lo mismo”. Esto sucede cuando las fuerzas del mal se ponen de acuerdo para designar a un “búfa - lo”a debatir con un intelectual. El poder político actual está siendo manejado por las fuerzas del mal. En efecto, estamos en un sistema democrático, con líderes elegidos por los ciudadanos mediante el voto popular. Un tercio de los votantes, en una alianza siniestra, determinaron el destino de nuestro país, y los electos optaron por ignorar la voluntad popular del mensaje de cambio. Hemos entregado el poder a representantes cuyo objetivo choca con la decencia y la honestidad. La política es el ejercicio del poder, y bien demostrado está por las fuerzas del mal, que constantemente validan lo grande que es el pajar donde encontrar entre ellos a alguien que represente “la a g u ja ”parece misión imposible. Parece que ha quedado claro que, en lo que resta del quinquenio, vamos a tener tres tipos de gobierno: el Gobierno electo, el Gobierno paralelo y el Narco-gobierno. El Gobierno electo lanza cortinas de humo para aparentar que está tomando medidas correctivas, enfocándose en el pasado, pero sin abordar los correctivos futuros fundamentales para que el país avance con paso firme hacia el futuro. De las alianzas con el lado oscuro nacieron todos los acuerdos que ahora se han implementado y se les han vuelto incontrolables, especialmente en los aspectos legislativos. El Gobierno paralelo está en todo su apogeo y pisando fuerte, con sus fichas infiltradas dentro del Gobierno electo, aunque muchos dudan que haya independencia, pues no se ven acciones para resolverlo. El Narco-gobierno ha continuado con su contaminación, sembrando en terreno fértil donde la ética y la moral están ausentes y encontrando muchos sujetos que no pueden diferenciar las buenas acciones de las malas, y en su conducta prima el dinero. Aunque este escrito pareciera una radiografía de las carencias básicas de los estamentos gubernamentales, la interrogante que deben plantearse los ciudadanos es si queremos seguir viviendo en estas condiciones indignas para nuestra generación y dejar esta semilla sembrada para las generaciones venideras. EL AUTOR es ciudadano
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxNDg2MA==