Bienvenido suscriptor
Perfil Cerrar sesión
Iniciar Sesión
Registro

prensa_2024_08_23

6A LaPrensa Panamá, viernes 23 de agosto de 2024 Panorama Anel Flores promete fiscalizar cada centavo y propone reformas a la Ley El contralor escogido por la Asamblea Nacional para reemplazar a Gerardo Solís a partir de 2025 dijo que cada centavo cuenta y aseguró que la ley actual de la Contraloría permite mucha discrecionalidad al funcionario de turno. ASAMBLEA NACIONAL Eliana Morales Gil [email protected] El pleno de la Asamblea Nacional escogió a Anel B oloFlores como el próximo contralor general de la República. Flores, un economista de 65 años de edad, nacido en Puerto Armuelles, Chiriquí, obtuvo los votos de los diputados del partido oficialista Realizando Metas (RM), al igual que el de sus aliados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista. Su nombre fue propuesto por Jamis Acosta, diputado de RM y primer vicepresidente de la Asamblea. Obtuvo 47 votos. Flores reemplazará a Gerardo Solís, a quien se le vence su periodo en diciembre próximo. Tomará el control de uno de los puestos de fiscalización más importantes del Estado en medio de una creciente desconfianza hacia la Contraloría. El diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, en nombre de sus copartidarios Grace Hernández y José Pérez Barboni, nominó al abogado Carlos Barsallo, quien también contó con el apoyo de la bancada independiente Vamos y de Patsy Lee, del Partido Popular. Barsallo contó con el apoyo de 24 diputados. El proceso se concretó luego de que Shirley Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea, presentó al pleno legislativo un informe sobre el desarrollo del concurso para el puesto. La diputada entregó una lista de 20 candidatos para contralor y 29 para subcontralor, perfiles que cumplieron los requisitos. Al momento de postular a Flores, Jamis Acosta dijo que este representa“a grandes asociaciones, a una gran masa de trabajo, y a personas de lucha”. “No es menos que otro candidato postulado aquí”, añadió. José Pérez Barboni, de Moca, en tanto pidió a sus colegas diputados que cuando les abrieran el micrófono para votar, miraran a la cámara y le dijeran al país que su voto es independiente, que no tenía nada que ver “con una conversación o una promesa”. Antes de la votación, algunos diputados sustentaron su voto. Crispiano Adames, expresidente de la Asamblea y diputado del PRD, manifestó que su voto era para Flores porque Barsallo no le pidió su apoyo. “Si me lo hubiese pedido y sustentado, probablemente estaríamos considerando las opciones. En la política, hay que saber pedir el voto”, expresó. Jorge Bloise, diputado de la bancada independiente Vamos, le respondió: “Bas ta de excusas baratas de que no me pidió el voto. El contralor no va a un cargo de elección popular. Usted sí tiene que pedir el voto; el contralor no La presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, toma juramentación del subcontralor escogido Elí Felipe Cabezas y del futuro contralor Anel Flores. Isaac Ortega Cuestionan comisiones investigadoras de la Unachi Rolando Rodríguez [email protected] Lo sucedido la semana pasada en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), cuyos miembros le negaron por unanimidad el traslado de partidas presupuestarias a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) para el pago de bonos de retiro y primas de antigüedad, ha tenido consecuencias. Sin embargo, a juicio de fuentes académicas de esa casa de estudios, se trata –una vez más–de una burla. En una resolución fechada el pasado 20 de agosto, el máximo órgano de gobierno de la Unachi –el Consejo General Universitario (CGU)– designó dos comisiones: una especial multidisciplinaria para revisar el cálculo que hace la Unachi para el pago de la prima de antigüedad a funcionarios administrativos y docentes, respecto a la ley que rige para todo el país en materia sobre la prima de antigüedad, y otra para investigar los títulos expedidos a profesores de la Unachi de universidades extranjera s Etelvina Medianero de Bonagas, rectora. Isaac Ortega Esta revisión tendría su origen en el hecho de que diputados de la provincia de Chiriquí cuestionaron en la Comisión de Presupuesto ambas cosas: el cálculo de la prima de antigüedad que hace la Unachi, el cual tiene como base un acuerdo del CGU que indica que, una vez terminada la relación laboral, el cálculo se hará en base al mejor salario y no al último sueldo, tal como ordena la legislación nacional vigente, y la falta de acreditación de las universidades extranjeras. Cuestionamientos La primera comisión estará integrada por la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría Administrativa, la Dirección de Planificación, la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección General de Recursos Humanos. Las fuentes consultadas por este medio cuestionan a casi todos los miembros de esta comisión por una razón y que también fue motivo de fuertes críticas emitidas por los diputados chiricanos: tienen familiares nombrados en la Unachi. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la esposa del vicerrector académico, Jorge Bonilla, trabaja en la Unachi; el esposo de la vicerrectora administrativa, Rosa Moreno –es ta última presente en la reunión con los diputados de la Comisión de Presupuesto– también trabaja en la Unachi,asícomootrocercanofamiliar. En la misma situación está la directora de Planificación, Iris Fuentes, cuya pareja también trabaja en la Unachi. En tanto, la situación de la directora de Recursos Humanos, Indira Candanedo, –con cerca de $9 mil de ingresos mensuales– es peor. En la Unachi están nombrados su esposo, un hijo, una hermana y hasta una cuñada. Moralmente, indicaron las fuentes, ninguno de ellos tiene la autoridad para hacer esas tareas sin estar libres de parcialidad, ya que forman parte de la administración que trabaja directamente con la cuestionada rectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas. La situación no mejora con el siguiente punto de la resolución aprobada: designar una comisión especial del CGU para “una revisión exhaustiva y detallada de los diplomas y sustento de los títulos expedidos por las universidades Atlantic International University (AIU) y American Andragogy University (AAU), a fin de aplicar los correctivos que sean necesarios en el marco de la excelencia de la educación superior de la institución”. Dicha comisión está conformada por la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Asesoría Jurídica y la Decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad ”, indca el documento oficial. Esta última persona, Kilmara Castrellón, la nueva decana de la la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, está en la misma situación que sus colegas mencionados en párrafos anteriores. Pero, además, fue de las personas más cercanas de Medianero de Bonagas durante su primer periodo como rectora (2013-2018), ya que se desempeñó como su secretaria privada (o “asis - tente directa”) durante esos cinco años, luego de lo cual fue ascendida para luego cobrar un bono de $39 mil por retiro voluntario como administrativa de la Unachi en 2020, renuncia que se materializó a finales de 2022, aunque siguió trabajado como administrativa en la Unachi. Otra comisión La segunda comisión, como ya se dijo, investigaría los títulos expedidos por dos universidades, una de ellas, la norteamericana Atlantic International University (AIU), la cual carece de acreditación emitida por las autoridades regulatorias educativas de Estados Unidos, donde esta empresa tiene su sede. La labor para Castrellón en esta comisión sería cuestionada por su cercana relación con la rectora. Medianero de Bonagas personalmente viajó en 2017 a una ceremonia de graduación de la AIU, junto con una delegación de la Unachi –entre los que se contaba la entonces y actual vicerrectora administrativa, Rosa Moreno–y entre cuyos miembros, además, había algunos que recibirían certificados de graduación de ese lugar. Medianero de Bonagas, Moreno y otros funcionarios de la Unachi fueron sentados en la mesa de honor durante la entrega de certificados, y los panameños entregaron los diplomas otorgados a los graduandos de la AIU procedentes de la Unachi. Además, la rectora recibió un reconocimiento esa noche de parte de la AIU. Pero su relación con esta empresa sería más profunda. En 2022, José Rojas aparecía como representante de la AIU en Panamá y Rojas es cofundador de la Universidad Iberoamericana, el negocio de la familia Bonagas. Ni una palabra En su resolución, el CGU no se refirió en nada sobre otro tema controvertido y cuestionado en la Comisión de Presupuesto: los bonos de retiro que reclaman docentes y administrativos previo su retiro voluntario, momento en el que la relación laboral con esa universidad estatal teóricamente termina. Sin embargo, hay docentes que, pese haber cobrado decenas de miles de dólares tras su retiro de la administración, son recontratados por la Unachi para desempeñar nuevamente tareas administrativas, lo cual tendrían vedado, tras su renuncia y el cobro del bono de retiro. tiene que pedir el voto porque no se trata de elección popular. Basta con revisar las hojas de vida para darse cuenta de que tiene el mérito académico y profesional para desempeñar ese importante rol”, contestó. Subcontralor: Elí Felipe Cabezas Para el puesto de subcontralor, fueron postuladas tres personas. Acosta nominó a Elí Felipe Cabezas Justavino, la bancada independienteVamospropusoaMaximino Gutiérrez, y Ernesto Cedeño de Moca, postuló a Yonel De la Cruz. De la Cruz obtuvo tres votos, Gutiérrez fue apoyado por 21 diputados y Cabezas ganó con 47 votos. Después que se dio a conocer el resultado de la votación, el contralor y el subcontralor designado, se juramentaron ante Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea. El discurso “Vengo del sector privado, donde la eficiencia y la responsabilidad son esenciales para el éxito. He aprendido de cada centavo (...) es precioso porque no hay más. Esa misma responsabilidad de buen padre de familia es la que nos enseñan en la empresa privada (...)”, manifestó en su discurso. Mencionó que el país tiene retos importantes como el de la Caja de Seguro Social (CSS) y su supervivencia. “La vida de 350 mil jubilados depende de lo que hagamos aquí y que lo hagamos todos juntos como país. Es muy difícil decirle al ciudadano común y corriente al que cotiza en la CSS que se van a hacer cambios en recaudaciones cuando primero tenemos que ver como arreglamos la atención de esa gran caja para el resto de los panameños”, añadió. Se comprometió a denunciar ante las autoridades competentes a cualquier mencionado en auditorías que se hagan en la Contraloría, ya sea por actos de corrupción o malos manejos. Dijo que reforzarán el sistema de denuncia ciudadana que existe en actualidad en la institución. Con respecto a la Ley 351 de 2022 que reformó la norma orgánica de la entidad, recordó tiene una cláusula que le concede “demasiada discrecionalidad al contralor ”. “Yo no quiero eso. No necesito esa discrecionalidad para hacer mi trabajo”, añadió. Pidió a todas las bancadas de la Asamblea hacer una mesa de trabajo para preparar una ley que derogue esos artículos. En la Contraloría, advirtió, no quiere emisarios, mensajeros, ni cobradores, ni nadie que diga que puede facilitar temas de sus cuentas por cobrar. Respecto a los polémicos auxilios económicos, dijo que Ifarhu, prometió que se tomaría el trabajo de “ver todos los expedientes”. UI UNIDAD INVESTIGATIVA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==