8A LaPrensa Panamá, jueves 22 de agosto de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Rendición de cuentos y demás patrañas Fiscalización Julio Linares Franco [email protected] El 14 de junio de 2023, el contralor general de la República publicó una circular que establecía la obligatoriedad de las juntas comunales de presentar un informe de rendición de cuentas sobre el manejo y uso de los recursos asignados desde 2020 hasta 2023. Esto significa que, en medio del escándalo, la Contraloría decidió finalmente emitir la circular y la guía básica para la rendición de cuentas sobre la utilización y manejo de fondos y bienes públicos, con el fin de que 679 juntas comunales rindieran cuentas. Y decimos “finalmente ”porque esto debió hacerse desde 2020, pero se dejó pasar el tiempo sin mayor explicación, a pesar de que los trabajos de dirección, evaluación, planificación y auditoría relacionados con la rendición de cuentas ante la Contraloría, basados en los informes de rendición de cuentas de las entidades del sector público, son anuales. Esto implica que la tardanza en las auditorías, que debieron haber comenzado hace más de tres años, violaba la Resolución 1810-2020-DNMySC del 14 de diciembre de 2020, la cual creó la Subdirección Nacional de Rendición de Cuentas dentro de la Contraloría. Esto significa que el contralor no llevó a cabo esta labor durante los años 2020, 2021 y 2022, a pesar de ser una responsabilidad que debe ejercerse cada año. Además, el contralor insinuó de manera sospechosa que solo auditaría a las juntas comunales, sin incluir los fondos transferidos desde la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional(AN)alMinisteriodeEconomíay Finanzas (MEF), y de este hacia la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), ni las transferencias de esta a las juntas comunales. Esto se dio aprovechando que, mediante la Ley 351 del 22 de diciembre de 2022, cuya solicitud de inconstitucionalidad está pendiente de decisión ante el pleno de la Corte desde hace más de un año, el contralor aprueba, cierra o archiva los informes de auditoría “según su criterio”, es decir, cuando lo considera oportuno. Supuestamente, los informes de las juntas comunales debieron ser entregados: los del 2020, el 14 de octubre de 2023; los de 2021 y 2022, el 14 de septiembre de 2023; y los del 2023, el 14 de julio de 2023, un mes después de la publicación de la circular el 14 de junio. Sin embargo, los ciudadanos no sabemos si estos informes, ni los posteriores, han sido entregados por las juntas comunales a la Contraloría, y si, de ser así, esta ha realizado su trabajo de control y fiscalización sobre lo entregado. Es aún más preocupante cuando el propio contralor afirmó públicamente, hace apenas un mes en una entrevista, que no existen informes de rendición de cuentas en corregimientos como el del señor Bolota en Colón (que manejó $14 millones) porque no los ha recibido. No explica cuántas de las 679 juntas comunales han rendido cuentas, porque menciona “mil 87 informes”que no especifica ni describe por corregimiento; no aclara cuáles son las “irregularidades”que dice haber encontrado, ni en qué juntas comunales están, y añade que no ha recibido explicaciones. Tampoco ha realizado auditorías, limitándose a solicitar explicaciones (que aún no ha recibido), para promover una “cultura de corrección”. El contralor tampoco parece haber auditado las transferencias desde la Comisión de Presupuesto de la AN al MEF, de este a la AND, ni de la AND a las juntas comunales, como ya se mencionó. No se ha dado cuenta, por ejemplo, de que el administrador de la AND no asistía personalmente a la Comisión de Presupuesto para solicitar esos traslados de partidas, ni para sustentar su requerimiento en función de proyectos aprobados en cada junta comunal, lo cual es requerido por ley. Tampoco parece percatarse, o interesarse, de la ausencia de solicitudes de traslados de partidas en el orden del día, y menos aún que estos traslados hayan sido aprobados. Esto lo demuestra la única copia de acta entregada al exdiputado Juan Diego Vásquez por la pasada Comisión de Presupuesto de la AN, la cual este ha demandado como ilegal ante la Sala Tercera de la Corte. Sobre ninguno de estos temas parece estar informado el contralor. Igualmente o más preocupante es que el Ministerio Público (MP), ante estos hechos tan obvios, públicos y notorios, no haya iniciado de oficio una investigación criminal por presunta falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad e infracción de deberes de los servidores públicos. Desde el punto de vista institucional, queda por hacer simultáneamente y lo más pronto posible lo siguiente: 1. Que el pleno de la Corte Suprema de Justicia decrete la inconstitucionalidad de la Ley 351 de 2022; 2. Que la Sala Tercera resuelva la ilegalidad del traslado de partida denunciado por Juan Diego Vásquez; 3. Que el MP inicie de oficio las investigaciones penales respectivas; y 4. Que la actual Comisión de Presupuesto de la AN certifique para conocimiento público todas las actas donde supuestamente se aprobaron los millones en traslados de partidas que no le quisieron entregar al exdiputado Vásquez. Si se demuestra la ilegalidad solicitada por Vásquez a la Sala Tercera, respecto al traslado de partida (incluso aunque no se logre en la vía penal, debido a la jurisdicción diferente), y si se revela que existen otras actas que no cumplían con la normativa legal y procedimental, deberían llover demandas penales en la vía ordinaria contra los exdiputados que presuntamente falsificaron documentos públicos con sus firmas, para certificar millones de balboas en traslados de partidas que nunca fueron aprobados. También, contra quienes, en la cadena que va desde la Comisión de Presupuesto, pasando por el MEF y la AND, hasta llegar a los gobiernos locales, pudieron haber cometido el delito de corrupción de servidores públicos. Además, los diputados que se reeligieron deberán ser denunciados penalmente de inmediato ante la Corte Suprema de Justicia, principalmente por los actuales diputados de la República que obtendrían las presuntas actas si demuestran que esos millones en traslados nunca fueron aprobados. En medio del escándalo, en junio de 2023, la Contraloría General de la República decidió finalmente emitir la circular y la guía básica para la rendición de cuentas sobre la utilización y manejo de fondos y bienes públicos, con el fin de que 679 juntas comunales rindieran cuentas. EL AUTOR es abogado La modernización del Estado no es solo reducirlo Cambios Rolando A. Gittens M. [email protected] La modernización del Estado parece implicar una reducción en el número de servidores públicos. Para las nuevas autoridades, habría “un exceso de burocracia para un país tan pequeño como el nuestro”. Las recomendaciones oficiales para definir el tamaño del gobierno que el país necesita estarán coordinadas por el asesor presidencial para temas constitucionales, el Dr. Miguel Antonio Bernal. La tarea asignada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, no es fácil; al contrario, es muy compleja. Tanto es así que, hace más de 40 años, estudiosos y expertos en América Latina analizaron, sin encontrar una solución, cómo transformar la gestión pública para alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia. Hacer las cosas de manera adecuada y planificada significa incorporar con más fuerza la tecnología y crear un entorno técnico y transparente, que permita enfrentar los peligros de la corrupción y el tráfico de influencias. Otro aspecto a considerar es que, en términos generales, los analistas resaltan que modernización no significa necesariamente reducción de personal. Aunque es cierto que dicha reducción puede dar una imagen de gobierno serio. Sin embargo, no parece justo evaluar el funcionamiento de los ministerios o de las entidades del Estado por su rentabilidad. Este es un enfoque comprensible para un gobierno autodenominado de empresarios, personas acostumbradas a medir el nivel de riesgo de las inversiones. Es importante recordar que muchos ministerios o entidades estatales asumen tareas que benefician a la comunidad, simplemente porque es un deber del gobierno con su pueblo, sin importar los costos, especialmente en relación con los más vulnerables. Lo que sí es deseable es que los empresarios contribuyan a crear un mercado competitivo y transparente, con todos los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la firme presión del presidente Mulino sobre las distribuidoras y comercializadoras del servicio eléctrico en el país, debido a la mala atención al usuario. Mejorar el sistema administrativo del Estado, eliminando o, al menos, mejorando una serie de normas de control que limiten el robo y, al mismo tiempo, permitan la agilidad deseada, como ocurre en el mundo de los negocios, es necesario. No menos importante será la implementación de políticas de personal en el gobierno, para lograr una adecuada identificación del servidor público. Además, se necesita algún tipo de incentivo para que el servidor público pueda desarrollarse profesionalmente. EL AUTOR es jubilado Folklore son los ‘saberes’ Día Mundial del Folklore Aristides Burgos Villarreal [email protected] Saber sobre un remedio casero es parte del folklore. Conocer un chiste, una adivinanza, una creencia sobre ánimas, o saber preparar un plato tradicional son ejemplos de los saberes de la gente y de los pueblos. La sabiduría popular, las experiencias transmitidas por nuestros ancestros que aún tienen relevancia en la sociedad actual, constituyen el folklore, tal como lo expresó el escritor británico William John Thoms en su carta titulada “Folklore ”(“The Lore of the People”), publicada en la revista Athenæum(L ondres, Inglaterra) el 22 de agosto de 1846. En esa fecha icónica, que marca el nacimiento del término folklore, es por lo que cada 22 de agosto conmemoramos el Día Mundial del Folklore. En 1846 ya se estudiaban los anticuarios y las tradiciones antiguas, y es en ese contexto donde posteriormente nace la Folklorología o Folklorística, que es la ciencia del folklore, pero desde un enfoque científico y especializado. Sin embargo, la gente que canta una copla espontánea, que “saloma”, que amasa ingredientes para una “tor tilla” o un Johnny Cake, que hace una puntada en un faldón de pollera, ya sea congo, darienita, coclesana, chorrerana o santeña, en fin, panameña; esa gente y sus saberes, que perviven hoy día frente a la modernidad de la tecnología y la inteligencia artificial, transponen los saberes tradicionales sobre el tiempo y a través de las generaciones. Es de gran valor para la gente, para los pueblos, y por ende para las naciones del mundo, preservar los saberes tradicionales y su práctica, ya que algunos aún mantienen una función en la sociedad. Lo menciono porque hay saberes que han perdido su función y han desaparecido, mientras que hoy día encontramos saberes o “conoci - mientos tradicionales”que abarcan desde la ética, la estética y la confraternidad, hasta valores que perduran y que ofrecen beneficios contundentes a las sociedades. Esos saberes constituyen el folklore de un pueblo y su gente. Los saberes vinculados a la música, la danza y la indumentaria también forman parte del folklore. Aquí me refiero a la música, danza e indumentaria de carácter espontáneo y no a la de los escenarios y espectáculos. Es preciso señalar que a veces se confunden estos saberes tradicionales y espontáneos con las prácticas actuales de carácter artístico, como los bailes, música, indumentaria y expresiones que van desde las recreaciones de folklore, las estilizaciones de folklore, las “proyecciones”de folklore, y las creaciones artísticas basadas en folklore. Si bien es cierto que estas nuevas corrientes buscan enaltecer el folklore natural, vivo y espontáneo, algunas veces son mal interpretadas, fundadas solamente en preceptos artísticos, y desechando la esencia del fenómeno folklórico. De allí surgen expresiones artísticas, sí, pero sin fundamento folklórico, que son objeto de fuertes críticas porque no guardan semejanza con la realidad folklórica que pretenden emul a r. El folklore son los saberes ancestrales y tradicionales presentes en cada rincón de Panamá, no solo en provincias o lugares que se han autodenominado “cuna del folklore nacional”, ya que tal denominación no existe. Cada región o provincia es cuna de su propio folklore. Por tanto, el ejemplo más claro es que Los Santos no puede ser “cuna del folklore nacional”porque allí no nacen ni el folklore darienita, ni el chiricano, ni el chorrerano, ni el veragüense, etc. Los Santos sería “cuna del folklore santeño”, Colón “cuna del folklore colonense”. Cabe mencionar que la autoestima santeña es la más fuerte en Panamá, identificándose con su folklore, lo que contrasta con otras provincias o regiones, donde no se le da la misma importancia al folklore local. Es por ello que hoy, 22 de agosto, hago un llamado a las autoridades panameñas. El folklore: su estudio, conservación y divulgación es un tema “constitucional”enmar - cado en un artículo que establece la obligación del Estado panameño (todas las autoridades nacionales, no solo las culturales) de “establecer primacía”, como lo señala textualmente nuestra Carta Magna, sobre las expresiones del folklore. Y son esos: los saberes de la gente, los conocimientos ancestrales, las expresiones puras y espontáneas, las cuales se pueden rescatar o reactivar a través de procesos científicos y especializados que, con el tiempo, se han ido preservando. Si se toman acciones estratégicas, esos saberes pueden perdurar por el valor que mantienen en las sociedades del mundo. En el caso de Panamá, podemos llevar esos saberes desde el pasado hasta la actualidad, y con seguridad al futuro, pues representan el perfil de la identidad panameña y su gente. En el caso de Panamá, podemos llevar esos saberes desde el pasado hasta la actualidad, y con seguridad al futuro, pues representan el perfil de la identidad panameña y su gente. EL AUTOR es director de la Escuela Nacional de Folklore de Panamá
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