22 de agosto de 2024 - Año 44 - Nº 14753 75¢ Jueves El medio libre de Panamá Hoy por hoy El rol del sistema financiero en la lucha contra el lavado de activos es, sin duda, crucial para mantener la integridad del país en el escenario internacional. Panamá no es, ni debe ser percibida como un paraíso fiscal o terreno fértil para toda clase de operaciones sospechosas. Por el contrario, contamos con un sistema bancario robusto y fuertemente regulado que, en lugar de abrir las puertas a actividades ilícitas, tiene la capacidad y el deber de expulsar a aquellos que juegan bajo sus propias reglas. El crimen organizado, como bien advirtió el general colombiano, Óscar Naranjo, en su participación en el Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria, busca infiltrarse en las instituciones financieras para lavar activos y financiar el terrorismo, poniendo en jaque la estabilidad de nuestra banca. Ante esta amenaza, es imperativo que el sistema no solo refuerce sus controles constantemente, sino que también garantice una rendición de cuentas efectiva. Los controles sin consecuencia son simplemente una fachada. Es hora de que el sistema financiero panameño expulse a los actores que incumplen con la ley, pues ellos son los verdaderos responsables de que Panamá deba constantemente defender su reputación en el ámbito global. Sin embargo, no menos importante es la responsabilidad que tiene el sistema judicial de condenar a los que usan nuestro sistema financiero para lavar dinero. Sin condenas ejemplares, no serán suficientes los controles implementados por el sistema bancario. Vivir+ China cambia el juego a través del videojuego 10A Economía Panamá debe comenzar a regular los activos virtuales 4B Panorama 11 claves para entender la operación Jericó 4A Deportes Panamá, presente con tres guerreros en los Paralímpicos 9A Operación Jericó Imputan cargos a Rico Pineda Ayer miércoles fue un día movido para policías, fiscales y jueces relacionados con la operación Jericó. Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, fue imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. También se imputó cargos por blanqueo y conspiración para traficar drogas a una veintena de personas. Igualmente, se entregó Annyuri Villarreal, quien se mantenía prófuga por este caso.VEA 4A Liga de Campeones Panameño anota en liga europea El panameño César Blackman marcó el gol del Slovan Bratislava, en el empate 1-1 ante el FC Midtjylland de Dinamarca, en el partido de ida de la fase previa de la Liga de Campeones 2024-2025.El cronómetro marcaba los 59 minutos, cuando Blackman se combinó con Tigran Barseghyan, quien le devolvió el pase para que entrara al área y definiera con elegancia. VEA 9A Blackman festeja su anotación contra el Midtjylland. EFE MEF: déficit fiscal en 2024 será superior al 4% El economista Fernando Aramburú Porras dice que el desafío mayor será en 2025, cuando se intentará reducir el déficit a $2,000 millones. FINANZAS PÚBLICAS Reyna Katiuska Hernández [email protected] Panamá enfrentará un déficit fiscal de aproximadamente $3,475 millones este año, lo que supera el 4% de su producto interno bruto (PIB) proyectado en $86,885 millones. Este déficit es mayor de lo que se había previsto, reflejando una caída en los ingresos fiscales, según lo confirmado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Aunque el gobierno ha optado por un plan de recorte de gastos por cerca de $1,400 millones, no se descarta recurrir a la emisión de notas del tesoro en el mercado local por hasta Felipe Chapman, titular de Economía y Finanzas desde el pasado 1 de julio. Isaac Ortega $6,000 millones para cubrir compromisos financieros. El déficit fiscal, que ya rondabael3.9%alcierredelprimer semestre, es motivo de preocupación para los economistas. Eric Molino Ferrer destaca que el Estado tiene poco margen de maniobra debido a leyes especiales que obligan a aumentos en el sector público, lo que dificulta la reducción de gastos. Fernando Aramburú Porras, otro economista, advierte que el verdadero desafío será en 2025, cuando se intentará reducir el déficit a $2,000 millones. Para ello, será necesario ajustar los gastos corrientes, subsidios y la planilla del Estado, aunque reconoce que algunos aumentos pactados serán difíciles de reducir. Además, propone revisar los ingresos y las exoneraciones fiscales, destacando que una gran parte de la población no paga impuestos, lo que es insostenible para un país que necesita invertir en infraestructura y servicios clave. VEA 1B Redes criminales acechan a la banca: Óscar Naranjo EXPERTO Katiuska Hernández [email protected] El general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, destacó la necesidad de fortalecer los controles bancarios para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Naranjo subrayó que la corrupción y la negligencia dentro de los bancos permiten que los delincuentes superen los controles. VEA 7A Ejecutivo declara el proyecto del teleférico de San Miguelito como de interés público El Consejo de Gabinete, liderado por el presidente José Raúl Mulino, otorgó un plazo de cuatro meses para preparar el borrador del pliego de cargos y contrato del teleférico en Panamá y San Miguelito. La empresa estatal Metro de Panamá liderará el proyecto, considerado una solución para las comunidades de difícil acceso. Aunque se destacan beneficios como la generación de empleos y mejora del transporte, algunos residentes y usuarios de redes sociales creen que existen prioridades más urgentes, como el agua y la recolección de basura. La Dirección de Planificación del Metro de Panamá ha iniciado las reuniones de organización.VEA 5A
2A LaPrensa Panamá, jueves 22 de agosto de 2024 SPEAKERS 2024
3A LaPrensa Panamá, jueves 22 de agosto de 2024 ÚLTIMOS TICKETS DISPONIBLES
4A LaPrensa Panamá, jueves 22 de agosto de 2024 Panorama Juan Manuel Díaz [email protected] El juez de garantías Justo Vargas imputó cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, durante una audiencia que se celebró en la tarde de ayer miércoles. También decretó la detención provisional de Pineda por considerar que el delito imputado es grave, puesto que hay la posibilidad de destrucción de pruebas y que pueda desatender el proceso, ya que posee los recursos económicos para salir del país. La decisión del juez se hizo a petición del fiscal de Drogas, Joseph Díaz, quien dijo durante la audiencia que Pineda formaba parte de una organización criminal que recibía dinero procedente de actividades ilícitas relacionadas con droga. Previamente, el juez legalizó la aprehensión de Pineda luego de que el martes se presentara a la audiencia y lo capturara la Policía Nacional. Más temprano, Víctor Orobio, abogado de Pineda hijo, dijo que el “chico”es víctima de un “odio político”. “Que le peguen a quien deben pegarle. Se justifica que le peguen a la persona que lo merece, pero no se metan con los hijos de uno de esa forma”, añadió. ¿El socio? También el juez de garantías, Carmelo Zambrano, imputó cargos por blanqueo de capitales y ordenó la detención preventiva de Omar Alexander Ortega, presunto socio de Abraham Rico Pineda, en la empresa Servicios Múltiples Rama, detenido dentro de la operación Jericó. Durante una audiencia, que se inició a las 9:00 a.m. del día de ayer miércoles 21 de agosto y que se extendió por más de dos horas, el juez Zambrano determinó que el delito imputado a Ortega es de naturaleza grave, que existe el riesgo de destrucción de pruebas y la posible desatención al proceso por parte del imputado. El fiscal de drogas, Joseph Díaz, alegó que Ortega en asociación con Abraham Rico Pineda, utilizó la empresa Servicios Múltiples Rama para el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas. Díaz detalló que la citada empresa fue usada para la estratificación del dinero procedente de actividades ilícitas, y que prueba de ello fue la incautación de $89 mil que fueron llevados a la empresa para ser legitimados. De acuerdo con la fiscalía, este dinero fue recibido por Pineda de parte del colombiano Jhonatan Parra, y posteriormente fue introducido en el flujo de dinero de Servicios Múltiples Rama. Según un informe de actuación financiera, la empresa Servicios Múltiples Rama mantiene actividades económicas por $8.2 millones y costos por $4.4 millones. Durante la imputación de cargos, la fiscalía también relató que Ortega también mantiene participación en las empresas Mared S.A., Innova Production, Sepsa S.A. y la Fundación Maron. El fiscal Díaz informó al juez que en este caso se produjo una fuga de información, cuando en la investigación que aún se mantenía como reservada, se solicitó al Ministerio de Comercio e industria (MICI) un informe de las empresas en las que aparece Pineda. Al día siguiente que se requirió la información, varios abogados se presentaron a la fiscalía con copia de la petición hecha por su despacho, relató Díaz. También detalló que días después de este hecho, Omar Ortega transfirió, a la Fundación Maron, un auto marca Tesla, valorado en $70 mil. La investigación también arrojó que Ortega fue funcionario de la Asamblea Nacional y que recibía un salaA Abraham Rico Pineda se le vincula con el blanqueo de capitales. Richard Bonilla rio de $2 mil. La participación de Luis P i tt í En otra audiencia, un juez de garantías también imputó cargos por conspiración para el blanqueo de dinero y ordenó la detención preventiva de Luis Pittí, también requerido dentro de la operación Jericó. Por este caso la fiscalía logró imputar a otras 21 personas por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo de capitales. Por su parte, Agustín Martínez Palacios y Elquis Martínez, abogados de Ortega, alegaron que su cliente no es mencionado en ninguna de las intervenciones telefónicas aportadas por la Fiscalía de Drogas en la investigación. La defensa de Ortega también detalló que la fiscalía no tiene interceptaciones de conversaciones entre Ortega y Rico Pineda y tampoco tiene responsabilidad en las actividades desarrolladas por la empresa Servicios Múltiples Rama. También explicaron que la investigación estaba fundamentada en meras suposiciones, pero no se ha presentado una sola evidencia que lo vincule con la supuesta comisión de algún ilícito. 11 claves para entender la operación Jericó Eliana Morales Gil [email protected] - La operación Jericó comenzó el 30 de junio de 2023, cuando el Ministerio Público descubrió la existencia de un grupo criminal que se dedicaba al tráfico internacional de drogas. Este grupo introducía la droga por la selva de Darién, vía terrestre, utilizando mochileros. Posteriormente, la droga era trasladada a San Miguelito, donde la escondían en vehículos con doble fondo y finalmente la transportaban a Costa Rica. - Talleres ubicados en San Miguelito se encargaban de camuflar la droga en los vehículos con doble fondo. - Agentes del Servicio Nacional de Fronteras se encargaban de dar seguridad a los cargamentos. Su participación con el grupo quedó al descubierto a través de intervenciones telefónicas. - En medio de la investigación, se configuraron “25 eventos delictivos diferentes”, explicó el procurador Javier Caraballo. Se han incautado más de 1,500 paquetes de cocaína y 397 mil dólares en efectivo. - El 15 de agosto pasado fue clave en esta historia, ya que se desmanteló el grupo. Ese día se realizaron 41 allanamientos que permitieron la captura de 28 personas. Uno de los lugares allanados fue la vivienda de Abraham Rico Pineda, ubicada en Albrook, corregimiento de Ancón, en la capital. - Se investiga la supuesta comisión de dos delitos: reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de caParte de las diligencias de la Operación Jericó. Cortesía del Ministerio Público pitales. - Abraham Rico Pineda, hijo del diputado perredista Raúl Pineda, coordinaba acciones para blanquear el dinero. En uno de los hechos delictivos, coordinó y entregó una cantidad de dinero que fue incautada por las autoridades. - El grupo criminal tenía vínculos con redes criminales colombianas y mexicanas. Recibía la droga de grupos colombianos y la enviaba por tierra, presumiblemente desde Costa Rica hasta México. Entre los capturados hay colombianos y panameños. - Servicios Múltiples Rama, compañía que ganó contratos en el gobierno de Laurentino Cortizo, estaría vinculada a la red. “Se ha podido determinar que esta empresa tuvo algún tipo de vínculo respecto a licitaciones. Esta parte está incipiente”, aseguró el procurador Caraballo. -San Miguelito no fue el único centro de recepción de la droga. En algunas ocasiones también la recibieron en la costa pacífica. - La investigación también revela que la red criminal se dedicaba al tumbe de drogas a otras organizaciones rivales. Algunos de estos tumbes se registraron en el área de Azuero. Rico Pineda en su llegada al sistema penal acusatorio de Plaza Ágora en Transístmica, Pueblo Nuevo. Richard Bonilla Custodia policial. Isaac Ortega Se entregó la mujer más buscada de Jericó Yasser Yánez García [email protected] Cuatro días después de ser declarada prófuga ayer miércoles se entregó ante las oficinas del Ministerio Público en la vía Transístmica, Annyuri Villarreal, la única mujer del grupo de 11 personas presuntamente vinculadas a la red criminal en la operación Jericó. Su abogado, Adrián Calderón, afirmó que la operación es parte de un “show mediático de la Policía Nacional”. “Una dama simpática, trabajadora, no representa un peligro para la colectividad ”, comentó. Según Calderón, el Ministerio Público se basó en interpretaciones policiales de presuntas llamadas telefónicas entre familiares para solicitar la detención de los supuestos involucrados. Más temprano, la Policía Nacional anunció que aprehendió a Juan Manuel Aguilar Reyna, otro de los más buscados por las autoridades de la operación Jericó. La detención de Reyna se dio en el distrito de Arraiján (Panamá Oeste), específicamente en el sector de El Diamante, siendo conducido para los trámites correspondientes. La fase final de la operación Jericó empezó el pasado jueves 15 de agosto de 2024, por la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas. El sábado 17 de agosto se difundieron las fotos de los más buscados. OPERACIÓN JERICÓ Abraham Rico Pineda quedó formalmente detenido Al hijo del diputado Raúl Pineda se le imputaron cargos de blanqueo de capitales. Sus abogados dijeron que se trata de un “chico” víctima de un presunto “odio político”.
5A LaPrensa Panamá, jueves 22 de agosto de 2024 Panorama Teleférico en Panamá despierta tanto apoyos como críticas El teleférico fue declarado por el Ejecutivo como proyecto de interés público en los distritos de Panamá y San Miguelito, que se ejecutará bajo la modalidad de Sistema de Concesión Administrativa. PROYECTO DE TRANSPORTE Yaritza Mojica [email protected] Tras el anuncio de que en cuatro meses deberá estar listo el borrador del pliego de cargos y el proyecto de contrato para el teleférico en los distritos de Panamá y San Miguelito, ya se escuchan voces a favor de la obra por la generación de empleos, mientras que otros consideran que existen prioridades más urgentes para la región. El pasado martes 20 de agosto, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 78-24 del 20 de agosto de 2024, que declara de interés público el proyecto del teleférico, el cual se ejecutará bajo la modalidad de Sistema de Concesión Administrativa. Como lo había informado la Dirección de Planificación Urbana del Municipio de San Miguelito, el proyecto será asumido por la empresa estatal Metro de Panamá, S.A., que ha sido autorizada para iniciar el proceso de estudios y la selección del concesionario para el proyecto de teleférico en PanamáySanMiguelito. Desde ayer, miércoles 21 de agosto, la Dirección de Planificación del Metro de Panamá, donde se agrupan los ingenieros y expertos, ha iniciado las reuniones de organización. No obstante, personal de la entidad ya había sostenido reuniones informativas con el Municipio de San Miguelito. Para los moradores de San Miguelito, la puesta en marcha del teleférico o metrocable representa una solución en transporte, ya que existen comunidades donde no llega el sistema Metro Bus ni la línea 1 y 2 del Metro debido a sus condiciones topográficas. Así lo considera el exdiputado independiente, Juan Diego Vásquez, quien celebró la decisión del Ejecutivo de poner como prioridad el proyectodemetrocablepara mejorar la calidad de vida de los pobladores de San Miguelito. Usuarios de los sectores de Nueva Libia, Torrijos Carter, Samaria, 9 de enero, entre otros, donde las calles son estrechas y empinadas, consideran que el teleférico será un alivio para movilizarse. Irma Hernández, alcaldesa de San Miguelito, ha señalado que una de las ventajas del proyecto metrocable es que la gente del distrito podrá formar parte de la elaboración, la construcción y los estudios del proyecto. “No s merecemos tener este megaproyecto aquí en el distrito para mover nuestra economía”, indicó. Mientras tanto, en redes sociales, hay usuarios que consideran que en San Miguelito existen otras prioridades, como atender el problema del agua, construir servidumbres y aceras para los peatones, y solucionar la recolección de basura. Varios estudios Diana Xie, directora de Planificación Urbana del Municipio de San Miguelito, informó que hay varios estudios de factibilidad y planes sobre cómo sería el teleférico, realizados por entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como la Nueva Red Maestra del Sistema del Metro de Panamá. Según el “Plan Conceptual: Intervenciones de Regeneración Urbana, Asociadas con la Implementación de Metrocable en San Miguelito”, elaborado por el Banco Mundial, se han determinado 15 estaciones pre-factibles ubicadas en un radio de 1 kilómetro. Estas estaciones, planteadas en las diferentes posibilidades de trazado, tendrían impacto en los barrios de los distritos de San Miguelito y Panamá. Este plan conceptual determinó 15 estaciones, evaluadas desde 2017 hasta 2020, que se ubicarían en Villa María, Norte (por Gonzalillo), Nueva Libia, Torrijos Carter, San Martín, Valle de Urracá, Cerro Batea, Mano de Piedra, Martínez (Alto de San José), Los Andes, Samaria, Villa Guadalupe, Cincuentenario, Vía España y Sur (Parque Lefevre). Adicionalmente, este estudio identificó cuatro grandes zonas donde se agrupan las mayores pendientes viales en San Miguelito: los alrededores de Samaria, al norte de la estación San Martín, al oriente de la estación Valle de Urracá y al suroeste de la estación Los Andes. “La infraestructura vial en estos sectores comparte una serie de atributos derivados de las altas pendientes, como un trazado vial discontinuo, geometría orgánica, secciones viales mayoritariamente de un solo carril, concentración de ‘reversa - deros’ y presencia de senderos y puentes peatonales”, indica el estudio. De esas condiciones particulares se derivan una serie de retos adicionales, como una menor cobertura de los sistemas de transporte público colectivo tipo bus, una menor cobertura de algunos servicios básicos que dependen de vehículos de gran tamaño, como la recolección de basura, y la atención de situaciones especiales que requieran la asistencia de vehículos de emergencia como bomberos, rescate y ambulancias. Además, se resalta que gran cantidad de vías no cuentan con carriles y, en realidad, corresponden a senderos peatonales (veredas) y escaleras para el acceso a las viviendas, especialmente alrededor de las estaciones Samaria y Martínez (Don Bosco, Colinas de San José, entre otros sectores cercanos). No obstante, ahora le corresponderá al Metro de Panamá, en un plazo máximo de cuatro meses, presentar ante el Gabinete el borrador del pliego de cargos y el proyecto de contrato. Se conoció que estos estudios no necesariamente determinarán la red final, pero sí podrían ser tomados en cuenta. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido autorizado para trasladar las partidas necesarias o créditos adicionales para los estudios previos a la licitación y selección del concesionario. San Miguelito tiene una superficie de 50km2. Archivo
6A LaPrensa Panamá, jueves 22 de agosto de 2024 Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] ‘WILD WEST’.Testigos presenciales relatan un incidente ocurrido el martes en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora. Con el tira y afloja que se formó durante la detención de Rico, uno de sus abogados no encontró mejor cosa que golpear a un policía en la cara para quitárselo de encima. Uno pensaría que esta gente habría buscado mejores representantes. NARCOMÓVIL. Fuentes confiables revelan que, durante el quinquenio pasado, los vehículos de siete de las nueve juntas comunales de San Miguelito fueron utilizados para transportar sustancias ilícitas. De estas, seis eran del PRD y una de su aliado, el Molirena. Además, se dice que solo se salvan las de Belisario Frías y Rufina Alfaro. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Y no es coincidencia. NECEDAD. El que parece no querer cumplir con las reglas de la Asamblea Nacional es el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, a quien ya en dos ocasiones sus propios copartidarios le han tenido que decir que “no se puede”. Qué manera la de algunos de querer actuar siempre al margen de la le y. BADBUNNY. Al parecer, Camacho no se toma muy bien que le digan que no, ni aunque venga de sus “compinches”. Lo cierto es que, por los hechos ocurridos ayer en el Pleno legislativo, cualquiera diría que el “Pino en Pote”ha encontrado quien lo saque de sus casillas. ¿Quién diría que sería un joven colega de Moca? Cosas veredes... SECRETO. Los diputados de Vamos siguen entrevistando a los candidatos para contralor que acudan a este llamado. Sin embargo, la diputada Shirley Castañeda se queja, argumentando que dichas conversaciones no son legales, porque en la Comisión de Credenciales esto no está permitido. Alguien debería regalarle una brújula a la diputada, porque las entrevistas se hacen fuera de la comisión. ¿Cuál será su preocupación? Está claro que ella ya tiene su candidato, y cuidado hasta los votos. ¿A qué le teme? FLORES ¿MARCHITAS? Y hablando de la elección del contralor, por los lados de la Asamblea dicen que hoy jueves será escogido el favorito del “es tablishment ”para ocupar dicho cargo. Veremos. Panorama Declaran inconstitucional la aplicación de la factura electrónica en Panamá La Corte establece que el numeral 5 demandadoes inconstitucional, debido a que infringe “notoriamente” el libre ejercicio de una profesión NORMA José González Pinilla [email protected] El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un parágrafo de la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, que establece la obligatoriedad de expedir facturas electrónicas. La decisión se produce debido a la demanda que presentó el Colegio Nacional de Abogados (CNA), específicamente contra el numeral 5, párrafo 3 del artículo 2 de la Ley 256, que establece que “los servicios prestados en el ejercicio de profesiones liberales, artesanales y artísticas de forma independiente o a través de sociedades civiles”, deberán adoptar los equipos fiscales para emitir facturas electrónicas a sus clientes. En el fallo, la Corte establece que el numeral 5 demandado es inconstitucional, debido a que infringe “notoriamente” el libre ejercicio de una profesión, como lo establece laCons - tituciónen su artículo 40. Con esta decisión, la Dirección General de Ingresos (DGI) no podría exigir a las profesiones liberales, entre los que se encuentran abogados, médicos, ingenieros y arquitectos, el uso de la facturación electrónica. El CNA se opone a estar en la lista de las actividades obligadas a usar factura electrónica, alegando que se violenta el principio de confidencialidad de sus clientes y el libre ejercicio de su profesión. En febrero de este año, el procurador de la administración, Rigoberto González, emitió su opinión respecto a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el CNA, contra la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, que establece la obligatoriedad de expedir facturas electrónicas para acreditar cualquier operación relacionada con transferencias, venta de bienes o prestación de servicios. La opinión del Procurador, aunque no es vinculante, indicó que la ley y las diferentes normas sobre el método de facturación electrónica no violaban la Constitución Política de la República de Panamá. En esa opinión, el procurador indicó que la Ley 256 no establece impuestos o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales, como se desprende de los argumentos vertidos por los demandantes. En este sentido, advirtió que en ninguno de los artículos o parágrafos se hace alusión a que el ejercer una profesión liberal, arte u oficio sea el hecho generador del impuesto. Es decir, que se grava la prestación del servicio y no así el ejercicio de la profesión. La magistrada María Cristina Chen, en su razonamiento de voto, explicó que las restricciones legales que pueden aplicarse al libre ejercicio de las profesiones u oficios, que si bien son bastante amplias como caso de certificados de idoneidad profesional, “no deben comprender la imposición de cargas adicionales para el ejercicio de las profesiones”. Desde la DGI han guardado silencio desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Durante la pasada administración, lo que se indicó fue que con la aplicación de la factura electrónica, se buscaba ser más ágil y transparente en el mecanismo de reporte del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms). La DGI no podría exigir a las profesiones liberales, entre los que se encuentran abogados, médicos, ingenieros y arquitectos, el uso de la facturación electrónica Archivo El Gorgas investiga las causas del aumento de dengue y la resistencia a químicos EPIDEMIA Aleida Samaniego C. [email protected] El Instituto Conmemorativo Gorgas de Investigaciones para la Salud (Icges), en colaboración con el Ministerio de Salud (Minsa) a través de la Región Metropolitana de Salud, llevó a cabo un operativo ayer, miércoles 21 de agosto, en el corregimiento de Veracruz, con el objetivo de investigar el aumento de los casos de dengue y evaluar posibles factores que contribuyan a esta situación. Ricardo Torres Castillo, director de la Región Metropolitana de Salud, informó que el Instituto Gorgas proporcionó apoyo técnico y médico para realizar un trabajo de vigilancia epidemiológica en el campo. Este esfuerzo incluye la captación de pacientes febriles a quienes se les aplicaron pruebas serológicas, con el fin de identificar el serotipo de dengue que circula en la zona. Jean Paul Carrera, investigador en Epidemiología y Virología del Icges, explicó que, como brazo científico y laboratorio del Minsa, el instituto está evaluando la evidencia científica para determinar los factores que podrían estar detrás del incremento de casos en Veracruz. Según Carrera, la investigación no solo se centra en los pacientes, sino que también analiza el código genético del virus extraído de los infectados, estudia al vector para determinar si está portando algún serotipo específico, y verifica si hay evidencia de resistencia al químico utilizado en las fumigaciones para el control de mosquitos. La investigación es crucial en la lucha contra el dengue, especialmente en un contexto donde los cuatro serotipos del virus están circulando a nivel nacional, lo que complica aún más la situación epidemiológica, acotó Los informes epidemiológicos regionales destacan que los corregimientos de Las Garzas, 24 de Diciembre y Veracruz son los más afectados, lo que ha llevado a la realización de operativos simultáneos para la limpieza, recolección y eliminación de criaderos, en colaboración con otras entidades. El dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, ha cobrado la vida de 26 personas en lo que va de 2024, según el último informe del Departamento de Epidemiología del Minsa. En la semana 32 (del 4 al 10 de agosto), se registraron tres nuevas defunciones, elevando el total anual por encima de las 18 muertes reportadas en 2023. Además, se han contabilizado 12,594 casos de dengue hasta la fecha, acercándose a los 16,577 casos registrados durante todo el año pasado. En lo que va del 2024 han muerto 26 personas por dengue. Archivo La Fiscalía de Venezuela asegura que ninguna muerte en protestas es ‘atribuible’ al Estado CRISIS EFE. CARACAS, VENEZUELA El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó ayer miércoles que, de 25 muertes registradas en las protestas poselectorales, ninguna es “atribuible ”a los “cuerpos de seguridad del Es tado”, al tiempo que aseguró que el 70% de las víctimas fueron “asesinadas”por “grupos delincuenciales” que relacionó con la mayor coalición opositora, sin precisar los responsables del 30% restante de los decesos. “Literalmente, de todas las víctimas, el 70% fueron asesinadas por los grupos delincuenciales. Voy a decir la primera gran conclusión. Ninguno (muerto) atribuible a cuerpos de seguridad del Estado, ninguno atribuible a funcionarios civiles o militares o policiales vinculados al Estado. Porque no tenemos una sola denuncia”, aseguró Saab. Saab informó que hay que sumar dos muertes a las 25 registradas en principio, porque “la tranca de vías con encapuchados” y “hombres armados” ocasionaron “dos accidentes fatales” e “indu - jeron la muerte de dos personas”. Además, dijo que la Fiscalía registró 190 heridos en las protestas, de los cuales -aseguró- “aproximadamente 100 son miembros de los cuerpos policiales y militares”. La Plataforma Unitaria Democrática asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el ganador de los comicios según el “83,5%”de las actas electorales que asegura haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, y que fueron difundidas en una página web, aunque el Gobierno considera que son documentos falsos.
7A LaPrensa Panamá, jueves 22 de agosto de 2024 Panorama Óscar Naranjo: ‘La banca está amenazada por el crimen organizado’ El general Óscar Naranjo, ex director de la Policía Nacional de Colombia, asegura que Panamá debe reforzar sus medidas para contener los delitos de lavado de activos y evitar el financiamiento al terrorismo. DELINCUENCIA INTERNACIONAL Reyna Katiuska Hernández [email protected] El crimen organizado tiene un fuerte interés en lavar activos a través del sistema bancario y financiero, según afirma el general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia, quien participó en el XXVIII Congreso Hemisférico de la Asociación Bancaria de Panamá sobre la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Naranjo alerta que la banca está amenazada por el crimen organizado, lo que exige reforzar los sistemas de control para contener los delitos de lavado de dinero y evitar el financiamiento al terrorismo. A sus 67 años, Naranjo fue vicepresidente El general Óscar Naranjo. Cortesía de la Asociación Banciar de Panamá Decomisan 633 paquetes con droga en pista clandestina FISCALÍA DE DROGAS Henry Cárdenas P. [email protected] El Ministerio Público informó que ayer miércoles se decomisaron 633 paquetes con droga en una operación que se llevó a cabo en el sector este de la ciudad de Panamá. De acuerdo con las autoridades, la Fiscalía de Drogas inició las investigaciones y se presume que la droga sería colocada en dos aeronaves pequeñas, en una supuesta pista clandestina en el sector de Nuevo Tocumen. Por su parte, la Policía Nacional informó que dentro del operativo, en conjunto con personal del Ministerio Público, decomisaron un fusil, un vehículo (camión) y aprehendieron a dos personas. De igual forma, la Policía adelantó que en medio de las diligencias ubicaron en un manglar cercano del río Cabra, con salida al mar, una lancha de 25 pies con dos motores fuera de borda y tres tanques de combustible. Funcionarios del Ministerio Público llegaron al lugar para continuar con las investigaciones de campo en una finca que está ubicada a unos 2.5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toc umen. La Fiscalía de Droga inició las investigaciones del caso. Tomado de @PGN_PANAM de Colombia entre 2017 y 2018, y también ocupó el cargo de ministro consejero de la Presidencia para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad. El general colombiano destaca que, aunque la región atraviesa un momento crítico, no se debe claudicar en la lucha contra la corrupción. “La corrupción debe visibilizarse y combatirse frontalmente”, subraya. “El delincuente usa múltiples disfraces: uno para acercarse a los bancos, donde se presenta como un encantador de sirenas; otro como guerrero y destructor frente a la policía; y un último, como un ‘dios’ generoso, cuando busca corromper a un oficial ofreciendo sobornos”, explica. La psicología empresarial y el entrenamiento de los oficiales de cumplimiento de los bancos, según Naranjo, son puestos a prueba por los delincuentes que intentan utilizar el sistema bancario y financiero para lavar dinero. Durante sus 36 años de experiencia policial combatiendo el crimen, Naranjo observó que algunos oficiales de cumplimiento del sistema cayeron en corrupción o negligencia. “La mayoría de los casos de oficiales de cumplimiento implicaron negligencia al no avanzar con diligencia en los debidos procesos. Siempre hay que hacer más y garantizar que se cumpla esa debida diligencia. En otros casos, los incumplimientos se dieron por omisiones de buena fe”, señala. Recalca que, en ciertos casos, el ingenio de los delincuentes supera los sistemas de control. Añade que, para que un sistema de controles sea efectivo, debe asegurar la rendición de cuentas. “L os controles que no rinden cuentas no son verdaderos controles; además, se necesita un modelo de pesos y contrapesos. Desde el sector público, muchas veces los controles tienden a estar encapsulados, dejando a los ciudadanos fuera”, advierte. A su juicio, un buen sistema de control debe ser muy participativo. “Es necesario transformar al cliente en un auditor de ese control”, concluye. “Todo esto se mantiene dentro de una línea de investigación por parte del Ministerio público”. Comisionado Edgardo Núñez, Director Nacional de Seguridad Ciudadana.
8A LaPrensa Panamá, jueves 22 de agosto de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Rendición de cuentos y demás patrañas Fiscalización Julio Linares Franco [email protected] El 14 de junio de 2023, el contralor general de la República publicó una circular que establecía la obligatoriedad de las juntas comunales de presentar un informe de rendición de cuentas sobre el manejo y uso de los recursos asignados desde 2020 hasta 2023. Esto significa que, en medio del escándalo, la Contraloría decidió finalmente emitir la circular y la guía básica para la rendición de cuentas sobre la utilización y manejo de fondos y bienes públicos, con el fin de que 679 juntas comunales rindieran cuentas. Y decimos “finalmente ”porque esto debió hacerse desde 2020, pero se dejó pasar el tiempo sin mayor explicación, a pesar de que los trabajos de dirección, evaluación, planificación y auditoría relacionados con la rendición de cuentas ante la Contraloría, basados en los informes de rendición de cuentas de las entidades del sector público, son anuales. Esto implica que la tardanza en las auditorías, que debieron haber comenzado hace más de tres años, violaba la Resolución 1810-2020-DNMySC del 14 de diciembre de 2020, la cual creó la Subdirección Nacional de Rendición de Cuentas dentro de la Contraloría. Esto significa que el contralor no llevó a cabo esta labor durante los años 2020, 2021 y 2022, a pesar de ser una responsabilidad que debe ejercerse cada año. Además, el contralor insinuó de manera sospechosa que solo auditaría a las juntas comunales, sin incluir los fondos transferidos desde la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional(AN)alMinisteriodeEconomíay Finanzas (MEF), y de este hacia la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), ni las transferencias de esta a las juntas comunales. Esto se dio aprovechando que, mediante la Ley 351 del 22 de diciembre de 2022, cuya solicitud de inconstitucionalidad está pendiente de decisión ante el pleno de la Corte desde hace más de un año, el contralor aprueba, cierra o archiva los informes de auditoría “según su criterio”, es decir, cuando lo considera oportuno. Supuestamente, los informes de las juntas comunales debieron ser entregados: los del 2020, el 14 de octubre de 2023; los de 2021 y 2022, el 14 de septiembre de 2023; y los del 2023, el 14 de julio de 2023, un mes después de la publicación de la circular el 14 de junio. Sin embargo, los ciudadanos no sabemos si estos informes, ni los posteriores, han sido entregados por las juntas comunales a la Contraloría, y si, de ser así, esta ha realizado su trabajo de control y fiscalización sobre lo entregado. Es aún más preocupante cuando el propio contralor afirmó públicamente, hace apenas un mes en una entrevista, que no existen informes de rendición de cuentas en corregimientos como el del señor Bolota en Colón (que manejó $14 millones) porque no los ha recibido. No explica cuántas de las 679 juntas comunales han rendido cuentas, porque menciona “mil 87 informes”que no especifica ni describe por corregimiento; no aclara cuáles son las “irregularidades”que dice haber encontrado, ni en qué juntas comunales están, y añade que no ha recibido explicaciones. Tampoco ha realizado auditorías, limitándose a solicitar explicaciones (que aún no ha recibido), para promover una “cultura de corrección”. El contralor tampoco parece haber auditado las transferencias desde la Comisión de Presupuesto de la AN al MEF, de este a la AND, ni de la AND a las juntas comunales, como ya se mencionó. No se ha dado cuenta, por ejemplo, de que el administrador de la AND no asistía personalmente a la Comisión de Presupuesto para solicitar esos traslados de partidas, ni para sustentar su requerimiento en función de proyectos aprobados en cada junta comunal, lo cual es requerido por ley. Tampoco parece percatarse, o interesarse, de la ausencia de solicitudes de traslados de partidas en el orden del día, y menos aún que estos traslados hayan sido aprobados. Esto lo demuestra la única copia de acta entregada al exdiputado Juan Diego Vásquez por la pasada Comisión de Presupuesto de la AN, la cual este ha demandado como ilegal ante la Sala Tercera de la Corte. Sobre ninguno de estos temas parece estar informado el contralor. Igualmente o más preocupante es que el Ministerio Público (MP), ante estos hechos tan obvios, públicos y notorios, no haya iniciado de oficio una investigación criminal por presunta falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad e infracción de deberes de los servidores públicos. Desde el punto de vista institucional, queda por hacer simultáneamente y lo más pronto posible lo siguiente: 1. Que el pleno de la Corte Suprema de Justicia decrete la inconstitucionalidad de la Ley 351 de 2022; 2. Que la Sala Tercera resuelva la ilegalidad del traslado de partida denunciado por Juan Diego Vásquez; 3. Que el MP inicie de oficio las investigaciones penales respectivas; y 4. Que la actual Comisión de Presupuesto de la AN certifique para conocimiento público todas las actas donde supuestamente se aprobaron los millones en traslados de partidas que no le quisieron entregar al exdiputado Vásquez. Si se demuestra la ilegalidad solicitada por Vásquez a la Sala Tercera, respecto al traslado de partida (incluso aunque no se logre en la vía penal, debido a la jurisdicción diferente), y si se revela que existen otras actas que no cumplían con la normativa legal y procedimental, deberían llover demandas penales en la vía ordinaria contra los exdiputados que presuntamente falsificaron documentos públicos con sus firmas, para certificar millones de balboas en traslados de partidas que nunca fueron aprobados. También, contra quienes, en la cadena que va desde la Comisión de Presupuesto, pasando por el MEF y la AND, hasta llegar a los gobiernos locales, pudieron haber cometido el delito de corrupción de servidores públicos. Además, los diputados que se reeligieron deberán ser denunciados penalmente de inmediato ante la Corte Suprema de Justicia, principalmente por los actuales diputados de la República que obtendrían las presuntas actas si demuestran que esos millones en traslados nunca fueron aprobados. En medio del escándalo, en junio de 2023, la Contraloría General de la República decidió finalmente emitir la circular y la guía básica para la rendición de cuentas sobre la utilización y manejo de fondos y bienes públicos, con el fin de que 679 juntas comunales rindieran cuentas. EL AUTOR es abogado La modernización del Estado no es solo reducirlo Cambios Rolando A. Gittens M. [email protected] La modernización del Estado parece implicar una reducción en el número de servidores públicos. Para las nuevas autoridades, habría “un exceso de burocracia para un país tan pequeño como el nuestro”. Las recomendaciones oficiales para definir el tamaño del gobierno que el país necesita estarán coordinadas por el asesor presidencial para temas constitucionales, el Dr. Miguel Antonio Bernal. La tarea asignada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, no es fácil; al contrario, es muy compleja. Tanto es así que, hace más de 40 años, estudiosos y expertos en América Latina analizaron, sin encontrar una solución, cómo transformar la gestión pública para alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia. Hacer las cosas de manera adecuada y planificada significa incorporar con más fuerza la tecnología y crear un entorno técnico y transparente, que permita enfrentar los peligros de la corrupción y el tráfico de influencias. Otro aspecto a considerar es que, en términos generales, los analistas resaltan que modernización no significa necesariamente reducción de personal. Aunque es cierto que dicha reducción puede dar una imagen de gobierno serio. Sin embargo, no parece justo evaluar el funcionamiento de los ministerios o de las entidades del Estado por su rentabilidad. Este es un enfoque comprensible para un gobierno autodenominado de empresarios, personas acostumbradas a medir el nivel de riesgo de las inversiones. Es importante recordar que muchos ministerios o entidades estatales asumen tareas que benefician a la comunidad, simplemente porque es un deber del gobierno con su pueblo, sin importar los costos, especialmente en relación con los más vulnerables. Lo que sí es deseable es que los empresarios contribuyan a crear un mercado competitivo y transparente, con todos los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la firme presión del presidente Mulino sobre las distribuidoras y comercializadoras del servicio eléctrico en el país, debido a la mala atención al usuario. Mejorar el sistema administrativo del Estado, eliminando o, al menos, mejorando una serie de normas de control que limiten el robo y, al mismo tiempo, permitan la agilidad deseada, como ocurre en el mundo de los negocios, es necesario. No menos importante será la implementación de políticas de personal en el gobierno, para lograr una adecuada identificación del servidor público. Además, se necesita algún tipo de incentivo para que el servidor público pueda desarrollarse profesionalmente. EL AUTOR es jubilado Folklore son los ‘saberes’ Día Mundial del Folklore Aristides Burgos Villarreal [email protected] Saber sobre un remedio casero es parte del folklore. Conocer un chiste, una adivinanza, una creencia sobre ánimas, o saber preparar un plato tradicional son ejemplos de los saberes de la gente y de los pueblos. La sabiduría popular, las experiencias transmitidas por nuestros ancestros que aún tienen relevancia en la sociedad actual, constituyen el folklore, tal como lo expresó el escritor británico William John Thoms en su carta titulada “Folklore ”(“The Lore of the People”), publicada en la revista Athenæum(L ondres, Inglaterra) el 22 de agosto de 1846. En esa fecha icónica, que marca el nacimiento del término folklore, es por lo que cada 22 de agosto conmemoramos el Día Mundial del Folklore. En 1846 ya se estudiaban los anticuarios y las tradiciones antiguas, y es en ese contexto donde posteriormente nace la Folklorología o Folklorística, que es la ciencia del folklore, pero desde un enfoque científico y especializado. Sin embargo, la gente que canta una copla espontánea, que “saloma”, que amasa ingredientes para una “tor tilla” o un Johnny Cake, que hace una puntada en un faldón de pollera, ya sea congo, darienita, coclesana, chorrerana o santeña, en fin, panameña; esa gente y sus saberes, que perviven hoy día frente a la modernidad de la tecnología y la inteligencia artificial, transponen los saberes tradicionales sobre el tiempo y a través de las generaciones. Es de gran valor para la gente, para los pueblos, y por ende para las naciones del mundo, preservar los saberes tradicionales y su práctica, ya que algunos aún mantienen una función en la sociedad. Lo menciono porque hay saberes que han perdido su función y han desaparecido, mientras que hoy día encontramos saberes o “conoci - mientos tradicionales”que abarcan desde la ética, la estética y la confraternidad, hasta valores que perduran y que ofrecen beneficios contundentes a las sociedades. Esos saberes constituyen el folklore de un pueblo y su gente. Los saberes vinculados a la música, la danza y la indumentaria también forman parte del folklore. Aquí me refiero a la música, danza e indumentaria de carácter espontáneo y no a la de los escenarios y espectáculos. Es preciso señalar que a veces se confunden estos saberes tradicionales y espontáneos con las prácticas actuales de carácter artístico, como los bailes, música, indumentaria y expresiones que van desde las recreaciones de folklore, las estilizaciones de folklore, las “proyecciones”de folklore, y las creaciones artísticas basadas en folklore. Si bien es cierto que estas nuevas corrientes buscan enaltecer el folklore natural, vivo y espontáneo, algunas veces son mal interpretadas, fundadas solamente en preceptos artísticos, y desechando la esencia del fenómeno folklórico. De allí surgen expresiones artísticas, sí, pero sin fundamento folklórico, que son objeto de fuertes críticas porque no guardan semejanza con la realidad folklórica que pretenden emul a r. El folklore son los saberes ancestrales y tradicionales presentes en cada rincón de Panamá, no solo en provincias o lugares que se han autodenominado “cuna del folklore nacional”, ya que tal denominación no existe. Cada región o provincia es cuna de su propio folklore. Por tanto, el ejemplo más claro es que Los Santos no puede ser “cuna del folklore nacional”porque allí no nacen ni el folklore darienita, ni el chiricano, ni el chorrerano, ni el veragüense, etc. Los Santos sería “cuna del folklore santeño”, Colón “cuna del folklore colonense”. Cabe mencionar que la autoestima santeña es la más fuerte en Panamá, identificándose con su folklore, lo que contrasta con otras provincias o regiones, donde no se le da la misma importancia al folklore local. Es por ello que hoy, 22 de agosto, hago un llamado a las autoridades panameñas. El folklore: su estudio, conservación y divulgación es un tema “constitucional”enmar - cado en un artículo que establece la obligación del Estado panameño (todas las autoridades nacionales, no solo las culturales) de “establecer primacía”, como lo señala textualmente nuestra Carta Magna, sobre las expresiones del folklore. Y son esos: los saberes de la gente, los conocimientos ancestrales, las expresiones puras y espontáneas, las cuales se pueden rescatar o reactivar a través de procesos científicos y especializados que, con el tiempo, se han ido preservando. Si se toman acciones estratégicas, esos saberes pueden perdurar por el valor que mantienen en las sociedades del mundo. En el caso de Panamá, podemos llevar esos saberes desde el pasado hasta la actualidad, y con seguridad al futuro, pues representan el perfil de la identidad panameña y su gente. En el caso de Panamá, podemos llevar esos saberes desde el pasado hasta la actualidad, y con seguridad al futuro, pues representan el perfil de la identidad panameña y su gente. EL AUTOR es director de la Escuela Nacional de Folklore de Panamá
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