8A LaPrensa Panamá, miércoles 21 de agosto de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Crisis electoral en Venezuela: un golpe a la democracia latinoamericana Elecciones Nivia Rossana Castrellón [email protected] La reciente proclamación de Nicolás Maduro como ganador en las elecciones en Venezuela ha desencadenado una crisis política y electoral sin precedentes, con implicaciones allende sus fronteras. Como presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE) 2019 y 2024, me ha correspondido liderar una corporación electoral autónoma, encargada de escrutar y proclamar ganador al presidente y vicepresidente, en procesos electorales en situaciones de estrecho margen (2019) y de gran controversia (2024). Ello me permite enfatizar la importancia de salvaguardar la integridad electoral. En mi rol como presidenta de la JNE, conozco muy bien cómo un sistema electoral transparente y participativo puede superar desafíos significativos. En 2019, manejamos una diferencia de apenas 2% entre candidatos, y, en 2024, enfrentamos una situación de gran tensión política. En ambos casos, la participación activa de la sociedad civil en todo el proceso fue clave para mantener la confianza en los resultados. Los datos presentados por Jennie Lincoln del Centro Carter sobre la situación en Venezuela son contundentes. Su análisis de 24,533 actas (81.7%) apunta a una victoria aplastante de Edmundo González, con cerca del 70% de los votos, duplicando el apoyo a Maduro. Esta discrepancia masiva entre los resultados oficiales y los datos verificados independientemente plantea serias dudas. El contraste con el sistema electoral panameño es notorio. En Panamá, el escrutinio es un proceso público y transparente, en el que cada acta determina el resultado de cada mesa, sin margen para interpretaciones arbitrarias. La sociedad civil juega un papel protagonista en el escrutinio y proclamación de los ganadores. Es un modelo que pone el poder directamente en manos ciudadanas. La situación en Venezuela presenta varios puntos críticos: 1. Transmisión:El proceso fue aparentemente fluido, contradiciendo alegatos oficiales de interferencias externas. 2. Consejo Nacional Electoral:Ha incumplido compromiso de publicar resultados detallados y entregar copias digitales a partidos políticos. 3. Actas: La supuesta alteración de más de 30,000 actas sería un proceso complejo y fácilmente detectable. 4. Sistema electoral:Tecnológicamente avanzado, lo que genera sospechas sobre la posibilidad de manipularlo. La situación provoca dudas sobre la integridad del proceso y demandas de mayor claridad por múltiples sectores. Este aparente fraude electoral no es solo un problema de Venezuela; representa una amenaza directa a la estabilidad democrática de toda América Latina. La manipulación de resultados electorales socava la confianza en las instituciones democráticas, no solo en Venezuela, sino en toda la región. Crea un peligroso precedente que pudiera debilitar el tejido democrático del continente. El impacto de esta crisis se extiende a varios niveles: 1. Regional:Puede desestabilizar las relaciones diplomáticas y económicas entre países latinoamericanos. 2. Institucional: Debilita la credibilidad de los organismos electorales y de supervisión en toda la región. 3. Social:Fomenta la desconfianza ciudadana en los procesos democráticos, pudiendo llevar a una mayor apatía política o radicalización. 4. Económico:La inestabilidad política puede afectar negativamente las inversiones y el desarrollo económico regional. Para abordar esta crisis, es imperativo: 1. Publicar íntegramente y sin dilación todas las actas de votación. 2. Realizar una auditoría independiente y transparente del proceso electoral. 3. Abrir un diálogo genuino entre todas las partes para encontrar una solución que respete la voluntad del pueblo. 4. Implementar un sistema de observación electoral regional más robusto para futuros comicios. La comunidad internacional debe asumir un papel activo, utilizando todos los medios diplomáticos y legales para presionar a las autoridades venezolanas hacia la transparencia. Los organismos multilaterales regionales deben coordinar esfuerzos para mediar en esta crisis y establecer mecanismos que prevengan situaciones similares a futuro. El modelo panameño de participación ciudadana en el proceso electoral podría servir como ejemplo para fortalecer la democracia en la región. En Panamá, la sociedad civil no sólo observa, sino que participa activamente en el conteo, en la verificación de votos y en la proclamación de los ganadores, lo que genera confianza en la integridad electoral. Ningún funcionario proclama ganador a ningún candidato a un cargo de elección. Es la sociedad civil a través de juntas de escrutinio. La resolución de esta crisis es fundamental no solo para Venezuela, sino para la salud democrática de América Latina. No podemos permitir que este aparente atropello a la voluntad popular quede sin consecuencias. Es un tema que exige la atención y acción continua de los defensores de la democracia en el continente. Hay un hálito de esperanza: Panamá también vivió graves violaciones a la voluntad popular, incluso, la anulación de la elección de 1989. Hoy vivimos en una democracia en la que somos los ciudadanos los que custodiamos la voluntad popular. Ojalá de esta crisis electoral en Venezuela, una prueba crítica para la democracia latinoamericana, salga una respuesta que haga valer la voluntad del pueblo venezolano. Estoy convencida que la respuesta a esta situación definirá el futuro de los procesos electorales y la confianza ciudadana en la región. Los datos presentados por Jennie Lincoln del Centro Carter sobre la situación en Venezuela son contundentes. Su análisis de 24,533 actas (81.7%) apunta a una victoria aplastante de Edmundo González, con cerca del 70% de los votos, duplicando el apoyo a Maduro. LA AUTORA es presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio 2019 y 2024. El ITBM y la CSS Impuestos Ricardo Salcedo López [email protected] El impuesto a la transferencia de bienes muebles (ITBM) y el de servicios (ITBMS) son impuestos perjudiciales para la economía. A diferencia del impuesto sobre la renta, que se paga solo si se genera una ganancia, el impuesto a la transferencia se paga al traspasar un bien, sin importar si se obtiene ganancia o pérdida. Esto encarece las ventas porque se debe hacer una provisión, aunque sea mental, en caso de que no se venda el bien. Es un dinero que el gobierno obtiene de manera indebida. Este impuesto es dañino porque no tiene otro propósito que generar ingresos para el gobierno, no estimula ni fomenta un buen comportamiento, pero sí perjudica porque penaliza la creación de valor. Su aplicación disminuye las ventas, encarece la toma de riesgos y no ofrece ninguna contraprestación. Es peor que el impuesto al valor agregado (IVA), ya que incentiva los negocios ilegales y fomenta la economía informal. Además, afecta la seguridad social. El intercambio de bienes, sea para consumo o para agregar valor, es la savia que alimenta el árbol de la vida económica (el crédito es el acelerador). Ingerir, usar, transformar, cambiar, dividir, conjuntar, almacenar o trasladar un bien o servicio son actividades medibles y, por lo tanto, valorables (vendibles). Permiten hacer comparaciones. A nivel personal, crean consumo, disfrute y ahorro; a nivel general, generan variedad, especialización y capital (ciencia y tecnología). El ITBM es recesivo. Dificulta el trabajo porque incrementa los costos de la actividad productiva y la desincentiva. Es una pérdida colectiva que casi no se percibe porque se diluye o se difiere, lo que lo convierte en antieconómico. Si la venta o el traspaso se realizan, es “a pesar de”y no “gracias a”este impuesto. Por el contrario, cuando un vendedor vende una casa, por ejemplo, se apresura a pagar los impuestos y la comisión del intermediario porque ha materializado una ganancia, ha solventado algún problema urgente o va a invertir o gastar en algo que le interesa, lo cual es beneficioso. El ITBM es desorientador. Los compradores y vendedores (el mercado) no tienen cómo mitigar ese porcentaje del costo de venta (7%, en la actualidad) porque no se sabe en qué porcentaje ese incremento del costo diluye el valor de cada parte del bien. No es asignable a una parte específica del producto o servicio; se integra al bien completo de manera instantánea. Aunque se diga lo mismo de los impuestos en general, discrepo: el ITBM es un impuesto a los negocios, básicamente un impuesto a las ventas. Su nombre es un eufemismo. En los negocios, el dueño, el gerente o el trabajador avispado sabe dónde está el valor no evidente, la plusvalía, el elemento diferenciador, la fórmula que da sentido al negocio y permite pagar los impuestos. Los ajedrecistas dirían: “el tiempo”(la movida ahorrada), esa es la idea. El ITBM es antisocial. A diferencia del impuesto sobre la renta, que se incrementa según aumentan las ganancias (si es que se producen), el ITBM lo pagamos todos por igual. De modo que el impacto es enorme en la clase trabajadora, pequeño en la clase media y casi nulo en la clase alta, simplemente porque la clase alta es mínima y su consumo es descartable. La economía panameña está contraída por falta de circulante legal (o justicia moral, si se quiere). Si se elimina el ITBM, se producirá un aumento inmediato del consumo que se reflejará en las arcas de la CSS. Las manos del gobierno son lentas y largas. ¡Auxilio! EL AUTOR es abogado Rocío San Miguel Derechos humanos Alberto Jabiles Schwarts [email protected] El secuestro de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel el 9 de febrero de 2024 se suma a las miles de detenciones arbitrarias perpetradas por la tiranía chavista contra los ciudadanos que defienden el derecho a la libertad de expresión, conciencia y participación política en Venezuela. A los actuales gobernantes venezolanos, asesorados por represores cubanos, les incomoda que sus abusos sean investigados, descubiertos y denunciados. Son corruptos violadores de los derechos humanos que, junto a sus cómplices militares, usan la fuerza para intentar acallar a quienes los exponen, creyendo que al apresar a los denunciantes, evitarán que la verdad salga a la luz. Libertad y verdad son valores por los que Rocío San Miguel, nacida en Caracas, Venezuela, en 1966, hoy paga una injusta cárcel. Abogada de profesión, es especialista en temas militares y presidenta de la ONG Control Ciudadano, una asociación civil que supervisa temas de seguridad nacional, defensa y Fuerzas Armadas. Desde hace más de una década, ha sido objeto de amenazas a su vida, lo que le mereció medidas cautelares a su favor emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales el régimen dictatorial que ha destruido Venezuela ha ignorado por completo. Sin embargo, la paciencia totalitaria del dictador Maduro y sus secuaces se colmó cuando, el 1 de febrero de este año, se hizo pública la solicitud de la CIDH para que el Estado venezolano cumpla la sentencia en el caso “Lista Tascón”. Este caso refiere al despido arbitrario de Rocío de su cargo público en el Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004, tras haber firmado la convocatoria al referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces Presidente Hugo Chávez Frías. El Estado sancionado tiene plazo hasta el 6 de mayo de 2024 para presentar el informe de cumplimiento. El arresto de Rocío se realizó sin que mediara acusación alguna ni se le permitiera contacto con su familia y abogados. Solo tras 10 días de incomunicación se supo que estaba detenida en el Helicoide, el lúgubre centro de detención que la dictadura venezolana utiliza para tratar de quebrar a los disidentes y presos de conciencia, empleando métodos de tortura física y psicológica heredados de Torquemada, Hitler, Stalin y Fidel Castro, entre otros genocidas cuya sola mención provoca escalofríos. Rocío, profesional íntegra, merece toda nuestra admiración y respeto. Siempre fue una figura incómoda para la dictadura. Pudo haber optado por el destino que elegimos más de ocho millones de exiliados, pero no. Ella decidió quedarse en Venezuela, consciente de los riesgos que se cernían sobre ella y su entorno familiar. Siguió trabajando y denunciando a quienes han prostituido a las Fuerzas Armadas venezolanas, poniéndolas al servicio del invasor extranjero y profanando el legado bicentenario del ejército que liberó a seis países del yugo colonial. A la fecha de escribirse estas líneas, poco se sabe del destino de Rocío. Las visitas le son restringidas y aún no ha sido formalmente enjuiciada. Sin embargo, su valiente lucha es la de todos los que queremos y anhelamos la libertad para Venezuela, tierra que en el pasado refugió a exiliados que en sus propias patrias eran perseguidos, encarcelados e incluso fusilados, abusos de los cuales hoy son víctimas los venezolanos. No olvidemos a Rocío ni a los demás presos políticos en Venezuela. El silencio genera complicidad con los represores. Rocío y los miles de valientes que literalmente se pudren en las mazmorras chavistas nos han mostrado el camino hacia la libertad marcado por sus convicciones. Sabemos que no es fácil y que la libertad no se consigue de la noche a la mañana, pero a estos héroes les debemos nuestro compromiso, y por ellos no podemos permanecer indiferentes. Rocío, los buenos siempre ganan. Pronto celebraremos tu libertad junto a la de todos los presos de conciencia en Venezuela. EL AUTOR es licenciado en educación e historia. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. 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