3A LaPrensa Panamá, miércoles 21 de agosto de 2024 UI UNIDAD INVESTIGATIVA Panorama Solís audita a la Procuraduría de la Administración, por contrato de 2017 La auditoría sobre un contrato de unos $32,000fue ordenada por el contralor el pasado 10 de abril y tiene relación con una licitación sobre obras en la azotea y el techo del gazebo del edificio de la Procuraduría de la Administración. Mónica Palm [email protected] El contralor Gerardo Solís ordenó una auditoría a la Procuraduría de la Administración en relación con una licitación que realizó la entidad hace siete años para contratar un servicio que costó menos de $32,000. La auditoría fue ordenada por el contralor el pasado 10 de abril, con el fin de“de terminar la corrección o incorrección en el proceso contractual, en la ejecución, pagos y otras actividades”rela - cionadas con una licitación pública que se remonta al 13 de febrero de 2017, para impermeabilizar la loza de la azotea y el techo de teja del gazebo del edificio principal de la Procuraduría de la Administración, en Bella Vista. La Procuraduría confirmó las diligencias y prometió que, en cuanto concluyan, comunicará los resultados de la auditoría. La relación entre Solís y el procurador Rigoberto González no ha sido fácil. González incluso en una ocasión le pidió públicamente a Solís que cumpliera con las funciones privativas de la Contraloría: fiscalizar, regular y controlar el manejo de fondos y bienes públicos. “Señor contralor, cumpla usted con sus funciones, que yo seguiré desempeñando las mías”, escribió González en una nota enviada a Solís el 25 de enero de 2022, luego de que el contralor se negara a atender un cuestionario sobre la fiscalización de los gastos de movilización y otros beneficios que reciben alcaldes y representantes de corregimiento. El procurador de la Administración también cuestioGerardo Solís. Archivo nó el manejo de la Contraloría con respecto al contrato ley 406 de 2023, que otorgó la concesión a favor de Minera Panamá (el cual fue posteriormente declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia). El contrato fue aprobado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre, y tres días después, el documento fue refrendado por Solís. “Queda claro que el texto del contrato modificado no tuvo el procedimiento previo y actualizado que requería para ser refrendado por la Contraloría ”, indicó González en su escrito de opinión a la Cor te. Este año, pidió a la Corte que se declare “nula por ilegal” la adenda que extendió por 10 años el contrato con el consorcio Panama Lottery Technology Services, que dio vida a la lotería electrónica conocida popularmente como Lotto y Pega 3. La adenda fue refrendada por Solís el 28 de abril de 2023. El contrato que ahora audita la Contraloría fue adjudicado por $31,458 a la sociedad BCN Distribución Inc., pero fue cancelado el 18 de mayo de 2018, porque la entidad consideró que la empresa no cumplió con lo pactado y que, para colmo, realizó trabajos que permitieron que las filtraciones de la losa del techo se agravasen, “causando su deterioro y afectando grandemente la seguridad del personal y el funcionamiento de la institución”. Además, la Procuraduría inhabilitó a la empresa para contratar con el Estado por un término de seis meses. En este conflicto, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas le dio la razón a la Procuraduría de la Administración, aunque redujo el plazo de inhabilitación de seis a tres meses. Rigoberto González Montenegro. Archivo Avanza proyecto de declaración jurada patrimonial ASAMBLEA NACIONAL José González Pinilla [email protected] El proyecto de ley que busca extender la obligación de presentar una declaración jurada de estado patrimonial a funcionarios de alta jerarquía avanzó dentro de la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobierno dio luz verde a este proyecto, presentado por el diputado de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga. El siguiente paso será su discusión en primer debate. Zúñiga sostiene que en la actualidad la declaración jurada de estado patrimonial, una herramienta fundamental para detectar y prevenir posibles enriquecimientos ilícitos que pudieran cometer servidores públicos, solo se aplica a un “número reducido” de funcionarios. Entre ellos el presidente y vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. También deben presentarla el contralor y subcontralor, los rectores y subdirectores de la universidades oficiales. El proyecto de Zúñiga busca extender esa medida a los diputados y sus suplentes, representantes y sus suplentes, concejales, los alcaldes, vicealcaldes, secretarios generales municipales y gobernadores.
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