2A LaPrensa Panamá, miércoles 7 de agosto de 2024 ¿Por qué se salvóel diputadoRaúl Pinedadeuna investigación? La Fiscalía deDrogas ya investiga la supuesta participación deAbrahamRicoPineda, hijo del diputadoRaúl Pineda. ‘Estánpersiguiendoa los periodistas y a los denunciantes de lacorrupción’: Cedeño Alarmade laSIPpordemandas judiciales contraCorporaciónLaPrensa Según la SociedadnI teramericana de Prensa (SIP) se debe proteger a los medios independientes frente a la presión judicial y las demandas xecesivas que buscan silenciarlos. LIBERTADDE EXPRESIÓN OhigginisArciaJaramillo [email protected] La Sociedad Interame - ricana dePrensa (SIP) manifestó ayer martes 6 deagosto supreocupación por la grave situación que enfrenta la Corporación La Prensa en Panamá, advir - tiendo que laposible consu - mación dealguna delas nu - merosas demandasjudicia - les contra esta empresa de mediospodríagolpearsuca - pacidaddesubsistencia. Este escenariotendría un “impacto negativosignifica - tivo”en lalibertad deexpre - siónen el país,segúnla SIP, que subraya la importancia de proteger a los medios in - dependientes frentealapre - sión judicial ylas demandas excesivas que buscan silen - ciarlos. Actualmente, la empresa afronta15procesoscivilesy5 demandaspenales porparte de exfuncionarios, excon - tratistas del Estado,diputa - dos y otras figuras públicas, entreelloselexjefedeEstado ErnestoPérezBalladaresyla esposa delexpresidente Ri - cardoMartinelli,porunasu - ma total superior a$60mi - llonesenconceptodemultas eindemnizaciones. A fines de noviembre, un tribunal revocó en segunda instancia el fallo a favor de Corporación La Prensa (Corprensa) enla demanda civil por presuntos daños y perjuicios por $5.5 millones interpuesta por el expresi - dente Pérez Balladares en 2012, tal como registró la SIPenabril,ensuinformede medioaño. El tribunal condenóaCorprensa a pagar $5 mil en concepto de daño moarl. El fallo de primera instancia había sido calificado como un precedenteimportante a favor dela libertadde pren - sa, debido al uso del principiode realmalicia para exo - neraralmedio. Había sido emitido por lajuez Decimoquinta deCir - cuito Civil, Lina Castro de León, quienrechazó losre - clamos del expresidente, al concluirque aquellaspubli - caciones que, segúnel de - mandante, lehabíanocasio - nado undañomoral, fueron extraídasde lavista fiscaldel 28 de febrero de 2011 que elaborólaFiscalíaEspeciali - zada contra la Delincuencia Organizada, sobre los fondos provenientesde salasde juego que fueron beneficia - dasconconcesionesduarnte la administración de Pérez Balladares(19941-999). El caso se encuentra en apelación ante laCorte Su - premadeJusticia. Estosdatosfuerondadosa conocera laSIPporAnnette Planells, presidenta de la junta directiva de Corpora - ciónLaPrensa. Acosojudicial Por su parte, el presidente de la Sociedad Interameri - cana de Prensa (SIP), Ro - berto Rock, expresó su in - quietud ante la posibilidad de que un medio independiente pueda ver comprometido su futuro debidoa una avalancha de procesos judiciales relacionados con sulaborperiodística. Rock,quientambiénesdi - rector delportal digitalme - xicanoLaSillaRota, destacó que “el acoso judicial propi - cia una cultura de la auto - censura que, además de afectar lalabor periodística, lesiona el derechodel públi - co a lainformación y diifcul - taelcontrolciudadanoalpoder,vitalendemocracia”. Sobre este tema, también se pronuncióCarlos Jornet, presidentedelaComisiónde Libertad dePrensa eInfor - macióndelaSIP, hizoun lla - mado a Panamá para que adecue su legislacióna los estándares internacionales yasí evitarque figuraspúbli - cas, incluidos funcionariosy líderes políticos,presenten demandas exorbitantes y acumulativas conel objetivo deahogarfinancieramentea losmedios. Jornet, quien también es directorperiodísticodeldia - rio argentino LaVoz del In - terior, instó a los líderesde la Asamblea Nacionala im - pulsar una reformaque im - pidalasdemandasetsratégi - cas contra la participación pública, conocidas como SLAPPpor sussiglas enin - glés,yevitequepersonascon poderabusendelsistemaju - dicial para silenciara quie - nesexpresandisenso. Antecedentes El expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) presentó una demanda por difamación contra el diario La Prensa, alegandohaber sidoinjuria - do y desprestigiado en una seriedeartículospublicados enmarzode2011. En dichos artículos, el pe - riódico, al igual que otros medios de comunicación, reportó instancias judiciales que señalaban la presunta vinculaciónde Pérez Balla - dares con un caso de blan - queo de capitales,según lo documentado por la Sociedad Interamericana de Prensa(SIP). La SIP ya había advetri - do sobre la laxituddel sis - tema judicialen Panamá, cuya legislación permite que undemandante solici - te el congelamiento de ac - tivos de un medio duarnte el transcursode unproce - so judicial, incluso sin una sentenciadefinitiva. Esta normativa permite que se presentendeman - das con pretensiones de - sorbitadas, generando al - tísimoscostos enconcepto decostas judiciales,locual puede asfixiar financiera - mente a los medios, independientementede que la causa termine siendo desechada. La empresa afronta en la actualidad 15procesos civiles y 5demandas penales por parte de exfuncionarios, excontratistas del Estado, diputados y otras figuras públicas. Archivo OPERACIÓNJERICÓ JuanManuelDíaz [email protected] Laausenciadepruebaidónea salvó al diputado del Partido Revolucionario De - mocrático (PRD),Raúl Pi - neda,de serinvestigadopor la Corte Supremade Justi - cia, enel marcode laopera - ción antidrogasdenomina - daJericó. Enunfallo fechadoel 11de julio pasado, el pleno de la Corte(conponenciadelma - gistrado Olmedo Arrocha) consideró que el Ministerio Público(MP) noaportóuna relaciónprecisayclaradelos hechos investigadosque su - girieranlaposibleparticipa - cióndeldiputadoenlacomisióndeundelito. “De ladocumentaciónque hemosrecibidopaar nuestro conocimiento, se obsevra una incipienteinvestigación con falta de información, lo que nos lleva a concluirque fue remitida conpremura y no conelanálisis debidoque este tipo degestiónprocesal conlleva”, señala el fallo. Agregaquesi elMPencuen - tra otros elementos, podría abrirse una investigación contraPineda. Jericó es una operación de laUnidadSensitivadelaDi - rección deInvestigación Ju - dicial (DIJ) y la Fiscalía de Drogas, iniciada enjunio de 2023, sobre la existencia de ungrupocriminalintegrado por colombianos, mexica - nosy panameños,presunta - mente dedicados al narco - tráficoyal blanqueodecapi - tales. Según la investigación, la citada red mantieneopera - ciones en Darién,Panamá y LosSantos. La fiscalía yain - vestiga la supuesta partici - pacióndeAbrahamRicoPi - neda, hijo del diputadoPi - neda. Sesospechaqueel hijo era lapersonaencargadadel manejodeldinero. Atravésdel informedenovedad del 29 de mayo de 2024, laDIJremitióalaCorte información yun disco compacto con la investiga - ción. ¿Por qué? Porque (a través de interceptaciones telefónicas debidamente autorizadas porun juez de garantías) se descubrió que entre los contactos de Rico Pineda estaba su padre, el diputadodelaAsamblea. La Corte reconoceque la FiscalíadeDrogasle remitió un relato de las diligencias llevadas acabo, peroadvier - te queen dichorelato no se indicadequémanear secon - figura la comisiónde un de - litoy laparticipación deldi - putado. Elplenode laCortesostie - ne quelo relatadopor elMP es información precaria, limitándose avincular al pa - dreyalhijoatravésdesusco - municaciones, sin señalar el contextodedichocontacto. La Corte tambiénexpre - sa su preocupación deque el MP le haya remitido el audioenuncasoenelque,a la fecha,no seha imputado anadie,lo queponeenries - go la identidadde laspersonas investigadas prelimi - narmente. Recalca que, encaso de encontrarse elementosque sugieranlaposiblevincula - ción del diputado o de una persona aforada, deberá realizarse la consecuente ruptura procesal y enviarla nuevamente a la Corte, conforme al artículo 448 del Código de Procedi - mientoPenal. ASAMBLEANACIONAL OhigginisArciaJaramillo [email protected] Varias figuras de la socie - dad civil se pronunciaron luego de queErnesto Cede - ño,diputado delMovimien - toOtroCamino(Moca),pre - sentaraunapropuesta legislativa para modificar el CódigoJudicial conelfinde prohibir elsecuestro civilde bienesyactivosdemediosde comunicación yde personas que denuncian actos de co - rrupción. La iniciativa ha generado un amplio debate, desta - cando lanecesidad depro - teger tantoa losperiodistas como a los denunciantes, quienes desempeñan un papel crucial en la lucha contra la corrupción yen la defensadela libertaddeex - presiónenelpaís. El propio Cedeñodijo a La Prensa que desde hace años viene proponiendo que se legisle sobreeste te - ma,peronoselehabíaescu - chado. “Hayquedefenderla libertad de expresión y la democracia ”, afirmó el di - putado. “Seestápersiguiendoalos periodistas y a los denun - ciantes de la corrupción, por lo cual hay que prote - gerlos. Hay acoso judicial ”, puntualizóCedeño. Organizaciones comoel Consejo Nacional de Perio - dismo yel Fórumde Perio - distas por las Libertades de Expresión e Información coincidieronenquelosgre - miosperiodísticoshanesta - do siempre abiertos al diá - logopara facilitarproyectos que garanticen la libertad deexpresiónydeprensa. “Siempre hemos denunciado la tendenciaa utilizar la vía judicialpara obstacu - lizar la labor periodítsica y de losmedios decomunica - ción, porque no soloatenta contra la capacidadde los medios de informar, sino que tambiénafecta elpatri - monio de los mismosy su capacidad económica de operar.Elproyectorequiere de mayor consultacon los distintos grupos de la sociedad ”, indicaron. Mientras que para la abo - gadayactivistaMagalyCas - tillo es “muy importante” y “atinada ”la iniciativade ley quegarantizanosololapro - tección a los medios de comunicación, sinotambiéna los defensoresde derechos humanos ya los activistas contralacorrupción. “El secuestro debienes se convierte en una amenaza contra la libertadde expre - sión y en acosoe intimida - cióna losquedenuncianar - bitrariedades ”,dijoCastillo. SegúnCastillo, hacealgu - nosaños seintentótrabajar en una ley de proteccióna periodistas y defensoresde derechos humanos, perono se logró avanzar, por lo que leparece “muypositivo ”que sediscutaestetema. Giulia De Sanctis, presi - dente de la Asociación Pa - nameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), aifrmó que la organización consi - dera que la libertad de ex - presión ysu protecciónson “esenciales ” para la demo - cracia, por lo que la pro - puestadeleydebeserdiscu - tidaampliamentecontodos los sectores de la sociedad, especialmente losmedios decomunicación. EnesamismalíneasemanifestóLinaVega,presiden - te de la Fundación para el Desarrollo de la Libetrad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia In - ternacional, quien califcó el tema como “muy importante” porque guarda rela - ción con la libertad de ex - presión, elejercicio libredel periodismo, así como la protección de los denun - ciantes, queabarca mucho más quela prohibicióndel secuestrodebienes. “Esdecir, el temadebeser abordadode formamás ri - gurosa y holística, y ser el productodeunamplioaná - lisisciudadano ” ,dijoVega. Losdetalles Elanteproyectodeleyque Cedeño puso a considear - cióndesuscolegasbuscain - cluir un numeral en el artí - culo 531 del Código Judi - cial, queestablece lasreglas para lasmedidas cautelares en casos especiales.La nor - maqueproponeCedeñodi - ceasí: Estáprohibidodecretarel secuestrodebienesenlossi - guientescasos: A. A laspersonas que de - nuncian actos de corrup - ción, arbitrariedades o vio - laciónde leyes. B.A los acti - vos y bienesde medios de comunicaciónsocial. Esta mismadisposición también estaría contem - plada en el artículo 331 del Código Procesal Civil que entrará envigencia en 2025. De acuerdo conCedeño, enPanamá hahabido “acosojudicialadenunciantes ”. Panorama
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