4A LaPrensa Panamá, martes 6 de agosto de 2024 Panorama Navarro alertó sobre riesgo ambiental en la zona de la mina de cobre El presidente José Raúl Mulino insistió en que hay que adelantarse a cualquier cosa que pueda pasar en el área especialmente en los meses en los cuales incrementan las lluvias. CONSEJO DE GABINETE Eliana Morales Gil [email protected] El cierre de la mina de cobre, ubicada en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, Colón; formó parte de la agenda del ConsejodeGabinetedelpresidente José Raúl Mulino que se desarrolló el pasado 16 de julio. El mandatario pidió a los ministros vinculados a los temas de desastres y asuntos afines que se preparen para los meses en que se pronostican intensas lluvias. Las palabras de Mulino surgieron a raíz de que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que la zona está en riesgo debido a los taludes, material a la intemperie y otros componentes que podrían causar daño ambiental al área y a las comunidades cercanas. En los últimos días, Navarro ha insistido en que el concentrado de cobre que permanece en Minera Panamá debe ser removido “a corto plazo”del área. “Hay un riesgo enorme con el concentrado de cobre que está en la mina, hay que llevárselo lo antes posible. Ese concentrado tendrá que volver a molerse, según han explicado los expertos técnicos; no he podido hablar con la gente de la mina. El presidente Mulino dijo que este tema se tocará el año entrante, pero a corto plazo se está por aprobar un plan de gestión presentado por la empresa para que se mantenga de forma segura lo que está en el área”, manifestó Navarro a finales de julio pasado. Auditoría En la reunión de Mulino con sus ministros, Navarro también informó que requieren contratar auditores para la evaluación que harán en la mina y explicó que ya se reunió con el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para establecer un programa para la auditoría. A inicio de este año, el procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó que las 132 mil toneladas de cobre que están almacenadas en la mina, deben ser vendidas para financiar parte del programa de Preservación y Gestión Segura (PSG) que se implementará durante el cierre de la concesión de 13 mil hectáreas. Al igual que Navarro, Moltó abogó para que se tome una decisión sobre el material (concentrado de cobre) y añadió que hay instituciones internacionales que están dispuestas a participar en este proceso. Otro que se unió a la conversación fue el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. Manifestó que enviará un equipo para que inspeccione el área, con el propósito de constatar la advertencia de las comunidades sobre posible contaminación en la zona. Mulino insistió en que hay que adelantarse a cualquier cosa que pueda pasar en el área. Preguntó: ¿Cuánto tiempo dura la auditoría? El ministro de Ambiente respondió que entre tres a seis meses. Anunció que solicitará una veeduría ciudadana en la que participarían organizaciones “de prestigio”. Al inicio de la reunión Navarro comentó que hay sectores que abogan por el cierre definitivo de la mina y Consejo de Gabinete del presidente José Raúl Mulino. Cor tesía Diputado Cedeño presenta propuesta de ley para impedir el secuestro de bienes a medios y a denunciantes de corrupción LIBERTAD DE EXPRESIÓN Eliana Morales Gil [email protected] Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), presentó una propuesta legislativa que modifica el Código Judicial para que se prohíba el secuestro civil de bienes y activos de medios de comunicación y de personas que denuncian actos de corrupción. El anteproyecto de ley que Cedeño puso a consideración de sus colegas busca que se incluya un numeral en el artículo No. 531 del Código Judicial, que establece las reglas para las medidas cautelares en casos especiales. La norma que propone Cedeño dice: Está prohibido decretar el secuestro de bienes en los siguientes casos: A. A las personas que denuncian actos de corrupción, de arbitrariedades o de violación de leyes. B. A los activos y bienes de medios de comunicación social. Esta misma disposición también estaría contemplada en el artículo 331 del Código Procesal Civil que entrará en vigencia en 2025. Acoso judicial a denunciantes De acuerdo con Cedeño, en Panamá ha habido “acoso judicial a denunciantes”. Recordó que en una oportunidad solicitó a la Comisión de Estado por la Justicia que se abogara por la protección tanto de los denunciantes como de los medios de comunicación. En su exposición de motivos, el diputado del circuito 8-4 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco) citó sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que define a la libertad de expresión como “una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática (...)”. Cedeño también recordó que la misma Corte dijo que “el ejercicio periodístico solo puede realizarse libremente cuando los que lo realizan no son víctimas de amenazas ni agresiones físicas, psicológicas u otros actos de hostigamiento (...)”. En el pleno legislativo, el diputado sustentó que las leyes panameñas ofrecen “poca protección a los denunciantes de corrupción y a los medios de comunicación que muchas veces son las vías utilizadas por los denunciantes para dar a conocer a la sociedad la ocurrencia de actos indignos”. Práctica de los poderosos El acoso judicial y el secuestro de bienes a periodistas y medios de comunicación es una práctica que ha tomado fuerza en Panamá. Por ejemplo, desde hace cuatro años, Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), que edita los periódicos La Prensa y Mi Diario, tiene sus bienes y cuentas embargados por una concurrencia de hasta $1.13 millones, como parte de una demanda presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) en el año 2 01 1 . El secuestro fue ordenado por una jueza civil en plena pandemia del coronavirus, en junio de 2020, cuando todavía no existía una condena ni se habían practicado pruebas dentro del proceso. En un fallo de primera instancia, el 23 de junio de 2023, la jueza Lina Castro de León negó la indemnización solicitada por Pérez Balladares y le condenó a pagar $581 mil en costas a favor de Corprensa. El expresidente apeló y, el 16 de noviembre, el Primer Tribunal Superior de Justicia revocó la decisión de la jueza Castro y condenó a Corprensa a pagar $5,000 a Pérez Balladares. El caso depende ahora de una decisión de la Corte Suprema de Justicia. La advertencia de RSF Recientemente, Reporteros Sin Fronteras (RSF), en su última clasificación sobre el estado de la libertad de prensa en 180 países, alertó sobre las presiones políticas que enfrentan los periodistas de Panamá, lo que se refleja en la proliferación de procesos judiciales en curso. Quienes están particularmente en el “punto de mira de la justicia” son los periodistas panameños críticos con las políticas gubernamentales y los que cubren los casos de corrupción, especialmente los escándalos financieros internacionales, señala el informe. El diputado Ernesto Cedeño junto a sus compañeros de bancada Grace Hernández y José Pérez Barboni. otros por la reapertura. Sobre este último asunto opinó el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. Dijo que “gran parte” de la comunidad “apoya el cierre”. Sin embargo, añadió, existen “peligros de diferentes tipos”. Además del ambiental, mencionó la minería ilegal, que según dijo “ya existía” pero que se ha incrementado. Otros temas El martes 16 de julio de 2024, Mulino y sus ministros también debatieron sobre el presupuesto que tendrá la Autoridad del Canal Panamá (ACP) para el 2025, monto que asciende a $5,623.5 millones, es decir, 17.7% más que la cifra presupuestada en su año fiscal 2024. José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal sustentó la cifra frente al presidente Mulino y sus colegas ministros. Ese día también se le dio cortesía de sala a Ilia Espino de Marotta, subadministradora de la ACP. Por su parte, el ministro de Comercio, Julio Moltó, puso a consideración del gabinete el proyecto de resolución 64-24 que acuerda el nombramiento de un director de la junta directiva del Fondo de Promoción Turística. Mientras que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman sustentó el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley 418 del 29 de diciembre de 2023 que dicta el presupuesto general del Estado. Actas del gabinete son públicas Toda esta información se desprende del acta del Consejo de Gabinete del pasado 16 de julio. El gobierno de José Raúl Mulino comenzó a publicar dichas actas desde 2019 en adelante. El pasado 9 de julio, a pocos días haber asumido su mandato, Mulino anunció que dejaría sin efecto la Resolución de Gabinete No. 71 del 4 de agosto de 2021, que declaró restringidas esas actas por un periodo de 10 años. El documento de la controversia fue firmado por José Gabriel Carrizo, quien fungía como ministro de la Presidencia en ese momento. También fue avalado por Carlos García, el viceministro de la Presidencia de la época.
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