2A LaPrensa Panamá, miércoles 31 de julio de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom El contralor ignoró solicitudes de auditorías del Ministerio Público Un informe estadístico del Ministerio Públicoindica que, entre 2020 y mayo de 2024, se remitieron a la Contraloría 235 solicitudes de auditoría, de las cuales 17 fueron abiertas en tiempo oportuno y solo cuatro de ellas fueron efectivas para lograr condenas. INFORME Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La Contraloría General de la República (CGR) ignoró la mayoría de las peticiones de auditoría que le remitió el Ministerio Público entre el año 2020 y mayo de 2024. Así lo plantea un informe estadístico del Ministerio Público, el cual detalla que, entre enero de 2020 y mayo de 2024, se remitieron a la Contraloría General de la República 235 solicitudes de auditoría, de las cuales 17 fueron abiertas en tiempo oportuno y solo cuatro de ellas fueron “efectivas” p a ra lograr condenas. El informe, que lleva la firma del procurador Javier Caraballo, se da en respuesta a una nota que le envió el diputado del partido Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, con varias interrogantes. Dentro del documento se menciona que el Ministerio Público tuvo que archivar unos 38 casos por la falta de entrega de las auditorías solicitadas a la Contraloría, y en 16 investigaciones se han decretado sobreseimientos por no contar con las auditorías requeridas. En la nota, fechada el 25 de julio de este año, Caraballo aclara que en los delitos contra la administración pública existe una pluralidad de pruebas que pueden determinar la comisión del hecho delictivo y la responsabilidad de su autor, y que no solo se depende del resultado del informe de auditoría para lograr una condena. Práctica habitual El contralor, Gerardo Solís, no solo ignoró los pedidos de auditoría del Ministerio Público, sino también de la Fiscalía de Cuentas. Un informe estadístico de la Fiscalía de Cuentas precisa que, entre enero de 2020 y mayo de 2024, se remitieron a la Contraloría 52 solicitudes de auditoría, pero solo se abrieron cuatro de ellas. En medio de este escenario, Cedeño solicitó este lunes 29 de julio en el pleno de la Asamblea Nacional que se evaluara la posibilidad de denunciar penalmente al contralor por no cumplir con su rol de fiscalizador de los fondos públicos. “Horrible la escuálida colaboración del contralor”, dijo el diputado. La gestión de Solís se ha caracterizado por negarse a realizar auditorías, no investigar y ocultar nombres en los registros oficiales. Por ejemplo, la Contraloría escondió más del 50% de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. A esto se suman las secuelas de la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (anteriormente establecida por la Ley 32 de 1984), la cual continúa siendo percibida como un obstáculo en la batalla contra la corrupción. Esta normativa fue demandada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en abril de 2023, recurso legal que fue admitido ese mismo año. Entre otros retrocesos, la ley otorga discrecionalidad a la Contraloría para no realizar auditorías o investigaciones solicitadas por la Jurisdicción de Cuentas o el Ministerio Público, y otorga facultades casi plenipotenciarias al contralor, lo cual puede prestarse a la arbitrariedad. A pesar de las constantes críticas, el contralor dijo recientemente en la columna Knockout de La Prensaque quien lo reemplace dará fe y testimonio de lo que ha hecho en el cargo. “Los números y datos verán que hasta ahora ningún contralor ha fiscalizado ni más ni mejor que yo”, puntualizó. El contralor Gerardo Solís. Archivo Definitivo: Zulay Rodríguez pierde y Ortega será diputado IMPUGNACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] El pleno del Tribunal Electoral (TE) desestimó el recurso de apelación presentado por la exdiputada Zulay Rodríguez contra la decisión del Juzgado Segundo Administrativo Electoral de rechazar una demanda de impugnación contra la proclamación de Luis Omar Ortega, del partido Realizando Metas, como diputado del circuito 8-2 que correspondeaSanMiguelito. A través del edicto No. 114-2024S-G -colgado este martes 31 de julio en la secretaría del TE y con la ponencia del magistrado Alfredo Juncá- el pleno de esta institución decidió no acoger la apelación presentada por Rodríguez, quien pedía la celebración de nuevas elecciones en el circuito 8-2, tras alegar inconsistencias en el conteo realizado en las mesas de votación 4672, 4682, 4757, 4815, 4818, 4894, 4902, 4916 y 5114. El fallo de los magistrados del TE confirma la decisión de la juez segunda administrativa electoral, Edmara Lizbeth Jaén, quien desestimó en primera instancia la demanda de impugnación presentada por Rodríguez. La jueza consideró que se hizo palpable que en las mesas de votación impugnadas “no se produjeron situaciones que realmente llevaran a variar el resultado de la elección”y, en consecuencia, queda en firme la proclamación del candidatoLuisOmarOrtega. La decisión de los magistrados del TE precisa que el recurso presentado por Rodríguez no estuvo nutrido de los argumentos y pruebas que permitieran llegar a la conclusión inequívoca que el error en el cómputo o alteración en el conteo de los votos afectó la elección en el circuito 8-2. También plantea que según la demanda presentada por Rodríguez, ella solo requería de 68 votos para alcanzar el medio cociente y así acreditarse una de las siete curules en disputa en el circuito 8-2, pero que no existe una explicación clara dónde fueron computados esos 68 votos y que en el expediente del juzgado tampoco hay evidencia de ello. Además, señala que al no poderdeterminarsenicuantificarse la afectación del derecho de ambos candidatos, no es posible acceder a la pretensión de la demandante y mucho menos realizar una nueva elección. La exdiputada Rodríguez reaccionó a la decisión adoptada por el pleno del TE, a través de un mensaje en la red social X. “No les importó las actas preñadas, el decreto ilegal que utilizaron para contar los votos, ni los errores insubsanables en las act a s”,escribió. La exdiputada Zulay Rodríguez. Alexander Arosemena Solicitan investigación a los permisos de armas adquiridos por el director de Migración Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA), Isaac Brawerman, calculó que los trámites para obtener una licencia de porte y tenencia de arma tarda más de cinco meses en la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) del Ministerio de Seguridad Pública. Por tanto, solicitó que la Procuraduría de la Administración investigue cómo estos permisos fueron adquiridos en menor tiempo por el exdirector de esa entidad, RogerMojica. Mojica estuvo al frente de la Diasp en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y en el de José Raúl Mulino, fue designado director del Servicio Nacional de Migración. “Cuando llevan más de dos o tres meses, meto los impulsos pidiendo que por favor salgan. Al final, estos trámites se llevan más de cinco meses”, relató el también abogado, quien resaltó que la ley de armas establece un plazo de 30 días, que pocas veces se cumple. La Prensareveló que Mojica, mientras estuvo al frente de la Diasp entre 2021 y 2024, aprobó siete permisos de porte y tenencia de armas a su nombre en un corto período de tiempo: cada uno de esos permisos tardó entre a 11 a 32 días en estar listo. También expidió cinco permisos a favor de Ricardo Marulanda, quien era su asesor legal. Brawerman indicó que desde 2020 tramita como abogado en la Diasp, donde ha tenido que gestionar varios “impulsos”por permisos de armas atrasados. Llamado a la Procuraduría Brawerman consideró que el procurador de la Administración, Rigoberto González, debe iniciar una investigación sobre el procedimiento administrativo que se realizó en la Diasp durante la gestión de Mojica, para determinar la legalidad de las actuaciones del funcionario. “La Procuraduría de la Administración debe pronunciarse sobre si es correcto que ellos mismos tuvieran que aprobar sus propios trámites o no. Este es un caso muy peculiar y me gustaría saber qué puede decir la Procuraduría”, afirmó. En la documentación a la que tuvo acceso La Prensa, se observó que Mojica envió al menos dos notas al entonces director de la Policía Nacional, John Dornheim, para gestionar el retiro de dos de sus armas. Las notas fueron enviadas el 30 de mayo de 2022 y el 3 de enero de 2023. Las armas le fueron entregadas poco después de que Mojica enviara las notas a Dornheim. Brawerman indicó que todas las armas solicitadas por los ciudadanos están en cusEl presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA), Isaac Brawerman. Archivo todia de la Policía, pero consideró que las notas que envía el director de la Diasp deben contener varios nombres y no uno solo, debido a que estas armas están en depósitos oficiales custodiados por agentes policiales y son trasladadas a la Diasp para ser entregadas al solicitante. Cambios favorables El año pasado, la Diasp implementó un cambio en el procedimiento de traspaso de armas, reforzando la figura de un intermediario. El 4 de julio de 2023, el entonces ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, firmó una resolución (que fue promulgada el 25 de julio de 2023 enGaceta Oficial), en la que destaca que los “intermediarios” ten - drán una licencia para transportar armas que son propiedad de terceros. Para realizar esa función, contarán con un carné. Meses después de la promulgación de esta resolución, en noviembre pasado, se inició un proceso de traspaso de una pistola marca Sig Sauer, calibre 9 milímetros, a favor de Mojica. El vendedor, un panameño radicado en Suiza, otorgó poder a un abogado para realizar la venta del arma de fuego. La Diasp, en el acta de entrega del arma a Mojica, el 29 de diciembre de 2023, anotó una observación: “Cabe señalar que el arma con las especificaciones descritas no se mantuvo en custodia de la Diasp”. Esta nota lleva la firma de aceptación de Mojica. En entrevista con este medio, el funcionario afirmó no recordar haber comprado un arma a través de traspaso. Críticas Horas antes de la entrevista con este medio, Brawerman, como presidente de la APPA, divulgó un comunicado en redes sociales criticando la investigación de La Prensa, que publicó el listado de armas en posesión de Mojica. La APPA consideró “i nformación sensitiva” el detalle de armas de fuego lícitas pertenecientes a un legítimo propietario, “pues creemos que ello marca una peligrosísima tendencia de exponer la información sobre dichos bienes sensitivos”. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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