75¢ Miércoles 31dejuliode2024-Año 43-Nº 14731 El diario libre de Panamá prensa.com Proyecto de amnistía: ¿Un paso hacia la impunidad? La iniciativa de Luis E. Camachosacaría de la cárcel a condenados por blanqueo de capitales y otros delitos graves. Foro en David, Chiriquí La era de la economía sostenible Con el título ‘Cómo generar economías sostenibles con un impacto social y ambiental positivo ’ se llevó a cabo ayer martes en David, Chiriquí, una nueva edición del Café con la Prensa. En el foro, patrocinado por Global Bank, Delta, Jetour y Hyundai, participaron el CEO de Kotowa, Ricardo Koyner y Marta Alvarado Fonger en representación de la Cámara de Comercio de Chiriquí. VEA 1B Richard Bonilla Piden investigar permisos de armas El presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas, Isaac Brawerman, solicitó que se investigue cómo el exdirector de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), Roger Mojica, obtuvo sus permisos de armas en tiempo récord (11-32 días).SegúnBrawerman,estostrámitessuelentardarmásdecincomesesencompletarse. VEA 2A Plan de reducción de gastos será por $1,387 millones CONSEJO DE GABINETE El Consejo de Gabinete aprobó ayer martes un plan de contención del gasto público hasta por 1,387 millones de dólares en el presupuesto general del Estado ANÁLISIS Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] Una iniciativa presentada en el seno de la Asamblea Nacional busca cumplir con uno de los anhelos del expresidente de la República Ricardo Martinelli (2009-2014): que se anule su sentencia de 10 años y 6 meses de prisión por blanqueo, dictada en julio de 2023. El anteproyecto, impulsado por el diputado Luis El reclamo unánime Que el régimen dé acceso a las actas La mayor parte de la comunidad internacional, así como la oposición en Venezuela, exigió al régimen de Nicolás Maduro que dé acceso a las actas de todas las mesas electorales. Los chavistas dicen, sin probarlo, que Maduro ganó las elecciones del domingo mientras la oposición asegura que tiene copias de actas que le dan una amplia ventaja a Edmundo González. Mientras la represión y las diatribas del oficialismo aumentan: “Los vamos a joder", dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien ha pedido encarcelar a María Corina Machado, González y a otros líderes del país petrolero. VEA 6A Hoy por hoy La transparencia es el arma más poderosa contra la corrupción. En Venezuela, mientras el gobierno de Nicolás Maduro intenta perpetuarse en el poder por la fuerza, la oposición, liderada por María Corina Machado, ha dado un ejemplo de claridad al publicar más del 80% de las actas electorales. Estos documentos se presentan como prueba de la victoria que reclaman haber obtenido con el candidato Edmundo González Urrutia sobre Maduro. Líderes de todo el mundo, de diversas ideologías, se han unido en un llamado unánime: el gobierno venezolano debe mostrar las actas que afirma haber escrutado. Cada momento que pasa sin que estas se hagan públicas refuerza la percepción de un fraude en curso y pone en riesgo la democracia y la esperanza de un futuro justo para los venezolanos. La transparencia no es solo una exigencia; es un derecho. Es un faro de esperanza que puede iluminar el camino hacia un cambio real. Exhortamos a todos a unirse en esta demanda por la verdad, porque solo con transparencia podemos construir una sociedad más justa y libre. Panorama El contralor ignoró solicitudes de auditorías 2A ÁDEMÁS Tribunal rechaza apelación de Zulay Rodríguez 2A Economía Confirman suspensión de vuelos a Venezuela 3B Christianson quiere mejorar y ya piensa en Los Ángeles 2028 8A Eduardo Camacho, del Partido Realizando Metas, fundado por Martinelli, contiene 19 artículos con los que se modificarían el Código Penal y el Código Procesal Pe n a l , y se establecerían las normas más amplias en materia de indulto y amnistía que ha conocido el país. La propuesta entra en conflicto con una multiplicidad de normas constitucionales, amplía la definición de delito político para favorecer al expresidente y aumenta radicalmente la potestad de la Asamblea Nacional para declarar una amnistía sin necesidad de que el presidente de la República participe en su aprobación. Además, promueve una reforma del recurso de revisión penal, para favorecer explícitamente al asilado en la embajada de Nicaragua. De convertirse en ley, esta propuesta permitiría que de forma arbitraria se indultara o se le concediera una amnistía a una importante cantidad de privados de libertad condenados por peculado, blanqueo de capitales y otros delitos graves. VEA4A vigente (2024). Esta contención se aplicará al Gobierno Central, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros. La decisión está contenida en la Resolución N.69-24 del 30 de julio de 2 0 24 . También se anunció que con estos recursos se pagarán 877 millones de dólares que el Estado le adeuda a los proveedores desde hace varios años. Igualmente, el Gabinete anunció que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos multó a la empresa de distribución eléctrica Elektra Noreste, S.A. con 7.3 millones de dólares. VEA 1B
2A LaPrensa Panamá, miércoles 31 de julio de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom El contralor ignoró solicitudes de auditorías del Ministerio Público Un informe estadístico del Ministerio Públicoindica que, entre 2020 y mayo de 2024, se remitieron a la Contraloría 235 solicitudes de auditoría, de las cuales 17 fueron abiertas en tiempo oportuno y solo cuatro de ellas fueron efectivas para lograr condenas. INFORME Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La Contraloría General de la República (CGR) ignoró la mayoría de las peticiones de auditoría que le remitió el Ministerio Público entre el año 2020 y mayo de 2024. Así lo plantea un informe estadístico del Ministerio Público, el cual detalla que, entre enero de 2020 y mayo de 2024, se remitieron a la Contraloría General de la República 235 solicitudes de auditoría, de las cuales 17 fueron abiertas en tiempo oportuno y solo cuatro de ellas fueron “efectivas” p a ra lograr condenas. El informe, que lleva la firma del procurador Javier Caraballo, se da en respuesta a una nota que le envió el diputado del partido Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, con varias interrogantes. Dentro del documento se menciona que el Ministerio Público tuvo que archivar unos 38 casos por la falta de entrega de las auditorías solicitadas a la Contraloría, y en 16 investigaciones se han decretado sobreseimientos por no contar con las auditorías requeridas. En la nota, fechada el 25 de julio de este año, Caraballo aclara que en los delitos contra la administración pública existe una pluralidad de pruebas que pueden determinar la comisión del hecho delictivo y la responsabilidad de su autor, y que no solo se depende del resultado del informe de auditoría para lograr una condena. Práctica habitual El contralor, Gerardo Solís, no solo ignoró los pedidos de auditoría del Ministerio Público, sino también de la Fiscalía de Cuentas. Un informe estadístico de la Fiscalía de Cuentas precisa que, entre enero de 2020 y mayo de 2024, se remitieron a la Contraloría 52 solicitudes de auditoría, pero solo se abrieron cuatro de ellas. En medio de este escenario, Cedeño solicitó este lunes 29 de julio en el pleno de la Asamblea Nacional que se evaluara la posibilidad de denunciar penalmente al contralor por no cumplir con su rol de fiscalizador de los fondos públicos. “Horrible la escuálida colaboración del contralor”, dijo el diputado. La gestión de Solís se ha caracterizado por negarse a realizar auditorías, no investigar y ocultar nombres en los registros oficiales. Por ejemplo, la Contraloría escondió más del 50% de los beneficiarios de auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. A esto se suman las secuelas de la Ley 351 de 2022, que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República (anteriormente establecida por la Ley 32 de 1984), la cual continúa siendo percibida como un obstáculo en la batalla contra la corrupción. Esta normativa fue demandada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana en abril de 2023, recurso legal que fue admitido ese mismo año. Entre otros retrocesos, la ley otorga discrecionalidad a la Contraloría para no realizar auditorías o investigaciones solicitadas por la Jurisdicción de Cuentas o el Ministerio Público, y otorga facultades casi plenipotenciarias al contralor, lo cual puede prestarse a la arbitrariedad. A pesar de las constantes críticas, el contralor dijo recientemente en la columna Knockout de La Prensaque quien lo reemplace dará fe y testimonio de lo que ha hecho en el cargo. “Los números y datos verán que hasta ahora ningún contralor ha fiscalizado ni más ni mejor que yo”, puntualizó. El contralor Gerardo Solís. Archivo Definitivo: Zulay Rodríguez pierde y Ortega será diputado IMPUGNACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] El pleno del Tribunal Electoral (TE) desestimó el recurso de apelación presentado por la exdiputada Zulay Rodríguez contra la decisión del Juzgado Segundo Administrativo Electoral de rechazar una demanda de impugnación contra la proclamación de Luis Omar Ortega, del partido Realizando Metas, como diputado del circuito 8-2 que correspondeaSanMiguelito. A través del edicto No. 114-2024S-G -colgado este martes 31 de julio en la secretaría del TE y con la ponencia del magistrado Alfredo Juncá- el pleno de esta institución decidió no acoger la apelación presentada por Rodríguez, quien pedía la celebración de nuevas elecciones en el circuito 8-2, tras alegar inconsistencias en el conteo realizado en las mesas de votación 4672, 4682, 4757, 4815, 4818, 4894, 4902, 4916 y 5114. El fallo de los magistrados del TE confirma la decisión de la juez segunda administrativa electoral, Edmara Lizbeth Jaén, quien desestimó en primera instancia la demanda de impugnación presentada por Rodríguez. La jueza consideró que se hizo palpable que en las mesas de votación impugnadas “no se produjeron situaciones que realmente llevaran a variar el resultado de la elección”y, en consecuencia, queda en firme la proclamación del candidatoLuisOmarOrtega. La decisión de los magistrados del TE precisa que el recurso presentado por Rodríguez no estuvo nutrido de los argumentos y pruebas que permitieran llegar a la conclusión inequívoca que el error en el cómputo o alteración en el conteo de los votos afectó la elección en el circuito 8-2. También plantea que según la demanda presentada por Rodríguez, ella solo requería de 68 votos para alcanzar el medio cociente y así acreditarse una de las siete curules en disputa en el circuito 8-2, pero que no existe una explicación clara dónde fueron computados esos 68 votos y que en el expediente del juzgado tampoco hay evidencia de ello. Además, señala que al no poderdeterminarsenicuantificarse la afectación del derecho de ambos candidatos, no es posible acceder a la pretensión de la demandante y mucho menos realizar una nueva elección. La exdiputada Rodríguez reaccionó a la decisión adoptada por el pleno del TE, a través de un mensaje en la red social X. “No les importó las actas preñadas, el decreto ilegal que utilizaron para contar los votos, ni los errores insubsanables en las act a s”,escribió. La exdiputada Zulay Rodríguez. Alexander Arosemena Solicitan investigación a los permisos de armas adquiridos por el director de Migración Ereida Prieto-Barreiro [email protected] El presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA), Isaac Brawerman, calculó que los trámites para obtener una licencia de porte y tenencia de arma tarda más de cinco meses en la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) del Ministerio de Seguridad Pública. Por tanto, solicitó que la Procuraduría de la Administración investigue cómo estos permisos fueron adquiridos en menor tiempo por el exdirector de esa entidad, RogerMojica. Mojica estuvo al frente de la Diasp en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y en el de José Raúl Mulino, fue designado director del Servicio Nacional de Migración. “Cuando llevan más de dos o tres meses, meto los impulsos pidiendo que por favor salgan. Al final, estos trámites se llevan más de cinco meses”, relató el también abogado, quien resaltó que la ley de armas establece un plazo de 30 días, que pocas veces se cumple. La Prensareveló que Mojica, mientras estuvo al frente de la Diasp entre 2021 y 2024, aprobó siete permisos de porte y tenencia de armas a su nombre en un corto período de tiempo: cada uno de esos permisos tardó entre a 11 a 32 días en estar listo. También expidió cinco permisos a favor de Ricardo Marulanda, quien era su asesor legal. Brawerman indicó que desde 2020 tramita como abogado en la Diasp, donde ha tenido que gestionar varios “impulsos”por permisos de armas atrasados. Llamado a la Procuraduría Brawerman consideró que el procurador de la Administración, Rigoberto González, debe iniciar una investigación sobre el procedimiento administrativo que se realizó en la Diasp durante la gestión de Mojica, para determinar la legalidad de las actuaciones del funcionario. “La Procuraduría de la Administración debe pronunciarse sobre si es correcto que ellos mismos tuvieran que aprobar sus propios trámites o no. Este es un caso muy peculiar y me gustaría saber qué puede decir la Procuraduría”, afirmó. En la documentación a la que tuvo acceso La Prensa, se observó que Mojica envió al menos dos notas al entonces director de la Policía Nacional, John Dornheim, para gestionar el retiro de dos de sus armas. Las notas fueron enviadas el 30 de mayo de 2022 y el 3 de enero de 2023. Las armas le fueron entregadas poco después de que Mojica enviara las notas a Dornheim. Brawerman indicó que todas las armas solicitadas por los ciudadanos están en cusEl presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA), Isaac Brawerman. Archivo todia de la Policía, pero consideró que las notas que envía el director de la Diasp deben contener varios nombres y no uno solo, debido a que estas armas están en depósitos oficiales custodiados por agentes policiales y son trasladadas a la Diasp para ser entregadas al solicitante. Cambios favorables El año pasado, la Diasp implementó un cambio en el procedimiento de traspaso de armas, reforzando la figura de un intermediario. El 4 de julio de 2023, el entonces ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, firmó una resolución (que fue promulgada el 25 de julio de 2023 enGaceta Oficial), en la que destaca que los “intermediarios” ten - drán una licencia para transportar armas que son propiedad de terceros. Para realizar esa función, contarán con un carné. Meses después de la promulgación de esta resolución, en noviembre pasado, se inició un proceso de traspaso de una pistola marca Sig Sauer, calibre 9 milímetros, a favor de Mojica. El vendedor, un panameño radicado en Suiza, otorgó poder a un abogado para realizar la venta del arma de fuego. La Diasp, en el acta de entrega del arma a Mojica, el 29 de diciembre de 2023, anotó una observación: “Cabe señalar que el arma con las especificaciones descritas no se mantuvo en custodia de la Diasp”. Esta nota lleva la firma de aceptación de Mojica. En entrevista con este medio, el funcionario afirmó no recordar haber comprado un arma a través de traspaso. Críticas Horas antes de la entrevista con este medio, Brawerman, como presidente de la APPA, divulgó un comunicado en redes sociales criticando la investigación de La Prensa, que publicó el listado de armas en posesión de Mojica. La APPA consideró “i nformación sensitiva” el detalle de armas de fuego lícitas pertenecientes a un legítimo propietario, “pues creemos que ello marca una peligrosísima tendencia de exponer la información sobre dichos bienes sensitivos”. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
3A LaPrensa Panamá, miércoles 31 de julio de 2024 El teleférico en San Miguelito será desarrollado por el Metro de Panamá, S.A. La iniciativa busca mejorar la movilidad en el distrito, con una licitación prevista para finales de 2024, mientras se realizan estudios y se establecen consultas ciudadanas. TRANSPORTE Yaritza Mojica [email protected] El proyecto del teleférico o metrocable que se proyecta construir en el distrito de San Miguelito, impulsado por el gobierno central, será desarrollado por la empresa estatal Metro de Panamá, S.A., en conjunto con el Municipio de San Miguelito y la participación de otras entidades. Así lo detalló Diana Xie, directora de Planificación Urbana, quien manifestó que para comenzar a afinar detalles del proyecto, esta semana se prevé una reunión entre el personal del Metro de Panamá, S.A. y las autoridades municipales. Este proyecto es impulsado por el Ejecutivo, liderado por el presidente José Raúl Mulino, quien, el 12 de julio pasado, señaló que su objetivo es licitar el teleférico de San Miguelito antes de que termine el año 2024. La directora de Planificación Urbana indicó que hay varios estudios de factibilidad y planes de la administración pasada sobre cómo sería el teleférico, así como estudios de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, dentro de la Nueva Red Maestra del Sistema del Metro de Panamá existe un trazado previsto para el metrocable. Incluso, un estudio realizado entre 2017 y 2018 por el Consorcio Ni ppon Koei Lac-Systra, como una cooperación técnica no reembolsable del BID, concluyó que la construcción del metrocable es factible a través de una red de 15 estaciones que mejoraría la movilidad dentro del distrito de San Miguelito de norte a sur. Sin embargo, Xie señaló que estos estudios no necesariamente determinarán la red final, ya que dentro del proyecto de licitación“debe incluirse el diseño de esta línea, tomando en cuenta los estudios que ya existen”. Sostuvo que este proyecto será financiado por el gobierno central. “Obviamente, el Municipio de San Miguelito no puede financiar este tipo de proyectos, no tiene la capacidad. Es un proyecto similar al Metro de Panamá”, dijo. Xie indicó que, al construir el metrocable, se desarrollará un plan parcial que abordará aspectos como el uso del suelo, los movimientos de tierra, y si se permitirán áreas comerciales o institucionales, entre otros temas. Actualmente, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, ha sostenido reuniones con diversas instituciones para tratar el proyecto del teleférico con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované; el secretario de Metas y ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; y representantes de Mi Bus. Mesa de trabajo Se informó que se establecerá una mesa de trabajo con diversas instituciones, incluyendo al Metro de Panamá, que gestionará el metrocable, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otras, que se integrarán al proyecto. Mientras tanto, la alcaldesa manifestó que uno de los puntos importantes es la consulta ciudadana, "ya que es vital que consideremos todas las opiniones de nuestras comunidades sobre el proyecto". Destacó que se debe considerar la mano de obra del distrito para ejecutar este proyecto. “Necesitamos que la gente del distrito de San Miguelito forme parte de la elaboración, la construcción y los estudios del proyecto porque nos merecemos tener este mega proyecto aquí en el distrito para mover nuestra economía”, acotó. Otro de los temas relevantes para Hernández es que en los lugares donde se desarrollen las estaciones del teleférico se fomente la vida cultural y deportiva para aprovechar estos espacios. Con respecto al costo del teleférico, indicó que “h ay algunos costos, pero tenemos que terminar de ver cuáles serán los costos finales para hacer la licitación, que será manejada desde el gobierno central”. En el pasado, el costo estimado del metrocable oscilaba entre $90 millones y $120 millones, pero aún no se ha determinado oficialmente un costo inicial o precio de referencia para la licitación. El proyecto en San Miguelito, impulsado por el presidente José Raúl Mulino, será desarrollado por el Metro de Panamá en colaboración con el Municipio y otras entidades. Archivo Panorama
4A LaPrensa Panamá, miércoles 31 de julio de 2024 Panorama Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] GARGANTAZO. Eduardo Carrasquilla, propuesto por el Ejecutivo para ocupar la dirección de la ARAP, parece haber sufrido repentinos quebrantos de salud. Después de presentarse por primera vez ante la Comisión de Credenciales el lunes pasado, no regresó para continuar con los cuestionamientos de los diputados. Dicen que no contaría con el apoyo del voto del PRD para lograr pasar al pleno para su ratificación. Vaya... vaya. ‘AU REVOIR’.Mario Etchelecu presentó su renuncia como Secretario General del partido Panameñista. En una carta dirigida al directorio del partido, alegó que es necesario renovar el directorio nacional dado que en las dos últimas elecciones no han alcanzado ni el 40% del voto de su membresía. De paso, aprovechó para fustigar al presidente del colectivo, José Isabel Blandón. Parece que Etchelecu cree que descubrió el agua tibia. PRODUCTIVIDAD. Una mirada a vuelo de pájaro de las actas del Consejo de Gabinete desde el 30 de abril al 27 de junio de este año revela que dicha instancia sesionó durante los dos últimos meses de gestión por poco más de 6 horas. En otras palabras, las reuniones al más alto nivel del gobierno durante este periodo duraron menos de una hora en promedio. ¡Con razón! INSÓLITO. A propósito de las actas del Consejo de Gabinete de la administración pasada, sorprende que el expresidente Laurentino Cortizo haya sentido la necesidad de que constase en actas, a propósito de la transición de gobierno luego del 5 de mayo, la siguiente frase: “Queremos estar bien alineados y dispuestos a cooperar. Darles la mayor cantidad de documentos sin maquillar primera vez ante la Comi sión de Credenciales el lu continuar con los cuestio namientos de los diputa cifras (...)”. Nada más que agregar. MORISQUETA. Bien dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta y, si no, que le pregunten a Zulay Rodríguez que el 5 de mayo pasado, siendo miembro del PRD, corrió para ser diputada y presidente de la República por la libre postulación y alcaldesa de San Miguelito por RM, y se quedó sin acha, calabaza ni miel. ¿Jugando vivo, Zulay? Una emboscada a la justicia La apuesta detrás de esta iniciativa de Luis Eduardo Camachorelativa a una amnistía es que a la Corte le tomará meses, sino años, decidir la inconstitucionalidad de gran parte de la norma. ANÁLISIS Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] El anteproyecto de ley “Que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto, rebaja de pena y concesión de libertad condicional, modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal”, presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho al pleno de la Asamblea Nacional, el pasado lunes 29 de julio es una amenaza inminente al Estado de derecho. En las nueve páginas del anteproyecto se desarrollan 19 artículos que son en su conjunto un esfuerzo muy poco disimulado de obtener la cancelación de la condena penal por blanqueo de capitales del expresidente de la República Ricardo Martinelli, por vía de la usurpación de funciones del Órgano Judicial, la ruptura de la separación de poderes públicos, y el sometimiento del sistema de justicia penal al total arbitrio del gobierno de turno. El abordaje Este anteproyecto de ley propone modificar al Códi - go Penaly alCódigo Procesal Penal, lo que significa que está en conflicto directo con el numeral 1 del artículo 165 de laConstitución Política que establece que solo las comisiones permanentes de la Asamblea pueden proponer la modificación de los códigos nacionales. El contenido de esta iniciativa es reiterativo y está entretejido para generar diferentes opciones, todas destinadas a producir el resultado previsible. Así, en el artículo 2 del anteproyecto de Ley referente a las definiciones, se precisa que: “El indulto es una causa de extinción de la acción penal y la pena, de carácter individual, cuya potestad corresponde al Presidente de la República con el Ministro de Gobierno. Es aplicable cuando se cometan delitos políticos según lo define la presente Ley”. La primera pista de la trampa es la nueva definición de “delito polític o” que se indicó en la frase citada. Otra joya del mismo artículo es la definición de concesión de libertad condicional como: “Es cuando el Presidente de la República ordena el cese de todo proceso o condena de una persona y se otorga la inmediata libertad por cualquier tipo de delito sujeto a condiciones”. Es to implica que el presidente puede ordenar al Órgano Judicial que termine un proceso, lo que viola la separación de poderes. Además, el mandatario puede soltar a cualquier privado de libertad sin un criterio científico o técnico, desplazando a los jueces de cumplimiento del Judicial. La corona de todas estas definiciones es la que se elabora para delito político”. En especial los literales “B”y“C”. “Se considera delito político cualquiera de los siguientes supuestos: Sanción impuesta judicial, electoral y/o administrativamente por actos relacionados o derivados de la participación política de la persona, o cuando a través de dichas acciones se haya impedido o dificultado de forma directa o indirecta el derecho de elegir y/o ser elegido. Cuando en la sanción, persecución, procesamiento o juzgamiento de la acción antijurídica seguida a un ciudadano se haya realizado motivado de forma directa o indirecta en situaciones políticas, de presión mediática o en donde se aprecie en su persecución acciones de influencia de algún órgano de poder del Estado distinto al Judicial, o en donde la persecución procesamiento y/o juzgamiento se aprecien de forma directa o indirecta acciones arbitrarias, violatorias del debido proceso, de cualquier garantía fundamental consagrada en la Constitución Nacional, convenios internacionales o principios rectores de la legislación penal y/o procesal penal de personas que de forma directa o indirecta participen y/o hayan participado de la política o de una función pública relevante, así como de personas particulares que se hayan visto vinculadas a dichas causas. Cuando según lo dispuesto en convenciones aprobadas por Panamá se haya reconocido y/o declarado la condición de perseguido político del perseguido, procesado, enjuiciado o sentenciado por parte de organismos internacionales o las sedes o instituciones que tales convenciones u otras leyes de Panamá establecen o cuando en el caso de asilo político una sede asilante considere que se está ante la figura de delincuencia política según lo define actualmente la Convención de Delito Político de Montev i d e o”. El asalto procesal Una de las diferencias entre la amnistía y el indulto, es que la primera se aplica a cualquier fase del proceso y el segundo solo a las condenas en firme. Este es un principio universal internacionalmente adoptado. La propuesta pretende, en el artículo 5 que tanto la amnistía como el indulto puedan afectar cualquier parte del proceso, es decir, el indulto presidencial se convierte en una miniamnistía. El presidente podría indultar a quien quiera, cuando quiera, y sin necesidad de control de la Asamblea. El anteproyecto aspira a romper con la tradición constitucional panameña. Históricamente en Panamá, la amnistía ha sido una ley aprobada por la Asamblea y firmada por el presidente de la República. En el artículo 8 se cambia este sistema para que solo con la aprobación del pleno de la Asamblea y la firma del presidente y del secretario de dicho órgano, baste para que la amnistía cobre valor jurídico y quedara en vigencia una vez sea publicada en la GacetaOficial. Es decir, la firma del Presidente de la República queda excluida de este trámite, lo que pasa a ser un exabrupto constitucional dado que el presidente tiene el derecho de firmar o vetar las leyes. Para tener claro el alcance de lo que este anteproyecto quiere hacer con el Estado de derecho el artículo 13 lo expone claramente: “Artículo 13. Efectos de la Amnistía e indulto. La amnistía y el indulto extingue la acción penal y la pena, incluida la sanción penal principal, las accesorias y sus efectos”. Esto significa que ya sea por indulto o amnistía, la persona beneficiada no solo quedaría libre, sino que no tendría que pagar multa alguna, el Estado debería devolverle todos los bienes confiscados, y si hay alguna inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, esto también queda anulado. Por si todo lo anterior falla, el artículo 17 de la propuesta cambiaría las reglas del recurso de revisión penal, con una modificación al artículo 191 del Código Procesal Penal, en particular los numerales “1” y “6” contienen los cambios fundamentales: “Artículo 17. El artículo 191 del Código Procesal [sic] quedará así: Artículo 191. Causales. La revisión de una sentencia firme procederá, en todo tiempo y únicamente a favor del sancionado, por cualesquiera de las siguientes causales: Cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial, cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente, aunque no exista un procedimiento posterior. . [...] 6. Cuando se haya violado el debido proceso, garantías constitucionales, tratados internacionales y/o organismos internacionales declaren la violación de los derechos y garantías del solicit a n t e”. En el numeral “1”se adicionó el concepto de que sea evidente la falsedad, fuera de un tribunal del Judicial, esto es sumamente peligroso porque le resta autoridad a los tribunales. En cuanto al numeral “6” la causal está dirigida a darle fundamento a las calificaciones muy oportunistas que se han hecho en foros internacionales sobre el caso del expresidente. Así, la Organización de Unidad Africana se pronunciara denunciando una persecución política en Panamá, esa declaración podría fundamentar una revisión judicial del proceso. Esto ni siquiera está alineado con lo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos exige para situaciones similares. La gran trampa Solo se necesita a 36 diputados para convertir esta iniciativa en un proyecto de ley aprobado por la Asamblea. Si el presidente José Raúl Mulino firmase ese proyecto de ley, se convertiría en Ley. Al día siguiente de su publicación en laGaceta Oficial, tanto el pleno de la Asamblea como el propio presidente podrían vaciar las cárceles panameñas. La apuesta detrás de esta iniciativa es que a la Corte Suprema de Justicia le tomará meses, sino años, decidir la inconstitucionalidad de gran parte de la norma. Para cuando dicho fallo fuera emitido, los beneficiados de la amnistía o del indulto y sus patrimonios estarían fuera del alcance de lo que quede de la justicia panameña. En cierto sentido, este anteproyecto de ley esconde una buena noticia que demuestra que del lado del Judicial y del propio Ejecutivo no se han abierto las puertas a la impunidad de un solo hombre que se aprovechó de su posición para convertir al gobierno de Panamá en un gran negocio. Ahora, algunos de sus fieles seguidores, pretenden que la Asamblea le devuelva la libertad y lo rehabilite para volver al Palacio de las Garzas. Luis Eduardo Camacho, diputado del circuito 8-2, quien se declara “amigo fiel”de Ricardo Marinelli. Archivo La Presidencia hace públicas las actas de Gabinete desde el periodo 2019-2024 EJECUTIVO Eliana Morales Gil [email protected] Las actas de los consejos de gabinetes correspondientes al periodo 2019-2024, quinquenio en el que Laurentino Cortizo fue el mandatario de Panamá, ya están disponibles en el sitio web de la Presidencia de la República. En el sitio digital también estarán las actas de la actual gestión de gobierno de José Raúl Mulino. Por el momento está disponible la del pasado 9 de julio, pero de acuerdo con un comunicado de la Dirección de Comunicación del Estado, “se irán sumando las actas de las próximas reuniones”. La polémica Resolución de Gabinete No. 71 El pasado 9 de julio, a pocos días haber asumido su mandato, Mulino anunció que dejaría sin efecto la Resolución de Gabinete No. 71 del 4 de agosto de 2021, que declaró restringidas esas actas por un periodo de 10 años. El documento de la controversia fue firmado por José Gabriel Carrizo, quien fungía como ministro de la Presidencia en ese momento. También fue avalado por Carlos García, el viceministro de la Presidencia de la época. El velo a las actas fue motivo de múltiples críticas por parte de representantes de diferentes sectores del país. De hecho, este capítulo marcó un hecho importante en la política de transparencia y acceso a la información del pasado gobierno.
5A LaPrensa Panamá, miércoles 31 de julio de 2024
6A LaPrensa Panamá, miércoles 31 de julio de 2024 Panorama Al grano Flor Mizrachi A. [email protected] El gobierno empezó tirando puñete por las listas oscuras. ¿Pero el discurso es irracional o tienen razón? A ver. Salimos de la lista Gafi, que era por blanqueo y financiamiento del terrorismo. Nos faltan las dos de la UE: la de blanqueo y la de tributación internacional y transparencia fiscal. Mulino dijo que nos estigmatizaban “como si patrocináramos el crimen internacional”. Alto ahí. ¿Dónde lavaron la plata los coimeados por Odebrecht? ¿Y los buques con bandera panameña que delinquen a cada rato y que por cierto nos tienen en otra lista de la UE? Alega Mulino que pasamos leyes “que prácticamente acabaron con el centro bancario internacional”. Nuestro centro bancario tiene $60 mil millones en depósitos locales y $30 mil millones en depósitos extranjeros. La amenaza es mantenernos en las listas. Dice también que es “un irrespeto”estar en listas de países que usan el Canal y licitan aquí. Y, sí, molesta. ¿Pero vamos a bloquear las empresas de 27 países y a violar el tratado de neutralidad prohibiéndoles cruzar el Canal? Eso nos perjudicaría también a nosotros y no nos sacaría de las listas. ¿Que molesta que el parlamento europeo haya votado todo o nada en una terna donde nos puso con países impresentables para salir de la lista de blanqueo? Sí. Pero llorar no saca de listas. Y cuando nos acusan de facilitar la evasión del límite de petróleo ruso, contestar que en Europa sí que facilitan eso, es como el niño bravo porque lo castigaron más duro que al hermano. Mulino pidió solidaridad a los países de Mercosur. ¿Cómo, si Brasil, Colombia, Ecuador y Perú nos tienen en sus propias listas? Y dice que la absolución del caso Mossack Fonseca demuestra que eso fue una patraña para socavar nuestra imagen y competitividad. Más allá de que la justicia les gusta solo cuando les favorece, ¿quería seguir con un modelo que facilitó delitos? La absolución significa que para la justicia no delinquieron aquí, pero el daño reputacional es abismal. ¿Y por qué? Por falta de auto regulación. Y termina diciendo que somos “mancillados arbitrariamente por países que jamás aplicarían las leyes que nos exigen”. Perfectos no son y ratas habrá siempre, pero los países de la UE tienen registro centralizado de beneficiarios finales, intercambian registros contables y tienen una superintendencia que supervisa a las supervisoras. Y sobre los registros contables, nosotros participamos del grupo que los creó, aunque ahora no queramos regularlos porque los abogados no piensan que les corresponde pedírselos a sus clientes. Que eso debería revisarse, sí. Que es un congueo, quizá. Pero a eso nos comprometimos. ¿Que el due diligencey las exigencias bancarias son tenaces? Sí. ¿Pero la plata de Odebrecht se lavó aquí o no? Los bancos deciden, según su riesgo, a quién quieren de cliente. Y sí, hay doble moral. Si aquí se lavó $1, en Europa se habrán lavado $10. Pero otra vez, no quita que hicimos mal. El vicecanciller dijo que esto atentaba contra los principios de multilateralidad y respeto a la soberanía. Si tenemos argumentos para quejarnos, ¿por qué no lo hemos hecho? Y dice que Panamá trabaja incesantemente en salir de las listas. La mujer que tenía que bajar 80 libras también puede estar trabajando incesantemente, pero le siguen faltando 35 libras. No es cuando queramos, es cuando cumplamos. Y si falta mucho por cumplir es porque en mucho incumplíamos. Por su parte, el canciller dijo que “no permitiremos que nos coloquen en una lista de manera injusta”. Ya estamos... Más que exigir y amenazar, preguntemos por qué no nos han sacado, y si las exigencias están fuera del estándar, entonces quejémonos. ¿Pero con bravuconerías? Primero sienten a los involucrados a unificar una estrategia. ¿O con la “unidad ”peligran los intereses creados? Hay siete países de la UE que además de la lista grupal, nos tienen en sus listas propias. ¿Tirria, todos? Si tú llegas a una embajada sin un documento, te niegan la visa. Por más que a otro se la den sin pedírselo. No podemos cambiar lo que piden. Podemos cumplir y salir (como Uruguay y Suiza) o incumplir y mantenernos. O negociamos mejor. En la vida tenemos lo que negociamos, no lo que “merecemos”. ¿No lo merecemos? Probémoslo. Dice el canciller: “Pa n amá es un paraíso para las inversiones, no un paraíso fiscal ”. Muchos pagan menos impuestos aquí por regímenes preferenciales. Y la UE quiere que la gente pague. Allá o acá, pero que pague; que nuestra ley no deje vacíos para la evasión y que compitamos como todos, no arreglando todo con plata y contactos. Y el problema no es la falta de normas rigurosas. Es el no cumplimiento. El problema no es la falta de condenas. Es dónde están los presos y por qué tantos casos se caen. Pretender resultados distintos haciendo lo mismo no procede. Preguntémonos: ¿Por qué, pese al esfuerzo, no tenemos los resultados? Qué pena, pero no podemos decirle al mundo que aquí no pasa nada cuando el presidente es presidente gracias a un expresidente condenado al que prometió ayudar. No podemos decir que no pasa nada, cuando afuera los hijos de ese condenado fueron condenados por lavar plata para el papá, pero acá son diputados del Parlacen. No podemos decir que no pasa nada cuando la comisión que juzga a los magistrados, la lidera una abogada de ese condenado. O cuando la Asamblea se niega a aprobar la extinción de dominio. O cuando siguen pateando el juicio de Odebrecht. Nuestro sistema es fallido y el mundo lo sabe. ¿Por qué venir a invertir a un país donde, si te atropellan, no tienes certeza de una justicia real? No vienes. La pregunta, más que qué dirá, es qué hará el nuevo gobierno. Las peleas se pelean donde hay que pelearlas y con argumentos, no con fanfarronerías. Maduro se aferra al poder con represión; ¿se repetirá la historia? La ONU denunció el "uso desproporcionado de la fuerza"por parte de los organismos de seguridad de Venezuela y de individuos que apoyan al Gobierno de Maduro. Exigen acceso a las actas de las votaciones del pasado domingo. COMICIOS SERVICIOS INTERNACIONALES La situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio sigue tensa. El debate sobre los resultados oficiales, que favorecen al presidente-candidato Nicolás Maduro, continúa, mientras que las manifestaciones en el país sudamericano no se han detenido. Entre el domingo y el martes decenas de personas han sido detenidas por su participación en acciones "criminales" y "terroristas" en Venezuela, informó Maduro, quien responsabilizó de estos hechos a la oposición mayoritaria. "Hemos sido testigos de un conjunto de eventos (...) ataques violentos, pudiera llamarse criminales, terroristas", dijo Maduro, quien fue proclamado presidente reelecto (por seis años más) por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La Comisión Europea (CE) afirmó que seguirá apoyando la búsqueda de "una salida a la crisis" y aseguró que hablar de sanciones es "prematuro". El portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario Peter Stano afirmó que los resultados de las elecciones "no han sido verificados y no podrán considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que se publiquen y verifiquen". Vedant Patel, viceportavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su "preocupación" por la decisión del Gobierno de Venezuela de expulsar a las representaciones diplomáticas de varios países latinoamericanos y dijo que es un reflejo de la falta de respeto por la democracia del mandatario suramericano. Según Patel, es "revelador que Maduro esté rompiendo relaciones diplomáticas con países latinoamericanos que, como Estados Unidos, simplemente están pidiendo transparencia" en el proceso electoral. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hablaron ayer por teléfono sobre la crisis en Venezuela y coincidieron en la necesidad de que se publiquen cuanto antes las actas de votación. "Los dos líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en los centros de votación", detalló la Casa Blanca en un comunicado. Al menos 749 personas han sido detenidas en Venezuela en las últimas horas, cuando se suscitaron numerosas protestas en varias regiones del país, de miles de ciudadanos en contra del resultado electoral. El fiscal general, Tarek William Saab, ofreció ayer martes un balance sobre la actuación de los cuerpos de seguridad en el marco de estas manifestaciones, que se saldaron también con 48 policías y militares heridos, así como con la muerte de un miembro de la Fuerza Armada "producto de los disparos ocasionados por estos manifestantes" en el estado Aragua (norte). El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció el "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de los organismos de seguridad de Venezuela y de individuos que apoyan al Gobierno de Maduro. "Varios manifestantes han sido heridos con armas de fuego, con una muerte confirmada el 29 de julio, aunque hay más denuncias que están pendientes de verificación", indicó en un comunicado circulado en Ginebra. Tras pedir que se sancione a los autores de tales hechos, el alto comisionado urgió a las autoridades venezolanas a respetar el derechos de los venezolanos a reunirse, a protestar de forma pacífica y a expresar sus puntos de vista libremente y sin miedo. Según la organización no gubernamental Foro Penal, se han contabilizado 132 arrestos verificados y seis "asesinatos", estos últimos registrados en los estados Aragua, Táchira, Yaracuy y Zulia. Sobre las víctimas mortales, Foro Penal detalló que dos eran menores de edad, mientras que el resto tenían edades comprendidas entre los 19 y 40 años. A estas seis víctimas se suma la muerte de un militar "por disparos de los manifestantes" en el estado Aragua, según un informe de la Fiscalía. El chavista Diosdado Cabello amenazó a miembros de la oposición mayoritaria de Venezuela, entre ellos al candidato presidencial de este sector, Edmundo González Urrutia, y a a la líder opositora María Corina Machado, con que los van "a joder". En una sesión de la Asamblea Nacional, el diputado advirtió que Machado y González Urrutia, además de los antichavistas Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, Henry Ramos Allup y Carlos Ocariz, "serán acusados ante las autoridades competentesporlosmásaltosdelitos,y no habrá beneficios para ninguno". "No nos vamos a detener, y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación, pero los vamos a joder, los vamos a joder", insistió Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), quien aseguró que les van a "dar la lección de las lecciones" y los van "a agarrar". Ya son ocho de los diez candidatos a la presidencia los que han solicitado al CNE que publique los resultados de los comicios, ya que el ente proclamó la victoria de Maduro sin totalizar el 100% de las actas de escrutinio. En las últimas horas, los candidatos Benjamín Rausseo y Luis Eduardo Martínez, quienes previamente habían reconocido los resultados, exigieron al CNE la publicación de las actas electorales, mesa por mesa y de forma detallada por centros de votación, así como también lo pidieron Daniel Ceballos, Claudio Fermín y, el pasado lunes, Javier Bertucci, Enrique Márquez y Antonio Ecarri. La Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció ayer emplazando al régimen de Maduro a aceptar su derrota y despejar el camino al retorno de la democracia. “Teniendo en cuenta que el comando de campaña opositor ya presentó las actas por las que habría ganado la elección y el madurismo, incluido el CNE aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado lo cual a esta altura sería risible y patético, sino fuera trágico; en este contexto resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela”, se plasma en el comunicado de la OEA . El organismo internacional afirmó que si el régimen no lo hace será necesario realizar nuevas elecciones, pero se tendrían que desarrollar con la participación de la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea y la OEA y un nuevo CNE para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso. Los países miembros de la OEA tienen previsto reunirse en las próximas horas para analizar la situación de Venezuela, luego de que países como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, solicitaran una sesión. El portavoz de la Cancillería china Lin Jian recalcó que se debe "respetar la elección realizada por el pueblo venezolano". "Vemos que la oposición no quiere resignarse y aceptar su derrota, aunque consideramos que debe hacerlo y felicitar al ganador de los comicios", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, en su rueda de prensa telefónica diaria. Integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) enfrentan a manifestantes opositores, durante una protesta contra de los resultados de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela. EFE
7A LaPrensa Panamá, miércoles 31 de julio de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. 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Así sucedió: Un día, mucho antes de que nacieran muchos dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que me habían robado todas mis máscaras. Sí, las siete máscaras que yo mismo me había confeccionado, y que llevé en siete existencias distintas. Corrí sin máscara por las calles atestadas de gente, gritando: —¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Malditos ladrones! Hombres y mujeres se reían de mí, y al verme, varias personas, llenas de espanto, corrieron a refugiarse en sus casas. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven, de pie en la azotea de su casa, señalándome gritó: —¡Miren! ¡Es un loco! Alcé la cabeza para ver quién gritaba, y por primera vez el sol besó mi desnudo rostro, y mi alma se inflamó de amor al sol, y ya no quise tener máscaras. Y como si fuera presa de un trance, grité: —¡Benditos! ¡Benditos sean los ladrones que me robaron mis máscaras! Así fue que me convertí en un loco. Y en mi locura he hallado la libertad y seguridad; la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido, pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser. Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado de mi seguridad, ni siquiera el ladrón encarcelado está a salvo de otro lad r ó n”. (El loco/El vagabundo. Khalil Gibrán. Ediciones Bontres S.L. 2014). Este escrito del poeta Gibrán describe parte de lo que representa la locura, la aparente libertad del ser humano; también, la enajenación que genera. Por el contrario, las causas de la misma son complejas, biopsicosociales. La enfermedad mental provoca estigma, discriminación, por eso, las personas que la sufren, si no reciben la ayuda oportuna y especializada, están condenadas a morirdetodaslasformas.Ciertamente,expiran como ciudadanos, al no tener los mismos derechos que los demás; fallecen para sus familias, pues representan la vergüenza, los temores, y más. Estas “criaturas sufridas” padecen todas las formas de maltrato y abandono; perecen en todos los niveles de la sociedad: educativo, laboral, cultural, espiritual, etc. En consecuencia, muchos terminan en las calles, siendo urgente rescatarlos. Incluso, aún existen mitos referentes a las conductas violentas y su asociación con los trastornos mentales; a pesar de que las investigaciones relevan que las personas sanas pueden ser responsables de muchos crímenes, y que, al contrario, dentro de las víctimas de los delitos están los pacientes con trastorno psiquiátrico. Adicionalmente, el tener un padecimiento mental es un factor de riesgo, aunado a ser del sexo femenino, para sufrir de un ataque violento, con consecuencias mortales. La muerte de una mujer de 25 años de edad (Rosa), probablemente indigente y con trastorno mental, según un noticiero local, de forma horrenda, siendo quemada viva, debe alertarnos de que enfrentamos altos niveles de crueldad, producto de una sociedad enferma y urgente de salvación. Aunque la negación nos permite lidiar contra las amenazas que resistimos los seres humanos, sin embargo, la violencia nos conmociona a todos. Las cenizas de Rosa, junto con las de miles de mujeres que fallecen producto de la violencia de género, que podría ser la causa de este crimen (el caso está ahora en manos del Ministerio Público), no deben perderse en el olvido; al contrario, nos exigen una respuesta como comunidad, donde se articulen correctamente las instituciones que puedan ejecutar políticas de prevención, tratamiento, resolución legal frente a estos delitos. Igualmente, a través de la educación permanente sobre salud y enfermedad mental, y derechos humanos, lograríamos reducir los riesgos, intentar disminuir la violencia, e integrar a las personas con trastorno mental en la sociedad. Por tanto,El locode Gibrán, podrá encontrar respuesta en El mundo perfecto. “…Señor de las almas perdidas, tú que estás perdido entre los dioses, escúchame. Amable, Sino que nos vigilas a nosotros las almas dementes y vagabundas, escúchame. Vivo entre una raza de hombres perfecta, yo, el más imperfecto de los homb re s …” La muerte de una mujer de 25 años de edad (Rosa), probablemente indigente y con trastorno mental, según un noticiero local, de forma horrenda, siendo quemada viva, debe alertarnos de que enfrentamos altos niveles de crueldad, producto de una sociedad enferma y urgente de salvación. LA AUTORA es psiquiatra El purgante retrasado Medidas necesarias Lisímaco López y López [email protected] Los purgantes son medicamentos diseñados para depurar el organismo y, por lo tanto, cumplen con la función de acabar con los parásitos. Desde hace mucho tiempo, todos los panameños debimos tomarnos un purgante. No es tarde, esa sigue siendo la solución. Si la solución a la crisis económica es que el gobierno de José Raúl Mulino se tome un purgante para expulsar a los parásitos (las “botellas”) y para limpiarse íntegramente, expulsando adherencias (barro inglés, decía mi profesor, ya en la gloria, Isidoro Vega y Castillero, tío de mi amigo Venturita) que le provocan malestares gastrointestinales y dolores de cabeza, creería que puede ser la solución para iniciar el trabajo y cumplir las promesas electorales. Pero no basta con que solo Mulino y su gobierno se tomen el purgante. Es obligatorio que la contraparte también lo haga. La sociedad en su totalidad tiene la obligación de purgarse y liberarse, en sus entrañas, de esas adherencias dañinas que tampoco les permiten vivir ni dormir con tranquilidad. El purgante no solo debe ser para el gobierno, sino también para los “empresarios”, banqueros, agiotistas, comerciantes y especuladores que se hacen llamar “sociedad civil”. Deberían tomarlo para que dejen trabajar a los “purgados”sin hacerles propuestas corruptas para mantener sus canonjías. Sé que muchos miembros de la sociedad civil dirán: “Solo déjennos trabajar honestamente. Nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y, por nuestra cuenta, haremos crecer la economía y, por consiguiente, el país. Que el gobierno haga su parte, incentivando y cobrando los impuestos, que es el recurso estatal para modernizar el estado. Déjennos trabajar, que nosotros le pondremos el ‘chen chen’ en los bolsillos a nuestros miles de empleados”. A tomarse el purgante, gobierno y empresa privada. Así creo que limpiaremos nuestra sociedad de corruptos. EL AUTOR es cientista político Urge una propuesta regional para la transparencia electoral Venezuela Juan Gabriel Tokatlian Daniel Zovatto [email protected] La reciente elección en Venezuela ha dejado al descubierto serias preocupaciones sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. Ello ha provocado una crisis política que está en pleno desarrollo con el peligro de un acelerado escalamiento. En este contexto, se vuelve indispensable una propuesta regional convergente y consensual que se enfoque en garantizar la transparencia del proceso electoral y la legitimidad de sus resultados, con el fin de restaurar la confianza en el sistema electoral venezolano y asegurar la paz social. Y, a su vez, contribuya a generar condiciones para un acuerdo político viable y sustentable. Estamos en presencia de una situación muy delicada que puede derivar en consecuencias imprevisibles. No hay un destino pre-establecido y ominoso: las soluciones políticas la construyen los actores sociales. Presentamos aquí una serie de acciones basadas en la legalidad, la prudencia y el equilibrio que creemos esenciales para alcanzar el objetivo principal en esta hora: una urgente distensión. Transparencia desde el inicio El primer paso esencial para garantizar la transparencia es la reunión y publicación de la totalidad de las actas desagregadas por centros y mesas de votación. Este proceso permitirá a todas las partes interesadas acceder a la información necesaria para una revisión exhaustiva y fundamentada del proceso electoral. Revisión y verificación exhaustiva Esfundamentalimplementarunproceso meticuloso de revisión, cotejo y verificación de cada una de las actas. Este procedimiento debe ser exhaustivo y transparente, para identificar cualquier irregularidad y abordarla de manera adecuada. Sin esta revisión rigurosa, cualquier intento de legitimar los resultados será visto con desconfianza. Misión técnica internacional Para asegurar la imparcialidad y objetividad del proceso de verificación, es necesario que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela sea acompañado por una misión técnica electoral internacional. Esta misión debería incluir expertos de la ONU y del Centro Carter, así como seis técnicos electorales especializados en auditoría informática electoral, provenientes de países como Brasil, Colombia, y México, entre otros. La presencia de estos expertos garantizará un análisis técnico y minucioso del proceso electoral. Credibilidad y legitimidad La credibilidad y legitimidad de las elecciones, y su reconocimiento a nivel nacional e internacional, dependerán en gran medida de los resultados obtenidos de este proceso de verificación y auditoría. Es crucial que todas las partes involucradas perciban este proceso como imparcial y objetivo, de lo contrario, cualquier resultado será cuestionado. Mesa de negociación regional Para facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición, se debe establecer una mesa de negociación y mediación regional. Esta mesa debe estar compuesta por un grupo de países de la región que reflejen la diversidad política e ideológica, asegurando la inclusión de diversas perspectivas y facilitando un diálogo efectivo y constructivo. Acceso a mecanismos legales de impugnación Es esencial que la oposición tenga acceso pleno y sin condicionamientos a los mecanismos legales de impugnación disponibles. En momentos de alta tensión, es vital actuar con mesura y evaluar todas las alternativas legales posibles para garantizar un proceso justo. Rechazo a la violencia Mantener la paz y evitar cualquier tipo de violencia es fundamental. Debemos recordar la importancia de la relativa tranquilidad tanto previa a la elección como durante el día de votación. La violencia solo contribuye a la deslegitimación del proceso y aumenta la desconfianza. Evitar influencias geopolíticas externas Debe evitarse que las dinámicas geopolíticas externas influyan negativamente en el proceso electoral venezolano. La región no puede permitirse un nuevo episodio de confrontación internacional, como ya se ha visto en otras partes del mundo. No debemos atraer a la región pugnas sobre las cuales no tenemos ningún control o influencia, con el riesgo de solo ser testigos de los daños que podríamos padecer. Oportunidad para la distensión La presión interna y externa máxima no ha funcionado en la última década. Es momento de ensayar la máxima distensión y promover un ambiente más propicio para la negociación y el acuerdo. Solo así se podrá avanzar hacia una solución pacífica y consensuada. Negociación política interna Finalmente, es esencial que las alternativas a la crisis en Venezuela provengan de un diálogo genuino y productivo entre los propios venezolanos. La negociación política interna debe estar en el centro de la consideración de los actores principales, pues solo así se logrará una reconciliación duradera y se afianzará la unidad nacional; dos imperativos imprescindibles en esta coyutura. Esta propuesta no solo busca ofrecer un camino hacia la reconciliación y la estabilidad en Venezuela, sino también servir como un llamado a la región para actuar con responsabilidad y solidaridad. Es hora de que los países de América Latina, más allá de las posturas iniciales expresadas, multiplicar esfuerzos en favor de una iniciativa conjunta que promueva un futuro más democrático y pacífico para Venezuela. LOS AUTORES son profesor de estudios internacionales y politólogo, respectivamente.
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