4A LaPrensa Panamá, miércoles 24 de julio de 2024 Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] COMPINCHE.Después de la algarabía del lunes en la Comisión de Credenciales, dos conspicuos personajes se detuvieron a conversar, por un largo rato y en secreto. Uno era Osman Gómez, exdiputado del partido Alianza que además es investigado por la posible comisión de peculado y, el otro, Ventura Vega, también investigado por peculado, y ahora el “liason”entre el presidente José Raúl Mulino y el legislativo. Seguramente tienen más en común de lo que están dispuestos a admitir. QUIEBRA BRAZO. Hablando de Ventura Vega, cuenta la gente del Legislativo que ayer martes estuvo de comisión en comisión y sentado en primera fila vigilando todo lo que sucedía. Al menos ya sabemos quién es el que lleva y trae los mensajes del ya conocido pacto de gobernabilidad. BOCAS AIR. A propósito de la Comisión de Credenciales, durante la ratificación de Gloria De León, que aspira a dirigir la Autoridad de Turismo (ATP), Alias Minchi Chi criticó la gestión de la ATP, aunque el último director fue de su partido, el PRD. Preguntó varias veces “¿Qué planes hay para el Caribe?”donde queda su provincia. Y además culpó a los medios de que los turistas se enteren de los crímenes que ocurren en el país. Será que no se acuerda de que, a cierta aerolínea vinculada a su familia, se le cayó la puerta de la cabina en pleno vuelo. ¿Qué hay pa' mí? SACA TRAPOS. Y hablando de Benicio, el lunes pasado, le recordó al diputado, ahora por RM, Nelson Jackson, que regresó a la Asamblea gracias a los votos obtenidos gracias al PRD el pasado 5 de mayo. Bien dicen que mal paga el diablo a quien bien le sirve. PILLAO. Por los lados de la Comisión de Presupuesto Alianza que además es in vestigado por la posible co otro, Ventura Vega, tam bién investigado por pecu Mulino y el legislativo. Se fue avistado Virgilio Crespo, el otrora candidato a Representante por Bella Vista del PRD, RM, Alianza y Molirena. ¿Buscando trabajo? PERDIDO. Según el panameñista Jorge Herrera, el sistema municipal del país es el mejor de la región. ¿Será que no se enteró de la llamada descentralización paralela? Menos mal que ahora es el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea. Vamos bien... bien mal. Panorama Lo que paga Ampyme por un lote de estacionamientos Se trata de 3,792.60 metros cuadrados, por el que se desembolsa $11,646.69 al mes, para utilizarlo como estacionamiento y, ocasionalmente, como recinto ferial y centro de capacitaciones. Andrea Salcedo Llaurado [email protected] La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) ha alquilado un lote baldío de 3,792.60 metros cuadrados, por el que paga $11,646.69 al mes, para utilizarlo como estacionamiento y, ocasionalmente, como recinto ferial y centro de capacitaciones. El terreno está al lado de la sede de Ampyme, en vía Israel, frente al colegio Richard Neumann. De hecho, ambas propiedades están ligadas al mismo grupo empresarial. El alquiler del lote baldío se hizo por la vía directa, sustentado en un estudio de mercado divulgado en junio de 2023, en el que se especificó que la entidad requería del terreno que está al lado de su sede. Ampyme alega que no convocó a un acto público porque no existía ningún otro terreno de al menos 3,500 metros cuadrados que estuviera a una distancia de menos de 20 metros de su sede, según el estudio de mercado. “Esto, por razones de seguridad para los empresarios que traen sus productos para la venta en las ferias, simposios, capacitaciones y demás actividades que se realizan en las instalaciones del edificio 96, señala el estudio. “Esta área de estacionamiento la hemos usufructuado por dos años calendarios gratuitamente, lo que nos ha permitido actividades exitosas como ferias capacitaciones, asistencia técnica para emprendedores y empresarios, la Semana Global de Emprendimiento y recientemente la Primera Feria del Café”, agrega. “No existe estacionamiento libre ni área de estacionamiento con cobro respectivo, lo que haría imposible realizar actividades tipo ferias, así como las actividades de capacitación que prácticamente se hacen a diario de tipo presencial en nuestras instalaciones”. El contrato de alquiler es Parte del estacionamiento de la sede de la Ampyme en la vía Israel. LP Ahora el querellante en el caso de los buses también pide absolución JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Una nueva sorpresa se registró ayer martes 23 de julio en el juicio que sigue a 187 personas por la presunta comisión del delito de peculadoporlacompensaciónirregular a dueños de buses diablos rojos. Resulta que el querellante particular de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Juan Edison Meléndez, solicitó un veredicto absolutorio para todos los implicados. Durante su alegato, el abogado de la ATTT planteó que “no hubo dolo”en el manejo de los fondos asignados para la compensación de buses. Meléndez, quien fue breve en su intervención, explicó que la compensación a dueños de buses fue un proceso “muy complejo” y añadió que en el expediente había información incompleta. Otro de los que intervino ayer en el juicio fue el exsecretario general de la ATTT, Nicolás Brea, uno de los que está en la lista para los que la Fiscalía Anticorrupción solicitó condena. Brea asumió su propia defensa, y sostuvo que si la fiscalía solicitó un veredicto absolutorio para los cuatro exdirectores de la ATTT, mal podía pedir una condena para su persona y el resto de los investigados. El pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la absolución de Jorge Ricardo Fábrega, Juan Pablo Mora, Roberto Moreno Olivares y Ventura Vega, quienes fungieron como directores de la ATTT en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Brea aseguró que si bien él firmaba los cheques en el proceso de compensación, eso se realizaba previa autorización del director. “Cada vez que se hacía un trámite se le subía al director y él autorizaba”. “Yo solo firmé los cheques que fueron avalados por la dirección y solo cumplía con mis funciones,”e xplicó. En su intervención recalcó que tanto la resolución que admitía el trámite, como la autorizaba los pagos, llevaban la firma del director. A su juicio, inicialmente la fiscalía realizó una valoración subjetiva del proceso y nunca se demostró la existencia real de una lesión patrimonial en el proceso de compensación. Relató que en toda la investigación se dieron anomalías por parte del Ministerio Público, tal es el caso de su cliente, Rolando Urriola, a quien se le acusó de la pérdida de 18 buses, pero luego se corroboró por una investigación de la Fiscalía de Cuentas, que esos vehículos fueron enviados al proceso de “chatarreo ”, por lo que se demostró que no hubo lesión patrimonial. El abogado Hermes Quintero, defensor de Julio Ernesto Silva, también solicitó un veredicto absolutorio para su cliente, al señalar que la fiscalía no presentó evidencia alguna de su supuesta vinculación con el delito imputado. La fiscalía no responde sobre su cambio de versión Al concluir la jornada, La Prensa abordó al fiscal anticorrupción, Mahmad Daud Hasan, para preguntarle sobre la decisión su despacho de solicitar un veredicto absolutorio a favor de los exdirectores de la ATTT, teniendo en cuenta que es contradictoria con el argumento que consistentemente había sustentado en las distintas fases del proceso. Mahmad Daud Hasan. Archivo por 21 meses, entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de marzo de 2025. El informe técnico de Ampyme reconoce que el terreno fue “usufructuado” por dos años, cuando todavía no había un contrato en firme. También está el detalle de que el estudio de mercado que sustenta la necesidad de arrendar el lote es de junio de 2023, un mes antes de que la entidad ocupara la finca. El monto del contrato es de $244,580.49 o $11,646.69 al mes, excluyendo el importe correspondiente al impuesto, para rentar estos estacionamientos. Aunque el lote tiene una capacidad para estacionar 100 vehículos, La Prensa encontró que el sitio estaba parcialmente en desuso. Había carros de la entidad, camiones y basura. No estaba limpio ni ordenado y no había nada que indicara que el lugar era utilizado para hacer ferias, salvo algunas toldas sucias. Tampoco parece ser un sitio apto para hacer capacitaciones de ningún tipo. El terreno tiene una superficie plana, con revestimiento de asfalto o gravilla, con luminarias y agua. Los pagos los recibe APB Chairman, Inc., pero la “carta de intención-arrendamiento de lote para estacionamientos-Ampyme”, para los años 2023, 2024 y 2025 fue enviada a la Dirección General de Ampyme por Farsalia Int., S.A., la sociedad que desde el año 2021 tiene un contrato para arrendar el edificio frente al Richard Neumann que sirve de sede a Ampyme. APB Chairman y Farsalia Int. comparten el mismo presidente: Luis Raúl Bravo Quintero. Por el edificio de oficinas, Ampyme paga un arriendo mensual de $52,358.60, más $3,665.10 en ITMBS mensual. Si a eso se le suma lo que cuesta ocupar el lote de al lado, eso significa que Ampyme paga todos los meses $67,670.39 por el edificio de oficinas y los estacionamientos. Pero el fiscal dijo que no podía dar declaraciones “porque el juicio no ha concluido”. Al fiscal también se le preguntó si el cambio de postura podría estar relacionado a que Ventura Vega, uno de los exdirectores de la ATTT investigados, es cercano al presidente José Raúl Mulino, pero tampoco respondió. Además de Hasan el Ministerio Público esta representado en este juicio por los fiscales Blanca Jiménez, Ilka Poveda, Edwin Juárez, Pedro Menacho y Anilú Batista. Kira Tascón, una de las fiscales que sustentó la teoría de que Juan Pablo Mora, Roberto Moreno, Ventura Vega y Jorge Ricardo Fábrega pudieron intervenir y alertar sobre las anomalías, pero no lo hicieron e incumplieron con su deber de custodia de los bienes público, ya no está en el equipo que lleva el caso. El fiscal tampoco quizo hablar de ese asunto. Es que la fiscalía pasó de acusar a absolver. En principió sustentó la responsabilidad de los cuatro exdirectores en la compensación irregular a dueños de diablos rojos. Pero ahora dice que no son responsables y le endilgaron esa obligación a la comisión técnica evaluadora encargada de gestionar dicho trámite. La compensación económica se desarrolló entre 2010 y 2014. De acuerdo con una auditoría de la Contraloría, por este caso se habría ocasionado un perjuicio al Estado de al menos $24 millones. Para este miércoles se tiene previsto que otros abogados defensores presenten sus alegatos. UI UNIDAD INVESTIGATIVA
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