7A LaPrensa Panamá, viernes 19 de julio de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Aviso sobre el uso de Inteligencia Artificial Este periódico emplea inteligencia artificial (IA) para asistir en la edición de contenidos y mejorar la experiencia de lectura. Garantizamos que todo contenido publicado es creado y rigurosamente revisado por nuestro equipo editorial antes de su difusión. Utilizamos la IA como herramienta de apoyo para asegurar la precisión y calidad de la información que entregamos a nuestros lectores. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Ansiedad vs. contrariedad (III) Vacunas Pedro Ernesto Vargas [email protected] Entre estas enfermedades infecciosas, para las cuales hay vacunas probadas en eficacia y seguridad, que afectan a los niños muy temprano en su niñez, se producen: parálisis, deformidades y debilidades de las extremidades, inflamación del cerebro (meningitis y encefalitis), daño cerebral, retardo mental, sordera, pérdida de la visión y el lenguaje, neumonías, cáncer, deshidratación severa y muerte. Aquellos que promueven la no vacunación suelen pertenecer a grupos privilegiados, al menos económicamente privilegiados. Ellos (calificados como “an - ti-vax ”) pueden pagar los costos de la enfermedad y hasta los de la muerte. Las personas que los siguen por temores (ansiedad o “hesitancy ”) con pocos o ningún privilegio económico o social, no tienen cómo pagar esos costos. Tristemente, esos temores son fundados en mentiras, desinformación o maldad, que no aportan nada a la ciencia. Incluso, son pediatras y médicos que desechan contenido y resultados de investigaciones publicadas en revistas de ciencias y medicina, políticos altaneros, abogados y otros profesionales que dan acceso libre e irresponsable a la opinión -aduciendo libertad de expresión- y pobre o ningún acceso a los hechos y evidencias científicas -amparándose en la libertad de elección. Muchos de ustedes no conocen estas secuelas porque la ciencia médica las ha contenido con el uso temprano de vacunas, probadas eficaces y seguras, y como resultado puntual de la tecnología moderna y colaborativa. Entre estas enfermedades desconocidas o no bien conocidas por el público, están el polio, la infección intestinal por el rotavirus, la difteria, la tos ferina, el tétanos, las neumonías y las meningitis con sus secuelas para el resto de sus vidas, que discapacitan o producen prematuramente la muerte. Hoy, resurgen enfermedades previamente controladas, por el pobre cumplimiento con la vacunación infantil, otra secuela de la pandemia por covid-19, que ocupó a enfermeras y médicos, en otros menesteres, desvió fondos de vacunas para cubrir los altos costos del cuidado intensivo de pacientes hospitalizados por la infección debido del virus SARS-CoV-2. Y, para solo hacer todo más difícil, no se puede soslayar la nociva divulgación de falsedades sobres las vacunas y la pérdida de la confianza en los médicos, la medicina, las instituciones de salud, la ciencia y verdad. Cierto es, como agravante, que los médicos no hemos sido sencillos ni claros para educar eficientemente sobre nuestros errores y nuestros aciertos en la investigación y en la práctica clínica, lo que ha facilitado que otros intereses hayan diseminado sus descontentos personales y frustraciones profesionales para optar ferozmente contra la investigación científica y las directrices de salud pública. A pesar de que la vacunación es la intervención de salud pública más eficaz y segura, responsable de salvar millones de vidas cada año, que mejora sustancialmente la duración de vida de las poblaciones, que su creación y manufactura son estrictamente cuidadas, hay un creciente número de personas que muestran significativa ansiedad y dudas de ellas porque la beneficencia de la vacunación no ha permeado a las personas. Esta inseguridad se manifiesta mucho más entre los padres de la población infantil porque el amor por sus hijos, no les permite pensar siquiera en hacerles daño, lo que inculcan contrariamente las campañas contra las vacunas. Estos temores crecieron a partir de 1998, cuando se diseminó una de las más dañinas y falsas aseveraciones por un investigador, Andrew Wakefield, quien asoció fraudulentamente el uso de la vacuna contra el sarampión al origen del autismo. Seguro que la obligatoriedad de la vacunación ha sido un banderillazo contra ella porque con esa imposición y contundencia, no se ha dado espacio ni tiempo suficientes, para educar sobre ello. Esto ha deteriorado significativamente la seguridad sanitaria de la población frente a brotes infecciosos de enfermedades prevenibles por la vacunación. A los primeros que hay que educar es a nosotros mismos, médicos y enfermeras, al personal de salud y, luego, salir a educar a los ciudadanos, para lo cual se requiere, además, disponibilidad de tiempo en la actividad higiénica de la salud pública. La población vacunada suele proteger a la no vacunada, solamente en la medida que los números de vacunados alcancen y superen el nivel para el cual, infectar a un no vacunado es muy extraño y muy difícil. Ese punto de inflexión es vital. Es lo que se conoce como inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo. Esta inmunidad de grupo está seriamente afectada por el creciente número de no vacunados. Además, cada enfermedad tiene un número diferente de vacunados para alcanzar la inmunidad de grupo. Por ejemplo, para el sarampión es tan alta la exigencia, que se requiere un 95% de la población vacunada para proteger a ese 5% no vacunado, o, que 19 de cada 20 personas estén vacunadas contra sarampión. En estas circunstancias, el mandato o la obligación de vacunarse es ética y el respeto a la autonomía de los padres con respecto a esta decisión, no es constante sino variable. “Cuando la obligación moral de los individuos para contribuir a la inmunidad de grupo no se satisface, las políticas de vacunación obligatoria son éticamente justificadas porque los estados tienen la responsabilidad de proteger la inmunidad de rebaño como un bien común”. Y, en lo legal, recordar al jurista alemán Carl Schmitt: “Soberano es aquel que decide en el estado de excepción”. EL AUTOR es médico Reformar la Carrera Administrativa Servicio público David Montenegro [email protected] En abril de 2024, el sector público de Panamá contaba con 258,266 funcionarios, con un sueldo bruto de B/.434.1 millones mensuales. De estos funcionarios, 234,964 eran permanentes y 23,302 eventuales (según el último informe de la Contraloría). Sumado a esto, las recientes declaraciones de las nuevas autoridades sobre “planillas cash back”(funcio - narios que no trabajan y le dan un porcentaje al padrino político) y la alta cantidad de “botellas”(funcionarios que cobran sin trabajar), la cifra es alarmante y pone de relieve la urgente necesidad de un consenso nacional para el fortalecimiento y la aplicación más rigurosa de una Ley de Carrera Administrativa y demás carreras públicas, para combatir la corrupción, mejorar la calidad del servicio público y garantizar la eficiencia del gasto público. La Ley de Carrera Administrativa: una legislación con desafíos La Ley de Carrera Administrativa de 1994 y sus reformas de 2017 fueron diseñadas para asegurar que la contratación y promoción de los funcionarios se basen en méritos y competencias. Sin embargo, la realidad es otra y los nombramientos siguen siendo utilizados como un “botín político”para satisfacer la insaciable sed de nombramientos políticos, lo cual el último gobierno del Partido Revolucionario Democrático ha llevado al extremo. La contratación de personal sin los méritos, experiencia y vocación de servicio ha llevado a un aumento exorbitante y desproporcionado de la planilla, afectando negativamente el presupuesto nacional y la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios. En abril de 2024, la planilla mostró un incremento de 2,906 funcionarios, en su mayoría eventuales, en comparación con el mes anterior.Esteaumentoseconcentróeninstituciones clave como el Ministerio de Educación y la Caja de Seguro Social, donde, independientemente de que su ingreso es a través de un supuesto sistema de méritos, la calidad del servicio es muy deficiente. Esto indica que hay que reformar el sistema de ingreso, la evaluación del desempeño junto con el incremento salarial y la estabilidad en los cargos. Los indicadores de salud y educación lo demuestran, siendo una preocupación constante para la ciudadanía. Impacto presupuestario y deficiencias en el servicio El gasto en sueldo bruto se desglosa en B/.403.5 millones mensuales para funcionarios permanentes y B/.30.6 millones mensuales para eventuales. Este incremento representa una carga significativa para el presupuesto nacional. En el mes anterior, marzo 2024, se registró un aumento de B/.5.7 millones (1.3%) en el sueldo bruto, y en comparación anual con abril de 2023, hubo un aumento de B/.27.2 millones (6.7%). Esta situación es un claro indicativo de que el gasto en funcionamiento supera con creces al rubro de inversión en la mayoría de las instituciones y que el uso de los avances tecnológicos y la contratación basada en méritos es más una excepción que una regla. Corrupción y la necesidad de reformas integrales La falta de un sistema de méritos riguroso en la contratación de funcionarios, evaluaciones del desempeño, capacitaciones enfocadas en la mejora continua y la equiparación en un sistema salarial para que no existan desigualdades salariales en posiciones de la misma índole, junto con el establecimiento de una política de retiro voluntario que brinde una salida digna a ese 20% que suma aproximadamente 50,000 funcionarios jubilados o con edad avanzada, es un desafío y una necesidad urgente en la gestión pública. Sabiendo que el éxito en la calidad del servicio público y de un gobierno es, sin duda, su capital humano, el no invertir en ello no solo afecta la eficiencia del sector público y la inversión económica, sino que también alimenta la corrupción. La contratación de personal sin las competencias necesarias crea un entorno propicio para prácticas corruptas, donde los favores políticos y el nepotismo prevalecen sobre la capacidad y el profesionalismo. Implementar y fortalecer la Ley de Carrera Administrativa y las leyes de las carreras públicas actuales es crucial para combatir la corrupción y aumentar la confianza de los usuarios en las instituciones del Estado. Relevancia de las alianzas internacionales Es preocupante que los organismos internacionales, especialmente aquellos que otorgan financiamiento, no ejerzan suficiente influencia sobre Panamá, requiriendo la adecuación de carreras públicas a estándares internacionales, especialmente en sectores críticos como la seguridad, salud y educación. A pesar de que estos sectores deberían operar bajo estrictos criterios de mérito, la insatisfacción ciudadana y la abultada planilla indican que estos principios no se aplican adecuadamente. Los organismos internacionales tienen la capacidad de jugar un rol importante, incentivando reformas y proporcionando asistencia técnica para fortalecer los mecanismos de control y evaluación en la administración pública panameña. Esto no solo beneficiaría a Panamá, sino que también contribuiría a la estabilidad, seguridad jurídica y desarrollo económico de la región, por las condiciones socioeconómicas que brinda nuestro país. Reto gubernamental La Ley de Carrera Administrativa, en conjunto con las demás leyes de carreras públicas en Panamá, necesita una implementación más estricta, lo que conlleva necesariamente a una inminente “purga del servicio público”para garantizar que la contratación de funcionarios se base en méritos y competencias, sin ver la planilla como un “botín político”para premiar a copartidarios, amigos o familiares. El gran reto es poder tener la voluntad política para establecer un consenso nacional,enunamesadeconcertaciónconla participación de todos los actores nacionales, para definir una política pública permanente de empleo público, para combatir la corrupción, mejorar la eficiencia del sector público y asegurar que el gasto se utilice de manera efectiva. Solo mediante la selección por meritocracia, la profesionalización permanente de los funcionarios y la transparencia se podrá mejorar la calidad de los servicios públicos, combatir la corrupción, satisfacer las necesidades de los ciudadanos y asegurar un futuro más próspero para Panamá. EL AUTOR es abogado y ex director de Carrera Administrativa. Los servidores públicos Planilla estatal Juan Manuel Castulovich [email protected] Aellos, la Constituciónles dedica el Título XI, que comprende los artículos del 299 al 309, de los cuales destaco algunas disposiciones. Del artículo 300: “Su nombramiento y remoción no será potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo lo que al respecto dispone esta Constitución. Los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos; y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio”. Del artículo 302: “Los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente sus funciones a las que dedicarán el máximo de sus capacidades y percibirán por las mismas una remuneración justa”. Por el artículo 305 se instituyen las carreras en la función pública, de acuerdo a sus diferentes especialidades, y se deja a la Ley, como en efecto se ha hecho, la creación de otras, que son tantas como las allí listadas. De acuerdo con el artículo 306, las dependencias oficiales funcionarán a base de un Ma - nual de Procedimiento y otro deClasificación de Puestos.Y directamente relacionado con la disposición anterior, está el artículo 159 de la Constitución, que atribuye a la Asamblea Nacional,“expedir la Ley General de Sueldos propuesta por el Órgano Ejecutivo”. Llevando a la acción las recientes declaraciones del nuevo presidente, del ministro de la Presidencia y de la presidenta del Órgano Legislativo, en los próximos días, utilizando el citado artículo 302, serán restados de las planillas oficiales, según se especula, varios centenares y, quizá, miles de funcionarios. Esa medida, en tanto sea fundada en hechos comprobados y producto de un “debido proceso”, será correcta; pero no lo sería si, como parece que ha ocurrido con las recientes destituciones hechas por el Procurador, similares a las que hizo una predecesora en el cargo, sin la debida sustanciación, serían violatorias de la Constitucióny, además, podrían tener un altísimo costo para el Estado en indemnizaciones, como lo tuvieron aquellas cuando fueron invalidadas judicialmente. En los nombramientos y las contrataciones de los servidores públicos, excepción hecha de los que están amparados por las carreras legalmente reguladas, los menos respetados han sido los principios constitucionales. Pero, concediéndole al nuevo gobierno que, aparte de “quebrar botellas”, su objetivo es dotar al Estado de servidores públicos profesionales y competentes, debe tenerse presente que, para poder lograr esa meta, es requisito previo e indispensable “una ley general de clasificación de cargos y de salarios”, debidamente estudiada y basada en criterios científicos, para lo que no se requiere volver a inventar la rueda, sino valerse de los modelos existentes en muchos países donde el servicio civil es una carrera respetada y atractiva, para la que se preparan muchos jóvenes con vocación de servir al país y en busca de estabilidad económica y superación profesional. EL AUTOR es abogado
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