6A LaPrensa Panamá, miércoles 17 de julio de 2024 Al grano Flor Mizrachi A. [email protected] Después del escandalito que se formó la semana pasada por la posible designación del condenado por partida triple Gustavo Pérez en la Dirección de Bienes Aprehendidos, Felipe Chapman no se dejó meter el gol, se paró bonito y nombró ahí a Lorenzo Rivera, un economista y asesor de estructuras financieras y controles que trabajó en varios bancos multinacionales y para la firma de la que sale el ministro. La Dirección de Bienes Aprehendidos, que fue un departamento hasta 2015, es la que custodia y administra los bienes en casos contra la administración pública, blanqueo, financieros, terrorismo, tráfico de armas y explosivos, narcotráfico y delitos conexos, mientras se decide la causa y se define qué hacer con esos bienes. O sea, son los que cuidan los bienes confiscados de los investigados mientras los investigan. Y deben, con lo que se gane de esos bienes, invertir en el combate de las drogas y la delincuencia organizada. En la teoría suena lindo. En la práctica, ahí no tenemos idea de qué pasa. Hay una absoluta opacidad: no sabemos cuáles son los bienes aprehendidos, cuántos son, dónde están, cuánto valen ni quién los usa. Para muestra los 28 carros que esa dirección le asignó al exalcalde Alex Lee y ahora no encuentran. La ley dice cinco cosas clave. Uno, que la dirección debe tener un inventario actualizado de los bienes. Eso no es público. Dos, que debe donar los bienes perecederos o deteriorados a instituciones públicas, educativas, benéficas o religiosas. Eso es subjetivo y discrecional: no hay procedimientos establecidos. De hecho, hay investigaciones abiertas por la venta de esas donaciones. Tres, que debe destruir los que sean riesgosos para la salud o el ambiente. De nuevo: ¿quién define eso y bajo qué posible sanción? Cuatro: debe, previo avalúo, subastar los bienes que puedan dañarse, o que su custodia o mantenimiento sean caros para el Estado. Otra vez, subjetivo y discrecional, y no sabemos quién hace ese avalúo ni lo que pone ahí. Y cinco, asignar los bienes a custodios que cumplan con los requisitos y los usen con fines sociales. ¿Qué requisitos? No sabemos. Ahí están los carros asignados a Alex Lee, que legalmente no podían usar terceros. Bienes Aprehendidos tiene que reportar las condiciones de los bienes periódicamente. Claramente no lo hicieron. También ha habido diputados, como Kayra Harding, que usan estos carros (de alta gama porque se les ampolla la nalga si se sientan en un Lada), pero bajo qué criterio los reciben, ni idea. Y por ejemplo, ¿si se estrellan y matan a alguien? ¿Y si la persona no tenía pago el seguro? Y, obvio, aparte de carros aprehenden cuadros, relojes, yates, bienes inmuebles, joyas…¿quién usa eso? ¿A qué María la del Barrio pasan a mejor vida o la casa de qué vivazo decoran porque “al Estado le sale caro el mantenimiento”? Y sí, el mantenimiento sí sale caro, pero la cosa es quién se queda con eso. Ya ha habido demandas porque los mismos jefes de la Dirección usan los carros, los asignan y hacen fiesta en los corredores o no los devuelven, dejan los carros oxidándose o los subastan antes de la condena. Porque sí, la ley dice que hay que esperar la condena, salvo cuando el mantenimiento sea caro. Y entonces entra la discrecionalidad y con ella los abusos. Ahí está el caso Moncada: 10 años después y no venden el apartamento. Con Rafael Guardia, igual. Esa incapacidad disfrazada de demora devalúa el activo y nos cuesta plata a todos. Y tampoco hay presupuesto ni personal para administrar esos activos. Usan hangares que dejaron los militares. O los tiran en patios por ahí. Hay carros que tienen árboles. Otros se los llevan por piezas, cual rastro. Y así. Claramente hay que cambiar la ley para vender los bienes oportunamente y, si el procesado queda absuelto, pues pagarle el valor de la venta. Y esa dirección debería ser autónoma, no estar en el Ejecutivo, donde solo debería estar lo que ya es del Estado, ni en el MP, que no puede disponer de los bienes que investiga. Panorama Lo otro es cómo anuncian las subastas y cuántas se declaran desiertas y terminan en venta directa. Tampoco sabemos si hay conflicto de intereses o tráfico de influencias y se lo gana un amigo o socio del narco o del funcionario porque le dieron el dato. Por ejemplo, los bienes de Epasa caerán en manos de esta dirección. Y luego están las resoluciones de los casos. A veces, como en el caso El Gallero, los investigados terminan recuperando sus bienes. Y los reciben vueltos leña. Porque otra opción es que el mismo dueño lo custodie con su plata. Pero eso es solo si al fiscal se le ocurre. Este es uno de los tantos temas en el que nos saquean gracias a los vacíos legales y la discrecionalidad que nace de ellos. Más la burocracia y la burrocracia, que se prestan para el descontrol. Ojalá que el nuevo director haga una buena auditoría y saque los trapitos al sol. Ferrari niega conflicto de interés en caso de tierras de Coco Solo El ex gerente de la Zona Libre de Colóndefendió la concesión de terrenos a una sociedad en la que sus hijos son beneficiarios y aseguró que la adjudicación fue aprobada por la junta directiva y el comité ejecutivo del área franca. C O LÓ N Mónica Palm [email protected] El exgerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), Giovanni Ferrari, defendió la concesión de terrenos de esta entidad a una sociedad en la que sus hijos son beneficiarios y aseguró que la adjudicación fue aprobada por la junta directiva y el comité ejecutivo del área franca. “La ley de la ZLC establece que los acuerdos y resoluciones de la junta directiva y de su comité ejecutivo son de obligatorio cumplimiento para el gerente general, por lo que los señalamientos de conflicto de interés carecen de fundamento”, dijo Ferrari en una aclaración escrita que remitió aLa Prensa. Insistió que como gerente general, no le correspondía ni votar ni decidir, “ni en este ni en ningún contrato de arrendamiento”. El presidente de la junta directiva de la ZLC en aquel momento era el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff; en tanto, Carlos Castillero preside el comité ejecutivo. Sobre este asunto, la Presidencia de la República lo calificó como un “negociado de tierras ” y anunció que se llevarán a cabo auditorías. Ferrari agregó que la concesión a favor de Concesionaria ONX, S.A. de los dos globos de terreno propiedad de la ZLC es “consecuencia del proceso desarrollado por Tocumen para la reactivación” del aeropuerto Enrique Jiménez, en Coco Solo. En febrero de 2024, Concesionaria ONX obtuvo un contrato para explotar comercialmente el aeropuerto colonense. Ferrari dice que ese plan“de renovación” fue ideado desde el año 2013, sin participación de la ZLC. “Como resultado de la concesión otorgada por Tocumen, dicho consorcio solicitó a la Zona Libre de Colón un contrato de arrendamiento para que los terrenos ya incluidos en la concesión del aeropuerto Enrique Jiménez pudiesen operar bajo las características de la Zona Libre de Colón y así cumplir con el desarrollo logístico y comercial exigido en el pliego de condiciones de Tocumen”, remarcó en su nota aclaratoria. No obstante, Raffoul Arab, que en aquella época era el gerente general de Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), advirtió que el contrato con la terminal aérea todavía no ha sido confeccionado y que se están “verificando ” detalles relevantes. “Es potestad del nuevo gerente general y de la nueva administración gubernamental hacer los cambios, investigar, ajustar o suspender el proceso iniciado, con base a toda la información que de manera oportuna y transparente ha sido suministrada”, dijo Arab a La Prensa. Si la concesión con Tocumen no está en firme, ¿cómo la misma fue utilizada para conseguir el alquiler de las tierras de la ZLC adyacentes al aeropuerto? Los propietarios de las acciones nominativas de ConcesionariaONX,S.A.sontres sociedades: Corporacion ONX, Sky Cana S.R.L. y Carga Transístmica, S.A. En esta última están Marco, Bruno, Giovanni Lucca y Melania Luisa Ferrari Maruri como beneficiarios finales. El exgerente de la ZLC escribió que valoraba y aplaudía los esfuerzos del gobierno de José Raúl Mulino de asegurarse de que los recursos del Estado se manejen con transparencia, “por lo que estoy en total disposición para brindar las explicaciones adicionales que sean necesarias en aquello que me compete”. La Presidencia ya anunció la suspensión de los contratos con Aitsa y la ZLC a favor de Concesionaria ONX, así como el inicio de unas investigaciones, “cuyos resultados serán trasladados en su momento al Ministerio Público para deslindar responsabilidades”. Giovanni Ferrari Archivo Ediles aprueban acuerdo para regular escala salarial MUNICIPIOS Ohigginis Arcia Jaramillo Yaritza Mojica [email protected] El Concejo de Panamá aprobó un acuerdo ayer miércoles, a través del cual se establecen límites salariales y la escala a nivel de directivo, así como de asesor en el Municipio de Panamá. Según el acuerdo, la ley que dicta el Presupuesto General del Estado establece la escala salarial y los límites de remuneración, así como el ámbito de su aplicación, del cual excluye a los municipios y juntascomunales. A raíz de eso, se acordó que, con excepción del alcalde, vicealcalde, tesorero, ingeniero municipal y de los directores, ningún funcionario podrá recibir, en concepto de sueldo, gastos de representación o cualquier otra remuneración, una suma mayor que la asignada para el cargo de direc tor. En el acuerdo también se establece que, en el caso de cargos como asesores alcaldicios, esta excepción se aplicará cuando los sueldos sean superiores a los de los directores y no sobrepasen los $6,000, previa autorización del alcalde. En la pasada administración del exalcalde José Luis Fábrega se cuestionó la elevada cantidad de asesores y funcionarios con elevados salarios. Por ejemplo, el exalcalde contaba con al menos 20 asesores y muchos de ellos tenían salarios de $5,000. Además, había otros que contaban con gastos de representación, que en algunos casos superaban los $2,500. Revisalud no asiste a citación en San Miguelito Representantes de la empresa Recicladora Vida y Salud (Revisalud) no asistieron ayer, 16 de julio, al Concejo de San Miguelito, donde mantenían una cortesía de sala programada con los ediles y la alcaldesa, Irma Hernández, para abordar el principal problema del distrito: la recolección de la basura. La alcaldesa Hernández indicó que la empresa Revisalud, que tiene un contrato de concesión de 20 años, no se presentó a rendir informe del desempeño de sus funciones. “Es una razón más para que dudemos de la capacidad de esta empresa”, dijo. Quienes sí aceptaron la invitación fueron los representantes de los trabajadores de Revisalud. Jenny Carrión, vocera de los trabajadores, denunció ante los ediles que les falta equipo rodante, implementos de trabajo, personal de barrido, y que las instalaciones están infestadas de mosquitos y alimañas. Sumados a esta situación están los despidos injustificados y la falta de un seguro de vida para los trabajadores que manipulan desechos domiciliarios. Hernández manifestó que “es una irresponsabilidad y una falta enorme de respeto que no se atienda la solicitud de este concejo ante esta empresa”.“Somos un nuevo consejo municipal y nuevas autoridades, y ellos deben cumplir con la concesión”. “Esta ausencia demuestra hasta una cobardía y levanta sospechas. ¿Por qué no dan la cara y se presentan ante este concej o? ”, acotó. Durante la segunda sesión del Concejo, Hernández manifestó que ha solicitado informes semanales de los reportes, frecuencias de la recolección, así como la cantidad de basura recolectada, recaudación de las tasas de aseo y los libros contables para determinar los cobros y ganancias, pero no han entregado nada. Pleno del Concejo de Panamá. Cor tesía
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