4A LaPrensa Panamá, miércoles 17 de julio de 2024 Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] UNA DE CAL. En el Municipio de Panamá planean establecer una escala salarial para que ningún funcionario gane más de $6 mil. Para tal propósito, han presentado un acuerdo ante el Concejo. Por lo visto en la época de Tanque, el único acuerdo que existía era: “lo que no nos cuesta... hagámoslo fiesta”. UNA DE ARENA. Un grupo de periodistas esperaba al alcalde capitalino Mayer Mizrachi a la salida del Concejo. Con lo sucedido en la entidad que dirige durante esa semana, era lógico que lo abordaran. Pero Mizrachi los evadió. Una vez concluida la reunión, se montó en su Tesla y abandonó el sitio. Tal parece que el alcalde no quiere dar declaraciones ni responder preguntas. BÚFALO. Por los lados de la Asamblea Nacional, pocas cosas causan tanta sorpresa como ver a Chello Gálvez puntualmente sentado en su curul en el Pleno legislativo. Seguramente algo querrá porque no es conocido ni por ir a trabajar todos los días ni por dar puntada sin dedal. CHANCHULLEROS. El matraqueo político en la asamblea estaba en todo su apogeo ayer martes, especialmente para los del PRD, quienes acostumbrados a sus viejas usanzas fueron los últimos en llegar al Pleno. De hecho, mientras el resto de sus colegas esperaba el resultado de las reuniones de los jefes de bancada, el único diputado del PRD en su curul era Crispiano Adames. ¿Y el resto? No hay que ser genio para saber en qué estaban. SE SUPO. Cuentan los que saben cómo se mueve la sopa en la Asamblea, que la decisión de quién será la próxima presidenta de la Comisión de Credenciales está en manos de CD y de los Panameñistas y que particularmente Edwin Vergara de este último coque no nos cuesta... hagá periodistas esperaba al al calde capitalino Mayer Mi zrachi a la salida del Conce lectivo ya habría comprometido su voto con la abogada del Cholo Chorrillo y RM. PADRINO. Y hablando del diputado panameñista de Chame y San Carlos, su hoja de vida dice que fue Gerente de la División Agrícola y Pecuaria de Carnes de Coclé, empresa de propiedad de la familia Halphen. Mientras que José Antonio Halphen habría apoyado la campaña del partido RM. Ya todo comienza a tener sentido. El aeropuerto de Tocumen comparte agente residente con una concesionaria Edgar Alexis Iglesias afirma haber renunciado a Grand Bell International. Sin embargo, esta renuncia todavía no aparece en el sistema de consultas electrónicas del Registro Público. Rolando Rodríguez B. [email protected] El abogado Edgar Alexis Iglesias, recién designado agente residente de Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), ejerce esa misma función en Grand Bell International, S.A., una concesionaria de la terminal de carga que recientemente ganó un arbitraje al Estado sobre la construcción de bodegas de almacenaje. Grand Bell obtuvo la concesión directa por 20 años para subarrendar galeras el 2 de abril de 2012, cuando el gerente de Aitsa era Juan Carlos Pino. Para entonces, el gerente de Asesoría Legal de aquella época en Aitsa era Iglesias, quien ahora ha regresado a Tocumen, dos administraciones después. El pasado 8 de julio, la junta directiva de Aitsa (que todavía preside el exministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro), en una “reunión de urgencia extraordinaria ”, otorgó poder “general, amplio y suficiente”al nuevo gerente de la terminal, José Antonio Ruiz Blanco, quien reemplazó a Raffoul Arab. Este poder permitirá a Ruiz administrar todo el patrimonio de Aitsa, convocar a actos públicos, celebrar contratos por hasta $300,000, firmar los documentos sobre gastos de funcionamiento presupuestados, otorgar concesiones por hasta $10,000 con entidades gubernamentales (bancos, lotería, correos, promoción del turismo), presentar demandas y/o denuncias y firmar adendas, convenios y arreglos de pago, entre otros asuntos. La decisión fue apoyada por Alfaro, presidente de Aitsa y el resto de la junta directiva, en la que todavía figuran otros tres miembros del gabinete de Laurentino Cortizo: Rafael Sabonge e Iván Eskildsen, ministros de Obras Públicas y de Turismo, respectivamente, y Jorge Luis Almengor, viceministro de Finanzas. Almengor, Sabonge y Eskildsen fungen como vicepresidente, tesorero y secretario de Aitsa, respectivamente. Alfaro, como ya se dijo, es el presidente. La junta directiva la completan Elida Vargas, Vidalia de Casado y Silvana Gómez, representantes de los trabajadores, de las aerolíneas y de los concesionarios, respectivamente. La junta directiva también acordó nombrar a Iglesias como agente residente de Aitsa. El pasado 10 de julio, el propio Iglesias se presentó a una notaría para protocolizar el acta de la reunión de urgencia extraordinaria de la junta directiva. Contactado por La Prensa, Iglesias envió una copia de su renuncia como agente residente de Grand Bell International, con fecha del 12 de junio. Sin embargo, esta aún no se refleja en el sistema de consultas electrónicas del Registro Público. En cambio, la designación de Iglesias en Aitsa, acordada cuatro semanas después, ya consta en el Registro Público. “Había acordado con la empresa que ellos se encargarían del trámite. Lamentablemente para mí en este caso, no lo han hecho. Por tanto, les voy a solicitar que lo tramiten de una vez. Consciente de la situación renunciamos oportunamente”, aclaró a La Prensa. Contrato, rescisión y arbitraje La construcción de las mencionadas galeras en la terminal de carga se inició el 25 de junio de 2014, apenas una semana antes del cambio de gobierno y la consecuente toma de posesión del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019). La nueva administración del aeropuerto ordenó una auditoría al contrato de Grand Bell y, el 21 de septiembre de 2017, se firmó la rescisión del contrato. Al año siguiente, la sociedad presentó la demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Grand Bell logró que el tribunal arbitral (integrado por José Javier Rivera, Sheyla de Arias y Dilio Arcia, hoy fiscal electoral) declararan ilegal la decisión de rescindir la concesión. También se ordenó a Aitsa definir un nuevo cronograma de ejecución del contrato y pagar las costas del proceso, como gastos de administración y honorarios de abogados, árbitros, peritos, etc. (en total, $836,382). Además, el aeropuerto debe reconocer que, cuando el contrato fue rescindido, la concesionaria ya había invertido $3.2 millones. Si hay algo que reponer, producto del deterioro, lo deberá costear Aitsa. El pasado 3 de julio, la terminal envió a la Contraloría un pago de $6 millones a favor del concesionario. El trámite no ha sido refrendado aún. En enero de 2015, La Prensa publicó una nota sobre el alquiler de tres edificios en el Casco Antiguo a favor de la Presidencia de la República. En esa publicación, se vinculó a Gabriel “Gaby ” Btesh con Grand Bell International, S.A . Aunque el nombre de Gaby Btesh no está visible, en el Registro Público figura que la secretaria y suscriptora de Grand Bell es Ailedsabel González, persona de confianza de Btesh y abogada de la inmobiliaria Btesh & Virzi, que el empresario fundó con el fallecido exvicepresidente de la República, Felipe “Pipo”Virzi. Este es el espacio concesionado a Grand Bell International, en el aeropuerto de carga de Tocumen. CSJ declara que escuelas privadas no pueden negar el acceso a clases por pagos pendientes EDUCACIÓN PANAMEÑA Aleida Samaniego C. [email protected] La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que los artículos 47, 166 y 222 de la Ley 285 del 15 de febrero de 2022, mediante la cual se “crea el Sistema de Garantías y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y dicta otras disposiciones”, no son inconstitucionales. Esta decisión, publicada el pasado 15 de julio en laGa - ceta Oficial, surge tras analizar la demanda presentada por la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep), que consideraba que estos artículos infringían varios artículos de la Constitución Política. Precisamente, el artículo 47 de la Ley 285 establece que los centros de educación particular no pueden suspender el acceso a las clases durante el curso regular a ningún niño, niña o adolescente cuyos padres mantengan saldos pendientes de pago del servicio educativo contratado. Además, establece que al finalizar el curso, se emitirá una certificación con los datos generales del estudiante, el grado cursado y el promedio final obtenido. De hecho, esta certificación servirá como documento provisional válido para que el estudiante pueda ser matriculado en otro centro educativo del país hasta que se cancele la deuda pendiente con el centro educativo, momento en el cual podrá solicitar los créditos oficiales correspondientes. Mientras que el artículo 166 garantiza el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, incluso cuando sean objeto de medidas disciplinarias que conlleven el cambio de plantel educativo. La medida disciplinaria no se hará efectiva hasta que el acudiente, en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca), matricule al estudiante en un nuevo centro educativo, oficial o particular, en el mismo año lectivo. Otro artículo que declaró la CSJ es el artículo 222 establece sanciones para los directores de centros educativos, ya sean particulares u oficiales, que retengan boletines, créditos académicos o impidan el ingreso a clases o el acceso a asignaciones escolares a cualquier niño, niña o adolescente. Estas sanciones consisten en multas que van de $500 a $1,000 impuestos por el Meduca. La decisión se tomó con siete votos a favor, un voto concurrente y un salvamento de voto. Archivo En la demanda, los abogados de la Uncep plantearon que el artículo 47 de la Ley 285 no tenía la finalidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes sino proteger a los padres morosos que incumplen con sus obligaciones. “Estos padres han elegido libremente un centro educativo particular pagando por un servicio que podría haber recibido por parte del Estado”, indica el documento. La decisión se tomó con siete votos a favor, un voto concurrente de la magistrada Maribel Cornejo y un salvamento de voto por parte del magistrado Cecilio Cedalise, el pasado 22 de mayo de 2024. UI UNIDAD INVESTIGATIVA Panorama
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