4A LaPrensa Panamá, sábado 13 de julio de 2024 Panorama Sábado picante Rolando Rodríguez B. [email protected] Confidencialmente, he oído historias sobre el perverso comportamiento de funcionarios del gobierno pasado, enriquecidos hasta los tuétanos, utilizando sociedades, fundaciones y bancos panameños, sin consecuencia alguna. Mucha de esa gente vale decenas y hasta centenares de millones. Entraron limpios, pero hoy viven como príncipes árabes en la zona más exclusiva de la ciudad, donde disfrutan de la vida que le robaron a pacientes del Oncológico, hospitales públicos o de lo que privaron a millares de estudiantes. Bancos y abogados, sabiendo a quiénes ofrecen sus servicios, no tienen escrúpulos en manchar la reputación del centro bancario y son, en buena medida, responsables de que Panamá tenga mala fama. Quizás ya no seamos un paraíso fiscal, pero indudablemente pasamos a ser un paraíso para la corrupción, abrazada por abogados que se valen, precisamente, de sociedades y fundaciones para ocultar lo mal habido en bancos locales y extranjeros. El negocio de la corrupción, como se ve, no solo es de los políticos. El estigma contra Panamá se fundamenta en la inutilidad de nuestras instituciones de control. Todo aquí se maneja políticamente, un mercado en donde se venden funcionarios a cambio de millones que terminan en ciertos bancos que el resto de la comunidad bancaria local y las instituciones de control saben a qué se dedican. Por favor, lo sé yo, ¿no lo van a saber ellos? Dicen que los Panama Papers acabaron con la reputación del país, que periodistas locales e internacionales esparcieron la patraña de que se lava dinero con esas sociedades. ¿Acaso los corruptos no recurren a abogados para crear esquemas para esconder la plata robada? Eso sin mencionar a abogados que, al frente de instituciones estatales, idean formas de robarle los fondos que van a parar a los bancos, seguramente recomendados por los mismos abogados que fabricaban cuchillos, pero que no tenían culpa de que sus clientes los usen para matar. Leí correos de Mosack Fonseca informando a clientes del nivel de seguridad de bancos locales: desde los más estrictos –que la firma recomendaba excluir si el negocio era poco ortodoxo –hasta los que podían ser elásticos, que ofrecían servicios a la medida justa de las necesidades del cliente. ¿Y qué hay de la publicidad de bufetes que anuncian servicios de protección de activos con sociedades y fundaciones panameñas, pero que no ponen ni nombres ni caras de los socios de lafirma?Muylimpiodebe ser lo que ofrecen. También debo suponer que es otro cuento periodístico que nuestra bandera la ponen a ondear en la popa de barcos que trafican armas; que contrabandean petróleo, que sirven para eludir sanciones internacionales contra países cuyos líderes son considerados terroristas. Gran negocio de esos abogados que detestan los Panama Papers, no porque sean los más nacionalistas, sino por el dinero en juego. ¿Me pregunto si piensan en Panamá o en sus bolsillos? Conozco abogados que no quieren saber de sociedades ni fundaciones, salvo para clientes que conocen muy bien. Y sé de otros –como el desaparecido y otros que figuran en investigaciones periodísticas similares–con “supermercados”de sociedades locales y extranjeras, incluida la de una remota isla del Pacífico, jurisdicción creada prácticamente por ese bufete para constituir sociedades que protegían quién sabe qué. No dudo que esos abogados, banqueros, políticos y empresarios quieran a Panamá, pero ¿para qué la quieren? Caso de Zulay Rodríguez pasa ahora al Ministerio Público La magistrada María Cristina Cheng Stanziola remitió la investigación por apropiación de 68 kilos de oro al Ministerio Público. El expediente se unirá al que se le sigue a Álvaro Testa, esposo de Rodríguez y al abogado Rafael Araúz. LINGOTES DE ORO Juan Manuel Díaz [email protected] La Corte Suprema de Justicia declinó a la esfera ordinaria el proceso seguido a la exdiputada perredista Zulay Rodríguez, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales tras la apropiación de 68 kilos de oro pertenecientes al mexicano José Luis Penagos, ya fallecido. Fuentes del Órgano Judicial confirmaron a este medio que la Asamblea del periodo 2019-2024, finalmente notificó a la Corte que Rodríguez, efectivamente renunció a su curul a finales de febrero pasado. Por tanto, la magistrada fiscal del caso, María Cristina Cheng Stanziola remitió la investigación al Ministerio Público (MP). Hay que recordar que el 26 de febrero de 2024, en víspera de la audiencia de imputación por este caso, Rodríguez anunció su renuncia como diputada al tiempo que hacía campaña para la reelección en las elecciones del 5 de mayo. Rodríguez, que competía para la Presidencia, para la alcaldía de San Miguelito y para diputada, fue derrotada en las elecciones. No obstante, inició una batalla legal por la curul del circuito 8-2, que fue asignada a Omar Ortega, de Realizando Metas. El Juzgado Segundo Administrativo Electoral falló a favor de Ortega, pero ella apelará ante el pleno del Tribunal Electora l . Ya el Ministerio Público adelantaba pesquisas sobre el oro, pero relacionadas con Álvaro Testa, esposo de Rodríguez y al abogado Rafael Araúz. El expediente de la exdiputada será añadido a esta carpeta. Al resolver un amparo de garantías constitucionales en agosto de 2023, el Primer Tribunal de Justicia autorizó al Ministerio Público a analizar las cuentas bancarias de Testa y Araúz como parte de las investigaciones por blanqueo de capitales. En esa ocasión la fiscal Elizabeth Carrión comisionó a la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial para que elaborara un informe sobre la trazabilidad de los fondos que no tengan justificación de Testa y Araúz. El proceso a Rodríguez se mantuvo en la Corte, porque por Constituciónlos diputados en ejercicio solo pueden ser investigados y procesados por los magistrados de la Corte. Su defensa presentó al menos cinco recursos ante esa corporación de justicia. Rodríguez presentó tres amparos de garantías, dos recusaciones y dos hábeas corpus preventivos contra las actuaciones de las magistradas Ariadne García, quien actuaba como juez de garantías en su caso y María Cristina Cheng Stanziola, magistrada en funciones de fiscal. El 3 de abril pasado la magistrada García rechazó una solicitud de un acuerdo extrajudicial entre Rodríguez y Juan David Penagos (hijo de José Luis Penagos), lo que habría evitado la continuidad del proceso penal. Mientras que el pasado 24 de mayo el pleno de la Corte le rechazó a Rodríguez un recurso de hábeas corpus preventivo, que fuera presentado luego que se le fijó una audiencia de imputación. Para el 19 de junio el pleno de la Corte no le admitió un amparo de garantías constitucionales, por supuesta falta de competencia contra los magistrados de la Corte para conocer su caso. El pasado 2 de julio la CorUn grupo de partidarios de Omar Ortega en la batalla por la curul del 8-2 recuerda que Rodríguez aspiró a tres cargos. Archivo La exministra de Educación justifica la compra de televisores por $8 millones UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación hasta el pasado 30 de junio, defendió la millonaria compra de televisores de pantalla interactiva por alrededor de $8 millones, argumentando que respondía a las “necesidades” de los centros educativos oficiales. “Mis actuaciones estuvieron apegadas a la ley, a lo que establecen las normas vigentes y a las disposiciones del servidor público”, afirmó G orday. La compra de 1,159 pantallas se realizó entre marzo y junio pasado, poco antes de que finalizara la gestión presidencial de Laurentino Cortizo. El Ministerio de Educación (Meduca) todavía no ha recibido los equipos. “Los trámites de dichos insumos respondieron a las necesidades educativas emanadas de la Dirección General de Educación y de la Dirección Nacional de Informática del Meduca”, resaltó la exministra. Gorday reaccionó a la publicación de La Prensa, que encontró que los precios unitarios de las pantallas de 75 pulgadas variaban entre $7,399 y $5,648.69, más del doble del precio de $2,479.85 por unidad, según informes de importaciones de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA). Las compras millonarias se realizaron entre el 25 de marzo y el 20 de junio de 2024, a las empresas Multitek Internacional, S.A. (por $7 millones) y Tanaka Services Inc. (por casi $1 millón). Las transacciones, indicó la exministra, se realizaron mediante órdenes de compra “durante marzo y abril de 2024, con certificación de partida y un plazo de entrega de 45 días hábiles”. Sin embargo, reconoció que dichos equipos “no habían sido entregados al 30 de junio de 2024, a pesar de contar con el refrendo de la Contraloría General. Ese fue su último día al frente del Meduca. Ahora la ministra es Lucy Molinar. La exfuncionaria insistió en que las adquisiciones están publicadas y “se pueden verificar ”a través del convenio marco vigente en el sistema de Panama Compra, que detalla las características y precios de los productos. Según Gorday, la compra es parte del plan de trabajo, presupuesto y rubro de “Inversión Educativa 2024, destinado a beneficiar a más de mil centros educativos a nivel nacional. Este medio consultó al Meduca sobre la distribución de estos equipos, pero confirmaron que aún no han recibido la mercancía. te rechazó un recurso de recusación presentado contra la magistrada García, por supuesta falta de competencia para conocer su caso, luego de que sus abogados defensores alegaron que Rodríguez renunció como diputada del PRD. En tanto, el 10 de julio la Corte rechazó un amparo de garantías contra la resolución del 15 de diciembre de 2022 por la cual la Corte admitió la denuncia en su cont ra . En cuatro ocasiones la Corte intentó imputar a Rodríguez: 29 de febrero, 9 de marzo, 15 de marzo y 3 de abril, pero solo compareció su abogado Ángel Álvarez. En este caso, la Corte investiga a Rodríguez por la supuesta comisión de los siguientes delitos: contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto con abuso de confianza y estafa; contra el orden económico, específicamente por blanqueo de capitales; contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, y contra la administración de justicia, específicamente por prevaricato. La investigación contra Rodríguez, Testa y Araúz se originó después de una denuncia presentada por Juan David Penagos y su madre, Diana Clemencia Ríos Cardona. Ellos recordaron que en 2009, José Luis Penagos, el esposo de Diana y padre de Juan David, fue detenido en el aeropuerto de Tocumen por llevar 68 kilos de oro que mostraban indicios de metanfetamina. Afirmaron que Rodríguez, quien había sido contratada como abogada para la defensa de José Luis Penagos, se apoderó del oro. Juzgado favorece a Ortega; Zulay apelará IMPUGNACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] El Juzgado Segundo Administrativo Electoral rechazó la demanda de impugnación interpuesta por la exdiputada Zulay Rodríguez contra la proclamación de Luis Omar Ortega, del partido Realizando Metas, como diputado del circuito 8-2, San Miguelito. Así lo informó la mañana de ayer viernes, 12 de julio, Guillermo Santamaría, uno de los abogados de la defensa de Ortega. El fallo lleva la firma de la juez segunda administrativa electoral, Edmara Lisbeth Jaén. La juez desestimó la demanda de nulidad parcial de la elección, en cuanto al cómputo de los votos consignados en las actas de nueve mesas de votación; y de la proclamación de Ortega. En el fallo la juez Jaén determinó que es innegable que la Junta de Escrutinio del Circuito 8-2 recayó en situaciones que llevaron a que se observaran imprecisiones al momento de revisar algunas de las actas de las mesas de votación, tal como lo señalaron los contadores públicos que coadyubaron con dicha junta. También se instruyó realizar las diligencias pertinentes para entregar la fianza consignada por $25 mil a favor de Ortega. Rodríguez ya anunció a través de su cuenta de X que apelará.
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