2A LaPrensa Panamá, viernes 28 de junio de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom A más de $1.6 millones se eleva cifra de mutuos acuerdos de Etesa Siete nuevas liquidaciones que suman más de $600 mil, se encuentran a la espera de refrendo del contralor Gerardo Solís. Ereida Prieto Barreiro [email protected] Se eleva la cantidad de gerentes, directivos y personal allegado al Partido Revolucionario Democrático (PRD) que ha sido favorecido con un mutuo acuerdo por la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), a pocos días del cambio de gobierno. Ahora son al menos 14 los funcionarios que serán liquidados en Etesa y que recibirán una indemnización que, en conjunto, suma $1,639,477.53 millones. Hasta la semana pasada, La Prensahabía encontrado que Etesa esperaba el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR) para el desembolso de $959,919.05, para pagar las liquidaciones de su gerente y subgerente general, Carlos Mosquera y Óscar Rendoll, respectivamente, y otros cuatro funcionarios de confianza. Pero una búsqueda en el sistema de seguimiento, control, acceso y fiscalización (Scafid) de la CGR mostró que otros siete funcionarios también han sido favorecidos con liquidaciones por mutuo acuerdo, lo que representa un desembolso adicional de $602,463.48. Ni una de estas liquidaciones ha sido refrendada hasta este viernes 28 de junio, último día hábil de la administración presidencial de Laurentino Cortizo. El presidente electo José Raúl Mulino, que toma posesión el próximo lunes, le ha pedido a la Contraloría General de la República que no lo haga. El pariente y el suplente Hasta ahora se desconocía que uno de los favorecidos es Guillermo Jaén Carrizo, tío del vicepresidente y excandidato presidencial José Gabriel Carrizo Jaén. Su indemnización es por $66,083.71. El mutuo acuerdo fue firmado el 15 de mayo pasado, pocos días después de la derrota electoral del Partido Revolucionario Democrático (PRD). La liquidación ingresó a la Contraloría el 20 de mayo. El salario mensual de Jaén (que fue contratado en octubre de 2019) es de $5,064.74. Para las mismas fechas se firmó el mutuo acuerdo de UI UNIDAD INVESTIGATIVA Alexis Ayala, actual suplente del diputado perredista Raúl Pineda, quien acordó una liquidación por $78,912.93. Ayala era el director de Recursos Humanos en Etesa desde el 27 de julio de 2019. A la vez, Ayala participaba activamente en la Asamblea y en las actividades proselitistas de Pineda. Incluso, a finales de diciembre pasado, lo reemplazó en su función de secretario de la comisión legislativa Mirbenis solo prestó serviciospor “un par de meses” en Etesa, antes de irse a España, según confirmó el gerente Mosquera, en una entrevista con La Prensa en enero pasado. También está el caso de Katrina Ortiz, asistente de Mosquera. Ella firmó un mutuo acuerdo por $73,890.95. Ortiz devengaba un salario de poco más de $5,000 al mes. Etesa solicitó su liquidación a Contraloría en febrero pasado, un mes después de que una investigación de La Prensarevela - ra que en esa oficina nadie sabía quién era ella. Cuestionado en su momento por la notable ausencia de Ortiz, Mosquera justificó que realizaba trabajos que “no necesariamente se hacen en oficina, sino de otro tipo, según considere que pueda hacer”. Este medio detectó que Ortiz es tesorera en la sociedad Agroexport del Istmo (Agrodeisa), presidida por Mirza Gutiérrez de Robinson, esposa del diputado Robinson. Más mutuos El director de gestión comercial de Etesa, Celso Spencer, nombrado desde julio de 2019, acordó una liquidación por $110,205.45. Según la planilla estatal, Spencer recibe un salario mensual de $6,534.36. Aunque aparecía en ese cargo, se ubicaba en la dirección de Asesoría Legal de la empresa estatal. En el documento de terminación laboral que se encuentra en la Contraloría para su refrendo se indica que su último pago “será hasta el 30 de junio”, es decir, un día antes de que inicie el nuevo gobierno. El mutuo acuerdo de Mosquera también entra en vigencia ese mismo día. También el próximo domingo se despide el director de Ingeniería, Lucas Halphen, quien mantiene un salario de $5,781.39 al mes. Su mutuo acuerdo contempla una indemnización de $134,396.63. También serán liquidadas por mutuo acuerdo las coordinadoras de Seguridad Industrial y de Compras, Aidaliz Hing y Maruquel Franceschi, respectivamente. Hing reclama una indemnización de $66,216.23 y Franceschi, de $71,682.50. Los documentos que ingresaron a Contraloría el 13 de junio pasado indican que Franceschi trabajó hasta el pasado día 15. Devengaba un salario mensual de $2,418.20 y estaba en la planilla desde julio de 2000. La lista de beneficiados la completan el gerente de Compras, Daniel Castilla, que pide $77,095, y los directores Pablo Castrejón (de Finanzas), Ramón Palacios (de Asesoría Legal) y Zorina Carles (de Servicios Corporativos), cuyas indemnizaciones ascienden a $116,577, $119,366 y $91,068, respectivamente. Algunos mantienen contratos de trabajo“con carácter indefinido”, pero todos pueden ser removidos por la junta directiva de Etesa, la cualserárenovadaapartirdel otro mes, cuando José Raúl Mulino tome posesión como presidente de la República. Todos los mutuos acuerdos fueron autorizados por la junta directiva de Etesa, que está bajo el control del Ejecutivo: los ministros Jorge Rivera Staff (de Comercio e Industrias) y José Simpson (de Presidencia) ejercen como presidente y secretario de la misma, y el viceministro de Economía, Carlos González, es el tesorero. Todos serán reemplazados el próximo lunes. El procurador de la Administración, Rigoberto González, le advirtió al ministro Rivera Staff que los mutuos acuerdos en las empresas mixtas (como lo es Etesa) son “jurídicamente inviables”. Algunos de los pagos a gerentes y personal de confianza de Etesa. Aumento de salario en la Contraloría genera choques entre el presidente electo y Solís FONDOS PÚBLICOS Ereida Prieto-Barreiro [email protected] La Contraloría General de la República ha aprobado un reglamento de ajustes salariales que se implementará a partir del próximo año, lo que ha provocado una virulenta reacción del presidente electo José Raúl Mulino y una airada respuesta del contralor Gerardo Solís. En su cuenta en la red social X, Mulino escribió un mensaje que es toda una declaración de intenciones: “Es toda una insensatez del contralor pretender seguir con aumentos de sueldos aprobados a última hora del gobierno ”. “Bien debería saber lo precario de nuestras finanzas y evitar estas decisiones que no serán posibles en [el] nuevo presupuesto”, agregó Mulino, quien el próximo lunes tomará posesión del cargo. Solís, consultado por La Prensa , respondió sin chistar: “El presidente no es el jefe del contralor”. “No es mi costumbre endilgar epítetos a nadie, respeto la libertad de expresión y el poder de los que quieran hacerlo. Ese no es mi estilo”,y agregó que hasta ahora no ha tenido ninguna comunicación personal con Mulino. “De mi parte, hacia el Ejecutivo será con respeto, como lo he manejado con el gobierno saliente”, concluyó. “¿Cuál es la tónica de Mulino con estos mensajes en redes sociales?”, se preguntó Solís, quien añadió que “el presidente Laurentino Cortizo jamás me mandó un mensaje para que hiciera o no algo. Él respetó la independencia de la Contraloría”. A través de la Resolución del 23 de abril de 2024, promulgada en Gaceta Oficial el pasado martes 25 de junio, la Contraloría aprobó el “re - glamento de la política de aumentos por mérito”. El último fue actualizado en 2 01 3 . En dicha resolución se acuerda gestionar la consecución de los recursos presupuestarios correspondientes para hacer efectiva la aplicación de la nueva escala de sueldos a partir del 1 de enero de 2025. Un vistazo a la planilla actual de la Contraloría muestra que el salario base más bajo es de $750 al mes, que corresponde a los cargos de José Raúl Mulino y Gerardo Solís. Archivo asistente de estadística, inspector de seguridad y mensajero externo. El más alto es el de auditor fiscal 3: $4,600 de salario base. El contralor gana $7,000 al mes: $3,500 de salario base y $3,500 como gastos de representación. Con el nuevo reglamento, el salario mínimo sería de $800, que es el pago que corresponde a oficinistas, operadores de telefonía y trabajadores manuales. El máximo sería de $4,780 al secretario general y los directores nacionales de fiscalización, auditoría general, auditoría forense, asesoría económica y financiera, asesoría jurídica, investigaciones, estadística y censo e ingeniería. A estos, además, les corresponde $1,300 en gastos de representación. La resolución fue firmada por Solís, cuyo mandato como contralor termina el 31 de diciembre de 2024, y Zenia Vásquez de Palacios, secretaria general de la entidad. Solís opina que estos aumentos son“incentivos para la productividad del personal”, ya que el salario mínimo en la Contraloría será de $800 al mes y él aspira a que sea de $1,000, aunque este monto no está establecido en los ajustes. Estos ajustes se aplicarían a 4,003 funcionarios de estatus permanente. Asegura que la revisión se venía gestionando desde pandemia, pero se suspendió. El tema fue retomado el año pasado. Cuando La Prensa pre - guntó sobre el ajuste salarial, Solís respondió: “No hay una cifra determinada”. Indicó que los ajustes se harían cuando la situación del país lo permita. “Eso no es un gol, esto es parte de lo que hacemos con programación y no dependen de vaivenes emocionales del Contralor”, y añadió que todo dependerá de las aprobaciones del presupuesto general cuando se discuta en la Asamblea Nacional. Es la segunda ocasión en la que Mulino hace un llamado de atención a Solís. Antes le pidió que no refrendara las liquidaciones por mutuo acuerdo a favor de gerentes y directivos de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa). de Presupuesto, presidida por Benicio Robinson, durante la discusión del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2 0 24 . Los Robinson La hija del diputado Robinson, que se llama Mirbenis, llegó a Etesa en 2019, logrando un contrato indefinido de $3,000 al mes como especialista en riesgo y gestión activos, poco después de graduarse de la universidad. Además, aspira a recibir una compensación monetaria de esta empresa. En febrero pasado, firmó su carta de renuncia luego de acogerse a una licencia “sin sueldo”a mediados de 2020. Su liquidación se acordó por $1,075.08. Aunque su monto es inferior a otras liquidaciones que esperan refrendo de la Contraloría,
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