2A LaPrensa Panamá, miércoles 19 de junio de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Transparencia en entredicho por uso millonario en la descentralización La Corte concedióun amparo de garantías al director de la AND, Edward Mosley, para impedir que el procurador de la Administración, investigue los supuestos desvíos de fondos millonarios a juntas comunales controladas por miembros del PRD. TRANSPARENCIA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La Autoridad Nacional de la Descentralización (AND), entidad envuelta en el escándalo conocido como la “descentralización paralela”, cerrará con gastos de $1,164.8 millones durante esta administración gubernamental. Como se recordará, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, elevó la Oficina de Descentralización al rango de Autoridad Nacional mediante el Decreto Ejecutivo No. 587 del 23 de septiembre de 2020, con el propósito de dar“más autonomía y agilidad en los trámites y fortalecimiento a los gobiernos locales”. Así las cosas, dicha entidad recibió su primer gran presupuesto en 2021 de $260.3 millones, pero al cierre del año, el gasto ascendió a $311.7 millones. Esta tendencia continuó en los años siguientes: en 2022, el presupuesto pasó de $286.1 millones a $300.8 millones; en 2023, de $353.1 millones a $369.9 millones; y en 2024, de $182.4 millones a $182.4 millones, con datos actualizados hasta mayo. La sumatoria de lo gastado por la Asamblea Nacional en estos ejercicios fiscales alcanza los $1,164.8 millones, y el año 2024 todavía no termina, lo que representa una cifra que inquieta a figuras políticas y de la sociedad civil, si se toma en cuenta que en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales al director de la AND, Edward Mosley Ibarra, para impedir que el procurador de la Administración, Rigoberto González, investigue los supuestos desvíos de fondos millonarios a juntas comunales controladas por miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). En otras palabras, con esa decisión es imposible saber cuántos de esos millones de dólares que recibió la Autoridad de Descentralización como presupuesto fueron utilizados de manera ilícita. Las críticas La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, sostiene que tanto esa cifra de la AND como la cifra del presupuesto que ha manejado la Asamblea Nacional en estos cinco años ($950 millones) deben ser investigadas. Para Olga de Obaldía, directora de la organización, deben rendir cuentas sobre el uso y destino de esos fondos todos los involucrados en esa cadena de manejos opacos que ha permitido semejante discrecionalidad en el uso de los fondos públicos. “No hay manera de ver estos montos sumados a la falta de transparencia y no preguntarse cuánto de estos fondos se pueden haber usado en esquemas clientelares, abusivos o fraudulentos, o haber generado asimetrías o delitos en la campaña electoral. La única manera es a través de auditorías realmente independientes. ¿Se harán?”, se preguntó De Obaldía. De hecho, una investigación del diario La Prensare - veló que entre el 7 de junio de 2021 y el 23 de junio de 2023, la AND realizó desembolsos por al menos $260.9 millones a juntas comunales controladas por Un excónsul amigo de Quique Martinelli dirigirá la Anati DESIGNACIONES Mónica Palm [email protected] La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), que fue centro de varios escándalos de titulación durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), será dirigida por un abogado que se desempeñó como diplomático durante ese quinquenio y que además tiene una estrecha relación con Luis Enrique “Quique” Martinelli Linares. Se trata de Andrés Fernando Pagés Chanis, quien fue designado el lunes 17 de junio como administrador de la Anati por el presidente electo José Raúl Mulino. Rosario Cárdenas será la subadministradora. Los nombramientos todavía deben ser ratificados por la Asamblea Nacional. En el comunicado que divulgó la oficina de Mulino se informó que Pagés se ha desempeñado como asistente de defensor de oficio en el Órgano Judicial, abogado en la firma Kosmas & Kosmas y socio en el bufete Borrell Cano Pagés. También se anotó que “la - boró en la “Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industrias, Turismo y Comercio de Madrid”, España. Lo que no se dijo es que fue cónsul de Panamá en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en la administración de Martinelli. Incluso, le acompañó en un viaje oficial que este realizó en el año 2010. En la comitiva, además, estaban el De Izq. a Der.: Andrés Pagés, Luis Enrique Martinelli y Adolfo 'Chichi' De Obarrio. LP militantes o aliados del PRD, fuera de la fórmula establecida por la ley de descentralización. Fiesta con los fondos Dicho esquema, conocido como “descentralización paralela ”, fue criticado e incluso abogados como el actual diputado electo, Ernesto Cedeño, solicitaron que se investigara el tema, así como la conducta de los funcionarios que hicieron viable el uso de dichos fondos, sobre todo en tiempos en que se desarrollan campañas políticas. A juicio de Cedeño, hay una debilidad en la transparencia y no hay a dónde acudir para que los responsables de la AND informen cómo se distribuyeron estos fondos. “Es lamentable que no se rinda cuentas y esperamos que la nueva administración gubernamental (2024-2029) nombre a un director de esta entidad que rinda cuentas”, acotó. “Están haciendo fiesta y le están sacando la lengua al pueblo porque nadie fiscaliza”, aportó. En esa misma línea se manifestó la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez, quien dijo que todo indica que podría haber un desvío o uso indebido de fondos. Así lo resumió Gómez: “Se hanegado[MosleyIbarra]a presentar de manera transparente toda esa documentación, incluso recurriendo a la Corte para ampararse. El que no tiene nada que esconder lo muestra y uno llega a pensar que los espacios grises de la ley fueron usados de manera política para la distribución de esos fondos”. Pleno del TE rechaza apelación presentada por José Ruiloba Pineda IMPUGNACIONES Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El pleno del Tribunal Electoral (TE) rechazó el recurso de apelación presentado por el excandidato a diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Ruiloba Pineda, en contra de la decisión del Juzgado Segundo Electoral de no acoger la impugnación del excandidato contra la proclamación de los diputados de la coalición Vamos en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá. Además, los magistrados ordenaron la entrega de la fianza a los diputados de Vamos. El pasado domingo 16 de junio se conoció que el magistrado del TE, Eduardo Valdés Escoffery, había sido designado como ponente en la apelación presentada por Ruiloba Pineda, quien es sobrino del diputado Raúl Pineda. El pasado 7 de junio se informó que el Juzgado Segundo Electoral rechazó la impugnación presentada por el excandidato a diputado del PRD contra 29 de las 524 actas de las elecciones en el circuito 8-2 de San Miguelito. Dos días después, el 9 de junio, Ruiloba Pineda apeló dicha decisión. En su momento, el diputado electo de la coalición Vamos, Luis Duke, quien ha seguido muy de cerca la impugnación, subrayó que la demanda fue rechazada porque no cumplía con los requisitos establecidos en el Código Electoral. “Sabía que la demanda no iba para ningún lado, porque carecía de argumentos sólidos y tampoco aportaba evidencia contundente”, puntualizó. De hecho, Duke confirmó a este medio que la apelación también fue rechazada. Ruiloba Pineda impugnó 29 de las 524 actas de la elección del circuito 8-2, demanda que afectaría directamente a las cuatro curules de la coalición Vamos. Los afectados eran: Eduardo Gaitán, Luis Duke, Alexandra Brenes y Yarelis Rodríguez. entonces vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, y Riccardo Francolini, presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros en aquella época. Hay otro socio de Borrell Cano Pagés que se sumará al gobierno de Mulino. Se trata del abogado Juan Francisco Borrell, que fue designado viceministro de Gobierno. Como Pagés, Borrell también trabajó en Kosmas & Kosmas, la firma de Jorge Kosmas, embajador y cónsul de Panamá en Japón entre 2009-2014. Varios escándalos en la Anati (Juan Hombrón, el relleno del florista) dejaron al descubierto el lucrativo negocio de la titulación casi gratuita de tierras en la administración Martinelli, a favor de allegados al poder, incluyendo ministros. Para eso fue fundamental la aprobación de la Ley 80 del 31 de diciembre de 2009, que reconoce derechos posesorios de tierras nacionales y regula la titulación de las zonas costeras y el territorio insular, a favor de cualquier persona que demuestre haber ejercido el dominio material “con ánimo de dueño” por cinco años o más. Rechazan recusación contra el magistrado Luis Guerra CIRCUITO 1-1 Yasser Yáñez García [email protected] El Tribunal Electoral (TE) rechazó una recusación contra el magistrado Luis Guerra que buscaba separarlo del caso de la impugnación contra la proclamación de Benicio Robinson, diputado reelecto del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en el circuito 1-1 (Bocas del Toro). Dicha recusación fue presentada por el excandidato a diputado del Partido Panameñista en el circuito 1-1, Ubaldo Vallejos, luego de que apelara la decisión del Juzgado Tercero Administrativo Electoral, que declaró “inadmisible” la impugnación presentada contra Robinson. El magistrado sustanciador, Alfredo Juncá, y el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, llegaron a la conclusión de que Vallejos no sustentó las vinculaciones de Robinson con Guerra que según el Código Electoral, predisponen como causales de impedimento para un magistrado o juez. El Código Electoral establece que es “causal de impedimento” que un miembro de la corporación electoral haya mantenido o mantenga relación laboral o subordinación jurídica con algún candidato. Vallejos consideraba que existía un conflicto de interés en el tema porque Guerra trabajó para Robinson en la Asamblea Nacional y también formó parte del mismo partido político.
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