2A LaPrensa Panamá, lunes 17 de junio de 2024 Panorama Cinco años de fiesta con los fondos públicos en la Asamblea Nacional Informes del MEF detallan que cuando falta un mes para terminar los cinco años de gestión, la Asamblea Nacional se ha gastado la suma de $950.6 millones en presupuesto. FINANZAS PÚBLICAS Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] En su más reciente reunión con la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el presidente electo, José Raúl Mulino, dejó claro que su administración se enfocará en una drástica reducción del presupuesto de la Asamblea Nacional. En gran medida, fue la bancada del PRD la responsable de inflar el presupuesto del Legislativo durante el quinquenio 2019-2024, tomando decisiones clave que aumentaron significativamente el gasto. Esta misma bancada optó por discutir a puerta cerrada los traslados de partida y los créditos extraordinarios en la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Benicio Robinson, de manera opaca y sin la presencia de los medios de comunicación. Como lo advirtieron diversos sectores de la sociedad civil, el resultado de ese manejo ha sido nefasto para las finanzas públicas. Informes de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a los que tuvo accesoLa Prensa, indican que en los últimos cinco años la Asamblea Nacional ha gestionado $950.6 millones en presupuesto. La estrategia de los responsables de este órgano del Estado consistió en solicitar un monto específico como presupuesto inicial y, transcurridos algunos meses, pedían mucho más a través de créditos o traslados de partidas, que se aprobaban ellos mismos. Los detalles Por ejemplo, en 2020, el presupuesto inicial aprobado para la Asamblea fue de $99.6 millones, pero al cierre del año, el gasto ascendió a $164.9 millones. Esta tendencia continuó en los años siguientes: en 2021, el presupuesto pasó de $107.1 millones a $200.9 millones, en 2022 de $143.9 millones a $230.5 millones, en 2023 de $150 millones a $188.9 millones y en 2024 de $150 millones a $165.4 millones, con datos actualizados hasta mayo. La sumatoria de lo gastado por la Asamblea Nacional en estos ejercicios fiscales alcanza los $950.6 millones, y el año 2024 todavía no termina, lo que representa una cifra sin precedentes en las últimas décadas. Si lo ponemos en perspectiva, lo destinado a la Asamblea en este último lustro es más de 22 veces el presupuesto de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), que puede enfrentar recortes, y equivale a la construcción de 95 escuelas públicas de excelencia, cada una a un costo de $10 millones. La planilla La mayor parte del presupuesto de la Asamblea Nacional se destina a gastos operativos. Por ejemplo, de los $230.5 millones gastados en 2023, $201.9 millones se usaron para funcionamiento, renglón que abarca, entre otras cosas, el pago de planilla. Mientras que $28.6 millones se utilizaron en el rubro de inversión. Es decir, un 87.5% se destina a funcionamiento. Según la Contraloría General de la República, en la Benicio Robinson, Roberto Ábrego y Raúl Pineda, miembros de la poderosa Comisión de Presupuesto, que ha hecho las maniobras para garantizarse altos presupuestos durante este quinquenio. Archivo Rechazan abrir la puerta a una ley de amnistía para beneficiar a autores de delitos comunes REACCIONES Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Más voces se alzaron ayer domingo para rechazar una posible ley de amnistía que podría ser discutida en la Asamblea Nacional, la cual se instalará el próximo 1 de julio. Diversos sectores de la sociedad, incluyendo representantes de organizaciones civiles y figuras políticas, expresaron su preocupación ante la iniciativa, argumentando que una amnistía podría socavar los esfuerzos por combatir la corrupción y la impunidad en el país. Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, subrayó que aquellos diputados que utilizan su curul para beneficiar a delincuentes condenados por delitos comunes seguramente deberán asumir las consecuencias en sus circuitos electorales. “El pueblo viene luchando por un alto a la corrupción. Pero usar una curul para desatender una exigencia popular y luego favorecer a delincuentes, aunque hayan sido presidentes, seguramente eso tendrá sus consecuencias”, dijo. Las declaraciones del activista se dieron luego de que el diputado electo por el Partido Panameñista, José Luis Varela, declarara en el Knockout de La Prensa que no está cerrado a considerar una ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional. Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), uno de los procesados por el caso Odebrecht, no precisó el tipo de legislación al que se refería. El diputado electo por el partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, ha dicho que impulsaría una iniciativa para beneficiar a Ricardo Martinelli, expresidente de la República (2009-2014) y fundador de RM, quien está condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por el delito de blanqueo de capitales. Según Lee, el electorado envió un mensaje claro a la clase política en las últimas elecciones del pasado 5 de mayo, por lo que los diputados deben mejorar su imaEl próximo 1 de julio se instala la nueva Asamblea Nacional para el período 2024-2029. Archivo Asamblea Nacional laboran unos 4,200 funcionarios, entre permanentes y eventuales, y es la entidad estatal con más asesores: tiene unos 400 con ese cargo que cuestan, en total, $14 millones al año. Se trata de un incremento radical del 408% si se toma en cuenta que en 2010, hace 13 años, había 81 asesores en ese órgano del Estado cuyo costo anual era de $1.9 millones. Los salarios entre los asesores de la Asamblea varían: ganan entre $800 y $5,000. Incluso están divididos por categorías. Por ejemplo, están el “asesor legal”y el “ase - sor I y II”. También están el asesor financiero y el técnico especializado. Diputados independientes como Juan Diego Vásquez y Edison Broce han cuestionado esta práctica. De hecho, Vásquez ha indicado en su momento que la cantidad de asesores que tiene la Asamblea Nacional no se compadece con la realidad que hemos visto. También organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han levantado su voz contra estos elevados gastos y la opacidad dentro de la Asamblea Nacional. Mala calificación A esto hay que agregar que la Asamblea Nacional sigue estando en los últimos lugares del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL): quedó en el puesto 10 de 14 países evaluados y obtuvo una calificación de 38.93%, en una escala donde 0 es opaco y cerrado, y 100% es transparente y abierto. En 2020, el país también quedó en el puesto 10, con una nota de 35.2%, y aunque esta vez obtuvo una leve mejora en la calificación (38.93%), no logró entrar al grupo de países que están por encima del promedio regional (42.13%), puntaje que sí lograron Chile, Perú, Costa Rica, México, Paraguay, Argentina, Colombia y Ecuador. El informe fue presentado en abril de este año. gen en la Asamblea. “Esto es solo para delitos políticos, no para delitos comunes”, recordó. Por su parte, el diputado independiente electo Betserai Richards coincidió con Lee en que el 5 de mayo el pueblo envió un mensaje claro: “no quiere más corrupción”. “El pueblo no quiere que se envíe un mensaje de impunidad y sería nefasto si algo como una amnistía llegara a suceder ”, acotó. Mientras que Neftalí Zamora, también diputado independiente electo, dijo que no están de acuerdo en otorgar una amnistía a alguien condenado por delitos comunes. “El presidente electo, José Raúl Mulino, tampoco nos ha pedido que lo apoyemos en eso en las reuniones que hemos sostenido. El tema nunca se ha tratado, por lo que nosotros consideramos que no debe usarse el poder del Ejecutivo y el Legislativo para promover algo así”, apor tó. La Constituciónestable - ce que la Asamblea solo puede decretar, mediante ley, amnistía por delitos políticos. Mulino prometió en campaña “ayudar ”de alguna forma a Martinelli, pero el 1 de julio jurará respetar la Constitución y la Ley. Figuras como la presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Lina Vega Abad, han planteado que una ley en esta dirección no solo sería una violación a la Constitución, sino que representaría una burla al Estado de derecho y enviaría “un terrible mensaje de impunidad a la sociedad panameña”. Desde el 7 de febrero de 2024 Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua en ciudad de Panamá, después de perder el último recurso judicial que le quedaba para evitar ir a prisión tras ser condenado por el llamado caso New Business (compra con fondos públicos de Editora Panamá América). En al menos dos ocasiones la Corte Suprema de Justicia ha anulado indultos emitidos por presidentes. Fue el caso de Mireya Mocoso y Ricardo Martinelli.
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