2A LaPrensa Panamá, domingo 16 de junio de 2024 Panorama ‘A nadie en Panamá se le ha sido sancionado por delitos políticos’ El diputado electo Ernesto Cedeño, al igual que sus colegas de MOCA e independientes, rechazaría cualquier amnistía por delitos comunes. ASAMBLEA NACIONAL José González Pinilla Flor Mizrachi Ángel [email protected] ¿Es viable que la Asamblea Nacional decrete una ley de amnistía para beneficiar a personas condenadas por delitos comunes como el expresidente Ricardo Martinelli, tal como lo ha plantado el diputado electo de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camac h o? En una entrevista conLa Prensa , al diputado panameñista José Luis Varela se le preguntó si votaría a favor o en contra de una eventual ley de este tipo. Su respuesta fue: “Mira que yo no estoy cerrado a eso”. En este momento todavía no se tiene claro la conformación definitiva de las 71 curules de la Asamblea Nacional a partir del 1 de julio, debido a una serie de impugnaciones, pero ninguna de las fuerzas políticas tendría mayoría clara. Hay que considerar que la Constituciónestablece que la Asamblea solo puede pasar una ley de amnistía para delitos comunes. Ese no sería el caso de la condena a 128 meses de prisión de Martinelli por blanqueo de capitales. Igual ocurre con los procesados por el caso Odebrecht, en el que figura el expresidente Juan Carlos Varela. Janine Prado, diputada electa y próxima jefa de la bancada independiente Vamos, dice que la amnistía solo aplica para determinados delitos. “Si lo que se busca es, a través de una amnistía, liberar de responsabilidad penal a personas condenadas por casos relacionados con corrupción o de blanqueo de capitales relacionados con corrupción, por supuesto que nosotros no podríamos estar de acuerdo, en ningún caso”, aseguró. Ernesto Cedeño, diputado electo del Movimiento Otro Camino, aseguró que existe la posibilidad de que alguien presente un proyecto de ley en esa dirección, pero constitucionalmente no es viable: la Carta Magna dice que solo es por delitos políticos. “A nadie en Panamá, que yo tenga conocimiento, se le ha sancionado por delitos políticos”, aseguró. Son delitos políticos los que se cometen contra la administración interna del Estado y los electorales, explicó Cedeño. Para Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, tanto la facultad constitucional que otorga al presidente la posibilidad de conceder indultos y rebajar penas, así como la que tiene la Asamblea para conceder amnistía, son únicamente para delitos políticos. “No están previstos para los delitos comunes, que es el caso del expresidente y una gran parte de sus funcionarios. De hacerse sería una violación a laConstitución, sería una burla al Estado de derecho y se enviaría un terrible mensaje de impunidad a la sociedad panameña, aseguró. El artículo 159 de laCons - tituciónlimita la función legislativa de la Asamblea Nacional a “decretar amnistía por delitos políticos”. Y el 184, relativo a las funciones del Presidente de la República y su ministro respectivo, señala que puede“decre - tar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes”. El actual presidente electo, José Raúl Mulino, prometió en campaña “ayudar ” de alguna forma a Martinelli, pero el 1 de julio jurará respetar la Constitucióny la L ey. Desde el 7 de febrero de 2024 Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua en ciudad de Panamá, después de perder el último recurso judicial que le quedaba para evitar ir a prisión tras ser condenado por el llamado caso New Business (compra con fondos públicos de Editora Panamá América). Hay que recordar, además, que en al menos en dos ocasiones la Corte Suprema de Justicia ha anulado indultos emitidos por presidentes. Fue el caso de Mireya Mocoso y Ricardo Martinelli. El 30 de junio de 2008 el pleno de la Corte declaró inconstitucionales los decretos ejecutivos No. 317, 318 y 321, mediante los cuales Moscoso había indultado a personas que eran objeto, unas de investigación, otras ya sindicadas o procesadas, así como condenadas por la comisión de diversos tipos de delitos. En mayo pasado la juez segunda liquidadora de causas penales Águeda Rentería condenó a 60 meses de prisión a los agentes policiales Artemio Díaz, Rafael Caicedo, Rodolfo Buigobu y Ron Rodríguez por su participación en la muerte de los pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez, quienes fueron abatidos el 19 de mayo de 2009 en el área de Boca La Caja por una lancha patrullera de la Policía. La condena se concretó 15 años después porque los imputados fueron beneficiados por un indulto otorgado por Martinelli. Dichos indultos fueron declarados inconstitucionales por la Corte, por lo que el proceso penal fue retomado por el Ministerio Público que solicitó una sentencia condenatoria. En 2019, al sargento de la policía, Vionel López Frías, se le aplicó una sanción de 8 años de cárcel por el delito de homicidio culposo. López Frías fue el único de los investigados en este proceso que no fue beneficiado con un indulto. Uno de los reclamos reiterativos en los últimos años ha sido la necesidad de justicia. Archivo Buscan aclarar impugnación de Zulay Rodríguez INVESTIGACIÓN ELECTORAL Juan Manuel Díaz [email protected] La fiscal segunda electoral, María del Rosario Bravo, recomendó al Juzgado Segundo Administrativo Electoral practicar pruebas testimoniales y documentales con el fin de esclarecer los hechos en los que se fundamenta la impugnación presentada por la excandidata a diputada por el circuito 8-2, Zulay Rodríguez, contra la proclamación de Luis Omar Ortega como diputado de ese circuito por el partido Realizando Metas. En su contestación a la demanda presentada por Rodríguez (excandidata por la libre postulación), la fiscal Bravo advierte que, si bien en la demanda solo se impugna la proclamación hecha a favor de Ortega, en las actas cuestionadas se ven involucrados candidatos proclamados y no proclamados, por lo que no se debe limitar la cantidad de candidatos. De anularse esas actas, dice, estos electores tendrían derecho de acudir nuevamente a las urnas. La fiscal también señala que, a simple vista, en las mesas de votación 4672, 4682, 4757, 4815, 4818, 4894, 4902, 4916 y 5114 del circuito 8-2 se evidencian incongruencias que generan errores que pueden afectar el resultado final. Ante este escenario, la fiscal Bravo considera prudente que el Juzgado Segundo Administrativo Electoral realice durante la audiencia de apelación la práctica de pruebas testimoniales, documentales y de la parte impugnada a fin de conocer sus descargos. El pasado 10 de junio, el Juzgado Segundo Administrativo Electoral admitió la demanda presentada por Rodríguez y corrió traslado a las partes para que presenten sus descargos. En el circuito 8-2 (distrito de San Miguelito) fueron proclamados como diputados electos Eduardo Gaitán, Luis Duke, Alexandra Brenes y Yarelis Rodríguez (todos de la coalición Vamos), Raúl Pineda (Partido Revolucionario Democrático), Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas) y Luis Omar Ortega (Realizando Me tas). Tras las elecciones de mayo pasado, se presentaron un total de 24 impugnaciones ante los juzgados administrativos electorales. Ocho de las demandas fueron interpuestas contra proclamaciones para el cargo de diputado; siete de ellas fueron rechazadas y una fue admitida. Sin embargo, cuatro casos fueron apelados. Uno de estos fue la demanda presentada por el panameñista Ubaldo Vallejos contra la proclamación del diputado bocatoreño del PRD, Benicio Robinson; esta apelación ya está en manos del magistrado Alfredo Juncá. Las otras tres impugnaciones fueron apeladas todavía no han sido repartidas a los magistrados del Tribunal Electoral. La diputada Zulay Rodríguez, presentó una impugnación contra la proclamación de Luis Omar Ortega. Elysée Fernández Buscan dar continuidad a los proyectos APP ÓBRAS PÚBLICAS Yaritza Mojica [email protected] Los proyectos de Asociación Público-Privada (APP) que se desarrollan dentro del Ministerio de Obras Públicas (MOP) buscan tener continuidad en la administración del presidente entrante, José Raúl Mulino, a través del ministro designado en esta cartera, José Luis Andrade. Se trata de 10 proyectos que forman parte del Programa APP, de los cuales solo uno logró concretarse en la administración de Rafael Sabonge. Este es el proyecto de “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Carretera Panamericana Es te”, cuya extensión es de 246 kilómetros. Esta obra de la Carretera Panamericana Este abarca desde Las Garzas de Pacora, provincia de Panamá, hasta Yaviza, provincia de Darién. Este proyecto es el primero bajo la figura APP y fue refrendado el pasado 15 de marzo por la Contraloría. Lo ejecutará la empresa ISA Intervial de Chile (Ruta del Este Sociedad Concesionaria, S.A .). El contratista recibirá una concesión de 15 años para realizar el mantenimiento de la obra, mientras que la empresa invertirá $262 millones en un periodo de dos años para rehabilitar y construir la carretera. Concluido este periodo, se iniciará la concesión de 15 años, durante el cual se invertirán otros $180 millones en mantenimiento, detalla el MOP. En la tercera reunión de transición entre el ministro Sabonge y el ministro designado Andrade, junto a su viceministro Iván De Ycaza y su equipo de trabajo, abordaron con la Dirección de Asociaciones Público-Privadas el estatus de los proyectos APP. Esta figura actúa bajo el Régimen de Asociación Público-Privada, creado bajo la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que fue promulgada enGaceta Oficialen enero de 2021. Según el MOP, actualmente se manejan 10 estructuraciones de proyectos de APP y se contabiliza una inversión de $2,717 millones. Estos proyectos implican diversas fases como prefactibilidad, factibilidad, licitación y ejecución. El programa APP abarca una variedad de proyectos tales como la carretera Panamericana Este, la carretera Panamericana Oeste, la ampliación a dos carriles del puente Centenario y el corredor Norte David en Chiriquí. En febrero pasado, Sabonge comentó que pronto publicaría el pliego de condiciones de la segunda licitación bajo la figura APP, con el proyecto de la carretera Panamá Oeste. No obstante, esto no se ha concretado. Por su parte, Andrade considera que los proyectos APP son temas importantes y de interés para esta administración. Incluso, dentro del plan de gobierno de Mulino destacaba implementar un ambicioso programa de rehabilitación de carreteras y grandes obras para mejorar la infraestructura del país. Para el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Alejandro Ferrer, impulsar los proyectos APP es visto con“buenos ojos por la cámara”. Esta modalidad de proyectos es importante, más aún cuando se ha informado que en esta entidad se adeudan más de $320 millones en proyectos, que deberá enfrentar la siguiente administración, dijo Ferrer. “Nosotros lo vemos bien, siempre y cuando esta modalidad permita que de manera local las empresas podamos participar y formar parte de quienes ejecutan las obras, que las empresas panameñas sean parte como contratistas de estas obras”, dijo el presidente de la Capac. Ferrer manifestó que las empresas que realmente terminan firmando estos contratos lo hacen porque tienen la estructura financiera y necesitan siempre de socios locales para hacer el trabajo. “Es allí donde nosotros queremos que las empresas locales (panameñas) tengan la oportunidad de trabajar, junto a la mano de obra”, concluyó. Carretera Agua Fría–Yaviza, la única licitada bajo proyecto delaAPP. Archivo
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