4A LaPrensa Panamá, sábado 8 de junio de 2024 Sábado picante Rolando Rodríguez B. [email protected] Rafael Sabonge, el más inútil de la historia del MOP, deja el Gobierno con una gran sonrisa…y profundas huellas en cada calle y carretera del país. Será inolvidable. El servicio público parece haberle sonreído de oreja a oreja, ya que los negocios familiares crecen, prosperan y son inéditamente boyantes. Su nuevo apartamento, ubicado en la zona más exclusiva de la capital, es una belleza…y costoso como pocos, pero él se lo merece por su arduo trabajo en no sé qué, pero no en el MOP, porque las calles siguen siendo la versión terrestre de la superficie lunar. Su estrenada prosperidad seguro que ya le ha hecho olvidar el acoso que sufría de clientes insatisfechos de sus chuecos proyectos inmobiliarios. Esta administración lo llamó para que dejara de ser un simple mortal. Y hoy, cumplida la misión, se hizo miembro distinguido del Olimpo perrediano. Pero ahora que deja el MOP le dice a su reemplazo que las cosas no andan bien, que faltan $320 millones para pagarle a los contratistas, pero como él se va, le importa un rábano. Eso ya no es su asunto. Él tiene trabajo en la esfera privada, porque tiene que atender los negocios familiares, volver a la brega, ganar plata –ahora sí–, pues su actual situación es distinta: su cintura y correa crecieron. Las estrecheces de antes las mandó al diablo. Igual que él está su gemelo, el inútil mequetrefe. Mansiones, negocios, oficinas privadas en el 909 de calle 50, finos caballos de paso en los establos de su palaciega residencia; un costoso apartamento en Costa del Este y también con prosperidad familiar. Dicen los que lo defienden que su familia política es rica y todo es justificable. Me pregunto, ¿por qué antes no tenía nada de eso y por qué se gastaría todo en esos costosos lujos? Lo siento, no lo creo, especialmente después de ver cómo se repartió la Autoridad Marítima de Panamá; lo que vi con plata de la mina de Cerro Quema; las “donaciones secretas”de Bagatrac a la campaña electoral del PRD en 2019; de los negocios planeados y materializados. Tampoco me creí nada de esa basura que fue su campaña o en la candidatura de su socio y mano negra, que ahora se pasea en carros ingleses, estrenando oficinas en el centro bancario. Limpios –pero millonarios–que llegarán al Olimpo donde ya los espera el indiscutible dios de los huecos y el diputado dios del galimatías y de los bates bam bam. Solo falta que vaya –con más millones que cuando entró– el tercer eje de ese putrefacto engranaje, aunque aún le faltan unos meses en el cargo. Me pregunto cómo le iría a este personaje en el políg ra f o …aplicado a él. Usted, ¿es honesto en el ejercicio del cargo? ¿Robó alguna vez desde su posición? ¿Recibió coimas? ¿Alguien de su entorno recibió sobornos? Él diciendo que no y la aguja, ¿sí? El nuevo gobierno es una incógnita, al menos para mí, pero confío en que algo hará, pues nunca he visto tal despliegue de riqueza entre funcionarios que, en palabras del refugiado ladrón y blanqueador de dinero, entraron limpios y saldrán millonarios. Por mucho menos hay exfuncionarios condenados por casos que se originaron en su propio gobierno. Supongo que lo que fue bueno para ellos, también lo será para esta impresentable escoria política. Pero depende de ellos: ¿los investigarán o los encubrirán? Panorama Corte acumula demandas contra la ley de la Contraloría Ha pasado más de un añodesde que se presentaron las demandas ante la Corte contra la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022. JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Luego de más de un año de su presentación, la Corte Suprema de Justicia decidió acumular las demandas presentadas por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y una interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño contra la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que concede facultades especiales al contralor general de la República para archivar informes de auditoría por su cuenta y sin fundamentación. La primera demanda contra la Ley 351 fue presentada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana el 14 de abril de 2023, mientras que la interpuesta por Cedeño se presentó un día después contra el artículo 46 de la Ley 351. La decisión asumida por el pleno de la Corte se encuentra contenida en el edicto No. 620 fijado en la secretaría de la Corte el pasado jueves. En este se detalla que las demandas acumuladas quedaron radicadas en el despacho del magistrado Olmedo Arrocha. La demanda presentada por Cedeño objeta el artículo 46 de la Ley 351, que modifica la Ley 67 de 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas. Por otro lado, el recurso de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana demanda por inconstitucionales los artículos 1, 2, 9, 14, 22, 31, 32 y 46 de Las demandas fueron presentadas contra varios artículos de la Ley 315 de 2022 que reformó la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Isaac Ortega Sala Penal rechaza aclaración de sentencia a exjuez CORTE SUPREMA Juan Manuel Díaz [email protected] Un fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de aclaración de sentencia presentado por el exjuez municipal Julio Isacio Arcia Guerra, condenado a 80 meses de prisión por el delito de corrupción de servidores públicos por cobrar los servicios que prestaba como juez municipal de Chepo. Con esta decisión de la Sala Penal, que lleva la firma de las magistradas María Eugenia López, Ariadne García y Otilda de Valderrama (suplente de Maribel Cornejo), se obliga al procesado a cumplir la pena de prisión impuesta. Se trata de una denuncia presentada por Alfredo Carlos Ayala y Juana Sánchez de Ayala por el delito de corrupción de funcionarios públicos. El exjuez también mantiene una condena de 72 meses de prisión por el delito de concusión. Esta condena también fue recurrida ante la Sala Penal por sus abogados, pero esa corporación de justicia rechazó el recurso de casación. Durante una operación encubierta realizada en el año 2016, la entonces Fiscalía Tercera Anticorrupción aprehendió a Isacio Arcia, en ese momento juez municipal de Chepo, por cobrar dinero por realizar matrimonios civiles. El Ministerio Público inició la investigación tras una denuncia interpuesta por el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado. Según la denuncia de Ayú Prado, en el Juzgado Municipal de Chepo no facilitaban a los usuarios el trámite para la realización de los matrimonios y luego cobraban por agilizarlos. A raíz de esto, la fiscalía montó una operación encubierta con funcionarios de la Policía Nacional y dinero marcado, lo que llevó a la aprehensión del juez y otros funcionarios de ese despacho judicial. En julio de 2016, el Ministerio Público desmanteló una red de funcionarios del Segundo Tribunal de JustiLa Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena a un juez por el delito de corrupción de funcionario. Richard Bonilla la Ley 351. Según la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, las atribuciones concedidas al contralor en el artículo 31 de la Ley 351, que le permiten cerrar y archivar auditorías o investigaciones según su criterio, violan el artículo 280 de la Carta Magna. Además, la demanda precisa que no existe sustento constitucional para otorgar semejante poder discrecional al contralor. Esta demanda también objeta el artículo 1 de la Ley 351 del 2022, en el que se establece que la Contraloría actuará sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona, ya que viola los artículos 220 y 281 de la Consti - tución. Mientras que la interpuesta por Cedeño plantea que el artículo 46 de la Ley 351 es inconstitucional, ya que modifica la jurisdicción de cuentas, exceptuando a los funcionarios de la Contraloría como agentes de manejo, lo cual violaría el artículo 19 de la Constituciónen el que se establece que no habrá fuero ni privilegios. En su vista No. 663 del pasado 9 de mayo, el procurador de la Administración, Rigoberto González, a quien se le corrió traslado para que emitiera opinión, estimó que nueve frases contenidas en la Ley 351 son inconstitucionales, entre ellas la frase “según su criterio corresponde” contenida en el artículo 31 de la citada ley y que le permite discrecionalidad para archivar las auditorías. Según González, dicho artículo vulnera de manera directa el artículo 280 de la Constitución, en el que se establece que son funciones de la Contraloría fiscalizar y regular todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección de acuerdo con la ley y realizar las investigaciones e inspecciones correspondientes a fin de determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten el patrimonio público. En diciembre de 2022, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la Ley 351 a pesar de las múltiples voces de la sociedad civil que expresaron que dicha norma otorga facultades extraordinarias al contralor y que era necesaria su revisión. cia que cobraban por la agilización de trámites, la fijación de fechas de audiencia y el pago a jurados de conciencia para obtener veredictos favorables a personas procesadas por delitos de homicidio. Asimismo, en 2015 se investigó a un juez penal por la liberación de 25 personas investigadas por narcotráfico.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUxMjQ5NQ==