4B LaPrensa Panamá, jueves 6 de junio de 2024 Economía & Negocios Empresas Bern señala que el laudo arbitral ‘vulnera’sus derechos Empresas Bern calificó de "jurídicamente inaceptable"la decisión arbitral que le ordena pagar millones de dólares a los accionistas del Town Center. COSTA DEL ESTE Mónica Palm [email protected] Empresas Bern expresó que la decisión arbitral que le ordena pagar $77.7 millones a los accionistas del centro comercial Town Center, “vulnera nuestros derechos, es inaceptable jurídicamente y desconoce la verdad material”. “El laudo no es vinculante al no estar en firme y ejerceremos todas las acciones que caben al estar contaminada por evidentes vicios de nulidad y con probable manipulación externa”, indicó la empresa en un comunicado divulgado en sus redes sociales, este miércoles 5 de junio. No aportó pruebas sobre estos graves señalamientos. Lamenta que la decisión arbitral haya salido a la luz pública, dado que se trata de un proceso “privado ” y “es - trictamente confidencial”, según indicó Empresas Bern en su comunicado. “Sin embargo, una parte filtró ayer a los medios el contenido parcial y sesgado de la decisión imparcial de los árbitros”, añadió. El grupo, que se autodenomina como la principal desarrolladora y empresa hotelera de Panamá, sostiene que goza de una “sólida salud financiera ”y que continuará brindado productos y servicios de alta calidad a sus clientes. El pasado 24 de mayo, en un laudo emitido por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP), se ordena a Grupo Empresas Bern (GEB) a pagar $77.7 millones a Costa del Este Town Center Group, S.A. y las sociedades Inversiones Panamá Viejo y Townshare (presididas por Raimundo Casimiro López Arango y Alberto Motta Page, respectivamente), en concepto de daños, costas e incumplimientos en la construcción de Town Center, en Costa del Es te. GEB, a través de sus empresas afiliadas, controla el 25% de las acciones de Costa del Este Town Center Group y entre 2013 y 2018 ejerció un amplio control sobre la construcción, administración y comercialización del mismo. El mismo tribunal, integrado por los árbitros Adán Arnulfo Arjona, Narciso Arellano Moreno y Jaime Mora, rechazó todos los reclamos y pretensiones de GEB. El grupo reclamaba una cuantía de $61.1 millones. Los tres árbitros fueron escogidos en común acuerdo entre las dos partes. El laudo arbitral se fundamenta en la Constitución, los códigos de Comercio y Civil de Panamá, la Ley 131 de 2013 (que regula el arbitraje comercial) y el reglamento de arbitraje del CeCAP. “Es final, obligatorio y vinculante”, recordaron los árbitros Arjona, Arellano y Mora. No obstante, las partes pueden solicitar “correc - ciones”en los errores de cálculo o tipográficos, por ejemplo. Cumplidos los plazos, la parte ganadora puede solicitar al tribunal arbitral la ejecución del laudo, salvo que la parte perdedora pruebe que ha presentado un recurso de anulación o ya tiene una sentencia de anulación. El artículo 66 de la Ley 131 de 2003 señala que el laudo arbitral podrá ser anulado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) únicamente cuando la parte que solicite la anulación pruebe que el tribunal ha decidido sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje; que hay alguna incapacidad de las partes; que no ha sido debidamente notificada de las actuaciones de los árbitros, o que no ha podido hacer valer sus derechos, entre otras causales de forma y que no están relacionadas con la controversia o materia que haya sido resuelta mediante el arbitraje. Grupo Empresas Bern controla el 25% de las acciones de Costa del Este Town Center Group. Panamá gana demanda por el cierre de una casa de valores ARBITRAJE EFE. CIUDAD DE PANAMÁ, PA NA M Á Panamá ganó una demanda de arbitraje presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por un inversionista holandés, que exigía una indemnización de al menos 60 millones de dólares, por la intervención y liquidación de una casa de valores, informó ayer miércoles el Gobierno panameño. La demanda de arbitraje internacional de inversión fue presentada por el inversionista holandés Jochem Bernard Buse, fundador, director ejecutivo, presidente y accionista mayoritario de la casa de valores Panama Wall Street (PWS). Buse demandó en 2017 a Panamá bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre los Países Bajos y Panamá, argumentando que la inspección, intervención y liquidación de PWS por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) violó el citado convenio y lo privó de su inversión, explicó un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Buse, que acusó a Panamá de supuestamente incumplir su obligación de brindar trato justo y equitativo, “re - clamó una indemnización de por lo menos 60 millones de dólares, más intereses y daños morales”. “Tras un procedimiento arbitral de múltiples años, que incluyeron la presentación de múltiples rondas de escritos, medidas cautelares, fases de producción documentales, una audiencia celebrada en noviembre del 2021 y una segunda audiencia de cierre en marzo de 2022, Panamá logró una victoria contundente para el Estado, consiguiendo que el Tribunal desestimara por completo todas las reclamaciones de Buse, y se le denegara el resarcimiento solicitado”, indicó el MEF. Añadió que “el laudo de fecha 3 de junio de 2024 ratifica el derecho y deber de Panamá de tomar medidas destinadas a la protección del interés público, especialmente en mercados altamente regulados, sin que los inversionistas extranjeros puedan cuestionar ejercicios legítimos de autoridad pública bajo el sistema internacional de arbitrajes inversionista - Estado, cuando han incurrido en serias violaciones de la ley local”.
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