3A LaPrensa Panamá, jueves 16 demayo de 2024 Panorama JCJ, endesacatoporpermitir laoperaciónde12salasde máquinas tragamonedas La Corte Suprema declaró ilegal una adenda al contarto firmado en 1997 entre lauJnta de Control de Juegos (JCJ) y Gaming & Sevrices de Panamá, para operar 12 salas de máquinas targamonedas tipo A. JUEGOS DEAZAR MónicaPalm [email protected] La Junta deControl de Juegos (JCJ) está en desacato por no cum - plir con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró ilegal la apertura de 12salas de má - quinas tragamonedas tipo A, operadas por la empresa Gaming&ServicesdePana - má bajo el nombre comer - cialFantasticCasino. Así consta en un informe de 13páginas enviadoporel procurador de la Adminis - tración, Rigoberto Gonzá - lez, al presidente dela Sala Tercera de la CSJ, Carlos Vásquez,quieneselponente del fallo que declaró ilegal una “adenda complementaria” al contrato suscrito en - tre laJCJ yGaming&Servi - ces el 19 de diciembre de 1997, duranteel gobiernode Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). Dicha adenda,pactada el 12 de noviembre de 2009 durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), infringe el ar - tículo 46 delDecreto Ley 2 de 1998, que establece que no se otorgaránnuevas con - cesiones para la instalación de más máquinastragamo - nedastipo A. Además,esta - blece un acuerdo de exclusi - vidad a favor de Gaming & Services, lo que, según los magistrados de la Sala Ter - cera, perjudica lalibre com - petenciaycreaunasituación desfavorableparaotrosope - radoresdejuegosdeazar. El fallo de losmagitsrados Vásquez y María Cristina Chen Stanziola (CecilioCe - dalisesalvó elvoto) fuedic - tadoel 16deagostode2023; nueve meses después,las 12 salas autorizadasen aquella adenda ilegal de2009 han seguidooperando,razónpor De Izq. aDer.: el viceministroJorgeAlmengor, el contralor GerardoSolís y el diputadoRaúl Pineda, quienes conforman el pleno de laJCJ. Fenasepdenunciadestituciónde funcionarios REMOCIÓN OhigginisArciaJaramillo [email protected] La FederaciónNacional de Servidores Públicos (Fenasep) levantó ayer miércoles su voz paar de - nunciar una seriede desti - tucionesen varias institu - ciones públicas. Estas acciones, según la Fenasep, están siendo to - madas como represalias tras la recientederrota del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Alejandro Haynes Ha - milton, secretario de la orLaDGI demandaal tribunal que reconoció el ‘injustificado’ créditoaJusto&Bueno LOS FONDOSNO SON TRANSFERIBLES MónicaPalm [email protected] La Dirección General de Ingresos(DGI)presentódos acciones contra la decisión del Tribunal Administrativo Tributario (TAT) que reco - noció un crédito fiscal “injustificable”afavordeInver - siones Encanto, S.A., socie - dadque operóenPanamála cadena de tiendas Justo & Bueno. Se trata de un amparode garantías constitucionalesy deuna demandacontencio - so administrativa de nuli - dad contra el fallo del TAT del 26 de febrero pasado, que ordenóa laDGI recono - ceruncréditofiscalde$20.2 millones a Inversiones En - cantoporunsupuetsoarras - tre depérdidas enlos perio - dos fiscales de2016 a2020. Además,el tribunalautorizó la cesión delmismoa la so - ciedad Quantex Manage - mentCorp. “Dichas demandasestán fundamentadas, entre otras razones de derecho, enqueno sepuederecono - cer uncrédito fiscal inexis - tente, ya quela resolución demandada es improce - dente eilegal, deallí quese hayapedidosurevocatoria, que ante la inobsevrancia de los procedimientos y normas regulatorias, la misma ocasiona un garve perjuicio económico al ifs - co, yademás, sientaunpre - cedente funestoe inacepta - ble, en los procedimientos tributarios y fiscal que lle - van a cabo las empresas contribuyentes ”, señala una nota de prensa divul - gada ayer miércoles porel Ministerio de Economíay Finanzas (MEF). LaDGIyasehabíanegado a reconocer elcrédito fiscal a Encanto y su conseucente cesiónaQuantex,por consi - derar que el mismo es “inexistente”y, portanto, ladeci - siónadoptada porel TAT es “improcedenteeilegal”. La entidad insiste en que dicho fallo debe ser rveoca - do, ya que ocasiona ungarve perjuicio económico alifsco “y, además, sientaun prece - dente funestoe inaceptable, enlosprocedimientos tributariosy fiscalesque llevan a cabolas empresascontribu - yentes”. La resolución del TAT de febrero pasado fue avalada por los magistrados Rafael Brown yMaría ElenaMore - no De Puy. El magistrado AnelMiranda salvósu voto, pidió respaldar ala DGI y advirtió que reconocer di - cho créditofiscal noes pro - cedente, vulnera garantías fundamentales del debido proceso y creaun polémico precedente en materia tri - butaria. La magistrada Moreno, además, tuvo vínculos con Quantex, yaque fuesuagen - te residente, antes de ser designadaenelTAT. Lomismopiensanlosdirigentes de cinco gremiosde contadores públicos autorizados(CPA). La semanapa - sada,opinaron (enunanota deprensa)quereconocerese crédito fiscal a Inversiones Encanto es lesivo al Tesoro Nacional y crea un “precedentenefasto”, yaqueelmis - moabre laposibilidad “para que otras empresaspuedan presentar recursos ante la autoridad tributaria de si - milar índole y obtengan un beneficio que no está con - templadoennuestraexcerta legal tributaria, en pejruicio delEstado”. Del mismo modo,el equi - po que hace dosaños quiso rescatara losminisúperJus - to & Bueno djio desconocer que existiera un crédito fis - cal a favor de Inversiones Encantoyadvirtióqueenlos documentos que revisaron comopartedelareorganiza - ción conciliada no había ni una constancia al respecto. Tampoco saben quién es Quantex Management Corp. El equipo,que integran el conciliador AurelioBarría y losasesoresEstebanLópeze Iván Zarak, considera que “cualquier beneficio obteni - do por laempresaInversio - nes Encanto debe formar parte de la masaque estaba sujetaa reorganizacióncon - ciliada, en beneficio de los acreedores ”. Se desconoce quérecibirá Inversiones Encanto de Quantex, por la cesión del millonariocréditoifscal. la cual Herbert Young, el abogado que promovió las acciones judicialesen nom - bre dela empresaHípica de Panamá, S.A., presentó un incidente de nulidad contar laJCJ. “Es evidente que existen pruebas concretas del in - cumplimiento por patre de laJCJdelMinisteriodeEco - nomía yFinanzas, al contar - riar y no acatar lo decidido en la sentencia del 16 de agosto de2023, emitidapor la Sala Tercera”, señala el procurador González ensu notaalmagistradoVásquez. Cabe destacar que,en lu - gardeatenderelmandatode la Corte, el pleno de la JCJ autorizó la apertura de 23 salas de máquinas tipoA, a travésdelaResolución51del 23denoviembrede2023. “Al emitir laResolución51 de 2023, la citadajunta di - rectiva de la entidad super - visoradejuegos deazarcon - travino demanera directa lo dispuestoenelfallodel 16de agostode2023,anotóelprocurador. El plenode laJCJestá in - tegrado por el viceminitsro de Finanzas, Jorge Luis Al - mengor(presidente), el contralor Gerardo Solísy el di - putadoRaúlPineda. “Sonlosqueemitieronuna resolución regulando el número de salas de máquinas tipo A enel área designada, en abierta violación alfallo”, señalóYoung. El secretariogeneral de la JCJ es Manuel Sánchez Or - tega, quien tambiénifrmó la Resolución51. Quienes adoptaronla re - ferida resolución obviaron además el orden jeráqruico de las normas involucra - das, como la Constitución (que declara que las deci - siones de laCorte son fina - les, definitivas y obligato - rias), el Código Judicial (que dicta que las senten - cias de la Sala Tercera no admiten recurso alguno) y el Decreto Ley 2 de 1998; los tres tienenuna preva - lencia jurídica superiora la de la resolución emitida por laJCJ. Las 12 salasde juego au - torizadas en la adenda ilegal son adicionales a las41 que Gaming &Services ya maneja por el contrato de concesión que ganó en 1997. En 2009, por exigencias de la JCJ, la empresa Cirsa reconoció que era la titular del 71% de las accionesde Gaming & Services y de otra sociedaddenominada Lucky Games. El29% res - tante pertenecía, enaque - lla época, al exministro de Vivienda, Roosevelt Tha - yer, yaEnriquePretelt, yer - nodePérezBalladares. ganización, señaló que se trata deunos 1,000funcionarios separados desu cargo en momentos puntuales, como por ejemplo, las primarias del PRDduarnte elañopasadoyahoar, luego de laderrotadel 5demyao. “Esto se debe al revanchismo que ha motsrado estepartido, luegodequesu propia membresía no apoyara alcandidato postulado porelPRD,JoséGabrielCarrizo”,puntualizó. En palabras de Haynes, el próximogobierno, que asumirá el próximo1 de ju - lio, debe respetar laestabi - lidad de los trabajadores del sector público. “En ca - sode que tenganquepres - cindir de algunos funcio - narios, deben pagarles todas sus prestaciones”, dijo. El dirigente espera que la nueva administración tenga una política de “puertas abiertas” y que, en lo relacionado con la Dirección de Carrear Ad - ministrativa, designe a personas idóneas, ya que los gobiernos suelenpres - tar poca atención a este te - ma. “Esperamos que se res - pete el trabajo y la digni - dad de los servidores del sector público”, concluyó.
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