2A LaPrensa Panamá, sábado 20 de abril de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Lingotes de oro: recursos legales estancan el caso que la Corte le sigue a la candidata Zulay Rodríguez PROCESO JUDICIAL Juan Manuel Díaz [email protected] Una serie de recursos legales impiden que la Corte Suprema de Justicia fije una nueva fecha de audiencia para dilucidar la situación judicial de la candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez, quien enfrenta un proceso por la supuesta apropiación de láminas de oro pertenecientes al mexicano José Luis Penagos. Fuentes del Órgano Judicial informaron a La Prensa que Rodríguez recusó a la magistrada Ariadne García, quien actúa como juez de garantías en ese proceso, recurso que no ha sido resuelto. Con esta estrategia, Rodríguez pretende separar a la magistrada del proceso. Hay más. Ángel Álvarez, abogado de Rodríguez, presentó tres amparos de garantías constitucionales ante la Corte. En dos de ellos alega supuesta falta de competencias de las magistradas García y Cristina Chen Stanziola, quien actúa como fiscal de la causa. El otro es contra la orden de no hacer del presidente de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, Raúl Pineda. La lista sigue. También se encuentra en trámite una advertencia de inconstitucionalidad, acción legal que también presentó Álvarez. La Corte aún conoce del proceso de Rodríguez, ya que la Comisión de Credenciales, presidida por Pineda, no ha certificado a esa corporación de justicia de la renuncia de Rodríguez como diputada del PRD, que ella hiciera pública durante el primer debate presidencial celebrado el pasado febrero. En cuatro ocasiones la Corte ha citado a Rodríguez para que comparezca a la audiencia de imputación, pero en ninguna de ellas se ha presentado, y tampoco ha quedado claro si la Corte ha sido notificada por la Asamblea Nacional de la renuncia de Rodríguez. El pasado 3 de abril, la magistrada García, en funciones de juez de garantías, no admitió un acuerdo extrajudicial entre Rodríguez y Juan David Penagos, hijo de José Luis Penagos. En este caso, la Corte investiga a Rodríguez por la supuesta comisión de los siguientes delitos: contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto, con abuso de confianza y estafa. Contra el orden económico, específicamente por blanqueo de capitales. Contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir. Contra la administración de justicia, específicamente por prevaricato. Rodríguez, actualmente inscrita en el gobernante Partido Revolucionario Democrático, es candidata a la presidencia de la República por la libre postulación, aspira a reelegirse como diputada, también por la libre postulación y también quiere ser alcaldesa de San Miguelito, pero postulada por Realizando Metas, el partido de Ricardo Martinelli. Zulay Rodríguez es candidata a la presidencia por la libre postulación. ‘No podemos estar creando corregimientos de 90 personas’ El presidente de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Eliécer Cortés, sostiene que es imprescindible cumplir con la normativa en estos casos. IDENTIFICADOR Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] En una atmósfera cargada de tensión y controversia, la Asamblea Nacional se convirtió, una vez más, en el epicentro de intensos debates esta semana. En el centro de la discusión se encontraba el proyecto de ley 1138 que propone la creación del distrito de Bastimentos en Bocas del Toro, junto con los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada Sal y Solarte. Con apenas 2,357 residentes, Bastimentos se enfrenta a la ambiciosa propuesta de elevar su estatus a distrito, un cambio que desafía abiertamente la Ley 65 de 2015, que establece que para la creación de distritos se deberá contar con una población de, al menos, 25 mil habitantes. Mientras tanto, Bahía Honda alberga solo a 94 habitantes, incumpliendo la normativa que estipula que deben ser mil o más personas. Eliécer Cortés, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), sostiene que es imprescindible cumplir con la normativa en estos casos. “No se pueden crear corregimientos con 90 personas. Eso no cumple con la ley”, afirmó. Añadió que, aunque la división de distritos conlleva costos, también permite que lleguen recursos a comunidades que han estado abandonadas durante décadas. Precisamente, el costo es uno de los principales puntos de discusión en torno a la creación de nuevos corregimientos. Organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han señalado que cada corregimiento nuevo representa más de $300 mil adicionales al erario público como mínimo, sin contar la distribución discrecional de la descentralización. Además, la creación de estas nuevas áreas geográficas se da sin ningún tipo de estudio o planificación. Según Cortés, debe haber una población razonable que justifique la creación de un nuevo corregimiento o distrito. “Recargar más al Estado en estos momentos no es lo más viable”, argumentó. Actualmente, el país cuenta con un total de 81 municipios y, según estimaciones del presidente de Amupa, aproximadamente 64 de estos gobiernos locales dependen del subsidio estatal para su funcionamiento, evidenciando una marcada falta de autosuficiencia. Cortés sugiere que el Ministerio de Economía y Finanzas debe realizar un análisis de este grupo de 64 municipios, ya que algunos de ellos han crecido con el tiempo y son autosuficientes. “Al - gunos tienen capacidad administrativa de generar sus propios ingresos, lo que les permite valerse por sí mismos”, agregó. La descentralización La descentralización fue defendida por Cortés, quien argumentó que permite a los gobiernos locales recibir recursos para desarrollar obras. Además, solicitó al Gobierno central transferir más competencias a los municipios, como el mantenimiento de escuelas o calles en los más de 700 corregimientos del país. Anteriormente, había 679 corregimientos a nivel nacional, sin embargo, entre 2019 y 2024 se crearon 22 nuevos, lo que implica que actualmente hay 701 corregimientos. Cada año, las juntas comunales y los municipios reciben millones de dólares. Por ejemplo, a través del Programa de Obras y Servicios Municipales se asignan $110 mil a cada una de las juntas comunales y alcaldías de Panamá. La Ley 66 de 2015, que modificó la Ley 37 de 2009 sobre descentralización en la administración pública, establece que el 70% de esos fondos deberá ser utilizado en proyectos de inversión, mientras que el 30% restante será para el funcionamiento. Además, mediante el programa IBI se otorga un mínimo de $500 mil a cada municipio, dinero proveniente de la recaudación del impuesto de inmueble del año inmediatamente anterior. “No se pueden crear corregimientos con 90 personas. Eso no cumple con la ley”. Eliécer Cortés, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá Entre 2019 y 2024, la Asamblea Nacional dio vida a 22 nuevos corregimientos en diversas provincias del país. Archivo Más de 850 medidas contra extranjeros han sido aplicadas por Migración desde el año 2023 ENTRE DEPORTACIONES Y EXPULSIONES Getzalette Reyes [email protected] Desde abril de 2023 hasta la fecha, el Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá ha aplicado un total de 864 medidas a ciudadanos extranjeros, considerando su nivel de peligrosidad. De este número, 682 corresponden a deportaciones y 182 a expulsiones. En la mañana de ayer viernes 19 de abril, se realizaron 28 deportaciones y dos expulsiones desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert (Albrook) a ciudadanos de nacionalidad colombiana. “Desde el inicio del año 2024 hasta la fecha, se han aplicado un total de 232 medidas de la ley migratoria a extranjeros infractores de diversas nacionalidades, de las cuales 190 son deportaciones y 42 corresponden a expulsiones”, precisó el SNM en un comunicado. El SNM recordó que todas estas acciones se llevan a cabo en el marco de la Campaña Escudo, una estrategia interinstitucional destinada a garantizar la paz y el bienestar de los ciudadanos de Panamá, mediante operaciones de seguridad en las fronteras terrestres y marítimas del país. El Servicio Nacional de Migración realizó la deportación de extranjeros. Cor tesía Eliécer Cortés, presidente de la Asociación de Municipios dePanamá Richard Bonilla
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