2A LaPrensa Panamá, sábado 13 de abril de 2024 Panorama El Ifarhu y la Contraloría se burlan de la Antai y de la Ley de Transparencia El propio contralor general de la República, Gerardo Solís, asumió ayer viernes la responsabilidad de no publicar los nombres de los beneficiarios de los auxilios económicos en el sitio web de la entidad. AUXILIOS ECONÓMICOS Mónica Palm [email protected] El Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) y la Contraloría General de la República han ignorado las advertencias sobre la obligación que tienen de brindar toda la información sobre el funcionamiento y los beneficiarios de los programas de asistencia educativa, incluyendo el de los auxilios no reembolsables. Ayer viernes 12 de abril, el contralor Gerardo Solís asumió la responsabilidad de no publicar los nombres de los beneficiarios de los auxilios económicos en el sitio web de la entidad. La decisión -según él- está sustentada en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluyendo uno del 13 de marzo de 2019, que mencionaría que el contralor tiene la“fa - cultad discrecional” de declarar como reservada aquella información que considere es de carácter confidencial. Solís, en una entrevista en Telemetro Reporta, advirtió que ese velo se mantendrá hasta que termine su mandato, el 31 de diciembre de 2024, aunque reconoció que el próximo contralor podría desclasificar la información. “Es total discreción. Ha dicho la Corte, en el fallo del 13 de marzo de 2019, durante la administración del contralor [Federico] Humbert, que es facultad discrecional del contralor mantener la información de carácter reservada. Así que puede venir otro contralor y puede decidir que la información la desclasifica y la hace pública”, remarcó. La Prensa, que esta semana publicó la primera base de datos con información sobre 4,903 auxilios del Ifarhu (aunque en el 56% el nombre aparece “oc ulto”), preguntó en Contraloría por la resolución en la que Solís declaró como información confidencial el nombre de los beneficiarios de estos desembolsos. En la entidad simplemente respondieron que la Corte le otorga esa potestad y remitieron al contenido de la entrevista concedida a Telemetro. Tanto Solís como la directora general del Ifarhu, Ileana Molo, han desatendido por años los llamados tanto de la Autoridad Nacional e Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y de la Procuraduría de la Administración. Lo que encontró Antai El 3 de febrero de 2023, la directora de Anati, Elsa Fernández, ordenó al Ifarhu derogar la Resolución 320-2021-522 del 3 de agosto de 2021, por medio del cual dicha entidad declaró como “datos confidenciales” las resoluciones, las actas y toda información sobre el otorgamiento de beneficios económicos. También solicitó reglamentar el programa de auxilios económicos -“incluyendo en el mismo una convocatoria pública para aspirantes”- y una rendición de cuentas mensual que incluyera los nombres de los beneficiarios y los montosdesembolsados,una lista de los beneficiarios que han concluido sus estudios satisfactoriamente y otra lista con aquellos que han incumplido sus obligaciones, la cual debe incluir el detalle de las sumas recuperadas por dichos incumplimientos. El 21 de noviembre de 2023, la Antai recordó al Ifarhu que debe derogar la Resolución 320-2021-522, “reiterando nuestro criterio de que toda la información relativa al uso y manejo de los fondos del Estado es de carácter público”. Pero el Ifarhu no hace caso y los efectos de la referida resolución se mantienen hasta hoy. La Antai también advirtió que actualmente “no existen requisitos como tal” p a ra otorgar los auxilios no reembolsables: no hay una evaluación en base a criterios como méritos, créditos educativos o rendimiento académico. Tampoco existe una “escala de medición” p a ra negar total o parcialmente el beneficio, ni plazo para su adjudicación. En una diligencia de inspección ocular, a los funcioanrios de la Antai se les explicó que hay un“co - mité evaluador” que fija el monto del auxilio, “pero ocasionalmente viene un monto recomendado con visto bueno de la Dirección General de la institución, lo que deja ejercer ampliamente la discrecionalidad ”, señala la resolución del 3 de febrero de 2023 que firmó la directora de Antai. “Esa falta de procedimientos escritos hace que el trámite en las distintas áreas administrativas se vaya alteManifestación en las afueras de la Contraloría en rechazo del mal uso de los auxilios económicos. Miguel Cavalli ‘La Contraloría es cómplice de la corrupción’ señala Transparencia Internacional FONDOS PÚBLICOS José González González [email protected] La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), cuestionó el rol de la Contraloría General de la República en el caso de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y aseguró que es“cómplice de la corrupción”. En un comunicado, TI hizo énfasis en que sin órganos de control independientes y Contralor Gerardo Solís acude al Ministerio Público. Miguel Cavalli rando conforme y según las órdenes y recomendaciones que se vayan impartiendo por los superiores jerárquicos”, señala el mismo documento. En la base de datos de La Prensa aparecen como beneficiarios los familiares de varios ministros, diputados, proveedores, diplomáticos y allegados al gobernante PRD. Hay hasta una sobrina del presidente Laurentino Cortizo y un hijo de la directora de becas del propio Ifarhu, Tania Menard. El procurador se mantiene vigilante El 31 de julio de 2023, el procurador de la Administración, Rigoberto González, escribió a la directora del Ifarhu para preguntarle por qué no atendía las instrucciones de Antai y derogaba la resolución de 2021. Le otorgó un plazo de cinco días para que enviara un informe explicativo, pero se desconoce si Molo respondió. Ayer, cuando La Prensa contactó a la Procuraduría de la Administración, informaron que González no hablaría más del tema; piensa que si lo hace y mas adelante algún tribunal le pide emitir una opinión formal, le podrían exigir que se declare impedido. No obstante, González, en atención a una consulta de Antai, anotó el 5 de julio de 2021 que, para efectos de la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia), se considera información confidencial aquellos datos médicos y psicológicos, la vida íntima, los asuntos familiares, el historial penal y policivo, la correspondencia, las conversaciones telefónicas y el contenido de los expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios. Ese no es el caso de los auxilios del Ifarhu, ya que la información que no aparece es la del nombre de aquellos que recibieron fondos públicos supuestamente para realizar estudios. La Ley de Transparencia, en su artículo 8, expresa que las instituciones del Estado están obligadas a brindar, a cualquier persona que lo requiera, información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, exceptuando únicamente aquellas de carácter confidencial y de acceso restringido. Ya la Antai le advirtió al Ifarhu que debe dejar sin efecto aquella resolución de 2021 que declaró como “da - tos confidenciales” toda la información sobre los beneficios económicos que otorga la entidad, ya que -como bien remarca la autoridadtodo lo que guarda relación con el uso y manejo de fondos del Estado es de carácter público. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo local de Transparencia Internacional) remarcó que la jurisprudencia ha establecido en múltiples casos que el nombre, el número de cédula y el monto de los fondos públicos recibidos por un beneficiario y proveedor del Estado, “no es información confidencial y debe ser publicada”. “La propia Ley de Protección de Datos Personales [Ley 81 de 2019] establece la excepción de que los datos se pueden tratar en el beneficio del interés público y la rendición de cuentas del uso de fondos públicos. Tergiversa el cumplimiento de la ley bajo el argumento insostenible de la discriminación”, sostiene la Fundación, en una nota de prensa. El Ifarhu y su directora han guardado silencio desde que La Prensadivulgó la base de datos. Tampoco ha dicho nada la ministra de Educación, Maruja de Villalobos, quien preside el Consejo Nacional del Ifarhu. eficaces en el país, la democracia peligra. “Es justo lo que nos está sucediendo en Panamá. Hoy [ayer] escuchamos al contralor Gerardo Solís justificar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, con un descaro inaudito y desvirtuando completamente la labor de la institución que preside”, destacó. Agregó que el Contralor elige ”ignorar ” lo que establece la Ley 6 de Transparencia y la jurisprudencia que han establecido en múltiples casos que el nombre, el número de cédula y el monto de fondos públicos recibidos por una persona como beneficiaria o contratista del Estado “no es información confidencial y debe ser publicada”. “La propia ley de protección de datos personales establece la excepción de que los datos se pueden tratar en beneficio del interés público y la rendición de cuentas del uso de fondos públicos. Tergiversa el cumplimiento de la ley bajo el argumento insostenible de la ‘discriminac i ó n”, añadió. TI hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, la cual fue aprobada en diciembre de 2022 por impulso de Solís, que “da sustento a la falta de controles de su administración”. Declaraciones injustificables En una entrevista en Tele - me tro, el contralor reconoció que unilateralmente tomó la decisión de ocultar el nombre del 56% de los beneficiarios de los auxilios económicos, entre julio de 2019 y mayo de 2023, y contó que hace 40 años él también recibió una de estas ayudas no reembolsables. Para Leah Cedeño, vicepresidenta de la fundación Espacio Cívico, sus declaraciones “son injustificables”. Además, dijo que el contralor desconoce la ley de transparencia al reconocer “que maneja a su antojo el acceso a información que debe ser pública”, dijo. “Los cleptócratas tratan el dinero público como si fuera su cuenta bancaria personal. Tenemos el derecho ciudadano a conocer toda la información relacionada con los auxilios económicos y alzar nuestra voz contra la opacidad”, aseguró.
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