1B LaPrensa Panamá, martes 2 de abril de 2024 MARTES FINANCIERO Escanea este código para ver la edición digital completa. www.martesfinanciero.com/ Vivir MODELO Darieney Prado, una chica H&M 5B ACCIDENTE Canal temporal para los buques de Baltimore 3B —Edición N° 2,126 — Moody’s también le rebajaría la calificación al país: Morgan Stanley Citando la débil situación fiscal del país y los desafíos de gobernanza como factores de riesgo, Morgan Stanley anticipa que Moody’s podría rebajar la calificación de Panamá después de la pérdida del grado de inversión por Fitch. FINANZAS PÚBLICAS Yolanda Sandoval [email protected] El banco de inversión Morgan Stanley publicó un breve informe en el que indicó que tras la rebaja de la calificación de Panamá de BBB- a BB+ y la consecuente pérdida del grado de inversión otorgado por Fitch, esperaría que la calificadora Moody’s también rebaje la nota del país en la segunda mitad del año. Para Morgan Stanley, “no es una sorpresa” la calificación que ha otorgado Fitch, aunque reconocen que fue antes de lo que algunos esperaban. El banco de inversión advierte que las conclusiones y argumentos utilizados por Fitch, para removerle el estatus de grado de inversión a Panamá, están en línea con sus opiniones. En este sentido, ponderan como parte de los “efectos de contagio”o riesgos de Panamá, la débil situación fiscal, El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, junto al viceministro de Economía, Carlos González, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto. Agustín Herrera DGI extiende plazo para presentar registros contables RECAUDACIÓN Yolanda Sandoval [email protected] La Dirección General de Ingresos (DGI) decidió extender nuevamente el plazo para que los abogados presenten la declaración jurada de registros contables correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023. El nuevo plazo será hasta el 31 de agosto de 2024. Es decir, que se ha extendido por cinco meses, entendiendo que la DGI había concedido, previamente, hasta el pasado 31 de marzo para cumplir con el requisito. La entidad dejó plasmada su decisión en la Resolución No. 201-1754 de 26 de marzo de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del pasado 28 de marzo. De acuerdo con la Ley 52 de 27 de octubre de 2016, modificada por la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021, se establece la obligación del agente residente de entregar ante la DGI una declaración jurada anual que contenga una lista de las personas jurídicas para las cuales ejerce el servicio de agente residente. La normativa establece que los abogados actuando como agentes residentes en Panamá, sin excepción, deben certificar su conocimiento sobre cómo y dónde acceder a los registros contables de las sociedades offshore que representan, en virtud de lo que establece la ley y como parte de los acuerdos suscritos por Panamá para el intercambio de información tributaria. La extensión de tiempo se otorgó porque se trabaja en la reglamentación de la ley, indicó a este diario Publio De Gracia, director de la DGI. Dicha reglamentación se realiza de forma“alineada con abogados, para que salga en las próximas semanas el decreto”, precisó el funcionario. De acuerdo con los nuevos tiempos, será al próximo Gobierno al que le toque lidiar con la aplicación efectiva de la norma. Actualmente, Panamá está calificado por la Unión Europea como “parcialmente cumplidor” en las evaluaciones del intercambio de información fiscal a requerimiento. Para salir de la lista de la UE, es crucial cumplir con la ley de registros contables. La lista de paraísos fiscales de la Unión Europea incluye jurisdicciones que no cumplen con los estándares en transparencia fiscal, equidad tributaria o aplicación de normas internacionales para prevenir la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios. Sede de la DGI en la avenida Balboa y Calle 41 Este, . Archivo con un aumento de la deuda pública y una fuerte dependencia de los mercados externos. “Los desafíos de gobernanza son otro obstáculo, como lo demuestra el cierre de la mina de cobre Cobre Panamá, lo que también podría impactar el mediano plazo de las perspectivas de crecimiento de Panamá”, indicó Morgan Stanley, citando a Fitch en la carta que envía a sus clientes. En octubre del año pasado, la calificadora Moody’s rebajó el grado de calificación soberana de Panamá de Baa2 a Baa3, al tiempo que ajustó la perspectiva de negativa a estable. En ese momento, advirtió que no había observado “una respuesta efectiva por parte de Panamá para abordar desafíos fiscales estructurales que han ido aumentando a través del tiempo. Esta situación denota débil gobernanza y una baja eficacia de la política fiscal...”. La postura de hace un año de Moody’s coincide con los argumentos que ahora consideró Fitch para degradar al país de categoría y dejarlo en lo que se le conoce como grado especulativo. Por el momento, Moody’s no se ha pronunciado respecto a este tema. En tanto, en noviembre pasado, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) conservó la calificación de riesgo para Panamá en BBB, pero revisó la perspectiva de estable a negativa . MEF: el momento fue ‘imprudente’ REACCIÓN Yolanda Sandoval [email protected] El viceministro de Economía, Carlos González, expresó que resulta inusual que las calificadoras de riesgo emitan opiniones o cambios en las notas que otorgan a cada país, por considerar que se trata de una práctica “impru - dente”, que puede influir positiva o negativamente en los resultados electorales. Sus comentarios surgieron en respuesta al informe de Fitch Ratings que redujo la calificación de Panamá de BBB- a BB+ el pasado 28 de marzo. Para Fitch, Panamá no ha hecho suficiente para reducir los gastos gubernamentales y limitar el tamaño de la deuda pública, mientras se enfrenta a menos ingresos recurrentes por el cese de la actividad de Minera Panamá. Precisamente, en cuanto a la gestión fiscal, González precisó que “Panamá ha estado cumpliendo su meta fiscal y esto ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las calificadoras S&P y Moody’s y los inversionistas. Fitch no le ha dado relevancia al esfuerzo que fue bajar de un déficit de 10.5% a 7.4%, luego a 4% y este año (2023) que estamos cerrando 2.97%”, dijo a través de un comunicado. El déficit fiscal del sector público no financiero al cierre de 2023 fue de $2,462.5 millones. Esta cifra, tal como dice el funcionario, equivale al 3% del producto interno bruto (PIB) nominal, estimado en $83,486 millones para 2023. Pero Fitch destaca que el Gobierno cumplió con la ley de responsabilidad gracias a ingresos extraordinarios y maniobras contables. El cumplimiento de la norma fiscal fue una sorpresa, ya que se esperaba un déficit 4.5% del PIB.
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