3A LaPrensa Panamá, martes 2 de abril de 2024 Declaran retención de hasta $21.1 millones en cuentas relacionadas a Ricamar JUSTICIA Mónica Palm [email protected] La Dirección General de Ingresos (DGI) declaró el secuestro sobre bienes muebles e inmuebles, cuentas, valores y plazos fijos a nombre de Importadora Ricamar, S.A. (Irisa), operadora de la cadena Súper 99, propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli. La retención es por una concurrencia de hasta $21.1 millones. Así consta en notas enviadas ayer lunes 1 de abril a la mayoría de los bancos de la plaza panameña, en las que la DGI solicita que la orden de retención se ejecute de forma inmediata. Dos de estos bancos serían el Banco Nacional de Panamá (BNP) y el Saint Georges Bank, ya que es pública la relación de ambos con Irisa. Previamente, este diario ha publicado que Irisa tiene al menos dos cuentas bancarias en el estatal BNP, según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En lo que respecta al otro banco, es sabido que las máquinas que utiliza la cadena Súper 99 en las transacciones de aquellos clientes que pagan sus compras con tarjeta de crédito, son de Saint Georges Bank. La Prensa intentó ampliar esta información con la DGI, pero en la entidad Importadora Ricamar es propietaria de los supermercados 99. Archivo Promotores de viviendas reclaman al Gobierno pago de millonaria deuda La deuda pone en peligro el desarrollo de 16 mil hogares de interés social. Cor tesía Corte da 10 días para argumentar sobre candidatura de Mulino José Raúl Mulino Archivo Panorama Hay unas 200 promotoras afiliadas al programa Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Les deben un total de $140 millones. VIVIENDA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Los promotores de viviendas de interés social denunciaron ayer lunes que el Gobierno Nacional les adeuda $140 millones correspondientes al Fondo Solidario de Vivienda (FSV), lo que pone en “peli - gro”a 16 mil hogares de interés social. De momento, hay unas 200 promotoras afiliadas al programa Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), lo cual permite que las familias de bajos recursos puedan obtener su primer hogar. En un comunicado, las promotoras de vivienda informaron que “no podrán hacer frente”a los proyectos en agenda para los años venideros, lo que también se traducirá en la disminución de la mano de obra en el sector y la falta de este aporte al Producto Interno Bruto (PIB). El programa implica un bono o subsidio de $10 mil que se otorga a través del Miviot a las personas que desean adquirir su primera vivienda, y cuyo precio de venta no exceda los $70 mil. El subsidio de $10 mil se convierte en un incentivo para las familias con presupuestos limitados y también en un beneficio para las promotoras que participan en la construcción de viviendas por debajo del rango de los $70 mil. “El Miviot informó el 23 de enero de 2024 que el déficit habitacional ronda las 185 mil viviendas, situación que no se supera con la postergación en el pago del FSV a las promotoras que durante los últimos dos años entregaron las casas a las familias seleccionadas por el Estado, ya que debido a esta deuda no se podrán construir las viviendas proyectadas”, indicaron los empresarios del sector de la construcción. El malestar Se consultó a Erika Salazar, ingeniera de la promotora Provivir, quien subrayó que las autoridades no están pagando el bono de $10 mil para que familias de escasos recursos puedan acceder a una vivienda. En palabras de Salazar, hay proyectos que tienen hasta un 90% de avance y, de continuar con la morosidad, las empresas no podrán continuar con las obras. “Eso también nos afecta a nosotros como colaboradores, ya que el gobierno al no cumplir las compañías podrían liquidar al personal”, indicó. Según un informe de la Dirección de Promoción para la Inversión Privada del Miviot, encargada de este programa, las promotoras activas se encuentran 1 en Bocas del Toro, 40 en Chiriquí, 30 en Coclé, 1 en Colón, 34 en Herrera, 27 en Los Santos, 24 en Panamá, 40 en Panamá Oeste y 27 en Veraguas. El impacto El objetivo del Fondo Solidario de Vivienda es disminuir el déficit habitacional entre las personas que carecen de recursos económicos, a quienes el Estado ofrece un bono de $10 mil como ayuda para obtener una vivienda. Este aporte es de carácter intransferible y se concede a familias previamente escogidas por las autoridades nacionales. Según las promotoras, el impago de este dinero provoca que peligre el empleo de al menos 5 mil 250 obreros destinados a la construcción de 16 mil viviendas de interés social entre 2024 y 2025. La situación se torna más compleja si se suma la afectación a 7 mil 500 personas vinculadas a proveedores de cemento, madera, arena, piedra, acero, así como a la banca, bufetes de abogados, notarías y el Registro Público. De acuerdo con la Resolución ministerial No. 366-2020 de 5 de agosto de 2020, se aprobó el código de zonificación Residencial Bono Solidario (RBS) para los proyectos de interés social que se desarrollen en el país. Esta norma indica que bajo la denominación RBS se establecen los usos permitidos para las viviendas unifamiliares con un área mínima de lote de 150 metros cuadrados, adosadas con 120 metros cuadrados, en hilera 100 metros cuadrados y edificios de apartamentos con 500 metros cuadrados, todas con una densidad neta de mil personas por hectárea. Problema que persiste La Prensa consultó al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial sobre el reclamo de los promotores, pero no emitieron comentarios. Se trata de una problemática que se ha agravado con los años. Por ejemplo, el año pasado el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, sostuvo una reunión con empresarios de las constructoras de Los Santos, Herrera y Chiriquí con el objetivo de buscar fórmulas que permitieran el pago adeudado a los promotores afiliados al programa Fondo Solidario de Vivienda. En aquella ocasión, Paredes explicó a los miembros de la junta directiva de promotores del área que el problema con el desembolso de los pagos para este programa es a nivel nacional, debido a los “ingresos limitados” con los que cuenta la entidad. advirtieron que la ley les impide divulgar cualquier dato o documento sobre la situación tributaria de los contribuyentes, salvo que esa información sea requerida por alguna autoridad competente. La información sobre el secuestro de las cuentas bancarias y otros bienes de Importadora Ricamar fue obtenida de fuentes bancarias y de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que, empero, no dieron detalles sobre la medida. El secuestro de la cuentas por parte de la DGI se da poco después de que el titular de la DGI, Publio De Gracia, y un equipo de funcionarios acudió a una reunión de trabajo en Washington, en atención a una invitación que le formuló la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés), del 18 al 22 de marzo. Esa fue la segunda ocasión enquelaIRS-CIinvitóafuncionarios de la DGI, pues en diciembre pasado se llevó a cabo la primera reunión –también en Washington– con el jefe de esta división, James Lee, para abordar temas relacionados con las investigaciones que realizan de forma conjunta sobre posibles delitos tributarios. Martinelli está desde el 7 de febrero pasado en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde buscó refugio cinco días después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desestimara los recursos contra su sentencia condenatoria (dictada en julio pasado) de 128 meses de prisión por blanquear los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en el denominado caso New Business. La sentencia ya está ejecutoriada y contra Martinelli hay una orden de detención. En noviembre próximo, Martinelli será enjuiciado por otro caso, el de Odebrecht, también sobre lavado de dinero. En esta causa se investigó la participación de Irisa e incluso la Fiscalía Especial Anticorrupción pidió la imputación de dicha sociedad, pero la juez penal Baloisa Marquínez no acogió dicha solicitud. Juan Manuel Díaz [email protected] La Corte Suprema de Justicia ha abierto un plazo de 10 días para que se presenten argumentos dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada Karisma Etienne Karamañites contra la resolución del Tribunal Electoral (TE) que designó a José Raúl Mulino como candidato presidencial del Partido Realizando Metas (RM) para los comicios electorales de mayo próximo. A través del edicto 362, publicado este lunes 1 de abril en la secretaría de la Corte, se informa a los interesados para que presenten sus argumentos. Este proceso se lleva a cabo mediante un edicto publicado en un periódico de circulación nacional durante tres días. Los interesados tendrán un plazo de 10 días para enviar sus escritos a la secretaría de la Corte, después de la última publicación del edicto en los diarios seleccionados. La demanda presentada por Karamañites está en manos del magistrado Olmedo Arrocha, quien, una vez reciba las alegaciones, deberá elaborar un proyecto de fallo que, a su vez, tendrá que circular entre el resto de los ocho magistrados que componen el pleno de la Corte. El procurador de la Nación, Javier Caraballo, ya emitió una opinión en la que considera que la resolución emitida por el TE no es inconstitucional y en la que afirma que el candidato José Raúl Mulino puede participar como candidato presidencial de RM. Según Caraballo, la designación de Mulino como candidato a la vicepresidencia por RM era una facultad reservada al candidato a presidente, en este caso, Ricardo Martinelli, elegido en las primarias de ese conglomerado político. Martinelli se encuentra desde el 7 de febrero pasado en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde buscó refugio cinco días después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desestimara los recursos contra su sentencia condenatoria (dictada en julio pasado) de 128 meses de prisión por blanquear los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América S.A. (Epasa) en el denominado caso New Business. 2024
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