2A LaPrensa Panamá, miércoles 20 de marzo de 2024 Nicaragua insiste en que Panamá otorgue salvoconducto a Martinelli El canciller de Nicaragua recordó que, en cumplimiento de las convenciones internacionales, su país podrá exigir que Ricardo Martinelli sea puesto fuera de Panamá "dentro del más breve plazo posible". DIPLOMACIA Mónica Palm [email protected] Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha rechazado los señalamientos de Panamá y pide reconocer el asilo y otorgar el salvoconducto para que Ricardo Martinelli pueda viajar a ese país, lo que en la práctica implicaría que evada la condena que le fue impuesta por lavado de dinero, de 128 meses de prisión. Panamá ha enviado varias notas a Nicaragua desde que Martinelli se refugió en la embajada nica, en La Alameda, el pasado 7 de febrero. En una de ellas, enviada el 14 de marzo, Panamá protestó porque Martinelli utiliza la sede diplomática para actividades político partidistas, lo cual constituye “una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del Gobierno de Nicaragua”. Pero este 18 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, le escribió cuatro páginas a la Cancillería panameña, para rechazar “de manera categórica”el contenido de aquella nota del 14 de marzo. Moncada señala que que no reconocer el asilo otorgado por su país y negar el salvoconducto a favor de Martinelli constituye una violación a las convenciones sobre asilo de 1928, “que establece claramente que el Gobierno del Estado que otorga el asilo, podrá exigir que el asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible; obligación en estricto apego a la Convención que sigue sin cumplirse de parte de la República de Panamá”. Acto seguido, Moncada recuerda que su país concedió asilo a Martinelli, a quien considera un perseguido político y cuya vida, integridad física y seguridad -asegurase encuentran “en riesgo”. Moncada no se refiere en ningún momento a las constantes quejas de la Cancillería panameña, respecto a la injerencia de su país en temas internos de Panamá. Al menos en cuatro ocasiones (el 9 y el 27 de febrero y el 8 y el 14 de marzo), Panamá ha enviado notas a Nicaragua, objetando el asilo concedido a Martinelli. En la última de esas notas, protestó formalmente por la “actitud permisiva del gobierno” de Nicaragua, al contravenir de manera “abier ta” y desafiante el desarrollo de su embajada. “El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá rechaza que al amparo de una supuesta protección, el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, continúe utilizando la sede diplomática nicaragüense Nueva sede del consulado, al lado de la embajada. Elysée Fernández Panamá, con fines político-partidistas, con el silencio de sus autoridades, lo cual, para los efectos, es una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del gobierno de Nicaragua”, se lee en el documento del pasado 14 de marzo. En consecuencia, la Cancillería panameña, a cargo de Janaina Tewaney, le exige a Nicaragua “observar su obligación internacional de asegurar que su sede diplomática en Panamá preserve las funciones establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”. Martinelli se metió en la embajada el 7 de febrero, cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia anunciara que la Sala Penal no había admitido un recurso de casación presentado por Martinelli y otras cuatro personas condenadas a prisión por blanquear los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en el denominado caso New Business. Desde entonces, Martinelli ha remodelado y amoblado la sede de la embajada, en La Alameda. Nicaragua tuvo que mudar sus oficinas consulares al dúplex de al lado, ya que Martinelli ocupa todos sus aposentos. Desde la embajada, Martinelli se reúne con sus familiares, copartidarios y candidatos de su partido, Realizando Metas (RM), incluyendo a José Raúl Mulino, quien lo reemplazó como candidato presidencial. Además, constantemente escribe mensajes de contenido político partidista en sus redes sociales y en una ocasión, por lo menos, organizó una reunión del directorio de RM. La Fiscalía Electoral solicita salvar la candidatura de Dana Castañeda Juan Manuel Díaz Eliana Morales Gil [email protected] La fiscal electoral Mirna Angulo, pidió al Juzgado Segundo Administrativo Electoral, que no inhabilite a Dana Castañeda, subsecretaria general de la Asamblea Nacional para competir como candidata a diputada del circuito 2-3 (La Pintada, Natá y Olá) en las elecciones del 5 de mayo próximo. La solicitud de la fiscal electoral se dio en una audiencia celebrada ayer martes 19 de marzo, para definir el futuro de la candidatura de Castañeda, que fue impugnada por el abogado Juan Carlos Araúz, alegando que tenía que haber renunciado como subsecretaria de la Asamblea cinco días después de haber aceptado la postulación. La audiencia concluyó a las 11:15 a.m., pero sin un veredicto, pues el TE debe pronunciarse sobre algunas pruebas que fueron apeladas por el abogado de la subsecretaria del Legislativo. Durante el acto se escucharon los alegatos de las distintas partes del caso. Castañeda, quien fue postulada por los partidos, Realizando Metas (RM), Revolucionario Democrático (PRD), Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y Alianza, se mostró confiada de que saldrá bien librada del proceso. “Hemos podido probar que la Asamblea no está dentro del artículo 33 (del Código Electoral), hemos visto a la parte demandante que no ha podido probar los hechos señalados en la demanda. Nos sentimos muy confiados y positivos”, aseguró la también exdiputada. Pero el demandante, Juan Carlos Araúz, ponderó su argumento. “La señora Castañeda es la subsecretaria general y lo que se busca es que el Tribunal Electoral produzca el criterio de si realmente ese cargo tiene la similitud con los otros descritos en el artículo 33 (del Có - digo Electoral), añadió. El artículo 33 del Código Electoral establece que no son elegibles para cargos de elección popular aquellos ministros, viceministros, directores, subdirectores, secretarios y subsecretarios, administradores y subadministradores de entidades y empresas públicas, que ejerzan el cargo seis meses antes de los comicios. La audiencia se celebró a puerta cerrada, sin permitir la presencia de medios de comunicación. Castañeda llegó al juzgado ubicado en el edificio contiguo a las instalaciones del Tribunal Electoral, poco antes de las 9:00 a.m. La acompañó su abogado César Ruiloba. Ruiloba, abogado de Castañeda, argumentó que “el legislador dispuso en el proceso de reforma que los funcionarios de la Asamblea no estuvieran bajo esa aplicación (artículo 33) y corresponde al operador jurídico, el Tribunal, actuar en consecuencia. Esto es puro derecho, no especulación política”. Para hacer campaña política, Castañeda se acogió a vacaciones en la Asamblea. El pasado 30 de enero, el pleno de ese poder del Estado aprobó una resolución en la que se nombró a su reemplazo temporal. Se trata de Carlos Ramón Alvarado González, asesor legislativo. Dana Castañeda, ayer a su llegada a la audiencia. Isaac Ortega Castañeda ya fue diputada en el uninominal circuito 2-3, pero perdió en la elección de mayo de 2019, cuando fue derrotada por el panameñista Luis Ernesto Carles, quien actualmente también busca la reelección. Además del Partido Panameñista, Carles también fue posulado por Cambio Democrático. En ese circuito electoral también compiten los siguientes candidatos: Jeremías Victoria (libre postulación), Jorge Iván Chiari (Movimiento Otro Camino), Juan Peralta (Partido Popular), y Manuel Chanis (Partido Alternativa Independiente Social). La familia en las elecciones Eyber Castañeda Guardia, hermano de Castañeda, también es candidato a diputado, pero en el circuito 2-1 (Penonomé), por el Partido Panameñista. Su sobrina, Ina Rodríguez Castañeda, es candidata a alcaldesa de La Pintada, Coclé, por los partidos Molirena, RM y Alianza. La pareja de Castañeda es César Zapata, quien compite en el circuito 8-4, en la capital, postulado por RM. 2024 Ediles aprueban un estudio estructural para el PH Crystal BELLA VISTA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El Consejo Municipal de Panamá aprobó ayer martes 19 una resolución que ordena a la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá llevar a cabo un estudio estructural al PH Crystal, en Bella Vista, el cual ha venido presentando problemas de filtraciones y rajaduras. Ubicado en el corazón de Bella Vista, este edificio ha sido objeto de controversia debido al rediseño y construcción de un penthouse, propiedad de la sociedad Josephco, S.A., sin los debidos permisos. Los ediles de la Comisión de Vivienda de ese gobierno local pudieron apreciar estas anomalías con sus propios ojos, durante una inspección al inmueble el viernes pasado, ante el clamor de los residentes. Debido a los graves daños a la infraestructura del inmueble, el Municipio de Panamá emitió una orden de demolición en el año 2014. Sin embargo, han transcurrido 10 años y los ediles no parecen tener afán por ejecutar esa orden. Además, en un informe elaborado el 19 de enero de 2023, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió que, de no tomarse las medidas de seguridad necesarias, existe el riesgo de que se produzcan “da - ños materiales” y, en el peor de los casos, la “pérdida de vidas humanas”. Carlos Domínguez, edil de Las Mañanitas y parte de la Comisión de Vivienda, subrayó que primero se realizará el estudio estructural, para luego proceder con la demolición. “Hay que sentar un precedente, y hay que hacer cumplir las normas. No se puede construir por construir ”, apuntó. Por su parte, Anabel Franco, residente del PH Crystal, subrayó que ahora les tocará fiscalizar y asegurarse de que el Municipio de Panamá El piso 14 del PH Crystal representa un riesgo para sus residentes. Agustín Herrera Panorama cumpla con lo ordenado por los representantes de corregimiento. “La Dirección de Obras y Construcciones es la encargada de ejecutar la resolución, es decir, que se pueda tener acceso a los pisos 15 y 16 de manera que se puedan llevar a cabo los estudios estructurales, que es lo más importante”, puntualizó. Además, Franco espera que en los estudios participen ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá. “Esperamos que el alcalde [José Luis Fábrega] finalmente apruebe los fondos y ejecute la demolición lo más pronto posible para darle fin a este calvario”, concluyó. En el PH Crystal habitan 28 familias.
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