1B LaPrensa Panamá, martes 20 de febrero de 2024 MARTES FINANCIERO Escanea este código para ver la edición digital completa. www.martesfinanciero.com/ Vivir DE LEYENDA A REALIDAD Las ciudades perdidas del Amazonas 5B COMERCIO Descenso del 2.4% en movimiento de contenedores 2B —Edición N° 2,120 —Editora Yolanda Sandoval Demandan resoluciones en las que la DGI otorga superpoderes a 5 funcionarios Publio De Gracia, al frente de la DGI, está nuevamente en el centro del debate público tras la emisión de cinco resoluciones en las que nombra a cinco fiscales con poderes supremos. CONTROVERSIA Yolanda Sandoval [email protected] El nombramiento de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) para investigar la defraudación fiscal, otorgándoles poderes absolutos, que van desde portar armas hasta realizar arrestos, ha dividido la opinión de varios abogados: los que creen que la entidad se está extralimitando en sus funciones y los que consideran que actúa apegada a la norma. La tarde de ayer lunes 19 de febrero, el abogado Ernesto Cedeño visitó la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para presentar cinco demandas de nulidad en las que pide la suspensión de las cinco resoluciones con las que se nombró a los funcionarios con poderes supremos. Cedeño pidió la suspensión inmediata del artículo 2, numeral 6 y 7, de las resoluciones en las que se le confiere poder a los investigadores nombrados para realizar allanamientos, pesquisas y decomisos provisionales, además de realizar arrestos, cateos y portar armas. De acuerdo con Cedeño, este artículo invade competencias. “Todo lo que es arresto y aprehensión debe ser, en mi opinión, materia del Código Procesal Penal”. Además, explica que el permiso de portar armas recae sobre el Ministerio de Seguridad. “Le estoy pidiendo a la Corte que el artículo 2, numeral 6 y 7 -de las cinco resoluciones de la DGI- sea suspendido de manera inmediata. Ya quedará en manos de los magistrados decidir si la solicitud se ajusta al derecho”, dijo Cedeño a este diario. Las demandas de Cedeño son contra las resoluciones N° 201-0472; 201-0473; 201-0474; 201-0475; y 201-0544. En estas resoluciones la DGI nombró, respectivamente, a Ricardo Solís, Yuliza González, Flor Ceballos, Nathalie Machuca y Elisa Solís como investigadores de la institución. Entre sus funciones, pueden practicar todas las diligencias que se necesiten en las investigaciones ante posible defraudación fiscal. También están facultados para pedir declaraciones, testimonios y demás actos que conduzcan a determinar la responsabilidad tributaria de los autores y partícipes de la conducta que están investigando. Esta figura, en el marco de la DGI, también posee la facultad de auditar libros, documentos, comprobantes e inventarios que evidencien y sustenten las transacciones y operaciones de los implicados. Oficinas de la Dirección General de Ingresos en la Avenida Balboa. Archivo Por este caso, Javier Mitre, abogado y docente tributarista, indicó que desde 1974 la Corte señaló que la función fiscalizadora de Aduanas y la DGI se equipararán a la del Ministerio Público. De hecho, con esta opinión Publio De Gracia, al frente de la oficina de Ingresos, respondió a los ataques de su gestión en las redes sociales. En las resoluciones ahora demandadas se explica que el nombramiento se realiza en función del artículo 1 del Decreto de Gabinete No. 109 de 7 de mayo de 1970, modificado por la Ley 33 de 30 de junio de 2010 y el Código de Procedimiento Tributario, que le asignan al director de Ingresos facultades para la investigación de la evasión fiscal administrativa y la defraudación fiscal penal. Publio Cortés, exdirector de Ingresos, consolidó su opinión en el hecho de que la gente piensa que esto se inventó en las recientes resoluciones emitidas por la DGI, pero no es así. Se trata de normas de vieja data. En este debate ha habido participación ciudadana en las redes. El abogado Carlos Ernesto González Ramírez dijo en su cuenta de X que “no es posible que funcionarios administrativos anden ejerciendo funciones jurisdiccionales porque una ley lo dice. Esto es muy peligroso para cualquier ciudadano y es un poder inaceptable para el Ejecutivo”. Se pospone una vez más el inicio del juicio por los Panama Papers S O C I E DA D ES O F FS H O R E Juan Manuel Díaz [email protected] El juicio a 32 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a través de la creación de sociedades offshore mediante la firma de abogados Mossak Fonseca, programado para ayer lunes 19 de febrero, fue suspendido debido a la presentación de una excusa médica por parte de uno de los abogados defensores. Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que la jueza Baloisa Marquínez suspendió el juicio tras la presentación de la excusa médica. También se informó que otro de los abogados no pudo comparecer al juicio, aunque no se especificaron las razones. El juzgado recurrió a la fecha alterna para la realización del juicio: del 8 al 26 de abril próximo. El Órgano Judicial había anunciado a finales de 2023, antes de que se produjera el inicio del juicio que había sido ya pospuesto con anterioridad, que el tribunal fijaba una nueva fecha de audiencia desde el 19 de febrero hasta el 8 de marzo, y la fecha alterna del 8 al 26 de abril. Son ya varios y prolongados los retrasos de este caso 'Panama Papers' por el que serán llevados a juicio, acusados de supuesto blanqueo de capitales, los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete. Este proceso por blanqueo de capitales arrancó a partir de las publicaciones de una investigación periodística internacional que filtró en 2016 detalles sobre transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma Mossack Fonseca y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, de acuerdo con un informe del Ministerio Público. Mediante esquemas societarios y financieros se ocultaron "activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, propiciando el blanqueo de miles de millones de dólares", según este informe. La investigación por este caso duró hasta septiembre de 2019, cuando en su vista fiscal el Ministerio Público solicitó al tribunal de la causa el llamamiento a juicio de 44 personas por blanqueo de capitales, y el sobreseimiento de once. La filtración de los Papeles de Panamá llenó 2.6 terabytes y más de 11.5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, afectando a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo y superó los 1.7 millones de archivos que el consultor tecnológico y exempleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Edward Snowden filtró en 2013. (Con información de EFE) Publio De Gracia, Director general de ingresos Archivo
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