75¢ Lunes 19defebrerode2024-Año43-Nº14568 El diario libre de Panamá www.prensa.com Servicio al cliente 222-1222 [email protected] El Estado recibirá un cascarón como accionista de Epasa Las propiedades de Editora Panamá América fueron rematadas en subasta en octubre pasado por la fiduciaria Global Financial Funds, de Global Bank. La encrucijada del ‘asilo’ de Martinelli ANÁLISIS Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] La decisión del expresi19 imputados por masiva titulación irregular de selva CORRUPCIÓN La Fiscalía de Darién adelanta tres investigaciones en las que ha formulado cargos a 19 personas por delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y tramitación ilegal de tierras en la provincia de Darién y en la que se vincula a exfuncionarios de la Autoridad Nacional de Tramitación de Tierras (Anati) y del Ministerio de Ambiente(MiAmbiente). En este caso la fiscalía también investiga a topógrafos y abogados que prestaron sus servicios para la tramitación de derechos posesorios irregulares y que permitieron la entrega de unas 13 mil hectáreas de bosques a terceras personas. VEA 2A Unas 13 mil hectáreas en Darién fueron traspasadas. Alexander Arosemena Millonaria licitación de la CSS, entre reclamos Hoy por hoy La irresponsable decisión del Tribunal Electoral (TE) de reprogramar los debates presidenciales a menos de 100 días de las elecciones generales menoscaba la integridad del actual periodo electoral. La abrupta cancelación del debate programado para el miércoles, justificada de manera poco convincente, exhibe la ausencia de coherencia y planificación en un momento crítico para la democracia panameña. Por un lado, el TE alega que la situación de asilado del expresidente, condenado por lavado de dinero y actualmente prófugo, es un hecho público y notorio para justificar la participación de su sustituto en el debate presidencial, y por el otro ignora que la Constitución Nacional prohíbe su participación en la contienda. La dualidad de sus acciones sobre lo público y notorio revela una incongruencia alarmante en el proceder del TE. La ley no admite duda: quien ha sido condenado por más de cinco años de prisión no puede ser candidato presidencial, estableciendo un criterio que debería ser aplicado sin más dilación ni vacilaciones. La incoherencia del TE al tomar acciones oportunas y basadas en la notoriedad en un aspecto y obviarla en otro, mina la confianza en el proceso electoral y denota una carencia preocupante de coherencia y seriedad en sus resoluciones. Vivir + Un bosque desenterrado en Barro Colorado 5B Economía Ingresos por turismo aún no superan cifras prepandemia 1B ADEMÁS Cámara de Comercio hace un llamado a los candidatos 2B Deportes José Caballero, juventud en la selección U15 de Panamá 4B Duras críticas a decisión del TE de alterar fechas de los debates Seis de las ocho campañas presidenciales criticaron la decisión del Tribunal Electoral (TE) de posponer los debates entre los candidatos alegando que se cambiaron las reglas del juego por atender la situación particular de un aspirante.VEA 2A Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Aunque el Estado pagó por la adquisición de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) no podrá recuperar ese dinero, debido a que la entonces tenedora de los bienes, Inmobiliaria TPA, dejó de pagar préstamos por $12 millones. Estos préstamos tenían como garantía los bienes de la casa editorial mediante un fideicomiso irrevocable de garantía a favor de Global Financial Funds Corp., perteneciente a Global Bank. Debido al incumplimiento de pago, las fincas fueron rematadas por $7.5 millones en octubre pasado. En el juicio del caso New Business, cuya cara más visible es el expresidente Ricardo Martinelli, se evidenció el entramado de corrupción y lavado de dinero que hubo detrás de la venta de Epasa a Inmobiliaria TPA, presidida por uno de los abogados de Martinelli. En esta transacción, se utilizaron irregularmente fondos públicos. Ahora, la nueva dueña de estas propiedades es Sadar Assets Holdings, que presentó la oferta más alta en una subasta organizada por Global Financial Funds, entidad que mantenía en su poder los activos de Epasa en calidad de garantía. En la sentencia de la jueza penal Baloisa Marquínez en este caso, se ordenó, entre otras cosas, el comiso a favor del Estado de las acciones de Epasa (el Ministerio Público logró recuperar el 40%), de su administración y de sus instalaciones. Sin embargo, una fuente relacionada con los trámites fiduciarios señaló que no debieron incluirse estos bienes que eran de Epasa porque fueron “t ra spasados” en calidad de garantía desde 2011 y ahora por el incumplimiento de pago, tienen un nuevo dueño. VEA 4A dente Ricardo Martinelli de asilarse en la sede de la embajada de Nicaragua en la ciudad de Panamá se ha constituido en un problema de la diplomacia internacional entre Panamá y el país centroamericano. La soluciones a este rompecabezas van desde la acción voluntaria del exmandatario de abandonar por su propios medios la sede diplomática hasta un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia, método que Nicaragua ha usado con anterioridad para otros desafíos diplomáticos. Salvo que Martinelli decida enfrentar a la justicia, las otras opciones pueden tomar años en llegar a un desenlace. VEA 6A HEMODIÁLISIS Los reclamos rodean la licitación de la Caja de Seguro Social (CSS) para el servicio de hemodiálisis y suministro de kits de hemodiálisis, así como el diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis, por $180.8 millones. El acto comenzó en septiembre de 2023, pero se han presentado varios reclamos debido a la falta de transparencia. El último reclamo fue admitido el pasado 9 de febrero. VEA 3A UI UNIDAD INVESTIGATIVA
2A LaPrensa Panamá, lunes 19 de febrero de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom El TE altera el rumbo de los debates y estremece las campañas La campaña oficialista de Gaby Carrizo dijo que se ha trastocado el calendario electoral en lo referente a los debates. Incluso, la agenda y la planificación de las distintas candidaturas. Eliana Morales Gil [email protected] El Tribunal Electoral (TE) suspendió el primer debate presidencial, actividad que estaba programada para el próximo miércoles 21 de febrero. Lo hizo en medio de la controversia generada por permitir la participación de un candidato a vicepresidente, lo que provocó un reclamo formal de una candidata y críticas de diversos sectores de la sociedad civil. En el Boletín Electoral 5 57 2 , publicado ayer domingo 18 de febrero, se incluye el Decreto 12 del 18 de febrero, donde el TE anuncia la reprogramación de los debates presidenciales y dice que las nuevas fechas serán acordadas con los anfitriones y productores de cada debate. El mismo documento señala que“a la fecha, un candidato a presidente de una de las nóminas ha sido condenado por un tribunal de justicia por delito doloso con pena de prisión de más de cinco años, y la sentencia está en proceso de quedar ejecutoriada y de cumplirse el trámite de inhabilitación ante la jurisdicción electora l ”. Además añade que para garantizar la participación de los candidatos que figurarán en la boleta electoral, se considera necesario reprogramar la fecha de los tres debates. La polémica La polémica se desató el 9 de febrero cuando el TE informó que José Raúl Mulino, candidato a vicepresidente de Ricardo Martinelli, participaría en el debate en lugar del exmandatario, quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Mulino reemplazaría a Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión y al pago de $19.2 millones por lavado de dinero en el caso New Business. Este hecho generó la queja formal de Maribel Gordón, candidata a la presidencia por la libre postulación. Gordón argumentó que permitir la participación de un candidato a vicepresidente contradecía la normativa electoral que establece la “exclusividad ”de los candidatos presidenciales en los debates. Sostuvo que, en caso de ausencia de un candidato presidencial, se debería dejar el espacio vacío. Gordón reaccionó ayer a la decisión de reprogramar los debates. Dijo que la “deci - sión del TE no debió ser la duspensión, sino mantener el debate conforme a la reglamentación existente, que ellos mismos plantearon”. Otros cinco candidatos se pronunciaron de manera similar. Ricardo Lombana Ricardo Lombana, candidato presidencial del Movimiento Otro Camino (MOCA), tildó la disposición del TE de “verguenza”.“A menos de 3 meses para las elecciones y varias semanas después de que la justicia se pronunció, el TE sigue alimentando la incertidumbre. Actúen y que participe quien corresponda en los debates, pero no suspendan este ejercicio democrático. Estamos listos para debatir con quién sea y cuándo sea”, escribió en su cuenta de X. Melitón Arrocha Melitón Arrocha, candidato de la libre postulación y del Partido Alternativo Independiente Social, dijo que el TE está cambiando “las reglas del juego”. “Me parece un duro golpe al proceso electoral y a la democracia el hecho de que hayan intentado acomodar una campaña bajo el pretexto de que hay un candidato que ha sido condenado no es otra cosa que cambiar las reglas del juego cuando el juego ya comenzó (...) Debemos todos estar en alerta porque esto no se puede permitir”. José Gabriel Gaby Carrizo También se pronunció la campaña de José Gabriel Gaby Carrizo, candidato presidencial de la alianza entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. Un comunicado firmado por Julio Spiegel, el jefe de campaña, da a conocer que Carrizo “ve con profunda preoc upación”los cambios al calendario electoral aprobado para los debates, pues “tras - toca de forma importante la agenda y planificación de las distintas candidaturas”. “Este improvisado cambio de fecha del primer debate trastoca los principios de justicia, equidad y transparencia de los procesos electorales, por lo que exigimos se cumpla con las fechas establecidas desde el 30 de mayo de 2022, se lee en el comunicado que también recuerda que en las reglas del juego comunicadas a las campañas se les enfatizó que de no asistir el candidato presidencial se quedaría el espacio vacío. Zulay Rodríguez Otra que se pronunció fue Zulay Rodríguez, quien busca llegar al palacio de Las Garzas, a través de la libre postulación. Dijo que le expresó su descontento por esta decisión a las autoridades del TE y que se debió respetar lo previamente acordado. “Si había un consenso previo y una fecha fijada entre las partes, se debería haber honrado ese acuerdo. Indistintamente de este contratiempo, estoy preparada y seguiré dándole a conocer a los panameños mis propuestas a través de las redes”, anotó en X. José Raúl Mulino Mientras que Mulino, del pacto entre RM y Alianza, manifestó en X: “Voy a ir a los debates, gústele a quien guste. Hicieron de todo para que Ricardo Martinelli no pudiera asistir. Eso es culillo. Ahora también ponen palos en la rueda para que yo no vaya, porque saben que somos del mismo equipo, que vamos a volver a prender la economía y llevar buco chen chen y felicidad al pueblo. Eso les aterra”. Rómulo Roux Rómulo Roux, candidato por Cambio Democrático y el Partido Panameñista, manifestó que los temas legales Sede del Tribunal Electoral, entidad encargada por ‘Constitución’ de garantizar la eficacia y honradez del sufragio. Archivo Topógrafos y abogados, en la lista de imputados por ventas de tierras en Darién INVESTIGACIÓN Juan Manuel Díaz [email protected] Al menos 19 personas están bajo investigación por su presunta participación en una red dedicada a la usurpación de unas 13 mil 500 hectáreas de tierras en la provincia del Darién. Se trata de exfuncionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), además de topógrafos y abogados. Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, este grupo facilitaba trámites para la obtención de títulos de propiedad, simulando ser peticionarios de derechos posesorios sobre parcelas de tierras del Estado y otras que estaban ocupadas por grupos indígenas. La investigación arrojó que, con la ayuda de los topógrafos, se levantaban planos de las parcelas para adjudicarlas a terceros. Incluso, algunas ya estaban en proceso de titulación por otras personas. La tramitación de los derechos posesorios de las parcelas se lograba con la ayuda de funcionarios de la Anati y MiAmbiente, mientras que los abogados impulsaban el trámite de adjudicación. Las tierras eran traspasadas a nombres de sociedades que luego las vendían a terceros para convertirlas en fincas ganaderas o para la extracción ilegal de madera. Los casos se han detectado en los distritos de Chepigana y Pinogana. Los detalles El primero de los casos se ubicó en la población de Amarradero en el corregimiento de Comogantí, Chepigana. En este sector se otorgaron derechos posesorios ilegales sobre 4 mil hectáreas de bosques. Aquí, la Fiscalía de Darién imputó cargos a 11 personas por la presunta comisión de los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y tramitación ilegal de tierras. La segunda investigación se adelantó en el sector de Aruza, en el corregimiento de Yape, distrito de Pinogana; causa en la que se han imputado a dos exfuncionarios y un particular por la supuesta comisión de los delitos de peculado, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tramitación ilegal de tier ra s . Mientras que la tercera investigación se realizó en el sector de Gigralito de Puerto Piña y Quebrada Venado, en el distrito de Chepigana, en el que se traspasaron ilegalmente unas 1,500 hectáreas de bosques. A cinco personas se le imputaron cargos por la supuesta comisión de los delitos de peculado, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y titulación ilegal de tierras. La fiscalía detalló que en todos estos casos se detectó movimiento de fondos procedentes del extranjero que entraron al sistema financiero nacional, dinero que fue usado para la adquisición de las tierras, las cuales luego fueron transferidas a terceros. se los dejan a las otras candidaturas y al Tribunal Electoral, pues su objetivo es estar enfocado en los problemas del país. Martín Torrijos Martín Torrijos, del Partido Popular, aseguró que está “lis to” para debatir y para plantear las soluciones a los problemas “más sentidos” de los panameños. “En el momento que sea, con quienes participen o no, ya es un tema del Tribunal Electoral y las leyes. La dinámica Para el primer debate, cuya producción está a cargo de TVN, se diseñaron cinco rondas de preguntas con los siguientes temas: inseguridad ciudadana, desarrollo sostenible, Caja de Seguro Social, educación con calidad y desempleo. Martinelli y New Business Ricardo Martinelli, fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones por lavado de dinero en el caso New Business. El pasado 2 de febrero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia informó que no admitió un recurso de casación contra la condena. La Constitución Política de la República de Panamá establece en su artículo 180 que “no podrá ser elegido presidente ni vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”. Esa condena causa la nulidad absoluta, por una inhabilitación constitucional, de la candidatura de Martinelli para las elecciones generales del domingo 5 de mayo de este año. El Tribunal Electoral informó el pasado viernes 16 de febrero que de momento, en la Secretaría General, no se había recibido por parte del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá una sentencia ejecutoriada proferida contra Ricardo Martinelli. También comunicó que en el momento en que dicha sentencia ingrese a este Tribunal, se tomarán las acciones pertinentes. La sentencia debe quedar ejecutoriada el próximo este lunes 19 de febrero, según fuentes del Órgano Judicial. Más reacciones Por su lado, Enrique De Obarrio, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), manifestó que el Tribunal Electoral nunca debió dictaminar que el candidato a la vicepresidencia del partido RM, podía participar en los debates presidenciales. “Sin haber determinado la inhabilitación definitiva del candidato a presidente por el partido RM, debieron seguir con la programación de los debates y mantener la silla del candidato del partido RM vacía. El Tribunal Electoral se equivocó en lo primero, y se equivoca ahora con la decisión de reprogramar las fechas de los debates presidenciales. Es insólito, y altamente cuestionable, que la máxima corporación electoral trastoque el proceso y todo lo acordado con los candidatos presidenciales, por la situación de uno de los candidatos ”, sustentó. Mientras que el abogado Eduardo Quirós, también piensa que haber autorizado a un candidato a vicepresidente a participar en el debate presidencial “fue un error ”. “Cambiar las fechas por los problemas con la justicia de un candidato es una burla”, añadió. 2024
3A LaPrensa Panamá, lunes 19 de febrero de 2024 Panorama El historial de una licitación de $180.8 millones La licitación de los servicios de hemodiálisis ha sufrido varios reclamos y observaciones al pliego de cargos. El último, presentado el 7 de febrero, fue admitido por la Dirección de Contrataciones Públicas dos días después. HEMODIÁLISIS Aleida Samaniego C. [email protected] La licitación convocada por la Caja de Seguro Social (CSS) para “el servicio de hemodiálisis y suministro de kits de hemodiálisis, así como el diseño, construcción y habilitación de unidades de hemodiálisis, según especificaciones técnicas”, cuyo precio de referencia es de $180.8 millones, no logra consolidarse a ocho meses de que finalice la administración de Enrique Lau Cortés en septiembre. Las observaciones y reclamos al pliego de cargos han marcado el proceso de licitación que comenzó en septiembre de 2023, cuando se publicaron las condiciones en el portal de Panamá Compra. Las principales críticas de las empresas ofertantes se centran en la falta de transparencia y eficiencia en el manejo del proceso. El último reclamo fue presentado el pasado 7 de febrero por la empresa Healthcare Products Centroamérica, S.A., donde plantean que, debido al precio de referencia, es obligatorio que la empresa licitante publique el estudio de mercado o técnico que sirvió como base para confeccionar el pliego de cargos. Sin embargo, no existe registro en el portal de Panamá Compra de los “es - tudios de mercadeo”. Esto sigue la línea de la solicitud realizada por diversos proponentes que participaron en la reunión previa y de homologación, quienes pidieron un aumento en el precio de referencia, argumentando que este no estaba acorde a la realidad del mercado actual o que se desglosaran los montos de los diferentes renglones para Datos de la CSS revelan que se ha incrementado el número de pacientes renales. Archivo comprender los criterios o estudios previos realizados por la entidad para fijar el precio de referencia del presente acto público. De hecho, en la reunión de homologación, varios representantes de la empresa coincidieron en que se debe aumentar el precio de referencia en un 20%. Sin embargo, la CSS respondió que se mantendrá el precio de referencia. La empresa también está solicitando que se publique en el sistema electrónico de Contrataciones Públicas la debida certificación presupuestaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La solicitud se sustenta en que se requiere un documento que asegure la disponibilidad continua de fondos para la ejecución del proyecto este año, dado que es de conocimiento público la contención del gasto y recorte del presupuesto del Estado. Este último reclamo fue admitido el 9 de febrero por la Dirección General de Contratación Pública, lo que llevó a suspender nuevamente el acto público. En la reunión previa y de homologación, 13 empresas mostraron interés en el acto público: Promoción Médica, S.A. (Promed), Rigaservices, S.A., CMG (Construction Management Group, S.A.), Grupo DaVita, Health Care Products Centroamérica, Multitek, Singularity Tech Farma, Hospimed, S.A., Comange, Cable & Wireless Panamá, Panamá Holding Multiservices, Constructora Rigaservices, S.A., y Baxter de Panamá. La primera cancelación La primera licitación fue cancelada por la administración de Enrique Lau Cortés, ya que solo presentó propuesta el Consorcio Renal —integrado por DaVita, Sintec y Constructora Nova —, la cual ofertó $168.8 millones el pasado 22 de marzo. Mientras que Promed, la otra empresa interesada en el acto público, no pudo participar porque no aportó debidamente la carta de garantía que acreditaba su experiencia en la prestación de este servicio. La cancelación se decidió luego de una reunión el pasado 2 de mayo con abogados externos y miembros del Comité de Ética Ad Honorem de la CSS. Otro aspecto que tomó en cuenta la CSS es que las distintas asociaciones de pacientes de hemodiálisis solicitaron la cancelación del acto, por estar en desacuerdo con el equipo que sería adquirido. Este planteamiento fue expresado en una nota enviada por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien solicitó tener en cuenta los argumentos de los pacientes para garantizar el derecho a la salud y a la vida. Pacientes, los más afect ados El retraso que se ha presentado en el proceso de licitación para la construcción de nuevas salas de hemodiálisis y la creciente demanda de pacientes que requieren este tratamiento están ejerciendo presión en las actuales salas de la entidad. Datos estadísticos proporcionados por la CSS revelan que se ha incrementado el número de pacientes renales nuevos que ingresan a la sala de hemodiálisis del Complejo Hospitalario. El número usual de pacientes nuevos oscilaba entre 2 y 3 pacientes máximos por semana; sin embargo,enmesesrecientes se observó un aumento. El tratamiento de cada paciente, tres veces por semana, tiene un valor de $30 mil al año para la CSS. Así lo indica un informe de la CSS, que especifica que invierte $25 millones al año en insumos para la atención de los pacientes que se atienden en las salas de hemodiálisis en el país. El monto aumenta a $80 millones anuales, al sumar el gasto que genera el recurso humano y los medicamentos que son recetados. Al menos 200 profesionales de la salud laboran en las diferentes unidades de hemodiálisis.
4A LaPrensa Panamá, lunes 19 de febrero de 2024 Panorama Epasa pierde terreno y edificio por incumplimiento de deuda Inmobiliaria TPA solicitó un préstamo de $10 millones a Global Bank, garantizado por las dos fincas, a través de la figura del fideicomiso irrevocable de garantía el cual dejó de pagar. Ereida Prieto-Barreiro [email protected] Luego de que la sociedad Inmobiliaria TPA, S.A. –a nombre de la que estaban las dos fincas que albergan parte parte de las instalaciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa)– dejó de pagar préstamos por $12 millones contraídos con Global Bank, la empresa Global Financial Funds Corp. –una subsidiaria del banco– remató –por $7.5 millones– ambos inmuebles, dados en garantías mediante un fideicomiso irrevocable de garantía. La venta de los inmuebles se dio en subasta pública, en las oficinas de la fiduciaria Global Financial Funds Corp. El traspaso se hizo a favor de la sociedad Sadar Assets Holdings Inc., en octubre de 2023. En sentencia mixta de julio pasado en el caso New Business, la juez penal Baloisa Marquínez, ordenó la disolución de las sociedades TPHC, Inc., así como de Inmobiliaria TPA, S.A., y el comiso a favor del Estado de las acciones de Epasa, de su administración y de sus instalaciones. Esta sentencia fue ratificada en octubre pasado por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Pero el proceso se dilató, ya que la defensa del principal acusado del caso New Business, el expresidente Ricardo Martinelli, presentó, al menos, 17 recursos ante la Corte Suprema –todos negados o no admitidos, además de un recurso de casación–con los que pretendía anular la sentencia que lo condenó a 128 meses de cárcel y al pago de $19.2 millones por blanqueo de capitales, fondos con los que adquirió las acciones de Epasa en diciembre de 2010, cuando gobernaba el país. Conocedores del ramo de fideicomisos explicaron aLa Prensa que cuando se entregaron los bienes muebles e inmuebles de Epasa como garantía fiduciaria por los dos préstamos que totalizaban $12 millones, estas fincas dejaron de ser del grupo editorial. “Los bienes de Epasa no debieron entrar en la sentencia [de la jueza Marquínez] porque estaban dentro de un fideicomiso. Esos bienes ya habían sido traspasados a la fiduciaria desde 2011, precisó una de las fuentes. La puja por Epasa En la escritura pública de la subasta de Global Financial Funds Corp. se menciona que en reunión extraordinaria de la junta directiva de Sadar Assets se determinó autorizando a la sociedad a participar del remate público. Esta sociedad compitió en la subasta por los bienes entregados en fideicomiso con la sociedad Propiedades Locales, S.A., inscrita en el Registro Público en marzo de 1 9 9 7. Juicio y notificaciones Aunque Sadar Assets, forma parte del mismo grupo económico de Global Bank, una fuente conocedora en fideicomisos de garantías, indicó que es un“trámite normal” que empresas vinculadas al mismo grupo económico del banco participen en las subastas de bienes que están en fideicomiso. “Desde un inicio, cuando entregaron el dinero en préstamo a Inmobiliaria TPA, Global Bank colocó a su propia fiduciaria Global Financial. Este es un trámite más costoso, pero rápido al momento del reclamo de los bienes”, en caso de incumplimientos. “Aquí lo que pudo pasar es que el Global Bank informó a su fiduciaria Global FinancialqueInmobiliariaTPAno había cumplido con el pago y esta notificó a la deudora que tenía que cumplir en el término establecido en el contrato de préstamo, de lo contrario, se iría a remate como evidentemente sucedió”, explicó la fuente. Y así fue. El 10 de mayo de 2023, días antes del juicio del caso New Business (que empezó el 23 de mayo de ese año), Global Bank comunicó a su fiduciaria sobre el incumplimiento de Inmobiliaria TPA. El 12 de mayo, la fiduciaria comunicó a la deudora que mantenía un saldo de más de $10.3 millones y un sobregiro de $84 mil en la cuenta corriente. Las notificaciones de Global Financial a Inmobiliaria TPA fueron enviadas una el mismo día del juicio –el 23 de mayo–a las instalaciones de Epasa en la vía Ricardo J. Alfaro y otra al día siguiente, a una oficina que también registró la deudora en el PH Green Plaza, en Costa del Este. En la cláusula octava del contrato de fideicomiso de garantía, se indica que “el fideicomitente y deudor tiene un período de 60 días, a partir de la notificación, para subsanar el incumplimiento”. Ese período venció el 22 de julio, es decir, cinco días después de la sentencia condenatoria del 17 de julio pasado, aunque esta no estaba en firme. El remate En efecto, Global Financial Funds Corp. argumentó la venta de la propiedad a Sadar Assets Holdings Inc. al indicar que Inmobiliaria TPA “incumplió el contrato” en sus términos y condiciones sobre las facilidades crediticias, por lo que procedió a ejecutar el cobro, a través de la venta por subasta. Los inmuebles fueron rematados al cumplirse la tercera convocatoria, describe la escritura pública de venta. El precio de subasta empezó en $6.4 millones. Luego, en el proceso de puja y repuja entre las sociedades Propiedades Locales, S.A. y Sadar Assets Holdings Inc., aumentó el monto a $7.5 millones. Se menciona en la escritura de la subasta que Sadar Assets consignó, al menos, $636 mil, siendo un 10% de la base de la subasta. Global Financial Funds Corp. pidió $5.5 millones por la finca donde está el edificio de Epasa, desglosados así: $3.5 millones por el terreno y $2 millones por las mejoras. Por el otro terreno, al no contar con mejoras, solicitó $2 millones. Ambos terrenos fueron traspasados a favor de Sadar Assets, terminando así el contrato de fideicomiso pactado con Inmobiliaria TPA en 2011. Historia de la deuda El 23 de junio de 2011, el Banco General canceló –t ra s saldarse la deuda– las obligaciones y gravámenes constituidos a su favor sobre las dos fincas de Epasa, por la suma de $12.5 millones (hipoteca y línea de crédito que la editora adquirió en 2007). Ese mismo día, Epasa“ven - dió”las fincas a Inmobiliaria TPA, S.A., sociedad que está actualmente presidida por Luis Eduardo Camacho, uno de los abogados de Martinelli. En el documento del Registro Público se menciona que días antes, el 16 de junio de 2011, en reunión extraordinaria de Inmobiliaria TPA, se aprobó la“compra ” de ambas fincas por tan solo $2.6 millones (ver facsímil). La decisión fue adoptada en asamblea general de accionistas de Epasa, de la cual tal como se comprobó en el juicio, Martinelli era el accionista mayoritario. En esa transacción de “compra-venta ” participaron el abogado Ricardo Chanis, en calidad de presidente de la junta directiva de Epasa, y Henri Mizrachi, como secretario. Chanis fue contratado para tramitar la compra de Epasa y fue el arquitecto de la nueva estructura societaria de la casa editorial, la cual, según declaró en febrero de 2020 al Ministerio Público, se trató de ocultar a los nuevos dueños de Epasa tras varias capas de sociedades anónimas. Chanis agregó que la otra sociedad –TPAHC, Inc.–e ra la tenedora de todas las accionesdeGrupoEpasa,yque Inmobiliaria TPA resguardaba las dos fincas de la casa editorial. Este abogado renunció a sus cargos de presidente y agente residente de Inmobiliaria TPA en noviembre de 2019, al mismo tiempo que lo hizo de los cargos de secretario, tesorero y director de la sociedad TPAHC, Inc. Tras la inadmisión del recurso de casación de Martinelli el pasado 2 de febrero, –que confirma la sentencia en su contra–el Estado –que mantiene el 40% de las acciones de la empresa–a h o ra podrá reclamar el 100% de las acciones. Los préstamos En julio de 2011, un mes después de que Epasa “ven - dió”las dos fincas a Inmobiliaria TPA, la nueva tenedora solicitó un préstamo de $10 millones a Global Bank, garantizado por las dos fincas, a través de la figura del fideicomiso irrevocable de garantía. En esta transacción, Global Bank era beneficiario del fideicomiso; Global Financial Funds Corp., el fiduciario, e Inmobiliaria TPA, el fideicomitente. Este préstamo tuvo un plazo de cinco años prorrogables y un periodo adicional por el mismo tiempo. Sobre esta operación, Chanis dijo a los fiscales que Global Bank pidió que se utilizara una sociedad –Inmo - biliaria TPA–para tramitar el préstamo. Agregó que Mizrachi le indicó que los $10 millones solicitados en crédito a Global Bank debían ser devueltos a Martinelli, ya que los había prestado en calidadde “accionista” a fin de saldar el préstamo del Banco G eneral. Tras pagar aquel empréstito, Banco General liberó las acciones de Epasa que tenía en su poder en calidad de garantía prendaria del préstamo de $12 millones, con lo cual se pudo perfeccionar la compra de Epasa. En noviembre de 2012, inmobiliaria TPA solicitó $2 millones más a Global Bank, conviniendo el aumento del fideicomiso de garantía sobre las fincas mencionadas. Se pactó que el préstamo se cancelaría en un periodo de cinco años prorrogables. En julio de 2016, se reportó una modificación en los pagos de los contratos de préstamo y fideicomiso, en los que Greisy Rodríguez firmó como representante de TPA. En el juicio de New Business, Rodríguez afirmó que “en algún momento firmó como directora nominat i va ” de Epasa, a través de la firma Chanis Asociados, pero aseguró que “nunca participó en las reuniones”de accionistas, que solo le llevaban los documentos para firmarlos. Simultáneamente, se inscribió una declaración de mejoras sobre una de las fincas de $1.3 millones por“un edificio de planta baja destinado para talleres, depósitos y estacionamientos”, un entrepiso para “oficina de adiestramiento”y una galera de $327 mil. Las mejoras, resalta el documento, incrementarían el valor del terreno a $2.5 millones y del inmueble a $2.3 millones. El Estado recuperó el 40% de las acciones de Epasa. El resto se transferirá una vez quede en firme la sentencia de la jueza Baloisa Marquínez en el caso New Business. Sin embargo, estas acciones no tendrían ningún valor. Agustín Herrera UI UNIDAD INVESTIGATIVA Detalles de la subasta. Global Financial Funds Corp. remató dos fincas –por $7.5 millones–que estaban a nombre de Inmobiliaria TPA, S.A. Agustín Herrera
5A LaPrensa Panamá, lunes 19 de febrero de 2024
6A LaPrensa Panamá, lunes 19 de febrero de 2024 Tal Cual Redacción de La Prensa [email protected] CUENTO CHILENO.En medio del enrevesado tejido de intrigas y chismes, parece que algunos empeñados en hilar enredos ficticios han decidido poner a prueba la paciencia del público. La historia de que en este medio se pretende beneficiar a uno u otro candidato suena más a una fábula inventada que a una noticia veraz. ¿Qué sigue? ¿Cazadores de unicornios en la redacción? Ciertamente, las publicaciones de La Prensa tienen un impacto que despierta reacciones desesperadas. Al mejor estilo de Shakira “claramente esto no es como suena”y por lo que parece Víctor, el chileno está perdido. TAL PARA CUAL. Es innegable cómo cambian las cosas. En 2015, antes de irse en aquel famoso “periplo para limpiar su nombre”, el ahora expresidente condenado por lavado de dinero, otorgó Poder General a su esposa. Nueve años después, en 2024, hizo lo mismo pero en esta ocasión a una de sus abogadas que, de paso, también es exconvicta. Verdaderamente que cuando dos lobos aúllan la misma melodía, es porque comparten el mismo cubil. PÚBLICO Y NOTORIO. Al Tribunal Electoral, en lugar de retractarse de su absurda decisión de que el vice de la locura participara del primer debate presidencial, les dio por cancelarlo. En otras palabras, no solo los candidatos presidenciales sino que todo el electorado tendrá que esperar a que ellos decidan inhabilitar al lavador, que además está prófugo, para que haya debate. Mientras el 5 de mayo se acerca y el tiempo pasa... tic tac, tic toc. FRESCURA. El Casco Viejo tiene una nueva celebración: el aniversario del SPI. Como si no fueran suficienhistoria de que en este me unicornios en la redac ción? Ciertamente, las pu tes los festejos patrios, las procesiones, las constantes manifestaciones y ahora los carnavales, el sábado desde las 6:00 de la mañana, la cohetera despertó a los vecinos pues los uniformados celebraban desde las 5:00 de la mañana. ¡Y que se lo aguanten, dijeron los uniformados, pues la prohibición a la pirotecnia a ellos no les aplica! Y por lo visto tampoco les importa el bienestar de los ciudadanos. Panorama ¿Cuáles son los escenarios para el fin del asilo de Ricardo Martinelli? Existen tres grandes escenarios por los cuales es posible que resulte un desenlace de la actual situación. Es tos escenarios corresponden a lo que permite el ordenamiento jurídico panameño y las normas diplomáticas entre los países. ANÁLISIS Rodrigo Noriega Especial para La Prensa [email protected] La decisión del expresidente Martinelli de buscar asilo político en el gobierno de la República de Nicaragua ha puesto, por el momento, fuera del alcance de la justicia panameña al expresidente condenado a 128 meses de prisión por su rol en el caso de blanqueo de capitales denominado New Business. Dado que la República de Panamá negó el salvoconducto que hubiese permitido concretar la intención de evadirse de la jurisdicción panameña, es necesario entender el mapa de opciones que existe para resolver esta situación dentro de los canales del Derecho Internacional Público y la Constitución Política de la República de Panamá. En la práctica, en las relaciones pacíficas entre los Estados, existen tres grandes escenarios por los cuales es posible que resulte un desenlace de la actual situación domiciliada en la sede de la embajada de Nicaragua en la capital panameña. Estos escenarios corresponden a lo que reconoce y permite el ordenamiento jurídico panameño y las normas de las relaciones diplomáticas entre los países. La solución voluntaria En este escenario, el propio asilado decide de forma voluntaria aceptar su realidad jurídica y presentarse ante las autoridades panameñas. Esto podría darse a raíz de la fatiga natural producto del efecto "casa por cárcel" del asilo diplomático en la vivienda en el barrio de La Alameda, que pertenece a la embajada de Nicaragua. Esta decisión voluntaria podría resultar de acciones administrativas del propio Estado panameño contra bienes del asilado en razón de la condena del caso New Business o incluso como respuesta a algún anuncio o manifestación de interés de un nuevo enjuiciamiento por un posible delito en un país distinto a los involucrados en el tira y jala del asilo. Es conocido que tanto España como Estados Unidos llevan adelante casos judiciales por importantes actos de corrupción cometidos en Panamá durante la administración del exmandatario. El mecanismo de la entrega voluntaria funcionaría probablemente a través de una comunicación de su equipo de defensa legal o por medio de un contacto diplomático entre la embajada de Nicaragua y el gobierno de Panamá, por el cual se establecerían los parámetros para la salida voluntaria del asilado, sin mayores consecuencias para las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. La salida unilateral Una ruta de salida al estancamiento del asilo político del expresidente Martinelli podría ser una medida unilateral de Nicaragua o de Panamá. Una posibilidad es que, luego de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 en Panamá, el ganador o ganadora del torneo presidencial reitere su voluntad de negar el salvoconducto al asilado, y ante la perspectiva de pasar los 5 años del próximo periodo de gobierno con una fuerte fricción con el Estado panameño, el gobierno de Nicaragua decida "invitar" al asilado a abandonar la embajada, revocando la nota diplomática con la que notificó su asilo. Incluso, si hubiese un cambio súbito de gobierno en Nicaragua, también sería factible esa revocatoria del asilo. Existe un escenario espejo, por el cual las elecciones del 5 de mayo producirían un resultado tal que el nuevo gobierno de Panamá, que tomaría posesión el próximo 1 de julio, decidiera conceder el salvoconducto para que el expresidente abandone el territorio panameño, ya sea que Panamá interponga un proceso de extradición posterior o que otro país lo reclame con su propia extradición. La ausencia territorial de la jurisdicción panameña no generaría impunidad automáticamente. Esto se vivió con la extradición del expresidente Martinelli de los Estados Unidos en 2018. Los mismos argumentos de persecución política y de justicia parcializada fueron invocados entonces sin resultado positivo para el actual asilado. El camino de la negociación asistida En el marco de las relaciones pacíficas entre Nicaragua y Panamá, es viable concebir un escenario en el que los dos países, quizás con alguna ayuda de algún tercer país, puedan llegar a una solución. Existen candidatos para ese rol de tercer país, por sus buenas relaciones y mucha influencia sobre Nicaragua, como pudieran ser Brasil, China o Cuba. Este tercero, amigable componedor, reuniría a diplomáticos de alto nivel de ambos países acompañados de un robusto equipo de especialistas jurídicos, quienes expondrían con lujo de detalle el fundamento de cada parte. Así, el tercer país podría “conver - sar ”en privado con cada parte, escucharía sus argumentos y trataría de acercarla al punto de vista del otro país. El riesgo de este tipo de solución es que los terceros países puedan tener sus propios intereses que les incentiven a favorecer más a Nicaragua que a Panamá. La ruta de la justicia internacional Dentro de este esquema jurídico diplomático, existe Daniel Ortega y Ricardo Martinelli. Archivo una vía institucionalizada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961. Esta Convención ha sido ratificada por Nicaragua y Panamá. El mecanismo de solución de controversias que establece esta Convención está contenido en el Protocolo Facultativo sobre la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias, que es un anexo de esta Convención de Viena. El Protocolo establece cuatro vías para solucionar el diferendo entre dos países miembros. La primera vía de solución es la negociación bilateral entre los dos Estados en conflicto. Al anunciarse la intención de uno de estos Estados de llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, Holanda, le corresponde a los países que son parte de la controversia negociar bilateralmente por dos meses. Si estas negociaciones no funcionan, entonces pueden iniciar el proceso ante esta Corte Internacional. La segunda vía sería buscar un tribunal de arbitraje, acordado mutuamente por las partes para que resuelva el tema. Si en este caso, del asilo del expresidente Martinelli, Nicaragua y Panamá se pudieran poner de acuerdo en algo tan complicado como un tribunal de arbitraje, no sería necesario usar esta vía, porque sería más fácil ponerse de acuerdo sobre el asilo mismo. La tercera vía es una variación de la segunda, y en vez de un tribunal de arbitraje se establece la posibilidad de usar una comisión de conciliación. De esta forma, los dos países se someterían a este proceso de conciliación, por el que deben esperar dos meses para iniciarla, luego tendrían 5 meses para realizarla, y finalmente, si no están de acuerdo con las recomendaciones de esta comisión de conciliación, tendrían dos meses adicionales para acudir a la CIJ. La cuarta vía es obviamente esperar los dos meses que exige el protocolo e iniciar el litigio ante la CIJ. A Nicaragua le gusta mucho acudir a la CIJ, porque le ha ido bien en algunas de sus disputas más relevantes con países como los Estados Unidos y Colombia. Un proceso ante la CIJ no es fácil ni barato. Panamá seguramente alegaría que las convenciones sobre asilo político prohíben otorgarlo por la comisión de delitos comunes. A su vez, Nicaragua señalaría que al país que le compete calificar el asilo es al Estado que lo concede. Panamá contraatacaría afirmando que el asilo del expresidente viola una serie de otras convenciones internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción y otras similares. Seguramente, terceros países interesados en la lucha contra la corrupción también intervendrían en el caso, la mayoría a favor de Panamá. La CIJ tardaría años para decidir el tema, y mientras tanto, el asilado continuaría dentro de la embajada de Nicaragua. Si la CIJ decide a favor de Panamá, Nicaragua podría interponer un recurso para dilatar la decisión que seguramente sería la misma, y al final tendría que entregar al asilado. Cabe la posibilidad de que Nicaragua ganara el caso y Panamá tendría que interponer su propio recurso y atenerse a las consecuencias de un fallo perjudicial de la CIJ. En casi todos estos escenarios, la solución al asilo estancado tomará tiempo, meses que se transformarán en años. El asilo no causa la prescripción de la pena, siempre y cuando haya pedido de extradición, por lo que, a pesar de que el exmandatario salga del país, la pena de 128 meses de prisión estará vigente. Los ciudadanos panameños recordarán a todas aquellas instituciones, que como el Tribunal Electoral, actuaron con falta de diligencia y mucho desinterés a lo largo de este caso. Si en el año 2022 los magistrados Tribunal Electoral, Alfredo Juncá y Heriberto Araúz, no se hubieran salido con aquello de que el expresidente Martinelli estaba amparado por el principio de especialidad, todo el calendario del caso New Business se habría adelantado unos 7 meses. La situación que hoy enfrenta la justicia panameña con este asilo es un problema de todos. A quien le robaron el dinero con el cual se compró EPASA fue al pueblo panameño, no al pueblo nicaragüense. Panamá tiene que luchar hasta agotar todas las instancias nacionales e internacionales para que se haga justicia.
7A LaPrensa Panamá, lunes 19 de febrero de 2024
8A LaPrensa Panamá, lunes 19 de febrero de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción, sin la autorización escrita de su titular. ISSN 2953-3252: La Prensa ISSN L 1605-069X: prensa.com Los dilemas de las relaciones entre religión y política: las lecciones de Costa Rica Libertad de culto Claire Nevache [email protected] En los primeros días de campaña, y desde antes de su inicio, hemos visto a candidatos apersonarse a los púlpitos de las iglesias y a otros eventos religiosos en busca de bendición y votos. Esta elección cuenta además con una particularidad que no se veía en Panamá desde hacía 30 años: la participación de un partido confesional postulando pastores a cargos de elección popular. Seguramente estas interacciones entre religión y política se fortalecerán durante las próximas semanas, con candidatos usando “gracias a Dios”en cada frase y con líderes religiosos que respaldan candidaturas de forma más o menos abierta. Si bien estas interacciones se repiten en todas las elecciones latinoamericanas, no dejan de plantear retos y tensiones entre distintos principios: la libertad de culto y de expresión, el derecho a una representación política para los distintos sectores religiosos del país, y por otro lado, el Estado laico y la restricción que la Constitución impone a ministros de cultos para el ejercicio de cargos públicos o a la formación de partidos basados en la religión. Estas tensiones se repiten a lo largo del continente latinoamericano. Asumiendo que los valores religiosos hacen parte del sustrato cultural del electorado y que es normal que estos valores se reflejen en la vida política de los países, los riesgos de manipulación de la religión y de injerencia excesiva de los actores religiosos en la vida civil son reales. De forma paradójica, el Estado que ha encontrado la fórmula más interesante para lidiar con el tema es Costa Rica, el único Estado confesional de la región. Quizás precisamente porque al reconocer la existencia de la religión y de las instituciones religiosas, la legislación y las instituciones costarricenses han tomado este aspecto en cuenta y han hecho cumplir la regulación. La Constitución costarricense consagra la libertad de expresión, pero al igual que toda libertad, la enmarca dentro de unos límites necesarios para la convivencia. En este caso, prohíbe que la propaganda política evoque motivos religiosos o se valga de creencias religiosas. Esta prohibición constitucional es válida tanto para clérigos como para seglares. El Código Electoralcosta - rricense precisa que esta prohibición aplica tanto para incitar a adherirse como para separarse de una candidatura, y establece las multas correspondientes a esta infracción. Fue en 2010 cuando el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) se pronunció por primera vez sobre este tema, cuando ordenó al obispo de la Diócesis de Cartago abstenerse de hacer llamados a no votar por candidaturas que a su juicio no compartían los valores de la fe cristiana, y a pagar la correspondiente multa. En 2013 el Tribunal reiteró esta decisión al prohibir al partido evangélico Renovación Costarricense utilizar un pez como símbolo de su partido, por tratarse de un símbolo cristiano. En 2014, la Alianza Evangélica Costarricense fue condenada luego de publicar un anuncio pagado que incitaba a la comunidad cristiana a emitir su voto sobre la base de sus creencias y a no votar por determinados partidos, y en 2018 la Conferencia Episcopal y la Federación Evangélica fueron condenadas por un comunicado conjunto. Lo más interesante, más allá de la norma y de su aplicación, es la justificación que hace el TSE sobre sus fallos. En resumen, éste privilegia sobre cualquier otro principio la libertad de sufragio y la libre determinación del elector. En un país donde la inmensa mayoría del electorado es creyente, esta libertad de sufragio debe poder ejercerse sin influencias o coerciones desde una posición de poder o por medio de un mensaje religioso. ¿Qué consecuencias ha tenido lo descrito sobre la política costarricense? Lo primero es que no ha inhibido en absoluto la posibilidad de los sectores religiosos de incorporarse exitosamente a la política: el salmista Fabricio Alvarado consiguió la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de la elección de 2018 y llegó tercero en la elección presidencial de 2022. Es probable de hecho, que esta prohibición haya contribuido a mejorar y profesionalizar esta oferta electoral: en 2022, Fabricio Alvarado ya no era el candidato religioso con un discurso monotemático, sino un candidato con un programa y un discurso mucho más completo y elaborado. Vale la pena subrayar que la politóloga Bibiana Ortega ha demostrado que ésta es la condición para que los partidos evangélicos puedan ser viables. Por otro lado, las condenas del TSE han tenido como consecuencia una injerencia mucho menor de los actores religiosos en la última contienda electoral. A lo largo de entrevistas de investigación llevadas a cabo en este país, pude constatar la importancia que habían tenido estas multas en la retirada de dichos actores, no tanto en función del monto de las sanciones, sino producto de la cultura cívica costarricense. Los aprendizajes de la experiencia del país vecino garantizando la libertad de sufragio y el pluralismo en la competencia son valiosos para reflexionar sobre los principios en los que descansa nuestra propia democracia, para una futura reforma del código electoral, y eventualmente como guía de acción para nuestras propias instituciones electorales. La Constitución costarricense consagra la libertad de expresión, pero al igual que toda libertad, la enmarca dentro de unos límites necesarios para la convivencia. LA AUTORA es investigadora asociada de Cieps Panamá y Japón: 120 años de relaciones fructíferas Diplomacia Ritter Díaz [email protected] El 10 de enero pasado, mi esposa y yo tuvimos el honor de asistir a la conmemoración de los 120 años de relaciones diplomáticas entre Panamá y Japón, invitados por la Embajada de Panamá en Tokio. Este evento destacado contó con la presencia de personalidades relevantes de los ámbitos económico, social y cultural de Japón, así como autoridades y miembros del Cuerpo Diplomático. Ante esta ocasión significativa, es pertinente repasar algunos hechos clave que han marcado las relaciones entre ambos países. Japón estableció relaciones diplomáticas con Panamá el 7 de enero de 1904, siendo el primer país asiático en reconocer la independencia de Panamá de Colombia. Panamá fue el sexto país latinoamericano en establecer relaciones con Japón, después de Perú, México, Brasil, Chile y Argentina. El primer contacto registrado entre Japón y Panamá data de 1860, cuando una delegación japonesa viajó a Washington para ratificar el Tratado de Amistad y Comercio con Estados Unidos. Durante su viaje, la delegación hizo una parada en Panamá, y abordaron el ferrocarril interoceánico, el cual los impresionó por el ruido que ocasionaba comparado con los barcos de vapor. Doce años después, en 1872, Japón inauguró su primera línea de trenes, estableciendo una extensa red de trenes regulares y de alta velocidad en todo su territorio. El segundo encuentro relevante entre Panamá y Japón ocurrió en 1904 con el establecimiento formal de relaciones diplomáticas, coincidiendo con la llegada del ingeniero japonés Akira Aoyama, quien desempeñó un papel importante en la construcción del Canal de Panamá. Aoyama trabajó en diversas funciones, destacándose como diseñador y constructor del muro de aproximación en las Esclusas de Gatún. Tras su regreso a Japón en 1911, Aoyama contribuyó en proyectos para prevenir inundaciones, aprovechando su experiencia en el Canal de Panamá. Supervisó la construcción del Canal de Desagüe del río Arakawa, resolviendo problemas de inundaciones en Tokio. Esta relación histórica se reflejó en el año 2000 con un acuerdo de cooperación y hermandad entre el Museo de Agua de Arakawa y el Museo del Canal Interoceánico de Panamá. En la década de 1970, destacadas empresas japonesas como Panasonic, Sony, Mitsubishi y otras llegaron a Panamá para operar en América Latina y el Caribe. En 1980, la visita del presidente panameño Arístides Royo marcó un hito al convertirse en la primera visita de un presidente panameño a Japón, fortaleciendo la relación. Japón se convirtió en el mayor usuario del registro naviero panameño y uno de los principales usuarios del Canal, siendo el país que más aportó al financiamiento de la ampliación del Canal. Cabe señalar que las locomotoras (mulas) que mueven los barcos en las esclusas Panamax son de fabricación japonesa y han contribuido eficientemente a la operación del Canal desde el año 2000. Con anterioridad a la visita del presidente Royo, y dada la importancia marítima de ambos países, Panamá e Imabari establecieron un acuerdo de hermandad en 1977. Imabari, ubicada en la isla de Shikoku al sur de Tokio, alberga dos de los principales astilleros de Japón y una oficina técnica de la Autoridad Marítima de Panamá para servir a las empresas navieras de la región. Otro hito en las relaciones entre Panamá y Japón fue la apertura de la oficina de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en 1988. Esta oficina amplió la colaboración japonesa en Panamá y fortaleció los lazos bilaterales. La cooperación japonesa en Panamá ha evolucionado significativamente, desde el envío de voluntarios japoneses hasta proyectos de gran escala, como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Juan Díaz (2007-2017) y la construcción de la Línea 3 del Metro (actualmente en ejecución). Esta última, impulsada durante la histórica visita del entonces Canciller Fumio Kishida (hoy Primer Ministro) en 2013, recibió el mayor financiamiento blando ($2.6 mil millones) otorgado por JICA a un país de América Latina y el Caribe, sirviendo de modelo para la región. JICA también ha contribuido al Mercado del Marisco de la Cinta Costera y al Centro de Conservación de Orquídeas Silvestres del Valle de Antón. En reconocimiento a esta cooperación, el Canciller panameño José Miguel Alemán condecoró al Presidente de JICA durante una visita oficial a Japón en 2000. En abril de 2001, Sus Altezas Imperiales, el Príncipe y la Princesa Hitachi, realizaron una visita histórica a Panamá y disfrutaron de la observación de aves en el Parque Soberanía, demostrando su gran aprecio por la naturaleza de nuestro país. Su Majestad Imperial, el Emperador Naruhito, es un experto en temas fluviales y conocedor del Canal de Panamá. En 2018, sirviendo como Embajador de Panamá en Japón, tuve la oportunidad de ser recibido en audiencia por el actual Emperador cuando ostentaba el título de Príncipe Heredero de la Corona. En dicha reunión, me comentó el grato recuerdo que guardaba de Panamá, ya que su primera función oficial como Príncipe Heredero, tuvo lugar durante la recepción ofrecida por su padre, el Emperador Emérito Akihito, en ocasión de la primera visita de un presidente panameño a Japón. Después del encuentro con el Príncipe Naruhito, le envié la novela histórica panameña el “Caballo de Oro”, de Juan David Morgan, donde se narra la historia del ferrocarril de Panamá y el primer encuentro de Japón con nuestro país. En reciprocidad, me envió su libro “El Támesis como Autopista: Un Estudio sobre la Navegación y el Tráfico en la Parte Superior del Río Támesis en el Siglo XVIII”, escrito durante sus años universitarios en Oxford, Inglaterra. De allí su interés por las rutas fluviales, incluyendo el Canal de Panamá. Sin duda, estos 120 años de relación demuestran un viaje conjunto hacia el progreso y la cooperación entre Panamá y Japón. La cooperación japonesa en Panamá ha evolucionado significativamente, desde el envío de voluntarios japoneses hasta proyectos de gran escala, como la construcción de la Línea 3 del Metro. EL AUTOR es consultor internacional/ ex embajador de Panamá en Japón. Mesías presidencial Desafíos Bryan Townshend B. [email protected] Amedida que se acercan las elecciones en Panamá, nos encontramos una vez más inmersos en una vorágine de fervor político, donde las batallas por el próximo "ídolo" que ocupará la presidencia dominan la escena. Desde tiempos inmemoriales, el fanatismo político ha permeado cada rincón del país, inundando calles, hogares, instituciones y empresas con un torrente de fervor partidista. Sin embargo, ¿realmente esperamos que el próximo presidente nos devuelva el dinero, tome decisiones acertadas sobre la deuda, genere empleo, acabe con la crisis económica y ayude al pueblo? Es hora de reconocer que estas promesas son poco más que retórica vacía. La realidad es que muchos de los que claman por el cambio político lo hacen con la esperanza de obtener un puesto en el gobierno y beneficiarse de él. Son parásitos del sistema. Quiero dirigirme a aquellos verdaderamente preocupados por el futuro del país, aunque seamos una minoría. No es el presidente quien lleva la carga del trabajo para resolver los problemas. Son unos pocos los que realmente trabajan en la administración, a menudo sin ser miembros del partido político en el poder. Por lo tanto, es hora de cambiar nuestra perspectiva. El presidente no es un salvador ni un mesías, sino un empleado del pueblo que debe rendir cuentas. Debemos adoptar una mentalidad similar a la del economista y presidente de Argentina, Javier Milei: el presidente es un líder que debe responder ante la ciudadanía y cumplir con sus deberes como un empleado bien remunerado. Nosotros, como ciudadanos, debemos mantenerlo bajo escrutinio y exigir que cumpla con su deber. Por otro lado, es crucial recordar que gran parte del problema reside en la Asamblea Nacional. Son ellos quienes detentan el poder para legislar, aprobar presupuestos y tomar decisiones cruciales que afectan al país. Es imperativo que limpiemos esta institución del cerdito y sus ratas, para permitir que individuos, como los independientes, asuman el trabajo que todos esperamos que se realice. El cambio en el panorama político no se logra únicamente con el clásico ‘voto cas tigo’. Existe un profundo arraigo cultural y social que obstaculiza la remoción de los miembros incompetentes de la asamblea. Es crucial comenzar a dialogar sobre política y los políticos en los almuerzos y cenas familiares, así como impartir educación política imparcial en los centros educativos. Cada individuo debe asumir responsabilidad por sus acciones diarias, ya que el gobierno no está obligado a proveer todos nuestros deseos, desde el pavo y el jamón en Navidad hasta el “Bono Solidario". Culturalmente ya nos quedamos atrás. Hemos aceptado el juega vivo como parte de nuestra idiosincrasia. Nadie quiere poner el pecho para el primer impacto de hacer las cosas bien. Y adivinen, y espero que les quede claro: problemas como la Caja del Seguro Social son solo el principio. Porque si nadie pone el pecho, al final, a todos nos va a llegar el balazo. EL AUTOR es miembro de la Fundación Libertad
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