7A LaPrensa Panamá, sábado 10 de febrero de 2024 Opinión Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. La opinión de Hilde Pactos éticos o inequidades electorales Fondos públicos Julio E. Linares Franco [email protected] Desde el punto de vista formal, estamos frente a una campaña electoral desigual y pasamos a explicar. Recordemos cuando un ex magistrado del Tribunal Electoral dijo que, para hacer política, hay que tener plata. Y es cierto, basado en cómo se reparten los dineros del Estado en una campaña electoral. No hay equidad, equilibrio, coherencia o ponderación en el reparto de fondos públicos, desde la propia normativa electora l . Pero vayamos directo a los números. Para las elecciones de mayo del año 2019, el PRD recibió $12.3 millones de dólares de subsidio electoral. A pesar de eso, obtuvo 608 mil 638 votos. Y decimos “a pesar de eso”, porque si lo comparamos con el candidato por la libre postulación, Ricardo Lombana, notamos el derroche de fondos que se entregan al PRD y a los partidos tradicionales. Frente a los $12.3 millones recibidos por el PRD para las elecciones del 2019, Ricardo Lombana solamente recibió $132 mil dólares de financiamiento público. Sin embargo, logró obtener 368 mil 962 votos. O sea, recibiendo en fondos públicos apenas el 1% de lo que se le asignó al PRD, los votos de Ricardo Lombana representaron el 60% de lo que obtuvo el PRD en las urnas. Pero aquí no termina el contrasentido. El subsidio electoral entregado al PRD entre 2019 y 2024, adicional a los $12.3 millones recibidos para la campaña electoral de 2019, fue de $14.6 millones. Mientras que, en ese mismo periodo, el financiamiento público entregado al Movimiento Otro Camino (MOCA), fue $0.00, es decir, nada. Y para rematar veamos lo que se entregará para las elecciones de mayo 2024. Al PRD se le entregarán adicionalmente, $16 millones. Mientras que MOCA solamente será beneficiado con $1.4 millones. O lo que es igual, desde 2019 hasta las elecciones de 2024 incluidas, el PRD recibe $30 millones, mientras que Moca solo recibe $1.4 millones de financiamiento público. El segundo partido con mayor cantidad de fondos públicos es Cambio Democrático (CD). Habiendo recibido para la campaña de 2019, la suma de $11.4 millones, obtuvo 584 mil 297 votos (frente a los 368 mil votos de Lombana con solo $132 mil de subsidio electoral recibidos). Entre 2019 y 2024, CD recibió $11.8, en adición a $12.9 millones que recibirá para la campaña 2024. Un gran total de casi $25 millones a partir de 2019 después de aquellas elecciones, incluyendo la campaña de 2024; mientras que, en ese lapso de 5 años, MOCA solo recibe $1.4 millones, como queda dicho. Paradójicamente, estos dos partidos políticos han denunciado a MOCA por la elaboración y publicación en redes sociales de un video que consideran, viola el pacto ético electoral, por publicar imágenes propias de sus candidatos, sin su consentimiento como titulares. Sin embargo, la propia ley electoral impide que los fondos públicos sean entregados de manera equitativa. La desproporción y deformidad en la entrega de fondos de nuestros impuestos, por las que se favorece con total sinrazón y tropelía extrema a los partidos tradicionales, por encima de los nuevos movimientos políticos que buscan un verdadero cambio, confronta el pacto ético electoral. Porque lo ético implica lo justo, lo equitativo o lo consciente. Porque la institucionalidad y la normativa a la que debemos respetar, juegan en contra de la ciudadanía y a favor del clientelismo. De que esas son las reglas del juego y debemos saberlo, es cierto. Pero eso no impide criticarlo e informarlo al ciudadano, para que conozca la enorme desigualdad que hay en la repartición del financiamiento electoral público. Sin entrar a considerar, por razón procesal, las denuncias iniciadas contra Moca, no es justo tampoco guardar silencio frente a desequilibrios normativos ilimitados e ilógicos, por los que se les da una enorme ventaja a grupos políticos sobre otros. Y aunque no se trata de justificar una posible falta ética, de ser el caso (a pesar de considerar nosotros que no lo es), tampoco es aceptable la inequidad manifiesta con este derroche ilimitado e innecesario de fondos públicos. No lo permite la realidad económica o financiera del Estado panameño, ni los principios básicos de un pacto ético por el cual, le ley debe ser aplicada a todos en igualdad de condiciones. Un total y absoluto despilfarro de fondos públicos pre y post electorales de las elecciones de mayo 2024, que superan los $91 millones. De los cuales alrededor del 55% de este financiamiento público se lo embolsan el PRD y el CD. EL AUTOR es abogado La propia ley electoral impide que los fondos públicos sean entregados equitativamente; la desproporción y deformidad en la entrega de estos, confronta el pacto ético electoral. ¿Dónde están los ambientalistas? Consciencia Ambiental Raisa Banfield [email protected] Pregunta recurrente cada vez que cortan un árbol, denuncian un relleno o cantera ilegal, o como sucedió más recientemente, cada vez que se incendia Cerro Patacón. Aparentemente ante la ausencia de la Autoridad Ambiental frente a los delitos ecológicos recurrentes y casi cotidianos, la desesperación ciudadana canaliza su frustración en aquellas personas, grupos u organizaciones que han denunciado, protestado y tomado acciones ante tales hechos –a nivel de comunidades y/o a nivel nacional- en el pasado. Pero analicemos las circunstancias. En Panamá la presencia de organizaciones ambientales es de hace ya varias décadas, sin embargo hasta los primeros años del 2000 -en general, salvo algunas excepciones- la presencia de éstas fue más que todo de carácter institucional, de investigación y generación de conocimiento que sirvieran para respaldar la toma de decisiones políticas y técnicas, de cara a la conservación de los recursos naturales panameños. Con la pretensión del “camino ecológico”de la entonces presidenta Mireya Moscoso, afectando el Parque Internacional La Amistad (PILA), las comunidades, estudiantes de biología de la Universidad de Panamá y algunas organizaciones de la época, empieza a transformarse el conocimiento ambiental en reclamo y protesta ciudadana. Luego siguieron las luchas en defensa del Parque Nacional Camino de Cruces, del Cerro Ancón, contra el Delfinario en el pacífico panameño y la emblemática lucha en defensa de los manglares de Bahía de Panamá, entre muchas otras. Pero fueron las luchas contra la minería metálica a cielo abierto y las mega hidroeléctricas –desde la primera década del 2000- que hicieron de estos movimientos, casi de origen comunitario en defensa de territorialidades locales, grandes movilizaciones de defensa ambiental. Los mayores líderes: las comunidades originarias, en defensa de la única forma de vida que conocen relacionada directamente a su conexión con la Madre Tierra. A partir de entonces el resurgir de liderazgos, movimientos y organizaciones, de la mano con todo el despertar internacional a partir de la mayor toma de conciencia del cambio climático y sus consecuencias, se convierte en algo ya cotidiano. Por eso la lucha contra el contrato minero el pasado 2023, no se puede ver como un movimiento de combustión espontánea y mucho menos como una lucha anti gobierno, como muchos políticos o adeptos a la minera, pretendieron hacerlo ver. Tenía suma de muchos ingredientes, pero de una profunda raíz ambiental y en defensa de la Tierra, como nunca antes se vio. Por la fuerza demostrada entonces y ahora, además que fue la masiva participación en la calle lo único que hizo que el gobierno escuchara, algunas personas cómodamente ante cada desorden ambiental, mala disposición de basura o el desastre administrativo y ambiental de Cerro Patacón, se preguntan ¿Dónde están ahora los ambientalistas?. Conscientes o no que al pretender que la defensa de la institucionalidad ambiental se haga para todo y en todo momento en y desde las calles, es la mayor muestra de un Estado fallido, que en medio de una crisis ambiental planetaria, no es capaz de cumplir con sus funciones mínimas de gestión ambiental y de salud pública. Serán conscientes quienes invocan a los ambientalistas como a los avengers o a Chespirito, están trasladando su responsabilidad de actuar como ciudadanos en defensa del bien común, a otros ciudadanos, que más allá de nuestras profesiones (ambientalista NO es una profesión) asumimos esa tarea porque comprendemos que una vez que se tiene el conocimiento y acceso a la información, es una responsabilidad compartirla, ponerla en práctica y vivir con las consecuencias. Todos respiramos, necesitamos agua y vivir en un ambiente saludable, que el reclamo ante la falta de estas condiciones sea a quienes les pagamos por asumir con nuestro voto o el mandato administrativo, esa responsabilidad; que el reclamo no sea a otro ciudadano o ciudadana como tú o como yo, que también debería tener ese derecho, sin tener que salir a exigirlo en la calle, porque el sistema debería funcionar para todos. Si no funciona, tenemos que cambiarlo y eso también es responsabilidad de todos. EL AUTOR es arquitecta/gestora Urbano-Ambiental Quienes invocan a los ambientalistas están trasladando su responsabilidad de actuar como ciudadanos en defensa del bien común a otros ciudadanos. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. Fundado en 1980 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa Presidente fundador Roberto Eisenmann Jr. Director emérito Guillermo Sánchez Borbón † Presidente Ejecutiva Annette Planells Directora Editorial Rita Vásquez Gerente Comercial Sudy S. de Chassin Esta es una publicación de Corporación La Prensa, S.A. ©. 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