7A LaPrensa Panamá, 28 de enero de 2024 Editora Yolanda Sandoval —Tu opinión nos interesa [email protected] Economía &Negocios Ingresos por debajo de lo pactado en presupuesto Al finalizar 2023, los ingresos corrientes cerraron en $10 mil 464 millones, con un déficit de $252.4 millones, frente a lo presupuestado y un aumento de $1,363.2 millones con relación a 2022. RECAUDACIÓN Alex E. Hernández V. [email protected] Poco duró la ilusión del superávit que registraron los ingresos corrientes en noviembre. El 16 de noviembre de 2023, Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum, realizó un pago de regalías e impuestos al Estado de $567 millones, tal como se había acordado en el contrato y que 12 días después del desembolso fue declarado inconstitucional por los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aunque los fondos se depositaron en una cuenta del Banco Nacional de Panamá hasta que se decidiera la suerte del mencionado contrato, se incluyeron en el balance final de los ingresos del Estado para 2023. Ahora, ya se conoce el saldo preliminar de los ingresos corrientes al 31 de diciembre, donde se observa que el año cerró con un déficit de 252.4 millones de dólares, al no lograrse la meta establecida en el presupuesto general de 2023. Al final, los ingresos corrientes cerraron en 10,464 millones de dólares, lo que significó un aumento de 1,363.2 millones de dólares con relación a la recaudación de 2022, de los cuales, el 60% correspondieron a ingresos tributarios. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, indicó que el hecho de que los ingresos del Estado no llegaron a las expectativas del Gobierno, “son el reflejo de una economía que se desacelera ” y que a raíz del cierre de calles provocado por grupos radicales, hizo mella en la actividad de consumo y otros rubros generadores de tributos. "No llegar a la meta de ingresos representa aumentar el déficit fiscal y los riesgos de este con relación a los compromisos fiscales adquiridos”, dijo Rosas. De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Ingresos (DGI), los ingresos tributarios acumulados a diciembre de 2023, fueron de 6,227 millones de dólares, reflejando un déficit de 125.1 millones de dólares, en comparación a lo presupuestado. Por su parte, los impuestos directos muestran un superávit de 18.6% respecto a lo presupuestado, mostrando un aumento de 658.9 millones de dólares. Entre los ingresos directos está el pago del impuesto sobre la renta, de inmueble, aviso de operación de empresas y seguro educativo, mientras que los ingresos indirectos son el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms), consumo de combustible, impuestos de importación y exportación, y el impuesto selectivo al consumo, entre otros. A inicio de enero de 2024, el viceministro de Economía, Carlos González, afirmó que el país cumplirá con el 3% del déficit estipulado para el año 2023, como lo establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. “Es lo que estamos garantizándole a las calificadoras de riesgo, que sí vamos a tener situaciones favorables que nos van a permitir entonces cerrar con ese 3%. Para este 2024, el déficit estimado en el presupuesto es de 2% como máximo”, sostuvo el viceministro de Economía. Sobre el déficit fiscal, el economista Ernesto Bazán, comenta que desde hace 15 años se viene incumpliendo el tope establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que originalmente se había fijado en 1% del producto interno bruto (PIB), pero que las últimas administraciones modificaron. Así, de un límite de 10.5% en 2020, se ha bajado paulatinamente a un 7.5% en 2021, un 4% en 2022, un 3% en 2023, un 2% en 2024 y un 1.5% a partir de 2025 en adelante. “El problema del déficit fiscal, es que el país se ve obligado a pedir más deuda, y eso significa que tendrá que dedicar más fondos para cubrir el pago a los acreedores, dejando menos dinero para inversiones y gastos sociales como salud, seguridad, entre otros”, comentó Bazán. Luego que la Asamblea Nacional aprobara el presupuesto modificado para 2024 por un monto total de 30,690 millones de dólares, el Ministerio de Economía y Finanzas, indicó que los ingresos corrientes se habían presupuestado en $11,850 millones para 2024. El director de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Publio De Gracia, ha señalado que Para este 2024, la Dirección General de Ingresos tiene la meta de recaudar 7 mil millones de dólares en ingresos tributarios. Alexander Arosemena el año pasado se redujo la evasión fiscal entre un 7% y 8% con la adquisición de herramientas tecnológicas y la cooperación internacional. Con la implementación de la factura electrónica, indica el funcionario, se han reducido los casos de incumplimiento y posible evasión fiscal, ya que antes se registraba un 65% de cumplimiento de las obligaciones tributarias y ahora aumentó a un 92% con la facturación electrónica. Para este 2024, se tiene la meta de recaudar 7 mil millones de dólares en ingresos tributarios y “la clave está en garantizar el cumplimiento voluntario de los clientes, a través del uso de la factura electrónica, como único método de facturación”, comentó el director de la DGI. Estabilidad jurídica Ventana fiscal Osvaldo Lau C. [email protected] P or el tema que hoy nos ocupa, empiezo transcribiendo el primer artículo del Código Civil, el cual reza así: “La Ley obliga tanto a los nacionales como a los extranjeros, residentes o transeúntes en el territorio de la República; y una vez promulgada, la ignorancia de ella no sirve de excusa”. La ley 54 de 22 de julio de 1998, que trata sobre la estabilidad jurídica, protege las inversiones privadas, sean de nacionales o extranjeros, garantizándoles la libre disposición de su inversión, la repatriación libre del capital, los dividendos e intereses de la inversión y la comercialización de su producción. La mencionada estabilidad jurídica se otorga a nacionales y extranjeros que realicen inversiones en actividades turísticas, industriales, agrícolas, de exportación, agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación, zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y ferrocarriles, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe el Consejo de Gabinete, previa recomendación del Ministerio de Comercio e Industrias. Como se puede observar, no están incluidas la actividad inmobiliaria, la venta de bienes inmuebles ni la venta de valores emitidos por personas jurídicas. Aplicar esta ley fuera de ese marco es ilegal y crea problemas fiscales para el asesor y para el inversionista. No hay espacio para el juega vivo. La ley en comento también señala que no pueden acogerse a sus beneficios quienes estén condenados por delitos tributarios o aduanera, los que tengan deudas líquidas, exigibles e impagas de carácter fiscal, o que tengan en firme una decisión judicial o administrativa que declare tal incumplimiento en materia aduanera, impositiva o de seguridad social, quienes estén o sean condenados por cualquiera de los delitos contemplados en el Có - digo Penal, relacionados con drogas, lavado o legitimación de dinero, las personas jurídicas en las actúen de directores, dignatarios o apoderados, los condenados por los delitos relacionados con los ilícitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos públicos y privados, con una condena judicial ejecutoriada. El Ministerio de Comercio e Industrias es la autoridad encargada de velar por el estricto cumplimiento de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, y remitirá a las entidades públicas y municipales correspondientes, copia del registro inscrito, para que conste como prueba a favor del inversionista. La persona que cumpla con las obligaciones señaladas en la Ley 54/1998 gozará de los siguientes beneficios por un plazo de diez años: 1. Estabilidad jurídica de su régimen constitutivo, salvo que medien causas de utilidad pública o interés social. 2. Estabilidad impositiva nacional, quedando sujeta únicamente al régimen vigente a la fecha de su registro, salvo los impuestos indirectos. 3. Estabilidad tributaria en el orden municipal cada cinco años. 4. Estabilidad de los regímenes aduaneros que se derivan de las leyes especiales, para devolución de impuestos, exoneraciones, admisión temporal y similares. 5. Estabilidad laboral sobre las disposiciones vigentes al momento de la contratación. Cápsula fiscal: Los inversionistas quedan obligados a cumplir fielmente y de manera estricta el conjunto de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el tipo de actividad de que se trate, y pagar puntualmente los impuestos, tasas y contribuciones, y demás cargos sociales y laborales a que esté sujeta la empresa. EL AUTOR es consultor fiscal y fundador del Centro de Soluciones Impositivas S. A. (CSI) Enfoque Faltó estrategia sensata para contener gasto Carlos Araúz [email protected] Como ha ocurrido en poco más de 30 años de vida post-dictadura, los gobiernos de turno siempre se enfocarán en aplaudir los resultados que trae la inmediatez: las cintas que se cortan para inaugurar obras con las respectivas placas que aseguran sitios en la historia republicana, los reconocimientos internacionales y los indicadores macroeconómicos del Panamá que crece solo. A pesar de quedarse por debajo de lo presupuestado para 2023 en poco más de 252 millones de dólares, la recaudación en ingresos corrientes alcanzó un récord histórico al exceder los 10 mil millones de dólares por primera vez. ¿Por qué entonces el sentirse pesimista ante tan extraordinario resultado? Porque para lograr finanzas públicas sólidas y aplacar los temores que el mundo inversionista tiene con respecto a Panamá y su grado de inversión, la actual administración tenía que poner en práctica una política sensata de contención del gasto para enfrentar los complejos momentos que se vienen ante la segura disminución de los aportes al tesoro procedentes del Canal de Panamá y la inminente acción para lidiar con el uso de reservas del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Tristemente, el aplauso tiene que ser tímido porque dos eventos impactaron los ingresos corrientes que no serán recurrentes: la venta de tierras a la Autoridad del Canal de Panamá y el pago realizado por la empresa Minera Panamá, S.A. en el mes de noviembre. Estas acciones representaron cerca de mil millones de dólares en ingresos. Si consideramos que el Estado le debe unos 970 millones de dólares al único ahorro que tenemos los panameños (Fondo de Ahorro de Panamá) y que unos 1,700 millones de dólares se adeudan a proveedores locales e internacionales, pues no hay muchas razones para celebrar porque lamentablemente el papel lo aguanta todo mientras la realidad es mucho más compleja. No nos equivoquemos: esta economía tuvo, y tiene, la capacidad de trabajar en superávit, es decir, que los ingresos superen los gastos. Incluso con la recaudación récord, la gestión de cobrar impuestos en Panamá sigue siendo deficiente, ya sea por evasión, por exoneraciones ridículas o por ausencia de tecnología que permita poner más presión en los malos pagadores. Ya sabemos que la economía panameña crecerá marginalmente en 2024, quizás menos del 2%. El presupuesto de ingresos usualmente no toma en consideración eventos inusuales como subidas de tasas de interés agresivas, lo que llevará al uso de ingresos para pagar intereses. Este complejo escenario deja un camino lleno de desafíos para el futuro administrador de la cosa pública que tendrá muy poco espacio para maniobrar financieramente. Pero hay esperanza de que se cuide mejor el gasto y se recaude de manera efectiva con el uso de tecnología y de normas estrictamente aplicadas. Aspiremos a que la ley de responsabilidad fiscal sea letra muerta en el futuro cercano y, bien administrados, alcancemos por fin la victoria de vivir en un ambiente de superávit que cree bienestar real. EL AUTOR ES economista.
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