75¢ Sábado 27deenerode2024-Año43-Nº14545 El diario libre de Panamá www.prensa.com Servicio al cliente 222-1222 [email protected] W:8.702in H:1.4657in En 2023, recrudeció la violencia sexual contra los migrantes Médicos Sin Fronteras atendió a 676 migrantes sobrevivientes de violencia sexual el año pasado en Darién. Diciembre, paradójicamente, marcó un punto álgido en casos de violencia sexual, a pesar de ser uno de los meses con menor flujo de migrantes. Por ejemplo, la oenegé precisó que en diciembre ocurrió, en promedio, un acto de violencia sexual cada tres horas y media en la selva del Darién. VEA 3A Ejecutivo se contradice sobre manejo de Patacón El mandatario aseguró ayer viernes que su gobierno dejará los términos de referencia para contratar un nuevo operador. Sin embargo, la propia AAUD tramita un contrato por tres años por $46.8 millones. EMERGENCIA AMBIENTAL Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] El futuro del nuevo operador del relleno sanitario de cerro Patacón, situado en el corregimiento de Ancón, se encuentra inmerso en un escenario de incertidumbre marcado por las contradicciones gubernamentales. Ayer viernes en un evento en la provincia de Los Santos, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo ser consciente que el relleno sanitario “cumplió su tiempo”y que su plan es preparar un borrador de términos de referencia para entregárselo a la nueva adminisExpo Inmobiliaria de Acobir 250 proyectos en exhibición En la XIV edición de la Expo Inmobiliaria de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), que se desarrolla hasta mañana domingo en el Centro de Convenciones de Amador, se exhiben 250 proyectos residenciales, comerciales y oficinas, incluyendo en playas y montañas. Se esperan transacciones por $100 millones, según dijeron los organizadores. VEA 2B Elysée Fernández Profesionales de ciencias agropecuarias levantan paro Los profesionales de las ciencias agropecuarias, que mantenían un paro en los puertos por demandas salariales, se incorporaron a laborar. Pero el resto de los profesionales que laboran en otras instituciones y que tienen que ver con insHoy por hoy Son muchas preguntas sobre lo que ocurre en el relleno sanitario de cerro Patacón, pero que no responden las autoridades, salvo que ahora, de un momento a otro, sale una licitación multimillonaria para que otra empresa haga lo que se venía haciendo hasta 2023, cuando este vertedero ha llegado –desde hace años–al término de su vida útil. La crisis de la basura es bastante seria, pero ningún gobierno soluciona el problema. Los funcionarios son emparchadores que prolongan las crisis hasta que no tienen más salidas, y entonces viene la improvisación, la cual es otro parche. La basura, en otros países, es fuente de riqueza, pues produce gases que se pueden comercializar, objetos que se pueden reciclar y hasta abonos, a partir de los desechos orgánicos. Es inconcebible que el área metropolitana, con más de un millón de habitantes, no tenga plantas procesadoras ni recicladoras de basura, porque a nuestros funcionarios solo se les ocurre trabajar con métodos arcaicos, de hace más de cincuenta años. Estos incendios continuarán a lo largo del verano porque el relleno ya no da para más. ¿Es que no pueden cerrar este vertedero y buscar otro lugar, no para lo que se hace ahora, sino para reciclar y dar tratamiento adecuado a la basura? Vivir+ Posibles rastros de vida en lago marciano 5B Panorama Fracasa nuevo intento para recursar a López Arias 3A Deportes Un legado del golf: The Panama Championship 7A Economía Japón estima el impacto del terremoto en $17,591 millones 2B UAF: 3,137 operaciones sospechosas en 2023 TRANSPARENCIA Al menos 3,137 reportes de operaciones sospechosas en Panamá registró la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 2023. La cifra representa una disminución del 37.60% en comparación con los 5,028 casos recibidos en 2022. El mayor número de estas operaciones sospechosas fue de los bancos con 1,519 transacciones, seguido de las remesas de dinero con 1,247. “Los bancos están obligados a reportar ante la UAF todas las operaciones inusuales”, dijo Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. VEA 1B tración. No obstante, esto contrasta con el proceso de cotización que publicó esta semana la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), a cargo de Rafael Prado, para dar en concesión por tres años y $46.8 millones la operación del centro de disposición de desechos. Desde abril de 2023, el Gabinete de Cortizo declaró una “emergencia ambiental”en el relleno debido a los elevados niveles de contaminación en esa zona y hasta antes de que se desatara el incendio, el pasado 18 de enero, no se había hecho nada. De momento, ha pasado más de una semana del incendio y el humo tóxico sigue saliendo de cerro Patacón, afectando a los residentes de Panamá y San Miguelito. Este último distrito, en tanto, declaró ayer viernes una alerta sanitaria, porque hay toneladas de basura en sus calles y comunidades. VEA 2A Rafael Prado, director de la AAUD. Cor tesía Laurentino Cortizo, presidente de la República. Cor tesía pección y control de los alimentos que entran al país continúan con la paralización a la espera de una respuesta del Gobierno. Se calcula que el paro ha generado retraso en la entrada de alimentos de al menos 15 días. VEA 2B
2A LaPrensa Panamá, sábado 27 de enero de 2024 Panorama Suscríbete www.prensa.com Síguenos twitter.com/prensacom Comenta facebook.com/prensacom Demandan la candidatura a diputada de la subsecretaria de la AN, Dana Castañeda Mónica Palm [email protected] Dana Castañeda es la subsecretaria general de la Asamblea Nacional (AN) y, por tanto, forma parte de la junta directiva de ese órgano del Estado. También es la candidata a diputada en el circuito 2-3 de dos alianzas electorales distintas y supuestamente opuestas: la formada por los oficialistas Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Molirena y la que integran Realizando Metas (RM) y Alianza. Ahora, el abogado Juan Carlos Araúz ha presentado una demanda en la que pide la “inhabilitación absoluta” de Castañeda, ya que tendría que haber renunciado a su cargo en la Asamblea cinco días después de haber aceptado la candidatura que le ofrecieron estos cuatro partidos, por la vía directa. El artículo 33 del Código Electoral señala que no son elegibles a cargos de elección popular aquellos ministros, viceministros, directores, subdirectores, secretarios y subsecretarios, administradores y subadministradores de entidades y empresas públicas, que ejerzan el cargo seis meses antes de los comicios. La postulación de Castañeda apareció publicada en el Boletín Electoral 5503-B del 3 de noviembre de 2023. Si el artículo 87 del Decreto 29 de 2022 señala que la renuncia debe presentarse cinco días (calendario) después de la publicación de su postulación, Castañeda tendría que haber renunciado antes del 8 de noviembre. No hay constancia de que algo así haya sucedido y ella sigue apareciendo como subsecretaria y miembro de la junta directiva en el sitio asamblea.gob.pa. Araúz sostiene que esto es motivo para solicitar la inhabilitación y su exclusión de la papeleta a un juzgado administrativo electoral, “de tal forma que asuma el cargo de principal su actual suplente Maiquely Añino”. A favor de Castañeda está la opinión emitida el 13 de julio de 2023 por Rubén D. González G., director de Asesoría Legal del Tribunal Electoral, quien considera que el artículo 33 del Código Electoral no es aplicable al cargo de subsecretario general de la Asamblea Nacional, ya que los cargos enlistados enesanormasonúnicamenDana Castañeda Archivo Patacón, ¿otra crisis que se le deja al siguiente gobierno? Si bien la AAUDtramita un contrato para concesionar el operador por tres años, el mandatario Laurentino Cortizo dijo que solo dejarían los términos de referencia para una licitación. EMERGENCIA AMBIENTAL Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] Por un lado, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, reconoce que el relleno sanitario de cerro Patacón, en el corregimiento de Ancón, no da para más, y por el otro la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) afina detalles para dar en concesión por tres años y $46.8 millones la operación del centro de disposición de desechos. “Cerro Patacón cumplió su tiempo, pero nosotros calculamos que en cuestión de un par de años ya se debe salir de cerro Patacón... la idea que tenemos nosotros es preparar un borrador de términos de referencia para entregárselo a la nueva administración y que la nueva administración revise ese borrador para posteriormente irse a una licitación internacional”, dijo el mandatario durante un acto público ayer viernes en la provincia de Los Santos. Llama la atención que Cortizo diga que entregarán un borrador de términos de referencia a la próxima administración gubernamental, cuando la AAUD cuenta con un acto de cotización en línea para contratar por tres años los servicios de operación, estabilización y “nue va trinchera ”en cerro Patacón, por $46.8 millones. El monto fue segmentado en tres partes: por la operación del relleno, la AAUD pagará $37.8 millones; por la estabilización del lugar, $4 millones, y por instalar una “nueva trinchera” (foso de basura), $5 millones. De hecho, como parte del proceso de cotización, la AAUD convocó para el próximo 31 de enero una reunión informativa, con la finalidad de “aclarar dudas” con respecto a las interrogantes que se tengan en relación con el proceso de contratación. Responsabilidades Algunos de los puntos clave de los términos de referencia indican que la empresa debió haber operado, como mínimo, un relleno sanitario público o privado que reciba 2 mil toneladas diarias o más, dentro de los últimos 3 años. Como se recordará, al cerro Patacón ingresan diariamente 2 mil 300 toneladas de desechos, en promedio. También el nuevo pliego de cargos indica que el contrato incluirá una cláusula contractual de “limitación de responsabilidad ambiental”del nuevo operador, y de cualquier otra naturaleza: civil, penal, administrativa, vicios ocultos, etc., por daños directos y consecuentes, producto de acciones no ejecutadas por el mismo. “El contrato deberá contar con una acta de entrega del proyecto en el que se delimitarán los daños causados con anterioridad y que no son responsabilidad presente o futura del nuevo operador”, dice el documento. A esto hay que agregar la elaboración e implementación de un plan temporal para el manejo, control y contención de lixiviados durante el período que contempla desde el inicio de la operación hasta que entre en función el sistema para su manejo y tratamiento. Actualmente, el relleno afronta problemas en cuanto al tratamiento de los lixiviados y el biogás que se libera en el lugar. Desde abril de 2023 el Gabinete de Cortizo declaró emergencia ambiental en Patacón para facilitar el acceso a recursos. No obstante, no es sino hasta ahora, en medio de la crisis derivada del nuevo incendio en el vertedero registrado desde el pasado 18 de enero, que se tienen noticias del pliego de cargos para buscar un nuevo contratista, tras la salida de Urbalia. Los candidatos Más allá de lo que dice Cortizo, esta semana varios candidatos presidenciales se han pronunciado sobre su plan para el cerro Patacón. Tal fue el caso de Martín Torrijos, candidato del Partido Popular, quien subrayó que su propuesta es cerrar los 80 vertederos a cielo abierto de forma gradual. “No podemos vivir con estas desgracias ambientales como la del cerro Patacón”, d ij o . Por su parte, Melitón Arrocha, candidato por la libre postulación, calificó como una “negligencia ” lo ocurrido allí y al llegar al Gobierno indicó que pondrán orden a la concesión. Además, se refirió a una correcta recolección y manejo de desechos. En esa misma línea se expresó Rómulo Roux, el candidato de la alianza entre los partidos Cambio Democrático y Panameñista, al señalar que cerro Patacón tiene sus días contados” “Busca - remos otro lugar en donde haya un manejo responsable y es una lástima que tengamos a los panameños respirando humo tóxico”, apuntó. También propone el cierre de los vertederos a cielo abierto Ricardo Lombana, candidato del Movimiento Otro Camino. Plantea que parte de su plan es ubicar en distintos puntos de la ciudad “estaciones”, para recibir residuos que le permitan clasificarlos y reciclar. A juicio de Lombana, el manejo de los desechos debe estar en manos de los municipios, pero con un plan integral a nivel nacional. A su vez, Maribel Gordón, aspirante por la libre postulación, indica que la crisis ambiental en cerro Patacón se debe atender con un plan urgente que permita resolver los temas de disposición y recolección de los desechos. Las autoridades no han podido controlar la emanación de humo del vertedero, que afecta a miles de personas de la capital y alrededores. Elysée Fernández Alerta sanitaria en San Miguelito por falta de recolección de la basura DECISIÓN Yaritza Mojica [email protected] Las autoridades de la Región de Salud de San Miguelito declararon ayer viernes una alerta sanitaria ante la crisis en la recolección de la basura, que se registra desde hace meses en este distrito. Yaritzel Ríos, directora regional de Salud en San Miguelito, informó que esta medida se debe a los problemas constantes y la ineficiencia en la recolección de la basura, situación que representa una amenaza a la salud pública. Ríos señaló que la empresa Recicladora Vida y Salud San Miguel, S.A., (Revisalud) ha sido reincidente con la mala recolección de la basura; incluso, se le ha sancionado en tres ocasiones con multas que ascienden a $15 mil. Recordó que han mantenido reuniones de seguimiento, pero el problema persiste. “Hemos visto que esta empresa no tiene la capacite los que están en el Órgano Ejecutivo. La opinión de González, según Araúz, no es “vinculante”. Araúz también pide que se emita un oficio a la Contraloría, para que indique hasta que fecha Castañeda recibió pagos como subsecretaria general de la AN. Igualmente, solicita que se cite a declarar a Castañeda, así como a Jaime Vargas y Quibían Panay, presidente y secretario general de la AN. El hermano de Castañeda, que se llama Eyber Castañeda Guardia, también es candidato a diputado, pero en otro circuito (el 2-1) y por el partido Panameñista. Además, su sobrina, Ina Rodríguez Castañeda, es candidata a alcaldesa de La Pintada, Coclé, por los partidos Molirena, RM y Alianza. La pareja de Castañeda es César Zapata, quien compite en el circuito 8-4, postulado por RM. Castañeda ya fue diputada en el uninominal circuito 2-3, pero perdió en la elección de mayo de 2019, cuando fue derrotada por el panameñista Luis Ernesto Carles, quien actualmente también busca la reelección. 2024 dad para hacer frente a la recolección total de los desechos que se producen en el distrito, por lo cual necesitamos más apoyo de las instituciones para poder hacer frente a este problema y así evitar futuras enfermedades”, sentenció Ríos. “Con el anuncio de la alerta sanitaria, se debe activar el Centro de Operaciones donde se harán las reuniones con los concejales de San Miguelito y las instituciones relacionadas al tema, y así ver cómo nos podrán apoyar, ya sea con maquinarias, insumos y recursos humanos”. Melva Cruz, directora general del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que con la declaración de esta alerta se facilita la gestión institucional, los recursos sanitarios e insumos, como por ejemplo los insecticidas para el control vectorial, y así reforzar la vigilancia de las enfermedades que puede ocasionar la basura, como gastrointestinales y problemas vectoriales como el dengue.
3A LaPrensa Panamá, sábado 27 de enero de 2024 Sábado picante Rolando Rodríguez B. [email protected] Escuchar y leer lo que escribe Ricardo Martinelli sobre su último caso es aburridísimo. En cada publicación del periódico que no es de él; en cada noticia en la televisora que no es de él y en cada opinión en la radio que no es de él se refleja el fracaso, la frustración, la impotencia, la tristeza, la desesperación, el llanto. Es una “llantarria”que aburre más que diez niños llorando por el helado que no les dan. Pero admito que en ocasiones es divertido. Álvaro Alvarado publicó el extracto de una entrevista que le hizo a Martinelli cuando era presidente. En ella, se quejaba de que cuando se acusaba a un funcionario de enriquecimiento ilícito o de cualquier otro delito, sus abogados dilataban sus procesos judiciales. “Tienen 500 recursos de apelación, de reconsiderac i ó n”y le dan la sensación al pueblo panameño de que la justicia no funciona”. 500 acusaciones después, el hombre del supuesto pecho de acero recurre a las mismas armas de dilatación. En vísperas de un fallo condenatorio –que consiguió quién sabe cómo–esta misma semana la Corte le negó su noveno amparo de garantías constitucionales; le rechazó una recusación contralamagistradadela Sala Penal María Eugenia López, mientras espera el resultado de una advertencia de inconstitucionalidad contra un artículo del Códi - go Judicial sobre los requisitos para admitir recursos de casación. También presentó un nuevo amparo de garantías constitucionales para hacer valer su celestial y sagrado principio de especialidad. ¿Quién puede creer en una valentía representada en leguleyadas o en el abuso de la ley? Bueno, si yo fuera tan valiente como él, tendría permanentemente encendidoslosmotoresdeljet, con suficiente combustible para ir a Nicaragua, donde, si le caigo bien a Dany Ortega y a doña Rosario, me abrirán las puertas para vivir como ellos lo hacen por una módica suma…de abrazos y elogios. Pero no diría una palabra por teléfono, porque a estas alturas, supongo que los gringos tendrán bien pinchados los teléfonos y por nada del mundo les daría la oportunidad de obligar a mi avión a aterrizar en otro país que no sea Nicaragua, como les pasó a los hijos de él. El viaje tiene que ser corto, porquesimeagarranyendo para Irlanda, ¡qué va!, me hacen bajar en alguna base militar gringa. Así que eso tiene que ser aquí mismo, en Centroamérica, que además tiene la ventaja de que podría ver a la familia y a todos los amigos que después saldrán de prisión, si los llegan a condenar. Bueno, quién los manda a ser corruptos si no saben hacer las cosas bien, como las hago yo. Eso es lo que yo haría, pero no sé si lo haría ese señor. En todo caso, ese es el dato. Sugiero llevarse algunos amigos del gobierno que le ayudaron en este difícil viaje –sea agradecido por una vez en la vida–porque, según Madame Kalalú, “... las barajas también me han dicho que viene un muchacho fugándose antes de pagar. . .”. Panorama Darién: creciente violencia sexual contra las personas migrantes Médicos Sin Fronteras atendió a 676 sobrevivientes de estos casos el año pasado. Diciembre, paradójicamente, marcó un punto álgido en casos de violencia sexual, a pesar de ser uno de los meses con menor flujo de migrantes. CRISIS MIGRATORIA Ohigginis Arcia Jaramillo [email protected] La violencia sexual, un monstruo cada vez más despiadado, se cierne sobre los migrantes que se aventuran en la inhóspita selva entre Panamá y Colombia. La crudeza de los actos perpetrados en medio de la densidad de la jungla ha alcanzado proporciones alarmantes en 2023. Médicos Sin Fronteras atendió a 676 sobrevivientes de estos casos el año pasado. Diciembre, paradójicamente, marcó un punto álgido en casos de violencia sexual, a pesar de ser uno de los meses con menor flujo de migrantes. Por ejemplo, la oenegé precisó que en diciembre ocurrió, en promedio, un acto de violencia sexual cada tres horas y media en la selva del Darién. En total, ese mes hubo 214 casos de atenciones a víctimas por parte del equipo de Médicos Sin Fronteras. Carmenza Gálvez, coordinadora médica de la oenegé en Colombia y Panamá, alerta que esta es una situación que se podría detener: “Cada mes registramos un mayor número de casos. Esto es indignante. Exigimos acciones efectivas por parte de los gobiernos para garantizar la seguridad y la dignidad de las personas migrantes en la selva del Darién. Nadie debería enfrentar esta ni ninguna forma de violencia por migrar ”. El crecimiento Cuando se compara con el año anterior, el incremento de casos atendidos fue del 191.3%. En 2022 fueron 232 y, como ya se dijo en 2023, el número fue de 676. Hay que aclarar que las estadísticas a las que hace referencia la oenegé son los casos atendidos por su personal de salud, pero no necesariamente significa que es el total de los casos ocurridos en la zona selvática, puesto que no todas las personas migrantes quieren hablar del tema. Las denuncias de las personas migrantes coinciden en que criminales armados los retienen en la selva, los obligan a desnudarse y cometen todo tipo de vejaciones. La mayor parte de estos actos violentos son contra mujeres, pero la oenegé ha recibido también a hombres y niños. Además de la violencia sexual, los migrantes denuncian que son víctimas de robos, ataques y secuestros. “Nuestro equipo médico y de apoyo social está fortaleciendo el mecanismo de identificación de sobrevivientes de violencia sexual, pero una de nuestras mayores preocupaciones es el subregistro, puesto que una vez ocurren este tipo de casos las personas deben tener atención antes de 72 horas para evitar el contagio de VIH, otras enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados”, añade Gálvez. El desafío Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, más de 520 mil personas cruzaron el Tapón del Darién. Este es un número sin precedentes, pues supera con creces el total de los migrantes que utilizaron Darién para llegar a Estados Unidos en 2022, cuando fueron 248 mil, y en 2021, cuando la cifra fue de 133 mil. El obispo de Darién, Pedro Hernández Cantarero, ha planteado que el panorama humanitario en la provincia se presenta como un desafío complejo. De hecho, destaca la notoria afluencia de más viajeros este año, lo que ha generado un dramático aumento en la magnitud del problema. El incremento en la llegada de migrantes a Darién y la consiguiente complejidad de la situación ya había sido señalado el año pasado por organizaciones como la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Defensoría del Pueblo de Panamá. Las tres coinciden en la necesidad de abordar el fenómeno migratorio con enfoques coordinados y medidas eficaces para garantizar la protección y el bienestar de quienes buscan refugio en Darién. Cerca antiinmigrantes se mantiene en EU pese a fallo judicial Activistas en la frontera de México celebraron ayer el fallo judicial que esta semana ordenó a Texas retirar el alambre de púas en río Bravo, pero denuncian que las autoridades aún no remueven la barrera, que ha dejado tres muertos y cientos de heridos. Defensores de migrantes en Ciudad Juárez expresaron a EFE que la barrera es "inhumana" porque ha herido a cientos de migrantes e, incluso, influyó en la muerte de una mexicana y sus dos hijos que intentaron cruzar el río Bravo de Piedras Negras a Eagle Pass, en los límites de los estados de Coahuila y Texas. Un grupo de migrantes cruzan el río Turquesa en Darién. El incremento en la llegada de migrantes y la consiguiente complejidad de la situación ya había sido señalado el año pasado por organizaciones como la OMI y Unicef. EFE Fracasa nuevo intento de recusar a la magistrada López NEW BUSINESS Juan Manuel Díaz [email protected] Por segunda vez en una semana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admite una solicitud para recusar a la magistrada María Eugenia López Arias y apartarla de cualquier decisión sobre la sentencia condenatoria del caso New Business. En esta ocasión se trata de una recusación presentada por Iván Arturo Arrocha contra la condena de 70 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, dictada por la juez penal Baloisa Marquínez en julio pasado. La sentencia (en la que se condena a cuatro personas más, incluyendo al expresidente Ricardo Martinelli) fue confirmada en octubre pasado por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Arrocha, Martinelli y los otros condenados han presentado recursos de casación contra esa sentencia condenatoria. A través del Edicto 19 fijado en la Secretaría de la Sala Penal, se informa a las partes de la decisión de no admitir la recusación presentada por la defensa de Arrocha, por lo que la magistrada López, como miembro de la Sala Penal, seguirá participando en las discusiones sobre el recurso de casación. El fallo lleva la firma de la magistrada Ariadne García, quien es la ponente de todos los recursos de casación presentados por los condenados en New Business: Martinelli, Arrocha, Daniel Ochy, Janet Ibeth Vásquez Sanjur y Valentín Martínez Vásquez. Todavía no se ha decidido la admisión o no de las casaciones. Arrocha fue condenado porque está vinculado a Condotte Panamá, sociedad que depositó $600 mil en la cuenta canasta de New Business, utilizada para recibir y enviar los dineros utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010. Los $600 mil eran parte de un adelanto que Condotte Panamá recibió, como parte de su contrato con Pandeportes para construir la ciudad deportiva de Colón. El pasado miércoles, la Sala Penal rechazó un incidente de recusación contra la magistrada López Arias, pero en esa ocasión interpuesto por la defensa del expresidente Martinelli. La Corte y el Primer Tribunal de Justicia han rechazado unos nueve amparos de garantías presentados por la defensa de Martinelli contra la diversas decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales y por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, en relación a la compra de Epasa. La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias. Cortesía/Órgano judicial Inacción de Cedalise paraliza caso Mónica Palm [email protected] El trámite para decidir qué hacer con la advertencia de inconstitucionalidad que el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal presentó contra un artículo del Código Judicial no ha podido avanzar, porque un proyecto de fallo elaborado por la magistrada Miriam Cheng está estancado, desde hace cinco días, en el despacho del magistrado Cecilio Cedalise. Martinelli pidió la declaratoria de inconstitucionalidad de un artículo delCó - digo Judicial que se refiere a los requisitos necesarios para anular una sentencia. El proyecto de fallo preparado por Cheng, en el que debe decidir si se admite o no la advertencia de inconstitucionalidad que presentó Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, ya fue firmado por los otros siete magistrados (con Cheng serían ocho). Solo está pendiente la firma de Cedalise.
4A LaPrensa Panamá, sábado 27 de enero de 2024 Panorama El estándar más estricto del mundo para la minería La Iniciativa IRMA es un esfuerzo sin fines de lucro que desde el año 2006 ha impulsado el estándar ambiental más estricto en las actividades mineras. Hablan los protagonistas. ENTREVISTA Rodrigo Noriega ESPECIAL PARA LA PRENSA [email protected] La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería (IRMA, por sus siglas en inglés), es un esfuerzo sin fines de lucro que desde el año 2006 ha impulsado el estándar ambiental más estricto en las actividades mineras. Esta iniciativa voluntaria tiene como directora ejecutiva a Aimee Boulanger, quien junto Adán Olivares Castro, líder Regional, Américas y el Caribe contestaron un cuestionario sobre su organización, sus actividades y cómo Panamá se puede beneficiar de IRMA . ¿Qué es y qué hace IRMA? IRMA fue fundada en 2006. Está gobernada de manera equitativa por comunidades afectadas, ONG, sindicatos, empresas mineras, empresas compradoras y el sector financiero, con la misión de proteger personas y el medio ambiente directamente afectado por la minería. IRMA lleva a cabo esta misión con dos herramientas: (1) El Estándar IRMA para la Minería Responsable - los requisitos medioambientales y sociales más rigurosos del mundo para las minas a escala industrial, y (2) el proceso de evaluación IRMA - empresas auditoras independientes capacitadas por IRMA que califican de forma transparente el rendimiento de las minas con respecto al Estándar IRMA. ¿EstáIRMAdominada por los intereses de las empresasmineras? No. IRMA es el único estándar de minería gobernado por representantes de comunidades, sindicatos y la sociedad civil, cada uno de los cuales tiene el mismo poder que los representantes de las empresas mineras, compradores e inversionistas. Si ambos representantes de un sector se oponen a algo, el tema tiene que regresar a diálogo con la junta directiva hasta que se encuentre una resolución. ¿Cuántos años de experiencia tienen en el tema de cierre de minas metálicas a cielo abierto? Los auditores (expertos y profesionales técnicos y no técnicos) cuentan con años de experiencia en la evaluacióndelcumplimientodelos requisitos del Estándar IRMA. Los auditores se enfocan en evaluar la información procedente de múltiples fuentes para verificar cómo los planes de cierre de una empresa minera, y el trabajo de preparación para el cierre a lo largo del ciclo de vidadelamina,semidencon respecto a los requisitos de mejores prácticas del Estándar IRMA. ¿Cuáles son los principios que deben aplicarse para el cierre repentino de una mina en un país tropical? El capítulo del Estándar IRMA sobre rehabilitación y cierre establece que la intención de este trabajo debe: Proteger los valores medioambientales y sociales a largo plazo, y asegurar que los costos de rehabilitación y cierre de la mina no los asuman las comunidades afectadas o el público en general. El estándar IRMA describe la importancia de planificar, desde el inicio de la mina, cómo se cerrará una mina y la rehabilitación de terreno. Las empresas mineras deben contar con un plan de rehabilitación detallado que proteja los usos futuros del terreno, evite la contaminación a largo plazo y proporcione fondos para el cuidado y mantenimiento a largo plazo del sitio de mina. ¿Ha sido First Quantum Minerals Limited parte de algún proyecto que sigue los principios de IRMA? Hasta la fecha, First Quantum Minerals no es miembro ni miembro pendiente de IRMA. No hay ninguna mina operada por First Quantum Minerals (o filial) que se esté sometiendo a una auditoría IRMA independiente de terceros. ¿Cuáles empresas del sector de minería de metales han adoptado los principios de IRMA? Las siguientes empresas han sometido al menos una de sus minas a una auditoría independiente contra el Estándar IRMA (por orden alfabético): Albemarle, Anglo American, Carrizal Mining, Livent Corporation y SQM. Se están realizando nuevas auditorías en minas operadas por Eramet, Gerdau, Sibanye y Syrah. Hay 14 auditorías en curso y se han publicado 4 finalizadas. Actualmente hay 59 minas en la fase de autoevaluación y 38 de estas han anunciado públicamente su compromiso. ¿En qué consiste el método IRMA, y si ya se ha aplicado en Panamá? Ninguna mina en Panamá ha completado una auditoría independiente contra el Estándar IRMA. Una auditoría IRMA consta de tres procesos principales: una autoevaluación (una oportunidad para que una empresa minera aprenda y se prepare para una revisión independiente), luego los auditores independientes hacen una revisión de escritorio seguida de una auditoría in situ. ¿Cómo sufraga IRMA sus gas tos? Aimee Boulanger Como organización sin fines de lucro, más del 60% del presupuesto de IRMA procede de fundaciones independientes. El resto de la financiación de IRMA procede en su mayor parte de las cuotas de afiliación de los compradores de materiales mineros del sector privado, de las organizaciones miembros de la junta directiva de IRMA y de subvenciones de organismos gubernamentales para aumentar el alcance de la sociedad civil. El costo de una auditoría IRMA suele correr a cargo de la empresa minera y depende de la complejidad de la mina. El costo estimado es de $100,000 a $200,000 , pero puede variar. ¿Cuánto tiempo puede tardar el cierre de una mina metálica a cielo abiert o? Cuando se siguen las mejores prácticas, una empresa minera está planificando y aplicando un plan de cierre incluso mientras la mina está en producción. El Estándar IRMA específica que, como parte de la planificación posterior al cierre, se tomarán muestras de los lugares de control de la calidad del agua hasta que se cumplan los Criterios de Calidad del Agua del Estándar IRMA durante al menos cinco años, con un mínimo de 25 años de datos posteriores al cierre. ¿Cuánto es el costo estimado del cierre de una mina, y como se puede financiar ese costo? El requisito 2.6.2.3 del Estándar IRMA establece que el plan de cierre de una mina debe incluir una determinación detallada de los costos de cierre y rehabilitación. El costo estimado variará según la mina en función de la cantidad de tierra alterada, los costos de revegetación, los costos de protección de los recursos hídricos, incluida la prevención de la contaminación del agua a largo plazo, y el aseguramiento de que la mina permanece libre de riesgos para la seguridad. ¿Puede IRMA asesorar a un gobierno en un proceso arbitral? IRMA se puede utilizar como punto de referencia y apoyo a los gobiernos que busquen orientación sobre la definición de las mejores prácticas a nivel de una mina, a través de un estándar que ha sido debatido y apoyado por todos los sectores interesados durante más de una década. Como iniciativa voluntaria, IRMA complementa, pero no sustituye, las leyes y reglamentos y el importante papel de los gobiernos. Los gobiernos también pueden utilizar el Estándar IRMA como herramienta y oportunidad para comprometerse con las partes interesadas afectadas por la minería. IRMA ha sido mencionada como herramienta en el caso legal de la Primera Nación [pueblo indígena] Gitxaala en el Tribunal Supremo de Columbia Británica de Canadá en 2023. Una vez ha concluido el plan de cierre, ¿qué uso se le puede dar al área que solía ser la mina? El capítulo del Estándar IRMA sobre rehabilitación y cierre utiliza la definición del gobierno de Alberta, Canadá, para destacar el propósito de la rehabilitación y cierre: "La rehabilitación se refiere al proceso de estabilización de forma que la tierra alterada vuelva a sus usos anteriores u otros usos beneficiosos. El cierre se refiere a las actividades necesarias para mantener el cumplimiento de la normativa medioambiental durante y después de la rehabilitación". El Estándar IRMA también establece que una empresa operadora debe proporcionar a las partes interesadas al menos 60 días para hacer comentarios sobre un plan de rehabilitación. ¿Existe alguna experiencia parecida en tamaño y complejidad con el cierre de la mina de Donoso (Cobre Panamá)? Las minas que se están auditando actualmente contra el Estándar IRMA, y otras que se están autoevaluando y preparándose para una auditoría, varían en tamaño y complejidad. Cada una de ellas es única por la combinación de la diversidad de comunidades afectadas, la geoquímica de la mina (y los riesgos asociados de contaminación del agua), los riesgos de precipitaciones y sequía, el contexto político, el uso de las tierras para la alimentación y la agricultura tradicionales, etc. ¿Cuál es su principal recomendación para las autoridades panameñas que tienen responsabilidad sobre este tema? IRMA mantiene su compromiso de actuar como una herramienta que las autoridades panameñas y otras partes interesadas afectadas por la minería puedan utilizar colectivamente para tener un acceso transparente a la información sobre una mina. El Estándar IRMA por sí solo puede ser utilizado por los gobiernos como punto de referencia para desarrollar, evaluar y mejorar la legislación relacionada con la minería. Desde el punto de vista de IRMA, ¿cuál es el principal error que se comete al ejecutar un plan de cierre de una mina? Tal y como se especifica en los requisitos del capítulo 2.6 Planificación y financiación de la rehabilitación y el cierre del Estándar IRMA, debe existir una garantía financiera suficiente en todas las fases del ciclo de vida de una mina. Este instrumento financiero deberá garantizar que los fondos estarán disponibles, independientemente de las finanzas de la empresa operadora en el momento del cierre o quiebra de la mina. La participación de todas las partes interesadas afectadas en el desarrollo, aprobación y aplicación de un plan de cierre y rehabilitación de minas es primordial. Adán Olivares Castro Operación Alpes: Juez valida 23 acuerdos de pena y la detención de 42 personas JUSTICIA Juan Manuel Díaz [email protected] Un total de 23 acuerdos de pena y la detención de 42 personas han sido validados por la jueza de garantías Tamara Alvarado en el marco de la operación antidrogas Alpes. La Fiscalía de Drogas continúa tras la pista de otros presuntos integrantes de esta red criminal, quienes se dedicaban a coordinar los envíos de droga hacia Centroamérica. Las autoridades están trabajando en la localización de colaboradores de este grupo que operan en la frontera y que estaban encargados de transportar la droga hacia el lado costarricense. Además, se ha compartido información sobre la operatividad de esta red criminal con las autoridades de Costa Rica para identificar los lugares donde mantienen actividad en ese país, utilizado como tránsito para que los estupefacientes continúen su camino hacia Centroamérica. Hoy, el tribunal revisará la incautación de bienes inmuebles, vehículos y armas decomisadas durante el operativo llevado a cabo por la Fiscalía de Drogas. Entre los bienes inmuebles confiscados se encuentran diversas casas de playa, apartamentos y fincas que presuntamente fueron adquiridos con el dinero producto de la venta de estupefacientes. La fiscalía también se incautó de 22 autos de lujo valorados en $1.7 millones que eran utilizados por los cabecillas de la red criminal. La operación se llevó a cabo durante un año y medio, involucrando labores de seguimiento y vigilancia. Cor tesía Esta investigación se inició en 2022, y durante el proceso, las autoridades decomisaron seis toneladas de drogas en diligencias realizadas en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé, Veraguas y Panamá.
5A LaPrensa Panamá, sábado 27 de enero de 2024 Panorama Se retrasa pago de beca y PASE-U La próxima semana se dará a conocer la fecha de pagos del Pase-U y diferentes tipos de becas, informó el Ifarhu. EDUCACIÓN Yaritza Mojica [email protected] Padres de familia cuestionan la demora que ha tenido el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) en hacer el desembolso del tercer pago de las becas de puesto distinguido, concurso, arte, cultura, deporte y discapacidad, programado para diciembre de 2023. Igualmente, el tercer pago de 2023 del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que el Ministerio de Educación (Meduca) otorga a través del Ifarhu, y que según las autoridades educativas se desembolsaría en la tercera semana de enero de 2024 (15 al 21 de enero), tampoco se ha realizado. En un comunicado emitido por el Ifarhu, la entidad informó que la próxima semana dará a conocer la fecha exacta en que se procederá con el pago del PASE-U y las becas de puesto distinguido, concurso, arte, cultura, deporte y discapacidad, correspondiente a la finalización del calendario escolar 2023. Los padres de familia consideran que estos beneficios ya cuentan con los recursos, pero se ha dado una demora en recopilar las notas de los estudiantes. Esto, a consecuencia de la huelga de más de un mes que tuvieron los gremios magisteriales en noviembre pasado en rechazo a la ley minera. Javier Lombardo Trujillo, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares, manifestó que“se está viendo el gran desorden que tiene el Ifarhu, pareciera que les cuesta hacer su trabajo, el cual es velar por los temas de las becas y el PASE U”. Según Lombardo, el Meduca también es responsable porque las regionales deben entregar la información, la lista de los estudiantes aprobados, para ser procesada. “Es como un círculo vicioso de pasar la pelota y al final son los estudiantes los que terminan pagando. Por ejemplo, un estudiante que se esfuerza para ganarse una beca de concurso es porque es un mérito”, sentenció el presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares. Lo mismo sucede con los estudiantes que tienen beca por discapacidad, la cual no ha sido desembolsada. “No podemos estar pidiendo que otorguen el beneficio de la beca de concurso como si fuera un favor, ya que este pago sale del seguro educativo, donde todos cotizamos”, señaló Lombardo. Sobre el pago del PASE U, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dijo en su momento que todavía están a un 85% de recoger las notas. Mientras esto sucede, no se puede pagar seccionalmente. Según el Ifarhu, por el momento se mantienen las respectivas coordinaciones con el Meduca para establecer el mecanismo de pago de los diferentes programas de la institución, a través de los cuales se beneficiarán a más de 800,000 estudiantes en todo el país. El Ifarhu reiteró que el retraso en el pago del PASE-U y los diferentes programas de becas se debe a la extensión del periodo de clases y, con ello, a la entrega de la data, a través de la cual se corrobora quiénes tienen derecho al beneficio según sus calificaciones. Ifarhu convoca a concurso general de becas El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha dado inicio al proceso de convocatoria para participar en el concurso general de becas, dirigido a estudiantes destacados a nivel nacional.Según la Resolución 320-2024-032 del 12 de enero de 2024, publicada en la Gaceta Oficial, este concurso de becas abarca subprogramas de primaria, premedia y media, tanto en escuelas particulares como oficiales. Según el Ifarhu, por el momento se mantienen las respectivas coordinaciones con el Meduca para establecer el mecanismo de pago de los diferentes programas de la institución. Archivo Junta Nacional de Escrutinio se instalará el 5 de mayo a las 2:00 p.m. Herny Cárdenas P. [email protected] La Junta Nacional de Escrutinio (JNE), ente encargado de escrutar las 40 actas para la elección de presidente y vicepresidente del próximo 5 de mayo, funcionará en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), según se confirmó ayer viernes 26 de enero. El anuncio se hizo mediante un acuerdo de cooperación firmado por el Parlatino y el Tribunal Electoral, para el uso de las instalaciones del parlamento regional por parte de la JNE, que se instalará a las 2:00 p.m. el 5 de mayo próximo, informó el Parlatino. El acuerdo fue suscrito por el diputado Rolando González Patricio, presidente del Parlatino; Alfredo Juncá, magistrado presidente del Tribunal Electoral; y Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la JNE. “La Junta Nacional de Escrutinio tiene un solo mandante: el pueblo panameño, que expresa su voluntad a través del voto. Nuestra responsabilidad es hacer que cada voto cuente”, resaltó Castrellón. La JNE es la encargada de escrutar las 40 actas en todos los circuitos electorales del país y proclamar a quien resulte electo como presidente (a) de la República el próximo 5 de m ay o . 2024
6A LaPrensa Panamá, sábado 27 de enero de 2024 Opinión La opinión de Hilde La Ciudad de las Artes Cultura Carlos Fong [email protected] En una investigación titulada: Bre ves apuntes sobre algunas de las instituciones culturales de Panamáque escribió Jaime Ingram J. para la His - toria General de Panamá, dirigida por Alfredo Castillero Calvo, se puede leer:"Sor - prende constatar que precisamente el año en que la Ciudad de Panamá ha sido galardonada con el honroso título de "Ciudad Cultural del año 2003"sus diversas Academias Artísticas se encuentran en el más lamentable estado de conservación". El maestro Ingram, primer director del antiguo Instituto Nacional de Cultura, nos recuerda, además, que "cuando Panamá se declara República Independiente, al separarse de Colombia en 1903, se crea una serie de instituciones de índole cultural y artísticas que podrían haber sido, en aquel entonces, modelos de nuestro continente”. Panamá cuenta con instituciones culturales que resaltan en la historia como son el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional (y su red de bibliotecas públicas), la Imprenta de La Nación, el Teatro Nacional, la Orquesta Sinfónica, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Escuela Nacional de Danzas (la danza en Panamá tiene una larga historia, pero su nacimiento como ente oficial es de 1948), la Escuela Nacional de Música y Declamación (creada oficialmente a sólo cuatro meses de haberse fundado la República, años más tarde, Instituto Nacional de Música), la Escuela Nacional de Teatro (que data de 1953, cuando las Escuelas de Artes Plásticas, Danza y Arte Dramático pertenecían al Ministerio de Educación hasta que, en 1974, se funda el Instituto Nacional de Cultura que crea la Dirección Nacional de Educación Artística), el Centro de Arte y Cultura (que creó el pintor Carlos Arboleda, en 1969), y nuestros Museos. Podríamos mencionar a la Universidad Panamá que alberga a la Facultad de Bellas Artes. Jaime Ingram deja claro que históricamente hubo, en los inicios de nuestra República, una preocupación genuina por los hechos del arte de parte de los políticos que tenían una visión de la importancia de las instituciones culturales destinadas a desarrollar la formación del espíritu. Sin embargo, ese interés y preocupación se fue disipando, a tal grado, que pasaron más de cien años sin ser atendidas. Mientras el país se desarrollaba de forma vertical, la atención a la cultura desde sus instituciones iba hacía los bordes en el abandono. Bastaría mencionar el calvario de instituciones como la Escuela Nacional de Danzas, la Escuela de Artes Plásticas, el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Imprenta de La Nación. Tanto profesores, estudiantes y artistas han tenido por años que educar, aprender y ensayar en condiciones paupérrimas. La Imprenta de la Nación, por ejemplo, que debería de ser la primera industria cultural estatal de fomento de la literatura panameña, de sus antiguas instalaciones en Tocumen, llegó a mudarse a un depósito de agroquímicos en Transístmica donde algunos de sus colaboradores se enfermaron; hoy está ubicada en otro depósito en Río Abajo, donde los gatos dejan sus heces y una vez fue atracado a mano armada todo el personal (se salvó el que estaba en el baño). Es por lo que la creación de la Ciudad de las Artes viene a potenciar la institucionalidad de la cultura como centro de desarrollo social, educacional y cultural. Más allá de un conglomerado de siete edificios modernos y lindos, debemos entender que es un hogar que devuelve la dignidad a la Orquesta Sinfónica Nacional, al Ballet Nacional y a la Red de Coros Infantiles y Juveniles de Panamá. En ninguna parte del mundo, donde hay desarrollo cultural, el Ballet y la Orquesta ensayan en medio del muladar como lo hacían los nuestros; eso se acabó. Las escuelas de Teatro, Danza, Artes Plásticas y el Instituto Nacional de Música tienen ahora un lugar merecido para trabajar. La buena noticia para las letras del país es que la CDA será la sede del Consejo Nacional de Escritores y Escritoras de Panamá (que ya no tendrá excusas para ser invisible) y de la Imprenta de La Nación. La CDA nos obliga a hacer una reflexión: Para aspirar a una ciudadanía involucrada y posicionada en sus derechos culturales se necesitan más espacios con nuevos formatos de gestión cultural donde se puedan implicar a los diferentes sectores de la comunidad de manera que se generen acciones y estrategias de participación ciudadana que permitan la configuración de nuevas representaciones e interpretaciones de los objetivos de los equipamientos culturales en las localidades. Hacen falta más equipamientos accesibles a nivel nacional para el empoderamiento de la sociedad civil. Esto es un termómetro que medirá la preocupación y el interés de los que aspiran a la presidencia y a cargos locales. La cultura debe estar como prioridad en la agenda política. El arte debe florecer en los escenarios cotidianos de toda la gente. La CDA es un gran acontecimiento que sin duda impactará positivamente el sector, pero no resuelve el problema de las políticas y los derechos culturales. Se requiere de un trabajo horizontal en todo el territorio con un plan general de cultura que optimice los equipamientos culturales oficiales. Vestir de dignidad a las bibliotecas públicas, por ejemplo, es algo realmente necesario para las comunidades, pero lo más seguro es que no lo veremos, si toca esperar cien años. EL AUTOR es escritor, investigador, ensayista y narrador. De supervisar al Estado a promover la opacidad Contraloría Julio Ernesto Linares Franco [email protected] El artículo 14 de la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022 que modifica el numeral 2 (tercer párrafo) del artículo 11 de la Ley 32 de 1984, por la cual se adopta la ley orgánica de la Contraloría General de la República, exceptúa de la responsabilidad de “empleados de manejo”a los servidores públicos que participen de las funciones del control previo y posterior, por tanto, de la responsabilidad legal en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, exigida por ley a todos los servidores públicos; lo que crea un privilegio legal a favor de estos funcionarios y, por tanto, viola al artículo 19 de la Constitución Políticaque establece que no habrá fueros o privilegios, y el artículo 20 de la Constituciónque establece el principio de igualdad ante la ley. Es a través del numeral 2 del artículo 11 de la Ley 32 de 1984, como los empleados de manejo ejercen sus atribuciones de fiscalizar, regular y controlar los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, con corrección y según lo establecido por la ley, lo que implica precisamente todo lo relacionado con el recibo, recaudación, manejo, administración, inversión, custodia, cuido, control, aprobación, autorización, pago o fiscalización de fondos o bienes públicos. He aquí la concordancia entre la Ley 32 de 1984 y la Ley 67 de 2008 que desarrolla la jurisdicción de cuentas. Pero entonces se pretende ahora considerar a las atribuciones de la Contraloría y por consiguiente de sus funcionarios, como una “actuación externa al acto controlado”. ¿Cómo es que, si un funcionario desde la Contraloría debe cuidar, aprobar, autorizar o fiscalizar fondos o bienes públicos, ahora resulta que su actuación es “externa del acto controlado”? ¿Cuál es, entonces, su responsabilidad al no ser considerado empleado de manejo? ¿Dónde queda el juzgamiento de las causas de acuerdo a lo exigido por la Ley 67 de 2008 que crea la jurisdicción de cuentas? La excepción de responsabilidad a los funcionarios de Contraloría, como empleados de manejo, no solamente crea un privilegio y una desigualdad ante la ley, que los favorece, frente a todas las personas que desempeñen las mismas funciones en otros ámbitos del Estado. Deja además la puerta abierta para que el funcionario de la Contraloría pierda cuidado ante la posible infracción de su deber como servidor público, ante la posibilidad de extralimitarse en sus funciones u omitir sus deberes (artículo 18 de la Constitución Política). Porque al considerarse su actuación como externa al acto controlado, deja de ser empleado de manejo. Lo que le impediría a la jurisdicción de cuentas juzgarlo por causas relacionadas con posibles malos manejos vinculados con su deber de examinar, auditar, controlar, investigar o fiscalizar los actos públicos. Lo anterior no es todo. Funcionarios de instrucción son aquellos que persiguen las faltas o el delito, a través de los procesos de investigación que les permite la ley. ¿Cómo es posible que ahora la Contraloría, decida no recibir instrucción de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona precisamente, para perseguir el delito? Si la Contraloría General de la República queda eximida de recibir ningún tipo de instrucción, por ejemplo, del Ministerio Público. ¿Dónde o cómo queda la atribución de este en “vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes”, o de “perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales”, según lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 220 de la Constitución Política ? ¿Dónde quedarían, por ejemplo, los numerales 1 y 3 del artículo 26 de la Ley 67 de 2008, según los cuales el Fiscal de Cuentas para instruir una investigación patrimonial, la Contraloría General de la República debe haber formulado los reparos en las cuentas de los empleados y los agentes en el manejo de los fondos y bienes públicos, o bien, como quedaría valorada su necesidad (del Fiscal de Cuentas) de solicitarle a la Contraloría, cuando se tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de un hecho irregular que afecte al patrimonio del Estado, el examen correspondiente a fin de determinar la corrección o incorrección de las operaciones en el manejo de los fondos o bienes públicos, así como la ampliación o complementación del informe o de la auditoría que fundamentó los reparos? Ni hablar del numeral 9 de esa norma, por la que el Fiscal de Cuentas, de no haberlo hecho la Contraloría, debe dar aviso al Ministerio Público de la posible comisión de delitos por el empleado o agente de manejo, cuyas cuentas fueron objeto de reparos por parte de la Contraloría, o por cualquier persona o servidor público en contra de los fondos o bienes públicos. Pero ahora ante la eliminación de cualquier instrucción que pueda dársele a la Contraloría, de cualquier autoridad u órgano del Estado o persona y frente a la no consideración de sus funcionarios como empleados de manejo, ahora la Contraloría tendrá la potestad discrecional para que el Fiscal de Cuentas pueda o no instruir una investigación criminal; tendrá la potestad discrecional de darle o no al Fiscal de Cuentas el examen para determinar la corrección o incorrección de operaciones en el manejo de fondos o bienes públicos, así como la ampliación o complementación del informe o de la auditoría que fundamentó los reparos; e incluso tendrá la potestad discrecional de permitirle al Fiscal de Cuentas darle aviso al Ministerio Público de la posible comisión de delitos por el empleado o agente de manejo, ya que la Contraloría no tendría que formular los reparos en las cuentas de los empleados de manejo que le permitiesen al Fiscal de Cuentas iniciar una investigación patrimonial. Todo lo anterior y mucho más no incluido, por falta de espacio, está sometido a un recurso de inconstitucionalidad, al cual hemos apoyado con nuestro alegato ciudadano presentado el 14 de junio de 2023. Le toca a la Corte Suprema de Justicia, enderezar el rumbo para evitar el abismo, luego de siete meses y sumando, de estar este proceso pendiente de su decisión. EL AUTOR es abogado. Los artículos de opinión y las caricaturas son responsabilidad exclusiva de los autores. La opinión deLa Prensase expresa únicamente en el Hoy por Hoy. [email protected] Las colaboraciones para la sección de Opinión deben incluir la identificación del autor. Los artículos no deben exceder 500 palabras. No se publican colaboraciones que hayan aparecido en otros medios y La Prensase reserva el derecho de seleccionar, editar y publicar. No devolvemos el material. 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